TURBIO NEGOCIO LANCHERO DE LAS FAMILIAS GONZÁLEZ CANTO Y BORGE MARTÍN

CANCÚN, Q.R., Jueves 14 de Octubre 2010.

CONSTE!
NAVIERA “PATITO”

+ SCT “congela” la empresa de los González y los Borge por irregularidades
+ Cuatro viejos ferrys para Cozumel, un peligro para pasajeros y arrecifes
+ La corrupta trama de los socios capitalistas de “Isla de la Paz”, al descubierto

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

¿Sabe usted por qué las familias priístas González y Borge no han podido en dos años hacer que funcione la “tercera naviera”, su negociazo para controlar la ruta marítima hacia y desde la isla de Cozumel, de donde es originario el gobernador, y que incluso el proyecto puede abortar?.
La respuesta es: ¡porque pretenden transgredir leyes y normas, y además, porque compraron cuatro lanchones viejos –dizque ferrys-- que son un peligro para los pasajeros y para el ecosistema!. Es una naviera “patito”… o “pirata”.
Tales barcos pueden fácilmente incendiarse --por el material con que están hechas-- y debido a su fragilidad correrían alto riesgo de hundirse o encallar, pues operarían en una zona donde los huracanes son frecuentes y de gran fuerza. Apenas hace dos días, el fenómeno “Paula” puso en alerta roja a la región; por fortuna no entró de lleno.
Apoyadas en el poder gubernamental, en una corrupta trama, las influyentes dinastías se aglutinan para obtener millonarias ganancias en dólares pero con una raquítica inversión. Con naves-chatarra se afanan en controlar el transporte marítimo en Quintana Roo. No parece importarles gran cosa la seguridad de los millones de usuarios, entre nacionales y extranjeros. Menos aún, los arrecifes que ya han dañado en sus fracasadas incursiones en ese mercado.
Meses atrás anunciaron que invertirían 13.6 millones de dólares (160 millones de pesos)… y resultó una falsedad. La cuarteta de anticuadas lanchas significó un desembolso de sólo 4 millones de dólares, uno por unidad.
Dada la inminencia de que el negociazo se les venga abajo, los González y los Borge habrían decidido postergar el proyecto y esperar a que el mandatario electo del PRI, Roberto Borge Angulo, tome posesión en abril próximo y “reactive” las negociaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT), que se ha negado a darles los permisos. También traman imponer a Juan Carlos González Hernández --alcalde priísta de Cozumel-- como nuevo titular de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (API), en lugar del pariente Javier Zetina González. API es una empresa concesionada por el gobierno federal en agosto de 1994 al gobierno de Quintana Roo; su consejo de administración lo preside el Ejecutivo local.
La obsolescencia de los barcos adquiridos, que no garantiza la seguridad de los pasajeros, es una razón de peso de la SCT, cuyo titular es Juan Molinar Horcasitas, para congelar a la empresa familiar que lleva el nombre de “Isla de la Paz”. Y hace bien la dependencia federal en revisar minuciosamente los materiales de fabricación de los lanchones, y no otorgar autorizaciones a la ligera. En todo momento debe tener presente que Cozumel es el principal destino de cruceros en el mundo; enormes embarcaciones con cientos de miles de turistas extranjeros, que requieren la máxima seguridad. En 2009, considerado “malo” debido a la crisis provocada por la influenza, arribaron a la isla 844 cruceros, con 2 millones 218 mil 563 pasajeros. Este año la cifra va a ser muy superior.
Concretamente, la Dirección de Marina Mercante de la SCT, a cargo de Marco Antonio Vinaza Martínez, exige que la situación física-mecánica de los ferrys sea la más adecuada y, además, certificada por una clasificadora de clase internacional. Ese requisito ¡imposible que los pueda cumplir la voraz parentela con sus viejos lanchones!. Parte del material con que están hechos es altamente inflamable, y la fibra de vidrio que contienen, muy quebradizo en caso de encallamiento o choque.
Existen otros motivos por los que está atorado el proyecto familiar:
(a).- La SCT considera que los socios de “Isla de la Paz” no justifican el carácter de “interés público” o “naviera comunitaria” que supuestamente tendrá la nueva empresa marítima, como ha dicho quien se ha erigido como su vocero, Juan Carlos González Hernández, primo del gobernador también priísta Félix González Canto. Es que no es para beneficio de los usuarios y de la población, sino que simplemente se trata de un trinquete particular.
(b).-La Comisión Federal de Competencia (CFC), que dirige Eduardo Pérez Motta, no encuentra las presuntas prácticas “monopólicas” en las que, según los socios de “Isla de la Paz” incurren Ultramar --de Germán Orozco Sarro-- y Barcos México o Transcaribe --de José Trinidad Molina--, los consorcios cuyos transbordadores recorren actualmente los 18 kilómetros entre Playa del Carmen y Cozumel.
(c).- La SCT tampoco encuentra sustentada la solicitud de Javier Zetina González de liberar el muelle fiscal San Miguel a favor de su nueva naviera, lo cual le otorgaría el privilegio –del que carecen las otras dos empresas-- de no pagar impuestos por “uso de puerto”. Con ese agandalle podrán aplicar tarifas más bajas… y aplastar a sus competidores. Entonces sí se crearía un gran monopolio, y con toda la fuerza del poder estatal.
Se entiende la disputa por el mercado marítimo entre Cozumel y diversos puntos de la Riviera Maya: las ganancias anuales en valor presente se calculan en 32.6 millones de dólares (más de 400 millones de pesos).
¿Quiénes son los socios de “Isla de la Paz”?. Según columnistas financieros de diarios de circulación nacional, las siguientes personas:
1.- Félix González Canto.
2.- Franco González Padrón, tío del mandatario quintanarroense.
3.- Lenin Matías González Padrón, padre de Félix.
4.- Miguel Borge Martín, ex gobernador priísta de Q.R.
5.- Roberto Borge Martín, hermano de Miguel y padre del gobernador electo Roberto Borge Angulo (PRI), quien tomará posesión hasta abril.
6.- Juan Carlos González Hernández, primo del gobernador.
7.- Javier Zetina González, también primo de Félix y director general de Administración Portuaria Integral (API), la sociedad anónima --concesión de la SCT-- que maneja los varios puertos de Quintana Roo y cuyo accionista mayoritario es el gobierno que aún encabeza González Canto.
8.- Saúl Muñoz Alvarez, propietario del consorcio Servicios Marítimos Portuarios (Isemport), que opera en los puertos de Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen y Dos Bocas (Tabasco). Es el único personaje ajeno a las familias influyentes quintanarroenses.
El caso es que, contrariamente a lo que ha proclamado el “vocero” de la naviera familiar, Juan Carlos González, los cuatro transbordadores ya adquiridos, no son nuevos, sino que fueron construidos entre 1999 y 2002. Llegaron de Indonesia. (El alcalde de Cozumel se empeñó en anunciar, meses atrás, que traerían “barcos nuevos, saliditos de astilleros en alguna parte de Europa” y omitió aclarar de qué país específicamente. Ahora se sabe que son de Indonesia).
Los nombres de esos anticuados ferrys, que la SCT considera peligrosos, son: Express Bahari-9, Batavia, Express Bahari-5 y Surya Gemilang Java-19. Todos fueron rehechos.
En nuestra columna del martes pasado comentamos que Franco González Padrón puso en funcionamiento un antiguo “transbordador” reconstruidos en Corea del Sur, para cubrir la ruta Isla Mujeres-Punta Sam. El acto fue avalado por su sobrino Javier Zetina González, quien dijo llevar la representación de su primo el gobernador, a pesar de que una barcaza igual de vieja de otra empresa de Franco encalló en Banco Chinchorro --en 2005-- y ha dañado severamente los arrecifes hasta la fecha.
Aquel “nuevo” ferry inaugurado hace menos de tres meses costó 3 millones 200 mil dólares, de acuerdo al informe del tío del gobernador. O sea, casi lo que se invirtió en la adquisición de los cuatro barcos que compró la “tercera naviera” para Cozumel, un millón de dólares cada uno. ¡Imagínese usted de qué “calidad” son!.
Analistas financieros de los periódicos de circulación nacional El Universal, Reforma y Milenio, han informado que en el proyecto de la “tercera naviera” participa el “Góber Marino” --como apodó el periodista Alberto Barranco Chavarría a don Félix--, y que podría no consumarse. Ello, porque incumplen las normas elementales.
En su columna “Empresa” del diario El Universal, el propio Barranco escribió el pasado 6 de octubre unos párrafos con la cabeza: “Obstaculizan negocito” en referencia a la empresa “de los familiares del gobernador priísta de Quintana Roo, Félix González Canto”, entre los que menciona a Juan Carlos González y a Franco González, quienes planteaban abrir una naviera “con el señuelo de tarifas más bajas aprovechando condiciones preferenciales en los costos de puerto”. Anotó que el problema tiene que ver con “cuatro lanchones de fibra de vidrio construidos en Indonesia, cuyo material flamable se considera peligroso en una zona de alta presencia de huracanes”.
El prestigiado periodista “balconea” a Juan Carlos González: “Sin embargo, podría abrirse una rendija de presión de hacerse efectiva la posibilidad de que el ex alcalde de Cozumel sea involucrado en el equipo del gobernador al relevo, Roberto Borge Angulo, como Director del Sistema de Puertos de Quintana Roo. Por lo pronto, la competencia se truena los dedos ante la posibilidad de un competidor con bendición oficial… y ventajas al calce”.
Anteriormente, el 17 de marzo de este año y bajo el titular “Góber Marino”, el mismo Barranco Chavarría estableció: “En el negocio, cuya facturación alcanzaría 400 millones de pesos anuales, están también la familia González Borge; los hermanos Lenin Matías y Franco González Padrón, padres del gobernador y del alcalde de Cozumel, Juan Carlos González Hernández. La firma llevaría la razón social Naviera Turística de Quintana Roo, cuya cabeza en el papel es Roberto Borge Martín, padre del diputado federal Roberto Borge Angulo, quien está planteando un capital de al menos 20 millones de dólares del que el 5% se derivaría supuestamente al Ayuntamiento de Cozumel. La pantalla plantea con ello justificar el carácter comunitario de la naviera. Priístas, pues, al viejo estilo”.
Hace un año, el 28 de septiembre, Barranco Chavarría dio la primicia al afirmar: “A contrapelo de la precariedad presupuestal de los municipios en el país, el de Cozumel está planteando una inversión de 150 millones de pesos para crear una naviera (…) La jugada la complementaría la desincorporación de un muelle de cabotaje que administra la SCT, quien le traspasaría la estafeta al gobierno local. El problema es que tras el proyecto, en calidad de eje, se ubica Franco González Padrón, tío del gobernador Félix González canto, quien arrastra en su expediente la quiebra de dos navieras de origen estatal (…) Lo curioso del caso es que otro sobrino de éste, Javier Zetina González, director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, de inmediato dijo que avalaría la entrega del muelle (…) Sin embargo, se considera que una naviera estatal depredaría el mercado, dada la sobreoferta con que opera. Por lo pronto, la familia se aglutina en pos del negocio”.
Un día después, 29 de septiembre de 2009, la periodista Lourdes Mendoza, en su columna “Con Estilo”, del diario Reforma, confirmó el “proyecto familiar del gobernador González Canto” propuesto por su primo el alcalde de Cozumel y que competiría deslealmente con las dos empresas que dan ese servicio. Reiteró que Zetina González “accedió a liberar un muelle de cabotaje para esta naviera, lo que asegura su sobrevivencia al no pagar uso de puerto”. Dijo que en el negocio está Franco González, quien “ya quebró a Marítima Chankanaab y Marítima de Quintana Roo”.
El 6 de enero de este año, otro reconocido periodista experto en finanzas, Jesús Rangel, en su columna “Estira y afloja” del diario Milenio, publicó con el título “Carta naviera a los Reyes” el siguiente texto: “La familia González de Quintana Roo, que incluye al gobernador Félix González Canto, a su primo Juan Carlos González, presidente municipal de Cozumel, y a su tío Franco González Padrón, envió una carta a los Reyes Magos que realmente no tiene vergüenza. Les pidieron que llegara al zapato bajo el árbol navideño la autorización para crear su naviera familiar --tendrían 90 por ciento del capital y el resto lo aportaría el gobierno estatal y el municipio--, y que Javier Zetina (otro familiar), director de Puertos de Quintana Roo, interceda para que a nivel federal les cedan el muelle local y así evitar el pago del impuesto sobre uso de puertos”. Con este método, añadió, borrarían del mapa a las dos empresas que operan actualmente, “y no por la competencia en igualdad de circunstancias”.
“Falta conocer la opinión de la Comisión Federal de Competencia, porque claramente hay una práctica monopólica absoluta en este mercado, y tampoco se debe olvidar que Franco González tuvo anteriormente una naviera, Compañía Marítima Chan Kaanab, que quebró; los barcos se vendieron como chatarra y muchos terminaron encallados entre arrecifes…”
Ese mismo 6 de enero, la columna In Versiones, también de Milenio, se refirió al “negocio familiar” y añadió: “Resulta que el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y su primo Juan Carlos González, presidente municipal de Cozumel, insisten en crear su naviera (…) Quien ya está muy apuntado es el tío del gobernador y papá del alcalde, Franco González Padrón. Viva la familia…”
El 28 de septiembre de este año, otro periodista de Milenio, Hugo González, en su espacio Tecno Empresa, comentó “el interés que la familia del gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto está poniendo en el negocio del transporte marítimo turístico de la región”. Dijo que la SCT no ha otorgado los permisos para operar la nueva línea marítima Isla de la Paz, “integrada por cuatro barcos importados de Indonesia”. Recordó que la empresa “es promocionada por el presidente municipal de Cozumel, Juan Carlos González, primo del gobernador”.
Y el 27 de abril de este año, el analista Gabriel Rodríguez, de Info-Transportes, sostuvo que en la nueva naviera estarían como socios el gobernador, su tío Franco González, su primo Javier Zetina y los hermanos Miguel y Roberto Borge Martín, así como el veracruzano Saúl Muñoz.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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NEGOCIAZOS NAVIEROS DE PARIENTES DE FÉLIX GONZÁLEZ CANTO EN QUINTANA ROO

