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20 mar 2015

PEÑA NIETO DEFIENDE A "COCA-COLA" Y MANTIENE ENCARCELADOS A EJIDATARIOS EN QUINTANA ROO

 EJIDATARIOS DE HOLBOX. LA AGRESIÓN DE PEÑA NIETO
                                                         Cancún, Q.R., Viernes 20 de Marzo 2015
CONSTE!



PUÑETAZO DE PEÑA NIETO EN Q.ROO

+ Por defender al dueño de Coca-Cola mantiene en prisión a ejidatarios de Holbox

+ Complicidad del “atracomulco”  titular de Profepa… y la inútil “defensa” de Borge

                                           CARLOS CANTÓN ZETINA*
                                        carlos_cantonz@hotmail.com

El gobierno priista  de Enrique Peña Nieto ha permitido que hoteleros y otros personajes poderosos perpetren daños descomunales al medio ambiente en Quintana Roo y, en cambio, se ensaña contra doce  ejidatarios  de Holbox (una isla en el municipio maya de Lázaro Cárdenas) a quienes   mantiene injustamente en la cárcel de Cancún  desde hace nueve meses.

Es el abuso del poder,  la perversidad y el autoritarismo del viejo régimen del PRI.

Autodenominados presos políticos, se les acusa de “daño ambiental”  (supuesta tala de mangle) en una hectárea  que, sin embargo, la autoridad federal no ha podido acreditar. Lo que hacían era  “limpiar”  y delimitar  los terrenos que habían recibido para construir sus viviendas.

Siempre en defensa de sus amigos poderosos,  EPN protege así  a  Fernando Ponce García, dueño de la embotelladora de la empresa  transnacional  Coca-Cola en la Península de Yucatán.

En rigor, los campesinos  encarcelados son  ‘chivos expiatorios’ del Presidente  en el conflicto por tierras que ellos mantienen contra el empresario peñista  que se adjudicó una gran parte de los valiosos terrenos costeros de la  isla,  con la intención de  desarrollar un ambicioso complejo turístico (“La Ensenada”) el cual  ha sido duramente impugnado  por organizaciones  ambientalistas.

Hace tiempo que Holbox es un rico botín en disputa y, por ello, un polvorín.

HARO BÉLCHEZ, EL "VERDUGO"
Yucatecos, Ponce García  y su yerno Ermilo Castilla Roche han cometido un sinfín de tropelías  con el propósito de apoderarse de  la paradisiaca porción de tierra,  como su división  en cuatro ejidos,  la  invención de comuneros “fantasma”,  la realización de asambleas espurias y el despojo de derechos ejidales.   Los empresarios han sido acusados  por los habitantes del pueblo de haberles hecho firmar documentos para adueñarse de sus propiedades.

El brazo ejecutor de Peña Nieto es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuyo titular es Guillermo Haro Bélchez.   La delegación en Quintana Roo estuvo a cargo durante dos años de la militante del PVEM y ex senadora Ludivina Menchaca Castellanos, quien tras varios escándalos de corrupción   fue relevada el pasado 3 de marzo  por   Carolina García Cañón.

Haro Bélchez forma parte de la Pandilla de Atracomulco y, en esa posición dentro del gabinete de EPN, ha sido señalado como deshonesto. Igual que en los siete años (de 2004 a 2011) en que fue secretario general de la Cámara de Diputados Federal. Lo corrieron por supuestos desvíos del presupuesto. Anteriormente fungió como  Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y consejero independiente de  Empresas ICA.

El 24 de julio de 2014 fueron detenidos con excesiva  fuerza pública  16 comuneros de Holbox acusados de presuntos delitos ambientales por la supuesta tala de mangle y otras especies protegidas  en esa isla quintanarroense.

 En el operativo  participaron, además de personal de Profepa,  60 elementos de la Secretaría de Marina  de México (Semar) fuertemente armados  que  utilizaron helicópteros con francotiradores y lanchas rápidas  e hicieron disparos con ametralladoras.

Los arrestados quedaron  a disposición de la PGR desde ese momento.

El pasado  martes 3 de marzo  fueron liberados cuatro, tras pagar fianza: los tres topógrafos y un estudiante  que habían llegado a la   isla procedentes de Mérida contratados para realizar  trabajos  de deslinde de los terrenos.  

Los doce que  siguen encarcelados son humildes campesinos.