CANCÚN, Q.R., Martes 12 Octubre 2010.

CONSTE!
EL TÍO DE FÉLIX

+ Franco González Padrón estrena barco chatarra; negocios familiares
+ El gobernador ayudó a que su pariente opere un ferry en Isla Mujeres
+ El “Cozumel II” dañó ecosistema marino ¡y no hay castigo para Franco!

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Descarados, el nepotismo y el tráfico de influencias en el actual gobierno priísta de Quintana Roo. Los parientes --ya supermillonarios-- de Félix González Canto se adueñan cada vez más del transporte marítimo en el estado, no importa que para ello utilicen barcos chatarra que dañan al ecosistema y destruyen arrecifes en las costas quintanarroenses.
Van por un jugoso negocio, el del traslado por mar –no hay otra forma-- de pasajeros locales y turistas nacionales y extranjeros, así como de vehículos y carga en general, a varios destinos vacacionales del estado. Van por ganancias multimillonarias… aunque tuerzan las leyes.
Mientras que está atorada la creación de una naviera familiar planteada para cubrir la ruta Playa del Carmen-Cozumel, negociazo en el que participa hasta el padre del mandatario estatal, Lenin Matías González Padrón, los parientes ricos e influyentes no se duermen en sus laureles:
El tío del gobernador, Franco González Padrón, hermano de Lenin Matías, y padre del alcalde priísta de Cozumel, Juan Carlos González Hernández, puso a funcionar el pasado 21 de julio un ferry (transbordador) que no reúne las condiciones de calidad pero él dijo que era “nuevo”, para cubrir la ruta Isla Mujeres-Punta Sam. En realidad fue construido en 2006 quién sabe dónde y medio reconstruido en astilleros de Corea en 2010; aún así costó más de 40 millones de pesos. Tenía bandera de Panamá.
Con todo el apoyo del gobierno estatal, Franco González reactivó una de sus empresas, “Marítima Isla Mujeres”, después de que años atrás su mala administración hizo quebrar “Marítima Chankanaab” y “Marítima de Quintana Roo”, que eran empresas de la Federación y durante el sexenio de Carlos Salinas fueron desincorporadas.
Lo peor es que otro pariente del gobernador, su primo Javier Zetina González, director de la Administración Portuaria Integral (API), empresa concesionada en la que el gobierno estatal es accionista mayoritario, gastó 2 millones de pesos en realizar apresuradamente obras de “adecuaciones” en los muelles de Isla Mujeres y de Punta Sam… sólo para que pueda atracar y desembarcar el ferry “Sergio Gracia Aguilar” que compró el tío de Félix por medio de su empresa Marítima Isla Mujeres, S.A. de C.V.
Zetina González sí tuvo dinero para facilitar la operación de el “nuevo” transbordador de su pariente y tío del gobernador pero, en cambio, ha declarado que la API tiene una cartera vencida de 8 millones de pesos, que casi no tiene para pagarle a sus 300 empleados y que por lo tanto “no tiene recursos” para llevar a cabo un proyecto que debió efectuarse desde el año pasado: la modernización de la terminal marítima de Isla Mujeres. “Tendrá que esperar (su realización) el inicio del próximo sexenio. En esta administración sólo se hará la licitación de esta obra en la que se prevé una inversión de 30 millones de pesos”, declaró hace dos meses.
Pero la alcahuetería gubernamental hacia Franco González Padrón va más allá: la empresa Marítima Isla Mujeres, para que su ferry coreano sea más redituable, ¡aumentó las tarifas del servicio de transbordadores!.
El 12 de julio, una semana antes de que zarpara su “nueva” embarcación, se aplicó un incremento de 7 pesos sobre el precio del pasaje para los usuarios locales, y de 8 pesos para los no residentes –léase turistas--. Supuestamente, la empresa obtuvo la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT), única dependencia que puede determinar cuánto debe cobrarse.
Así de sopetón, a la malagueña, los residentes en el estado tienen ya que pagar 25 pesos, en vez de 18. Y los turistas, 30 pesos en lugar de 22, según anunciaron con insolencia Luis Alberto May Zetina --¡otro pariente!-- y José Sunza Chi, contador y administrador de la empresa de don Franco, respectivamente. Dijeron que las nuevas tarifas incluyen además un alza de 6% sobre el transporte de automóviles y camiones que ocupan el servicio. Cínico, May Zetina afirmó que el aumento de precios “no obedece a la llegada del nuevo ferry, sino que es una solicitud que ya se había hecho con anterioridad ante la SCT”.
La pomposa “inauguración” del ferry coreano, el 21 de julio, estuvo a cargo de Alicia Ricalde Magaña, la alcaldesa panista de Isla Mujeres, y del propio Zetina González, quien dijo que asistía en representación de su primo el gobernador. Hubo fiesta, incluida la botella de champaña que se abrió para bautizar a la vieja embarcación. Esta tiene capacidad para 200 personas y 35 vehículos. Su costo fue de 3 millones 200 mil dólares. Zetina, hinchado el pecho, alardeó: “El nuevo ferry dará un mayor empuje al desarrollo turístico y comercial de Isla Mujeres”. Aseguró que la embarcación “fue adquirida en Corea del Norte” pero no aclaró dónde fue construida, ni dijo que había sido rehecha. Y la presidenta municipal no se quedó atrás: dijo muy ufana que su gobierno y los empresarios locales habían logrado lo que querían, que no se trajera un barco “de capital foráneo”, en referencia a la inversión de Franco González.
No cabe duda que el gobierno de Quintana Roo es súper eficiente cuando así lo quiere --o le conviene--, y por eso API hizo con extrema rapidez los trabajos de remodelación en los muelles de Isla Mujeres y Punta Sam. Bastó con que lo pidiera el tío de Félix González Canto.
Diez días antes de que entrara en funcionamiento el barco “Sergio Gracia Aguilar” (es el nombre del extinto fundador de la empresa Marítima Isla Mujeres), Franco González declaró a la prensa: “Para las modificaciones a los muelles, lo que se requiere es ponerle ganas, ya que son sencillas y rápidas de realizar…Que la API construya una rampa con las características que necesita el nuevo ferry para su atraque y desembarque, tanto en Isla Mujeres como en Punta Sam”.
Y como reafirmación del tráfico de influencias y de la utilización del poder para hacer negocios privados, el empresario comentó que la API “alega” que no tiene recursos, “pero ya del caso ya tiene conocimiento el gobernador Félix González (su sobrino), quien apoyará para que lo más pronto posible se realicen los trabajos de adecuación en las terminales marítimas”.
Dicho y hecho: con inusual rapidez, la endeudada API realizó las obras. ¡No faltaba más, para eso sirve el poder!...
Exclusivamente para el ferry de la familia González, la API hizo trabajos de dragado y puso una rampa en el muelle Isla Mujeres. En el de Punta Sam colocó llantas de avión para modificar el área de atraque, y cambió la rampa que ya no servía.
Hoy, en su portal http://maritimaislamujeres.com, la empresa de Franco González presume a su nuevo ferry “que reducirá de 45 a 25 minutos la travesía Isla Mujeres-Punta Sam”. Exhibe fotos de la obsoleta embarcación y también de otra todavía más vieja: “Isla Blanca”, que “fue llevada a dique seco en La Habana, Cuba, en fechas recientes”. Y, desde luego, muestra sus nuevas y caras tarifas.
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ARRECIFES AFECTADOS.- En 2005, cuando el huracán Wilma, el ferry “Cozumel II”, de la empresa Marítima Chankanaab , encalló en los arrecifes de Banco Chinchorro. Durante 4 años provocó un severo daño a los ecosistemas. En agosto de 2009, cuando estaba a punto de hundirse, un remolcador del consorcio transportista veracruzano LOMSA hizo intentos de sacarlo.
En todo ese tiempo, y menos ahora, se le exigieron a la empresa que retirara el transbordador dañado y asumiera el costo de los perjuicios al ecosistema marino. Es que Marítima Chankanaab era presidida --y bien explotada-- por Franco González Padrón. La mal administró, tronó y… dejó el barco abandonado en la costa. Nunca se le sancionó, escudado en su parentela: el gobernador, el director de API y el alcalde de Cozumel, los tres militantes del PRI.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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EL YUNQUE EN EL TRÁFICO DE CUBANOS; ¡FUERA ANTONIO RAMÍREZ ACEVEDO!

CANCÚN, Q.R., Domingo 10 Octubre 2010.