El jueves 5, la Profepa de Peña Nieto  arremetió contra los liberados:

Pidió  al Ministerio Público  que interponga un recurso de revisión contra la sentencia de un juzgador federal, con sede en el estado de Yucatán, que otorgó la libertad.  Y no conforme con eso, la  dependencia federal  advirtió que seguirá con el proceso penal contra los  otros 12 presuntos responsables de daño ambiental.

Pero a los ricos se les perdona todo:

La devastación de hoteleros  y empresas inmobiliarias Cancún y  la Riviera Maya ha sido terrible, y ni  Profepa ni la Secretaría federal del Medio ambiente (Semarnat) han castigado a los responsables.

Y las afectadas son miles de hectáreas, no  una  como la que supuestamente dañaron campesinos en Holbox.

En estos momentos, en plena  Zona Hotelera de Cancún, se construye una  gasolinera  en Pok-Ta-Pok, muy cerca de laguna y mangle,  sin Manifestación de Impacto Ambiental. Es decir, sin el permiso legal. Los propietarios serían  políticos quintanarroenses.

EJIDATARIOS PRESOS...
Y apenas hace unos meses, ante una ciega autoridad federal, el megaproyecto Dragon Mart (finalmente cancelado) hizo una desmesurada tala ilegal en decenas de hectáreas en el predio El Tucán de Quintana Roo.  Entre los inversionistas se ha mencionado a  políticos como el ex gobernador y hoy senador priista  Félix González Canto, y el actual mandatario estatal Roberto Borge Angulo, también del PRI.

Asimismo, no existió la Profepa cuando el desarrollo inmobiliario “Puerto Cancún” arrasó con manglares. 

Alejandro Aguirre Buenfil, abogado defensor de los ejidatarios de Holbox,   indica  que la Profepa no ha podido acreditar la flagrancia, por lo que no hay cómo probar la supuesta comisión de delitos ambientales, y la  acusa   de actuar de forma “malintencionada”  para retrasar liberación.

Sostiene que hay malestar e inquietud  en la gente por los graves enredos que se padecen en el tema de la tenencia de la tierra, la preocupación por el impulso de proyectos turísticos amenazantes, el despojo de tierras y la necesidad de vivienda.

             La inútil “defensa” del  Gobierno de Q.Roo

El  25 de julio, un día después de la violenta aprehensión, el gobernador Borge  estuvo en Holbox para reunirse con familiares de los detenidos a quienes ofreció que saldrían libres dentro del término de 48 horas, cuando aún estaban a disposición del Ministerio Público federal.   Se comprometió a brindarles apoyo jurídico a los encarcelados, ya que “son gente de bien”. (Antes de  las 48 horas se les dictó formal prisión).

Allí mismo, Borge se comunicó vía telefónica con el titular de Profepa, Haro Bélchez, a quien solicitó una revisión del caso en el marco del respeto a la ley, así como darle la justa dimensión del daño que pudieran haber causado los lugareños.

Al gobernador no le hicieron caso, y ya no volvió a tocar el tema.

Al día siguiente, 26 de julio de 2014,  la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) del gobierno del estado determinó que no hubo tala de mangle en la zona donde la Profepa dictaminó la afectación de esta especie protegida.

En  comunicado oficial, el titular de SEMA, Rafael Muñoz Berzunza, señaló que al realizar la limpieza de un terreno los ejidatarios “respetaron el manglar”. “Pudimos constatar que no derribaron árboles de manglar, que no hubo una tala  tal cual, que hubo una poda  y que respetaron el manglar y otras especies”.

Dijo que los comuneros sí retiraron vegetación de árbol de Chechén y “es probable que Profepa haya interpretado que se trataba de manglar” por la similitud… (…) “no es una cantidad considerable que se tocó”.

Muñoz  corroboró los dichos de comuneros de que el predio se trata de un área, que el ejido propuso para “aprovechamiento”, es decir, donde pueden construirse viviendas.

El 29 de julio, Harley Sosa Guillén, presidente de  la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), dijo que corroboró  que 95% del mangle y árboles grandes de cada predio se mantenían en su lugar y que las especies cortadas no figuran dentro de las protegidas por la norma ambiental federal.

También refirió que los familiares de los detenidos sostienen que no hubo flagrancia alguna, ni menos orden de aprehensión, además de que mantuvieron incomunicados a los acusados. “De ser esto comprobado, se habría incurrido en graves violaciones a los derechos humanos”, advirtió.

El ombudsman ya no volvió a tratar el asunto…
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas que fueron de circulación nacional Quehacer Político y  Polémica.
@cantonzetina
http://carloscantonzetina.blogspot.com

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