CONSTE!
EL YUNQUE EN QR

+ Cecilia Romero propició la entrada a Quintana Roo de miles de cubanos
+ Ultraderechista, desde hace una década protege a grupos anticastristas
+ El delegado del INM, Antonio Ramírez Acevedo, “alumno destacado”

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
Debería el gobierno del estado pedir la remoción del delegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM), Antonio Ramírez Acevedo, quien además de que estaría en el “negocio” del tráfico de indocumentados --sobre todo cubanos-- pertenece al equipo de reaccionarios panistas que incluye a Cecilia Romero Castillo, la ex Comisionada de esa dependencia federal quien ahora pretende ser lideresa nacional de su partido.
Con ella, el tenebroso “Yunque”, brazo ejecutor de la ultraderecha mexicana, se metió de lleno a Quintana Roo a través de los delegados que impuso en el estado, como Ramírez Acevedo, en junio pasado. (Tres antecesores de éste fueron destituidos, en los últimos dos años: Vicente Montesinos Pérez, Luis Alberto Molina Ríos y Fernando Díaz Martínez. Los tres acusados de corruptos, los tres sin castigo).
Romero fue señalada durante la última década como defensora de los grupos anticastristas e intermediaria para que supuestamente aportaran mucho dinero a las campañas electorales de los últimos dos presidentes de la República: Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, ambos del PAN. Desde hace diez años ha sido acusada de ser la principal promotora de campañas contra La Habana en México y una de las impulsoras de los movimientos de exiliados cubanos en Miami.
Por sus relaciones fraternas con los anticastristas, Romero llegó al extremo de impulsar una campaña de “adopción” de presos políticos cubanos, la cual consistía en buscar que su “situación infrahumana cambie dentro de las prisiones de la isla caribeña”.
¡Imagínese usted si no era lógico que, durante su gestión al frente del INM, doña Cecilia permitiera que miles de cubanos arribaran libremente a las costas de Quintana Roo, como ocurrió!.
¡Cómo no iba a darse aquí tantísima corrupción de delegados, subdelegados y agentes migratorios!. Corrupción que continúa con Ramírez Acevedo.
Lo cierto es que el odio al régimen de Fidel Castro Ruz, ha sido característica de la extrema derecha que predomina en el PAN, al grado de que altos funcionarios participan hoy en día –de manera muy activa-- en campañas internacionales contra el gobierno de la isla.
Así, el nombramiento de Romero como Comisionada del instituto fue un garrafal error de su amigo Calderón… quizá cometido intencionalmente.
Muy tardíamente sustituida, pues permaneció casi cinco años en el cargo (de diciembre de 2006 a septiembre de 2010), a la integrante del grupo radical derechista “Yunque” habrá que atribuirle en gran medida la internación a Quintana Roo de miles de cubanos. Y los escandalosos hechos en que éstos se han visto involucrados: explotación, tortura, secuestro, extorsión, fugas.
Todo esto, hay que reiterarlo, ha sido en detrimento de la imagen de los destinos turísticos más importantes del país, los quintanarroenses. Aparte, el daño causado a los habitantes del estado y a los turistas, por la violencia ocasionada.
Romero Castillo, suegra por cierto de César Nava, ex dirigente del PAN hoy en el ojo del huracán por la compra de un departamentazo de lujo en Polanco, además de ser fundadora y cabeza del yunquista CIDHAC (Centro de Investigación sobre Desarrollo Humano, A.C.) es esposa de Federico Muggenburg, uno de los más connotados jefes del “Yunque”, reputado precisamente por su radicalismo.
Como senadora de la República (2000-2006), justo en el sexenio de Fox, otro “mocho”, la ahora ex Comisionada del INM lanzó la infame iniciativa “Adopta un preso político cubano”, que estuvo a punto de provocar un nuevo rompimiento de La Habana con México.
Fue en febrero de 2005, siendo presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, cuando Romero presentó a sus compañeros legisladores de Acción Nacional su nefasto programa para “apadrinar” a los anticastristas encarcelados en Cuba. En aquella ocasión argumentó que “debemos ser capaces de hermanar a todos los presos cubanos”. En especial pidió a los isleños que fueron detenidos en marzo de 2003 por promover el Proyecto Varela. Detalló su propuesta: “El programa consiste en que cada legislador, en lo individual, celebre un hermanamiento con un disidente cubano, de tal manera que a éste se le haga saber que alguien fuera de Cuba está interesado en su caso y que su voz puede ser escuchada en el exterior”. De inmediato, integrantes de la Asociación por la Tercera República cubana, que representan a México y Latinoamérica, anunciaron que asesorarían a la senadora en su proyecto “liberador” de disidentes.
Antes, en agosto de 2004, la entonces senadora se reunió con los líderes opositores a Fidel Castro Ruz, los representantes del Movimiento Cubano Unidad Democrática y la Asociación Cívica Cubano-Mexicana. Ellos le pidieron intervenir para que el gobierno mexicano condenara con mayor energía “las conocidas violaciones a los derechos humanos” en la isla. Romero les prometió ayudar “ampliamente en todo lo que esté a mi alcance para lograr mejorar las condiciones de los prisioneros políticos” y tratar de forzar al régimen de Fidel “a que termine la cadena de violaciones de derechos humanos que comete a diario y de forma arbitraria”.
La ex legisladora ha gozado de la amistad --y las influencias-- de otras militantes del PAN como Margarita Zavala --esposa de Felipe Calderón— y María Teresa Aranda, esta última ex subsecretaria de Asuntos Migratorios de la Segob y cabeza del “Yunque” en Puebla. También es pública su estrecha cercanía con la Fundación Nacional Cubano Americana, el Partido Republicano de Cuba y el Movimiento de Hijos de la Virgen de la Caridad, organizaciones de exiliados que han sido calificadas por medios internacionales como “terroristas”.
Otro preclaro integrante del “Yunque” es René Bolio Halloran, casualmente electo en el 2000 senador suplente en la fórmula que encabezó… ¡Cecilia Romero!. Es un activista del anticastrismo panista, proviene de una familia derechista de Nuevo León y es uno de los fundadores del CIDHAC. También, como la ex Comisionada del INM, se ha esforzado, junto con organizaciones como la Fundación Nacional Cubano Americana, por promover la libertad de los “presos políticos” en Cuba.
En cuanto al actual delegado del INM en Quintana Roo, Antonio Ramírez Acevedo, su formación no está lejos del “Yunque”. Pero además, en los dos sexenios panistas, ocupó antes cargos de tipo policiaco-persecutorio, en dependencias donde se ha agudizado la corrupción:
Fue Jefe para la Inspección Aduanera del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre 2005 y 2007. Y Director General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) de 2008 al 2009, cuando el titular de esa dependencia era el cuestionado Genaro García Luna. ¡No tiene medallas de gente honesta!...
Respecto al actual subdelegado de Migración en el estado, José Antonio Pita Gómez, baste decir que trabajó en el DIF nacional bajo las órdenes de María Cecilia Landerreche Gómez Morín y María de las Mercedes Gómez Mont Urueta, dos panistas de “hueso colorado” y pertenecientes a la siniestra ultraderecha incrustada en el partido albiazul. Pita Gómez fungió, bajo las órdenes de ellas, como Director de Rehabilitación en aquella dependencia. ¡También que lo saquen de Quintana Roo!.
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¿Y LOS HANK?.- El propio delegado del INM, Ramírez Acevedo, aceptó que la marina “La Amada”, a donde arribó el último grupo de 18 cubanos indocumentados, es una nueva base en la ruta de la mafia cubano-americana en el tráfico de isleños, y que por eso “iniciamos una supervisión en la zona intercontinental entre Isla Mujeres y Cancún”. Su ineptitud y connivencia con los delincuentes no auguran ningún buen resultado.
Hay que destacar que la referida marina fue reactivada hace tres meses para la llegada de yates, tras la apertura parcial del complejo turístico de Playa Mujeres e Isla Blanca, propiedad de hijos del profesor Carlos Hank González. ¿No deberían ser investigados a fondo?. Lo amerita la sospecha de que están involucrados en el trasiego de ilegales.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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18 CUBANOS ILEGALES DETENIDOS: COMPLICIDAD DE FÉLIX GONZÁLEZ CANTO

CANCÚN, Q.R., Miércoles 6 Octubre 2010.
CONSTE!
MÁS CUBANOS ILEGALES

+ “Chiripa”, la captura de otros 18 isleños en Cancún; Alor mentiroso
+ Llegaron en yate a Playa Mujeres: corrupción del INM y de Félix
+ El dengue invade a Quintana Roo, inepto Azueta Cárdenas

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*¨
carlos_cantonz@hotmail.com

La nueva y fortuita detención de cubanos indocumentados en Cancún –ahora fueron 18--, fue un “chiripazo” que confirma lo que en esta columna periodística establecimos el pasado lunes 4 (MIGRACIÓN CORRUPTA): en Quintana Roo es imparable el tráfico de caribeños y centroamericanos, sobre todo, como consecuencia de la comprobada corrupción de mandos panistas del Instituto Nacional de Migración (INM) coludidos con funcionarios estatales y municipales.
De igual forma, en ese texto anterior, señalamos que en el negociazo millonario que encabezan la mafia cubano-americana y otras, estarían ya involucrados los nuevos delegado y subdelegado del instituto en el estado, Antonio Rodríguez Acevedo y José Antonio Pita Gómez, respectivamente.
El domingo 3, día en que se escribió CONSTE!, el diario peninsular POR ESTO! denunció la “misteriosa desaparición” de Pita Gómez quien tenía “entre tres y cinco días de no presentarse a laborar”, y que ya la PGR investigaba ese caso. El periódico especuló sobre la posibilidad de que el funcionario podría haber sido “levantado” en Cancún por un comando armado del crimen organizado, en venganza porque el funcionario “se habría negado a pactar con ellos, para permitirles la operación del tráfico de ilegales”.
Sin embargo, en su edición del día siguiente, lunes 4, POR ESTO! dijo que el delegado del INM había aparecido, “que andaba de parranda”.
En todo caso, la información del periódico viene a recordarnos cómo los altos mandos del instituto en Quintana Roo estarían cooptados por los mafiosos. En sólo dos años, a partir del 4 de agosto de 2008, tres delegados han sido destituidos bajo señalamientos de ser “beneficiarios” del negociazo: Vicente Pompilio Montesinos Pérez, Luis Alberto Molina Ríos y Fernando Díaz Martínez.
El mismo domingo 3, Novedades de Quintana Roo publicó: “Las autoridades del INM con sede en Playa del Carmen, podrían estar involucradas en el tráfico de personas y en la liberación de indocumentados a cambio de dinero”. Dio el testimonio de 4 policías municipales de Tulum que aseguraron que extranjeros ilegales a los que habían detenido por robo, y entregados al INM, circulaban libre e impunemente en la ciudad.
Ocurre que, a la deshonestidad de funcionarios del INM (tres delegados en el estado han sido cesados en los últimos dos años por estar involucrados en el tráfico de personas), se añade la opacidad de la propia dependencia federal de la Secretaría de Gobernación. No informa ni siquiera de los nombramientos que se dan en Quintana Roo… ¡mucho menos de las “desapariciones” y actividades ilícitas de sus funcionarios!.
Ahora que, la noche del lunes 4, fueron arrestados los 18 cubanos y dos mexicanos “polleros”, tampoco el INM se dignó a rendir un reporte a la opinión pública.
Fue el inefable procurador de “Justicia” del estado, Francisco Alor Quezada, quien informó de la detención en Cancún de ¡ooootro! grupo de isleños. Aunque, para no variar, pretendió confundir a la sociedad, esta vez haciéndole creer que el arresto fue producto de una labor de “investigación” de la dependencia a su cargo. Dio todo el mérito a su flamante grupo “Fuerza de Reacción y Apoyo Inmediato” (FRAI).
La verdad es que los cubanos fueron localizados y asegurados “de pura chiripa”:
En la Región 517 de la ciudad de Cancún, durante un patrullaje de rutina, policías municipales marcaron el alto a los tripulantes de una camioneta tipo Suburban, quienes hicieron caso omiso y se dieron a la fuga. Los agentes los persiguieron hasta una casa en la calle Jaguares, en el fraccionamiento Barrio Maya (manzana 13, lote14), a donde se metieron. Entonces, los guardianes municipales dieron aviso a la Policía Judicial del Estado (PJE), y fue cuando elementos del FRAI irrumpieron en el inmueble y se encontraron con la presencia de los cubanos, 3 mujeres entre ellos.
Es decir, si no ha sido por ese incidente menor de tránsito, la procuraduría del cuestionado Alor nunca se hubiese enterado de la existencia de los isleños.
Ha tenido que ser el Ejército el que generalmente descubre y detiene a los ilegales cubanos, como ocurrió por ejemplo el 13 de septiembre de 2009 en que un grupo militar de élite asestó un golpe a la mafia cubano-americana, que mantenía hacinados en una casa de Cancún de la Supermanzana 75 a 15 personas de aquella nacionalidad. “Esto acabará”, advirtió el entonces delegado del INM en el estado, Fernando Díaz Martínez. Lo mismo había dicho su antecesor Luis Molina Ríos –cesado por estar vinculado a los traficantes--, lo mismo dice el actual delegado, Rodríguez Acevedo. ¡Puro “rollo”, siempre!...
Hay un hecho que debería ser investigado a fondo: los cubanos arribaron el día anterior en un yate con doble matrícula, de entre 40 y 45 pies, al amarre número 105 de la marina “La Amada”, situada en el complejo residencial de lujo “Playa Mujeres” –cerca de Punta Sam--, propiedad de la familia del extinto profesor Carlos Hank González.
¿Así, tan libre e impunemente, pueden arribar los isleños a las costas quintanarroenses?. ¿Así, tan fácilmente, pueden llegar ya no en balsas, sino en embarcaciones casi de lujo, a cualquier playa incluso de Cancún?...
En septiembre de 2009, el periodista José Basilio Arévalo Campos, de Quintana Roo, reveló: “En una zona costera del municipio de Benito Juárez conocida como Bahía Petempich, desembarcan los cubanos que pretenden ir luego a Estados Unidos, a ciencia y paciencia no sólo del INM sino también de las corporaciones policiacas del estado y de Cancún (…) Los traficantes, amafiados con taxistas y policías municipales, reciben y protegen a los ilegales. También están coludidos guardias privados que dejó Francisco Velasco Delgado, ‘El Vikingo’, el ex director de Seguridad Pública puesto por el alcalde Gregorio Sánchez Martínez”.
Añadió que a esa bahía, en la delegación Puerto Morelos, a 27 kilómetros del centro de Cancún, “llegan de madrugada en lanchas rápidas, grupos de 20 a 30 indocumentados; se les proporciona ropa y calzado ligero turístico para transferirlos vía terrestre al centro de Cancún, donde se les entrega documentación falsa para transitar en nuestro país, previo pago de miles de dólares de cada uno”.
Arévalo Campos destacó la complicidad (en el tráfico de indocumentados) del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” --con sede en Cancún-- y su gremio homólogo Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, cuya base está en Playa del Carmen.
(Tales organizaciones han sido señaladas como “cajas chicas” del gobierno de Félix González Canto, y también instrumentos de coacción electoral).
Por cierto, las declaraciones que formuló ayer martes 5 el propio González Canto en relación al aseguramiento de los cubanos, infunde preocupación en la ciudadanía: “Se sabe que son varias las bandas de ‘polleros’ las que están operando en el estado”. Y no da confianza lo que agregó: “Continuaremos combatiendo este delito (el tráfico de indocumentados)”.
Ya dijimos aquí que el negociazo se acentuó en los últimos tres años, precisamente con el actual gobernador priísta, y ha dejado millonarias “ganancias” a funcionarios –federales, estatales y municipales--. Hoy, tan sólo en Cancún, viven unos 6 mil cubanos indocumentados, cuando en 2007 eran 150. Allí están, en plenas narices del virrey González Canto. ¿Y así dice que “combate” a las mafias que controlan a los ilegales?...
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MUCHO DENGUE, POCA ACCIÓN.- Es enorme la otra migración hacia Quintana Roo: la de gente de estados flagelados por fenómenos meteorológicos como Chiapas, Veracruz y Tabasco. Llegan sobre todo a Cancún y la Riviera Maya para sobrevivir. Lamentablemente algunos de esos connacionales en desgracia tienen enfermedades como el dengue.
El nada eficiente secretario de Salud de QR, Juan Carlos Azueta Cárdenas, informó el lunes que hay 957 casos “acumulados” de dengue: 518 clásicos y 438 hemorrágicos –los más graves--. Y que el estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, sólo superado por Guerrero, Chiapas y Jalisco. Más grave aún: “alertó” que aquí podría aumentar el número de enfermos debido a que “grandes cantidades de personas” de las dos primeras entidades emigran hacia Quintana Roo, “tanto por los fenómenos meteorológicos como por la temporada vacacional decembrina”. Y es que, dijo el funcionario, han aparecido en Guerrero y Chiapas los serotipos 3 y 4 del virus, altamente dañinos, que podrían traer quienes provienen de esos estados.
Pero no se observa que Azueta Cárdenas haga algo aparte de emitir “alertas” y más “alertas” (como las de su jefe González Canto sobre los huracanes). Ayer mismo, el gobierno chiapaneco dio un ejemplo de cómo debe se debe trabajar : el Instituto Estatal de Salud formalizó con el IMSS un convenio que permitirá dar atención médica a miles de inmigrantes en la entidad, sobre todo centroamericanos. En clínicas y hospitales serán recibidos aunque no tengan documentos en regla. . La atención será principalmente para casos de urgencia, vigilancia epidemiológica –incluye el dengue-- y enfermedades de transmisión sexual.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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NUEVO DELEGADO DEL I.N.M. EN QUINTANA ROO...¡Y SIGUE EL TRÁFICO DE CUBANOS!

CANCÚN, QR, Lunes 4 de Octubre 2010.

CONSTE!
MIGRACIÓN CORRUPTA

+ Sigue el millonario “negocio” del tráfico de ilegales en el INM de Q.R.
+ Antonio Rodríguez Acevedo, nuevo Delegado, bajo sospecha
+ Señalan a Magaly Achach como protectora de cubanos en Cancún

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Continúa la podredumbre en el Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo, donde tres delegados han sido cesados en los últimos dos años por tener vínculos con la mafia cubano-americana de traficantes de personas. A los isleños y centroamericanos indocumentados no sólo se les cobran “cuotas” --millones de pesos en conjunto--, sino además son explotados y tratados de manera inhumana. El negociazo incluye también el tráfico de argentinos, asiáticos y árabes.
Personal migratorio, con la complicidad de funcionarios estatales y municipales, tiene que ver con trata de blancas y ha estado al servicio de los carteles de la droga, como “Los Zetas” y la banda de los hermanos Beltrán Leyva.
Es incontrolable y brutal la corrupción impera en el INM, aún con el nuevo Delegado Regional en el estado, Antonio Rodríguez Acevedo, y el subdelegado José Antonio Pita Gómez. El actual responsable muestra incapacidad para contrarrestar siquiera un poco el grave problema. Igual que sus antecesores, ya es señalado de estimular o solapar la deshonestidad de los agentes migratorios, principalmente los asignados al aeropuerto internacional de Cancún. Estaría recibiendo pingües ganancias.
Delegados, subdelegados y casi medio centenar de agentes migratorios han sido aprehendidos por fuerzas federales pero en su mayoría permanecen impunes. Finalmente el “castigo” sólo consiste en la remoción del cargo… ¡o enviarlos a seguir trabajando a otros estados de la República!.
El gobierno de Felipe Calderón mantiene un condenable desinterés en materia migratoria. A su amiga y correligionaria panista y ultraderechista Cecilia Romero Castillo, la dejó que durante 4 años al frente del INM permitiera el ingreso ilegal al país --sobre todo vía Quintana Roo-- de cientos de cubanos, en colusión con organizaciones anticastristas.
Varias veces la Secretaría de Gobernación federal (Segob) ha prometido “limpiar” el instituto, como apenas el 15 de abril pasado cuando anunció auditorías a las oficinas en Cancún, Chetumal y la Riviera Maya, ya que luego de la detención de unos 10 agentes migratorios involucrados en el tráfico de indocumentados se “descubrió” --¡hasta ahora!—que existe falsificación de documentos y entrega de permisos de residencia a ciudadanos de Cuba y otros países. “Todo el personal tanto operativo como administrativo está bajo investigación”, informó.
Autoridades estatales y municipales de Quintana Roo están igualmente inmiscuidas, y obtienen altísimos “remuneraciones” cada mes no solamente por la internación ilegal de extranjeros sino por su permanencia --también irregular-- en estos destinos turísticos, los más importantes del país. Se estima que sólo en Cancún viven 6 mil cubanos indocumentados, muchos de ellos trabajan pero en condiciones de explotación e incluso víctimas del crimen organizado. (Ya se sabe que la administración municipal de Gregorio Sánchez Martínez incluyó en la nómina a un buen número). Hace 3 años únicamente había 150 antillanos en la ciudad. En Playa del Carmen hay cientos de isleños y originarios de otros países, en similares condiciones.
Desde hace al menos 4 años, el crimen organizado mantiene sus tentáculos dentro del aeropuerto de Cancún y el INM forma parte de esa mafia, sobre todo en cuanto al tráfico de indocumentados. En 2009 varios agentes migratorios comisionados en la terminal aérea fueron arrestados, a raíz de que fue ejecutado uno de ellos, Hugo de Jesús Sánchez Centeno. Entonces se produjo el cese del delegado del instituto en Quintana Roo, Luis Alberto Molina Ríos, quien a pesar de haber sido señalado de corrupto no se fue castigado sino transferido al estado de Hidalgo. (Uno de los interrogados en el famoso narco-video de los “Matazetas” dado a conocer en julio del año pasado, Sánchez Centeno, denunció públicamente a Molina).
En los últimos 5 años, la estación migratoria ubicada en Chetumal ha registrado 5 fugas de cubanos ilegales, además del “rescate” armado de otros 33 en julio de 2008, cuando eran trasladados a Chiapas. La más reciente escapatoria fue el 24 de agosto de 2009: ocho isleños, de los que seis fueron recapturados.
Según informes de la PGR, cada cubano paga entre 10 mil y 12 mil dólares en un trayecto en balsa de Cuba a México, y desde allí por tierra o vía aérea a Estados Unidos. El periódico oficial Granma ha dicho que las mafias tienen como base en nuestro país a Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Mérida. La cercanía de Quintana Roo con el país caribeño ha sido determinante para ubicar a esta entidad como paso obligado de la migración ilegal hacia Estados Unidos, lo que ha contribuido al incremento de la inseguridad en municipios como Benito Juárez y Solidaridad. El asunto se agrava porque autoridades federales señalan la participación de narcotraficantes --sobre todo “Zetas”-- en el sucio negocio de indocumentados.
Ciudadanos cubanos arriban a Quintana Roo ya no solamente en balsas sino además a través de rutas terrestres. Y se trasladan hacia el norte del país --y a Estados Unidos-- incluso ¡en avión!, saliendo del aeropuerto internacional de Cancún, donde la “autoridad” migratoria se encarga de cobrarles caro ese privilegio.
Cecilia Romero Castillo se mantuvo como Comisionada del INM --es decir, la máxima autoridad-- desde el 6 de diciembre de 2006 hasta el pasado 14 de septiembre, cuando fue destituida tras el asesinato de 72 migrantes el 23 de agosto en Tamaulipas. Pero antes hubo hechos escandalosos --incluso en Quintana Roo-- que no fueron suficientes para ser cesada. Hoy el cargo permanece acéfalo, lo que ratifica el desinterés del Gobierno Federal en materia migratoria. (El puesto de Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, en la SEGOB, también estuvo sin titular durante meses, hasta que el 22 de septiembre se nombró a René Martín Zenteno Quintero).
El problema del tráfico de indocumentados fue alertado en Chetumal desde el 4 de marzo de 2009 por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanos Fernández, quien lamentó el desinterés de la entonces Comisionada Romero Castillo, por atender el abuso que sufren cientos de cubanos en Quintana Roo y también en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Denunció que incluso personal del instituto violaba los derechos humanos de los ilegales, “y esto es grave, sobre todo en un estado como Quintana Roo, por su ubicación fronteriza”. El ombudsman calificó de “sombrío” el panorama del INM en el estado por las diferentes formas de explotación de los cubanos que arriban a estas costas. Se mostró preocupado porque la trata de blancas “es un problema que va en aumento”.
De la podredumbre en el INM en Quintana Roo hablan los muchos ceses que se han producido. En lo que va de este 2010, casi 40 agentes migratorios del aeropuerto de Cancún han sido apresados por la SIEDO (PGR) acusados de tráfico de indocumentados, en tres operativos:
1.- El 8 de enero fueron detenidos 26 agentes, de los que 10 quedaron bajo arraigo, a consecuencia de la investigación federal sobre 35 personas originarias de China a quienes personal del INM les selló pasaportes falsos en la terminal aérea. Los asiáticos viajaron en avión a Guadalajara, y allí fueron detenidos.
2.- El 2 de marzo, otros 13 elementos del instituto en Quintana Roo fueron destituidos como parte de la misma pesquisa federal sobre los chinos con documentos apócrifos. Finalmente, el 23 de mayo, se ejecutó la orden de aprehensión contra ellos.
3.- El 31 de marzo fue capturado Gilberto Irizzont Melgoza, del INM, en relación al mismo caso.
Los jefes acusados:
---Apenas el 11 de marzo pasado fue destituido Eulalio González Romero como Delegado en el sur del estado, por su presunto involucramiento en la fuga de 8 cubanos indocumentados ocurrida en agosto de 2009.
---El 4 de agosto de 2008 fue dado de baja Vicente Pompilio Montesinos Pérez como Delegado Regional en QR tras el escándalo de los 33 cubanos y 4 centroamericanos indocumentados que fueron “arrebatados” a personal migratorio en julio de ese año durante su traslado a Chiapas. Además fue cesado el subdelegado del INM en Chetumal, Jorge Tenorio Villegas. Montesinos fue quien dio la orden de que esos ilegales, que permanecían en la estación migratoria de Chetumal, fuesen transferidos. Habría cobrado un dineral. En su lugar fue designado el panista Luis Alberto Molina Ríos, proveniente de Chiapas, donde había sido Delegado de la Sedesol federal.
---El 15 de agosto de 2009, a poco más de un mes de haber sido exhibido (en el narco-video) como responsable de ilícitos, Molina Ríos dejó de ser Delegado Regional del INM en Quintana Roo. Duró sólo un año en el cargo. También fue relevado el subdelegado, Jerson González. Ese mismo día se nombró como Delegado a Fernando Díaz Martínez, quien venía de Baja California. Dos meses después, el 29 de octubre del año pasado, el nuevo funcionario admitía la complacencia del INM: “en el aeropuerto de Cancún no existen puestos de revisión en los vuelos nacionales para verificar si los extranjeros que ingresan tienen en regla sus papeles migratorios”.
---Este año, Díaz Martínez, sin haber durado tampoco siquiera un año, fue relevado como Delegado Regional en Quintana Roo, aparentemente por tolerar el tráfico de indocumentados. El INM no dio información. Fue sustituido por Antonio Rodríguez Acevedo.
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MAGALY ACHACH .- Un lector envió un email a este periodista, en el que se refiere a la priísta que fue presidenta municipal de Cancún (1999-2002): “Tanto se habla de los indocumentados cubanos, que si Niurka Sáliva, que si Greg Sánchez. ¿Y por qué no señalar a las autoridades de Migración coludidas?. Obvio, no lo hicieron solos y se dieron siempre el lujo de firmar internaciones a diestra y siniestra. No muy lejos de estar en el mismo ‘rollo’ se encuentra la ex alcaldesa Magaly Achach de Ayuso, ya que es sabido de todos que su compadre El Vikingo siempre le encubrió muchas cosas, y además lo hizo ‘cómplice y compadre’ de su ex yerno, de nacionalidad cubana, Leonel Garciga Verde, quien estuvo casado con su hija Elda Candelaria con la cual procreó una hija de nombre Ximena Magaly. Dentro del aquelarre de la Sra. Achach se encontraban el yerno, El Vikingo, Alejandro Solórzano (ex director de la Policía Turística), Mariano Martínez Reynoso (preso en Nayarit) y el director de Relaciones Públicas, Máximo García Tovar. Ese grupito también trajo a muchos cubanos, entre ellos el cubano de color Francisco Ericé, quien era el ‘padrino de santería’ de todos ellos; lo trajeron para que les diera protección, que por lo visto a algunos no les sirvió de mucho. Ericé falleció en noviembre de 2009 en extrañas circunstancias en la casa que compartía con García Tovar y de lo cual tuvo conocimiento el cónsul de Cuba en Cancún, Homero Saker. Como coincidencia, los encargados de llevar el cuerpo a Cuba fueron Martínez Reynoso y Garciga Verde, mismo a quien El Vikingo nombra en su expediente como compañero de viajes a la isla; o sea, el cubano era conocido entre la tropa y quien lo introdujo a ese selecto grupo fue la mismísima Magaly Achach… Como se ve, es una red tejida de años, no sólo en la administración de Greg”.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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SECUESTRAN EN CANCÚN A LA HIJA DE UN EMPRESARIO; COPARMEX CULPA A FÉLIX GONZÁLEZ CANTO

CANCÚN, QR, Sábado 2 Octubre 2010.-

CONSTE!
SECUESTRO EN CANCÚN

+ Hija de un acaudalado transportista, la nueva víctima del hampa
+ Corrupción, impunidad y apatía del gobierno de QR, acusa
Coparmex
+ Ya son 35 plagios denunciados en este 2010… y más de 50 no reportados

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Mientras que el gobierno priísta de Quintana Roo mantiene un silencio cómplice tras la exoneración “exprés” --como exprés fue el secuestro que consumó-- del regidor-junior-plagiador Jorge Miguel Martín Alvarez, distinguido militante del PRI, el periódico local Novedades fue el único que dio cuenta ayer de un nuevo rapto en Cancún, con lo que aumenta a 35 los casos denunciados en lo que va del año… sin contar los que no son reportados por miedo, y que serían más de 50. Al menos 10 grandes empresarios prácticamente huyeron ya de la ciudad, para vivir e invertir sobre todo en Estados Unidos.
Y la protesta del sector privado es más enérgica que nunca:
Corrupción e impunidad ahogan al estado, también hay “apatía” del gobierno, y todo eso ahuyenta las inversiones, acusó el pasado lunes 27 de septiembre Hernán Cordera Galindo, presidente de la Federación Peninsular de la Coparmex. El 70% de los habitantes de Cancún --dijo—considera que esta ciudad es mucho más peligrosa que hace dos o tres años, además de que ya ocupa el primer lugar en impunidad porque el 99.8% de los delitos que se denuncian “no tienen resultados”, de acuerdo a una evaluación de la Universidad La Salle.
Ahora, la víctima de los secuestradores resultó ser la hija de un acaudalado líder transportista, a quien el diario denomina “O.S.S.”, supuestamente las iniciales de su nombre real, por obvias cuestiones de seguridad. La plagiada, de 28 años de edad, es “B.S.M.”. El delito habría ocurrido en la ciudad de Cancún el martes 28 de septiembre, dos días después de que Jorge Miguel y su presunto guardaespaldas privaron de la libertad a un mecánico y dieron el “ejemplo” de cómo se puede cometer un rapto sin ser castigado.
Los captores de la joven exigen un rescate de 250 mil pesos, o de lo contrario la entregarán “en pedazos, dentro de una bolsa”, según la amenaza que le hicieron al padre. Ya se pagó esa cantidad, y hasta ayer viernes no era liberada.
Son empresarios los principales blancos de las bandas de secuestradores y extorsionadores en Cancún y la Riviera Maya. Pero eso no parece preocuparle a Félix González Canto, quien anda “enfiestado”: hace un par de días, recibió en Chetumal “El Corazón de Oro”, máxima presea que otorga la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), de la que es preclara integrante su tía Mimí Canto de Conde, próspera hotelera chetumaleña y corredora financiera desde la época de Mario Villanueva Madrid, y ahora también “operadora política”, pues el gobernador le dio en diciembre de 2009 un puesto en la Comisión de Financiamiento del PRI estatal.
Empero, hay empresarios locales que sí levantan su voz para protestar por el clima de violencia e inseguridad pública.
En Quintana Roo hay impunidad, corrupción de las corporaciones policiacas y desinterés del gobierno de González Canto para atajar a los delincuentes, por eso ha crecido de manera alarmante el número de secuestros, extorsiones y otros delitos. Esto lo sostiene no únicamente Cordero Galindo, sino también Abelardo Vara Rivera, hotelero y asesor de la Asociación de Hoteles de Cancún, el principal destino vacacional de América Latina.
Ambos empresarios han formulado fuertes declaraciones públicas, que seguramente no son del agrado del gobierno virreinal que encabeza González Canto.
Cordero Galindo ha sido el más crítico y también el más insistente: particularmente desde fines del año pasado no se cansa de denunciar la ola criminal en Quintana Roo, y su paralela estela de impunidad.
Apenas el lunes 27 de septiembre, luego del secuestro perpetrado por el júnior Martín Alvarez --dice que “jugando” se hizo pasar como uno de los “Zetas”, la sanguinaria banda del narco--, el dirigente de Coparmex acusó: “Quintana Roo es un caldo de cultivo para la delincuencia y esto se debe a que somos el primer estado en lo que a impunidad se refiere, lo cual es muy grave porque parece que a las autoridades no les importa eso; por el contrario, se escudan en cifras y números que no justifican nada. Lo cierto es que aquí, el hampa ya rebasó a las instituciones, y esto aleja poco a poco las inversiones”.
Fue lapidario: “No hay confianza en la autoridad. Mientras que a nivel nacional se mantiene una lucha frontal contra el hampo, el narcotráfico y el lavado de dinero, que incluso ya ha provocado muertes de civiles, en Quintana Roo impera la corrupción, pues sólo así se explica que la inseguridad prive en todos los ámbitos sociales. Ya nadie se siente seguro. Además, nadie denuncia, no confían en las autoridades, pues al momento de interponer la querella los delincuentes se enteran y cobran facturas”.
Se vive una situación --indicó-- que no se puede ignorar. “Aunque algunos pretendan evitar dar opiniones al respecto, el hecho es que los robos, extorsiones y secuestros siguen al alza, debido a la corrupción, la burocracia, así como la apatía de los cuerpos policiacos. Se necesita un cambio radical, en donde se limpien las instancias de procuración y combate a la delincuencia, además de que se garantice la seguridad de las víctimas”.
Y es que no todos los dirigentes del sector privado exponen con tal crudeza como Cordero Galindo los crecientes ataques del hampa. Hay quienes prefieren quedar bien con el gobernador, por los “favores” que les otorga, y mantenerse calladitos. Ahí está el caso de las damas de la AMMJE.
“Otros colectivos empresariales --explicó el de Coparmex-- pretenden minimizar lo que pasa en estos centros turísticos (Cancún, Playa del Carmen y otros), pero lo cierto es que se han disparado las acciones criminales, sobre todo en los últimos dos años”.
Sin pelos en la lengua, Cordero Galindo denunció también: “En varias ocasiones la Coparmex ha alzado la voz ante la escalada delincuencial, pero las autoridades del estado hacen caso omiso a las quejas. El último registro fueron los robos a las farmacias Yza, y precisamente debido a esa impunidad, varios empresarios han optado por irse a vivir y a invertir en otras partes”.
Advirtió que de seguir así las cosas “podríamos convertirnos en una ciudad desierta si se van los empresarios”, y Cancún “podría ser una réplica de lo que experimentan ciudades del norte del país, en donde es poco atractivo vivir”.
(Esto último debió haber caído como balde de agua fría a González Canto, quien no se cansa de proferir su trillada cantaleta de que “no hay problema, aquí la delincuencia no está como en algunas entidades del norte” de la República).
Cordero Galindo dio cifras reales –no las “maquilladas” que ofrece el procurador Francisco Alor Quezada-- de los secuestros: “Suponemos que son, mínimo, unos 35 secuestros en lo que va del año tan sólo en Cancún, y obviamente no tenemos los datos duros (…) pero la sociedad es la mejor fuente de información, y se reporta, se corre la voz, amigos, empresas, empleados, ¡hemos tenido una explosión!... Aparte de los casos denunciados de secuestro, otros 150 empresarios fueron sujetos de extorsión telefónica y ‘derecho de piso’, y 10 más cerraron sus negocios y por miedo se fueron al extranjero. Otros, de plano cambiaron de residencia, ya que la delincuencia sigue avanzando. A nivel nacional, 42.3 por ciento de las víctimas son comerciantes y empresarios; 21.3 estudiantes y 16.2 empleados”.
Más aún: el empresario sostuvo que el Grupo Multisistemas de Seguridad reveló que México ostenta el primer lugar mundial en secuestros, con más de 8 mil al año, sin contar los centenares de raptos exprés que no son denunciados. “Y en Cancún se han triplicado”, apuntó Cordero Galindo. Añadió: “El derecho de piso, el chantaje, la extorsión en el que grupos criminales piden directamente dinero a comercios, a oficinas, a restaurantes, a bares, a discotecas, ese es el que ha crecido impresionantemente: en el último semestre, fácilmente a lo triple que a principios del año”.
Y ofreció datos que el procurador Alor se niega a revelar: “Según las víctimas, las cuotas varían por giro y oscilan entre 5.000 y hasta 100.000 pesos. En caso de secuestro, se exigen en promedio 5.5 millones de pesos, aunque se estima que sólo se paga 5.5 por ciento de lo solicitado”.
De igual forma, el líder de Coparmex expresó que es lamentable que las instancias de procuración de justicia en Quintana Roo muestren “apatía” ante la inseguridad que enfrentan no sólo los hombres de negocios, sino la ciudadanía en general.
Remató sus declaraciones con estas frases: “No es tema económico. Es un asunto de voluntad política. Hacer los cambios que se requieren: la autonomía en ministerios públicos, la capacitación; los jueces, evitar que sean susceptibles a corrupción y a chantajes… Mientras no se haga eso, la delincuencia va a seguir drásticamente en aumento”. Por su parte, el magnate hotelero Abelardo Vara Rivera dijo a finales de agosto que secuestros, robos, narco-ejecuciones y decapitaciones y venta de drogas “que vienen en aumento en los últimos años en Quintana Roo”, ya afectan severamente el flujo de turistas a Cancún.
Consideró que si la ocupación hotelera en el país se ha visto afectada entre 5 y 8 por ciento, “en Quintana Roo sería más, pues aquí se genera el 40 por ciento de las divisas extranjeras del turismo”. Agregó que la ola delincuencial y el nivel de impunidad en el estado “han incidido de manera importante”, en la baja afluencia de turistas.
Admitió que tan sólo en seis meses, la ciudad de Cancún pasó del lugar 17 al número 9 como lugar con más delitos en destinos turísticos en México. Además ocupa “el tercer lugar en todo México con más delitos denunciados sin que haya una averiguación previa; esto, debido a que el 86% de los actos delictivos que se cometen en este destino no son denunciados. Porque la ciudadanía no cree, no confía en sus autoridades”.
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FAMILIA ATORMENTADA.- Es dramático el relato que hizo Novedades de Quintana Roo en su edición de ayer viernes 1 de octubre: “Sigue tú mis indicaciones, ponte en contacto con él y si intentas hacer algún desm…, la va a cargar la chin… tenemos a tu hija”, es parte del mensaje por celular que recibió O.S.S., transportista, tras darse a conocer que su familiar había sido plagiada. (…) De acuerdo a datos oficiales obtenidos, a las 23.30 horas del pasado martes, O.S.S., de 49 años, reportó a la Policía Judicial del Estado que su hija estaba desaparecida y que había recibido una amenaza por mensaje telefónico. Su hija salió de su domicilio alrededor de las 19 horas para comprar la cena para sus hijos (…) Pasó una hora, fue cuando su esposo le marcó a su celular y a su nextel, pero en ninguno obtuvo respuesta de ella”.
Según el periódico, el líder transportista estuvo esperando indicaciones toda la noche del martes y la madrugada del miércoles 29. Hasta las 11 de la mañana recibió una llamada telefónica de un número del DF, en la que le pidieron los 250 mil pesos en efectivo, y que los depositara antes de las 13 horas en una cuenta de Banorte; le dieron el número. Si no lo hacía, matarían a su hija, se la iban a entregar “en pedazos” en una bolsa. El empresario fue de inmediato a la sucursal bancaria localizada entre las avenidas López Portillo y Kabah, en Cancún. A las 17.30 horas, el esposo de la plagiada recibió un mensaje del celular de ésta; le decía que estaba bien.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior, y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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SECUESTRADOR Y LIBERADO, EL HIJO DE MIGUEL RAMÓN MARTÍN AZUETA, EX ALCALDE DE PLAYA DEL CARMEN

CANCÚN, QR, Viernes 1 Octubre 2010.
CONSTE!
MÁS IMPUNIDAD

+ El secuestro cometido por Jorge Miguel Martín Alvarez, “sin importancia”…
+ Su padre “ejemplar”, fue acusado de violación en 2000 y de represor en 2001
+ Félix obsequia una planta pasteurizadora a Miguel Ramón Martín Azueta

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
La impunidad hacia la gente poderosa en Quintana Roo sigue siendo una característica de la Procuraduría de “Justicia” durante el gobierno de Félix González Canto. Y en vista de que es un factor que ahuyenta al turismo, exhibe como un demagogo al virrey, quien constantemente dice estar “preocupado” porque la inseguridad pública da una mala imagen a los destinos vacacionales de esta entidad.
La indebida e inmediata liberación del insolente púber priísta Jorge Miguel Martín Alvarez, regidor electo en Solidaridad (Playa del Carmen), es una nueva demostración ante el mundo de lo podrido que está el sistema de procuración e impartición de justicia.
La administración del también militante tricolor González Canto ha brindado ilegal protección lo mismo a artistas (Ana Bárbara) que a funcionarios, legisladores y otros personajes del poder. Pueden incurrir en cualquier corruptela, pueden cometer cualquier tropelía y saben que no serán castigados. Las víctimas no encuentran, en Quintana Roo, una sola instancia que las defienda.
Y el gobernador cubre con su manto de impunidad especialmente a sus muchos parientes a los que mantiene incrustados en el sector público. Existe un nepotismo como nunca antes se había dado aquí, y eso lo sabe la ciudadanía.
Los hijos de la septuagenaria tabasqueña Florentina Vázquez Mier y Concha, arrollada y muerta por el vehículo que manejaba Ana Bárbara el 17 de julio en Cancún, siguen esperando justicia… que nunca llegará.
En ese contexto se inscribe la actitud solapadora de Félix y de los dos procuradores que ha tenido: Bello Melchor Rodríguez y el actual, Francisco Alor Quezada.
Ahora tocó el turno de ser “salvado” a un integrante de la familia Martín Azueta, emparentada con la esposa del mandatario estatal, Narcedalia Martín, “Polly”. Y ocurre en momentos en que se han incrementado de manera alarmante los secuestros en Quintana Roo, además de ejecuciones, extorsiones y robos.
El secuestro que consumaron el júnior Jorge Miguel y su compañero de parranda, Ernesto Alfonso Cabrera Cano, es un delito grave, claramente tipificado por la ley, que no concede libertad bajo fianza. Es decir, deberían estar presos. Al humilde mecánico que los fue a auxiliar para cambiar una llanta del vehículo donde iban los jóvenes, Eutilio Córdoba Leyva, lo mantuvieron privado de su libertad durante varias horas, el domingo 26 de septiembre. ¡Son tan exquisitos que ni siquiera pudieron hacerlo!, o quizá la “cruda” etílica los imposibilitaba. Y ni siquiera se dignaron pagarle los 600 pesos que les cobraba no sólo por cambiar el neumático sino porque tuvo que trasladarse en taxi al lugar.
Para el mecánico hubo también amenaza de muerte por parte del nuevo regidor, quien al rehusarse a pagarle le advirtió: “Me sale más barato darte un balazo y desaparecerte”. Es indignante. Como lo que relata Córdoba Leyva: “me subieron a la fuerza al vehículo, me ataron en el asiento trasero, mientras que Jorge Miguel me advertía que me iban a matar como a los otros… y se reían a carcajadas. Me tuvieron dándome vueltas e insultándome más de tres horas”.
Detenidos por policía federales y presentados ante las autoridades, las “influencias” del padre de Jorge Miguel, el ex presidente municipal de Solidaridad (1999-2002) Miguel Ramón Martín Azueta, con el apoyo de su compadre González Canto, permitieron que –en un santiamén-- los júniors quedaran libres, sin pagar un solo centavo.
Dueño del periódico “El Quintanarroense” en Playa del Carmen, de una embotelladora y otros negocios más, Martín Azueta tiene negros antecedentes. He aquí algunos botones de muestra:
1.- En el año 2000, siendo alcalde, abusó sexualmente de su secretaria (casada y con hijas), ¡y no le hicieron nada!. La víctima denunció al violador y se inició la averiguación previa 529/2000. El 15 de enero de 2002, la periodista Lydia Cacho escribió un artículo titulado “Miguel Ramón: ¿a juicio político?”, en el que estableció que varios organismos civiles pedían ese castigo para el munícipe. Y dijo que la mujer violada, su esposo y amistades cercanas, así como la propia reportera, eran objeto de amenazas de muerte por parte de Martín Azueta para que dejaran el asunto en paz.
2.- El domingo 9 de diciembre de 2001, el entonces alcalde Martín Azueta estuvo al frente de una de las más brutales represiones contra pacíficos colonos de que se tenga memoria en Quintana Roo. Con cerca de 300 policías perpetró un violento desalojo de gente humilde que se había asentado en el predio “Los Gavilanes”, en Puerto Aventuras. Hubo 22 lesionados a balazos, machetazos y macanazos. El diputado local Enrique Alcocer denunció en aquella ocasión que el verdadero propósito del edil al sacar a esa gente, era el de “apoderarse de las mejores playas de Solidaridad”.
3.- En marzo de 2002 dio el visto bueno al ilegal parcelamiento del ‘Ejido Playa del Carmen’, del que ya hemos dado cuenta en este espacio periodístico. Se beneficiaron Román Quian Alcocer, actual alcalde, y parientes y amigos suyos.
4.- Durante su trienio al frente del Ayuntamiento de Solidaridad fue señalado repetidamente de corrupto y de apropiarse de valiosos terrenos ejidales.
Con todo y eso, González Canto en vez de castigarlo, lo “premia”. Martín Azueta luchó y estuvo a punto de conseguir la candidatura a diputado federal por el distrito electoral uno, en 2008. El 7 de diciembre de 2009, el gobernador lo designó integrante de la Comisión de Financiamiento del PRI estatal, que ese mismo día empezó a dirigir Cora Amalia Castilla Madrid.
Además, Martín Azueta fue nombrado el 30 de junio de este año presidente del Patronato de la Universidad de Quintana Roo, por un periodo de dos años.
Peor aún: el ex presidente municipal está a punto de recibir un “millonario obsequio” por parte de su pariente y amigo el gobernador de Quintana Roo: la planta pasteurizadora de leche que el gobierno construyó en el ejido Bacalar, con inversión de 10 millones de pesos. Se le dará esa concesión pero también millonarios recursos del erario para que ponga en marcha el proyecto que incluye un consorcio lechero y la recién edificada planta. Para tal efecto, el 1 de septiembre pasado hubo una reunión a puerta cerrada entre Martín Azueta, el Secretario de Gobierno felixista, Eduardo Ovando Martínez, y el titular de la secretaría estatal de Agricultura (Sedari), Germán Parra López. Es decir, tienen ya todo “amarrado”.
En cuanto al júnior y flamante nuevo regidor, Jorge Miguel Martín Alvarez, es a sus escasos 21 años de edad todo un magnate de los negocios: es Vicepresidente del periódico “El Quintanarroense”, dirige la empresa embotelladora de su padre y es socio activo de la concesionaria de los refrescos “Peñafiel” a nivel local.
Nació en Cozumel el 23 de septiembre de 1989, y su padre se “sacrificó” para mandarlo a Boston (Estados Unidos) a estudiar la preparatoria. Después se vino al DF, donde vivía en una lujosa residencia de Santa Fe y estudiaba carrera en la Universidad Iberoamericana. Truncó sus estudios porque González Canto le dio trabajo como “asesor” de los diputados federales por Quintana Roo (Roberto Borge, Yolanda Ortiz y Carlos Joaquín), en San Lázaro.
Y a principios de este año lo incluyeron en la planilla del filibustero Filiberto Martínez, quien es el alcalde electo de Solidaridad.
En campaña, el júnior Jorge Miguel Martín Alvarez anduvo mucho con Borge y llegó a declarar que, si se convertía en regidor, “buscaré el bienestar de la gente… trabajaré para mi sociedad… quiero ser un líder natural, porque mi generación busca un líder fuerte en quién confiar”.
Acerca de su padre expresó: “Mi papá más bien es mi maestría de la vida política, mi ejemplo a seguir”.
Y es que su papi el ex alcalde corrupto ya lo tiene bien perfilado: después de regidor, presidente municipal y… ¡gobernador de Quintana Roo!.
No hay por qué dudar, en una entidad tan carente de justicia como lo es Quintana Roo, que el júnior llegue tan alto. Por lo pronto, su “broma” --así calificó el grave delito-- de secuestrar a un pobre mecánico, ya se la perdonaron.
¡Aplausos para el procurador Alor Quezada, quien desde luego seguirá en su puesto, porque así lo manda el virrey!...
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior, y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.

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LA PANDILLA DE ROMÁN QUIAN ALCOCER: ACABA CON EJIDOS EN QUINTANA ROO

CANCÚN, QR, Jueves 30 Septiembre 2010.

CONSTE!
RATAS AGRARIAS EN Q.R.

+ Cómplices de Román Quian Alcocer, alcalde de Solidaridad
+ Funcionarios de SRA, TUA, RAN, TSA, CONAFOR… ¡la corrupción!
+ Hubo otro ilegal parcelamiento del ‘Ejido Playa del Carmen’

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Integrante desde hace al menos veinte años de la “mafia agraria peninsular” --como la bautizó el diario POR ESTO!--, Román Quian Alcocer, el millonario alcalde de Solidaridad (Playa del Carmen), se ha valido de la deshonestidad de funcionarios federales y algunos estatales, que desde la década de los 90s y hasta la fecha autorizan indebidamente el cambio de uso común de los ejidos de Quintana Roo para que éstos puedan ser vendidos.
Y no fue sólo un ilegal parcelamiento del ‘Ejido Playa del Carmen’ en el que estuvo involucrado el ex campesino hoy convertido en uno de los prominentes magnates del estado. Al del 24 de marzo de 2002 --cuando era presidente del comisariado--, en que se aprobó lotificar 7.137 hectáreas, siguió uno más, el 19 de marzo de 2006; entonces fueron otras 7 mil hectáreas, y Quian era diputado local por el PRI pero también el verdadero jefe ejidal… como lo es todavía. Es decir, cuatro años después repitieron su “exitosa fórmula” para ganar más millonadas de pesos.
(La averiguación previa iniciada por la PGR en Chetumal en que se acusa a Quian, a otros ejidatarios y al ex delegado de la Procuraduría Agraria en el estado, Ezequiel Puga Vázquez, de delitos del orden federal, que son castigados con cárcel, correspondería al primer parcelamiento. Por cierto, éste fue avalado por el entonces presidente municipal de Solidaridad, Miguel Ramón Martín Azueta, cuya gestión fue de abril de 1999 a abril de 2002. La indagatoria federal tiene el número PGR/CHET/099/2007-II).
Al menos ocho parientes directos del acaudalado Román Quian Alcocer han participado en los fraudes y, claro, en las colosales ganancias por el desmantelamiento del Ejido de Playa que ha devastado el entorno ecológico.
Lo que ahora espera este periodista es que Betty Monroe, la conductora de TV a la que el munícipe bajo sospecha tiene como “Embajadora Turística” de Playa del Carmen (¿por qué no, si Félix González Canto eligió a la controvertida Paulina Rubio?) no declare --como dijo el lunes 27-- que la “exageración de los medios de comunicación” es la causante de la falta de turismo y de inversiones.
El yucateco Arturo Millet Reyes ha sido, según POR ESTO!, el cabecilla de la “mafia” junto con el regiomontano Felipe Enríquez Hernández, quien utilizó su cargo de secretario particular del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en los 90s para iniciarse en el redituable negocio del tráfico de terrenos ejidales en Quintana Roo, específicamente en la Riviera Maya.
Destacan entre los solapadores del negociazo ejidal una cuarteta de personajes locales “de altos vuelos”: Alicia Ricalde Magaña y Gilberto Hendricks Díaz, ex delegados del Registro Agrario Nacional en esta entidad; el ex edil solidaridense Miguel Ramón Martín Azueta (1999-2002), incrustado en diciembre pasado en la Comisión de ¡Financiamiento! del PRI estatal junto con Mimí Canto de Conde, la influyente tía del actual gobernador; y el también ex alcalde de Playa del Carmen (1993-1996) Ramón Severo Novelo, actualmente secretario particular de… Quian Alcocer; su pariente Walter Puc Novelo es “casualmente” el nuevo comisariado del ejido playense, a partir del 2 de julio.
Y desde luego, uno de los principales beneficiarios de los fraudes a ejidatarios es el pariente del actual alcalde, Gabriel Quian Ucán, quien ha sido presidente del comisariado del ‘Ejido Playa del Carmen’ y participa de las ganancias de los sindicatos de “volqueteros” y de taxistas en esa localidad.
Las dependencias federales, algunos de cuyos funcionarios han estado coludidos con las “autoridades” del Ejido --y con Millet y con Enríquez-- para consumar ese latrocinio que ha arrasado con selvas y bosques tropicales, incluso vastas superficies de manglares, son al menos seis:
--Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
--Procuraduría Agraria (PA)
--Registro Nacional Agrario (RAN)
--Tribunal Unitario Agrario (TUA), Distrito 44 con sede en Chetumal.
--Tribunal Superior Agrario (TSA).
--Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
El alcalde ha sido formalmente dirigente del comisariado ejidal en dos ocasiones: secretario, de 1992 a 1995, y presidente, de 1998 a 2002, aunque su currículum que proporciona el Ayuntamiento dice falsamente que lo fue hasta 2001, como una medida para “zafarse” del primer fraude en el núcleo campesino de Playa del Carmen.
Los integrantes de la “mafia agraria” tienen nombres y apellidos:
Secretaría de la Reforma Agraria:
1.- Abelardo Escobar Prieto, un panista que es agrónomo oriundo de Chihuahua, fue nombrado titular en 2006, por el entonces presidente Vicente Fox en las postrimerías de su gestión. Inexplicablemente fue ratificado por Felipe Calderón y sigue siendo Secretario. Pero de junio de 2003 a abril de 2006 fungió como Director en Jefe (o sea, la máxima autoridad) del RAN. En consecuencia, avaló el primer parcelamiento ilegal del que se benefició Román Quian Alcocer.
2.- Francisco Garibay Osorio, ex delegado de la SRA en Quintana Roo; luego fue nombrado director del Infovir y, actualmente, se desempeña como titular del IPAE en el estado.
Procuraduría Agraria:
1.- Eduardo Isaías Rivera Rodríguez, jalisciense, Procurador del 20 de marzo de 2002 hasta el 2006. Avaló la primera asamblea fraudulenta en el ‘Ejido Playa del Carmen’ efectuada el 24 de marzo de hace cuatro años. Y al parecer también la de 2006.
2.- Ezequiel Puga Vázquez, ex delegado en el estado. Figura como coacusado con Román Quian Alcocer en la averiguación previa de la PGR del 2007.
3.- José Villalobos Carracasco, ex Subdelegado Operativo en Q.R.
4.- Angel Armando Gil Tun.
(Ambos, “principales personeros de Millet y Garibay para lucrar con tierras ejidales en Playa del Carmen”).
5.- Johny Alberto Cámara Huchín, ex Jefe de la Oficina de Residencia de la PA en la Zona Norte de Quintana Roo, ubicada en Puerto Morelos.
6.- María Teresa de Lourdes Denis Moreno, abogada agraria.
7.- Eduardo Aguilar Benítez, Visitador Agrario.
(Los últimos tres “olvidaron” que no había dictamen de la CONAFOR sobre la existencia de bosques y selvas en el área común del ‘Ejido Playa del Carmen’ y dieron como buena la asamblea comunal del 19 de marzo de 2006. Por cierto, el notario público 34 de esa ciudad, Juan Abundio Martínez Martínez, dio fe pública del acto).
Registro Agrario Nacional:
1.- Alicia Ricalde Magaña, ex delegada en el estado y actual alcaldesa panista de Isla Mujeres. En 2006 firmó los títulos de propiedad mediante los cuales se adjudicaron al menos 4 hectáreas de la isla de Holbox a Jaime Zetina González, el primo del gobernador González Canto y actual Tesorero del ayuntamiento de Cancún. En ese mismo año habría avalado el segundo parcelamiento del ‘Ejido Playa del Carmen’.
2.- Gilberto Hendricks Díaz, ex delegado en el estado. Su hermano Joaquín Hendricks Díaz fue gobernador.
3.- Juan Carlos Briceño González, también ex delegado en Quintana Roo quien luego se convirtió en “defensor” de ejidatarios.
4.- Gloria Magaña Castillo, ex delegada en el estado. Por mediación de Briceño supuestamente recibió ostentosos sobornos, como una lujosa camioneta Honda.
5.- Alejandro García Pérez, ex subdelegado técnico en la entidad.
6.- Alfonso de Jesús Pereira Palomo, “El Mosco”.
7.- Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del RAN en Yucatán.
Tribunal Unitario Agrario:
1.- Benjamín Arellano Navarro, magistrado en el Distrito 44 con sede en Chetumal, aparentemente protegido por el actual presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA). Según ha informado POR ESTO!, Arellano “tiene la misión de sacar adelante los proyectos de Ciudad Conil y José María Pino Suárez”. Se trata de la lotificación de esos ejidos ubicados en el municipio de Tulum.
2.- Arturo Lemus Contreras, magistrado en el mismo Distrito 44, se encargó de “congelar” el juicio agrario interpuesto contra la ilegal asamblea del ‘Ejido Playa del Carmen’ que aprobó dividir en parcelas 7.137 hectáreas en 2002.
Tribunal Superior Agrario:
1.- Marco Martínez Guerrero, presidente y consuegro del poderoso empresario Roberto Hernández Ramírez (Banamex).
Comisión Nacional Forestal:
1.- Santiago Pinzón Lizárraga, Director Regional. Habría autorizado el indebido parcelamiento del ejido “Pino Suárez”, establecido en plena Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an (en Tulum), para lo cual dictaminó falsamente que no existen allí bosques y selvas tropicales. De ese funcionario, POR ESTO! publicó en diciembre de 2006 que “la mafia agraria le dio 5 mil pesos por cada hectárea de bosque o selva que se permita parcelar”.
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¡AH PA’ FAMILITA!.- La averiguación previa PGR/CHET/099/2007-II, que está “viva” y señala al alcalde Román Quian Alcocer como presunto autor de delitos como uso de documento falso, falsificación de documentos, violación a la Ley General de Bienes Nacionales y de afectar el medio ambiente, involucra también a varios parientes suyos, integrantes del ‘Ejido Playa del Carmen’:
Lucio Dzib Zavala, Jaime Catzin Dzul, Gabriel Quian Ucán, José Felipe Quian Dzul, José Baltasar Aguilar Gómez, Maximiliano Pech Ek, Inocente Quian Canul, Timoteo Muñoz Araiz, Gerardo Dzib Quian, Javier Quian Canul y Ezequiel Puga Vázquez. (Este último es el único que no es ejidatario; fungía como delegado de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo).
Y como posibles violadores de la ley, en cuanto al segundo parcelamiento del Ejido en 2006, hay más familiares de Román Quian Alcocer: Ariel Esteban Quian Dzub, Eduardo Catzin Quian, José Felipe Quian Dzub, José Baltasar Aguilar Gómez y José Ligio Salazar Dzib.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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EJIDO PLAYA DEL CARMEN, LOS ABUSOS DE ROMÁN QUIAN ALCOCER

ROMÁN QUIAN ALCOCER: SUS TRÁCALAS MILLONARIAS...

                                                       
                                                                           CANCÚN, QR, Martes 28 Septiembre 2010.
CONSTE!

MAFIA PLAYA DEL CARMEN


+ Tráfico y especulación de tierras, fraudes y ganancias millonarias

+ Román Quian se beneficia; controla el Ejido y el sindicato de taxis

+ El alcalde, acusado en 2007 por la PGR: parcelamiento ilegal en 2002


                                  Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
                                     carlos_cantonz@hotmail.com


Sometido a investigación de la PGR por el ilegal parcelamiento de 7.137 hectáreas del ‘Ejido Playa del Carmen’ el 24 de marzo de 2002, Román Quian Alcocer, actual alcalde priísta de Solidaridad, ha burlado la acción de la justicia gracias al fuero que consiguió primero con una diputación local --en la XI Legislatura-- y ahora como edil. A pesar de la acusación penal en su contra, seguiría hoy en el “negocio” del tráfico de terrenos de aquel núcleo agrario, cuyas desesperadas ventas --no siempre legales-- son de escándalo.

Existe todo un desgarriate al interior y al exterior del ejido, en el que --como en 2002 cuando se favoreció a Quian-- estarían involucradas dependencias federales y estatales. Aparte está el irreparable daño al medio ambiente que se ha ocasionado: bosques y selvas tropicales criminalmente arrasados, uno de los delitos que se le imputó al hoy presidente municipal hace ocho años.

Por los muchos millones de pesos que se manejan --más bien, dólares-- en lo que ahora son cotizadísimas tierras, Quian ha tejido una red de complicidades y procurado mantener el control del ejido. Es la verdadera autoridad allí, y los directivos son sus amigos o parientes, a quienes da toda clase de facilidades, incluso al margen de reglamentos y leyes. Y los ha dejado cometer desmanes.

 También controla al poderoso y acaudalado sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas”, propiedad del ejido y cuyos abusos e irregularidades por supuesto las tolera. El líder del gremio es Rubén Aguilar Gómez, hermano de Gaspar Aguilar Gómez, quien hasta julio pasado fungió como comisariado.

Al alcalde se le atribuye la adquisición de vastas extensiones y el permitir que las anteriores y las nuevas autoridades del ejido, ahora encabezadas por Walter Puc Novelo, defrauden a sus compañeros –177 en total-- y especulen con los predios. Con el poder que le da ser el munícipe de Solidaridad, Quian estaría “recuperando” tierras que pertenecieron a sus antepasados.

A partir de que el ex campesino Román, en 2008, asumió el poder sin siquiera haber concluido la secundaria y carente de experiencia en el servicio público, se ha desatado una colosal “fiebre” de ventas de más tierras del rico ejido y de casas construidas por quienes apenas hace diez años eran pobres campesinos. Hoy, sin haber trabajado sus suelos, todos son nuevos millonarios, aunque no tanto como el alcalde. Aparte está el daño al medio ambiente que ocasionan: bosques y selvas tropicales criminalmente arrasados.

Quian ha permitido que el ejido tenga cada vez menos superficie, al autorizar su “regularización” y posterior comercialización. El propio ayuntamiento que preside adquirió el 12 de junio de 2009 alrededor de 45 hectáreas por las que se pagaron 13.5 millones de pesos al entonces comisariado ejidal, Gaspar Aguilar Gómez. (En Playa del Carmen hay quienes afirman que el alcalde se “autocompró” esas parcelas, ya que presuntamente eran de él y sus familiares).

Hoy, Quian es uno de los hombres más acaudalados del estado. El ejido ha sido, sigue siendo, su inagotable mina de oro. Para él y para muchos integrantes de su familia.

Sin embargo, también en el trienio del actual munícipe, gran cantidad de escándalos --incluso relacionados con el narcotráfico-- se han gestado en torno al ejido. Invasiones, despojos, fraudes, regularizaciones al margen de la ley, pleitos entre los propios comuneros, “cochupos” y una atroz especulación, son algunos ejemplos del desgarriate.

Apenas el 4 de agosto pasado, escasos medios informativos de Quintana Roo dieron a conocer --y muy sesgadamente-- que tres directivos del ejido entre 2007 y 2010 se encuentran involucrados en un presunto fraude por 21 millones de pesos en agravio de integrantes del propio núcleo campesino. Y en el caso también podría tener responsabilidad el nuevo comisariado, Puc Novelo, un incondicional de Quian, quien lo habría impuesto en el cargo el 2 de julio de este año.

Se trata de la venta de un predio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que pagó 40 millones de pesos, de los cuales están “bailando” 21. Los ex dirigentes ejidatarios reportaron a sus compañeros que la transacción había sido por sólo 19 millones de pesos, según la acusación de Lucio Dzib Zavala a nombre de los afectados. Pero “casualmente”, éste figura junto con Román Quian entre los acusados por la PGR de haber consumado el ilegal parcelamiento hace 8 años. Como figura también el hermano de Gaspar Aguilar Gómez, José Baltasar.

El predio comprado por la CFE está ubicado en el “Bulevar Playa del Carmen”, una zona de alta plusvalía.

Los tres hermanos Aguilar Gómez, ampliamente protegidos por el alcalde de Solidaridad, son auténticos pájaros de cuenta. Han tenido problemas con el sanguinario cártel de “Los Zetas”. El 4 de noviembre del año pasado, Rubén fue “levantado” por sicarios de esa banda, en el establecimiento comercial de su esposa Martha Jacinto, en Playa del Carmen. Fue de inmediato rescatado por policías municipales que protagonizaron un estruendoso encuentro a balazos con los narcotraficantes, en plena vía pública. No hubo detenidos.

 Además de mangonear al poderoso sindicato de taxistas (son unos 400) y “ganar” con ello un dineral, Rubén Aguilar es líder de la CNOP en el municipio. Está súper millonario…

GASPAR AGUILAR, CÓMPLICE

En cuanto a Gaspar Aguilar Gómez, a quien su amigo el actual munícipe habría impuesto como titular de la Casa Ejidal (donde hizo múltiples “negociaciones” de predios) y hace dos meses fue relevado por Puc Novelo, es el “rey del sector volquetero” que opera a sus anchas en Playa del Carmen. El 6 de noviembre de 2008 encabezó una manifestación de 40 dueños de volquetes  (vehículos destinados al transporte de materiales para construcción) que duró 18 horas y generó un mayúsculo problema de tráfico. El propósito: destituir al líder formal del gremio, Pedro Salazar. El alcalde… se hizo de la vista gorda.

Y el otro hermano, José Baltasar Aguilar Gómez, tiene una añeja y cercana relación amistosa con Román Quian, desde antes de que en 1999 éste se convirtiera en comisariado ejidal. Juntos participaron en el ilegal parcelamiento del ejido, al igual que parientes del hoy alcalde. Por eso fueron indiciados por la PGR.

De los hermanos Aguilar Gómez se afirma en Playa del Carmen que están relacionados con las organizaciones criminales de “Los Zetas” y “Los Pelones”, y que en su rancho denominado “El Zorro” --igual que el apodo que tiene Gaspar--, situado al final del ejido, se reúnen frecuentemente para realizar ostentosas fiestas que incluyen apuestas de caballos y gallos.

                     PRESUNTO DELINCUENTE

 En 2007, la PGR inició la averiguación previa PGR/CHET/099/2007-II por los delitos penales cometidos en relación al ilegal parcelamiento de 7.137 hectáreas del ejido Playa del Carmen. El 15 de noviembre de ese año, cuando Román Quian Alcocer era diputado local con licencia y aspirante a la alcaldía de Solidaridad, fue citado a comparecer al igual que Lucio Dzib Zavala y Jaime Catzin Dzul.

Los tres conformaban la directiva ejidal, Quian como comisariado, la autoridad suprema. Quien los requirió fue Ricardo Cruz Santiago, agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” con sede en Chetumal.

Los delitos de los que se acusó a Quian y socios son del orden penal, castigados con cárcel: uso de documento falso, falsificación de documentos, violación a la Ley General de Bienes Nacionales “y los delitos de carácter ambiental que puedan resultar”.

Antes, el 11 de abril de 2006, el notario público No. 21, Fernando Ayora Sarlat, inició contra ellos un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 44, acusándolos de falsificar su firma para supuestamente “dar fe” de la asamblea del 24 de marzo de 2002. (La Semarnat federal había determinado que sólo podían parcelarse 2.800 hectáreas, pues las restantes 4.334 se encontraban en una zona de selvas y bosques tropicales. Los ejidatarios no hicieron caso).

Quian y coacusados contaron con la “ayuda” del yucateco Arturo Millet Reyes, ex secretario particular del titular de la SRA y propietario de la empresa Asesoría Profesional Agraria (APA) --actualmente es presidente del equipo de futbol “Los Venados de Mérida”-- para transgredir las leyes y obtener millonaria ganancia.

En esa ocasión, Quian Alcocer se salvó de ir a la cárcel porque tenía fuero, como legislador. La interrogante es: ¿cuando en abril próximo concluya su gestión y pierda su nuevo fuero, le revivirá la PGR su averiguación penal?. El aspira a ser Secretario de Turismo en el gobierno de Roberto Borge Angulo… a pesar de todo.


Del caso Millet y de los funcionarios agrarios involucrados en la afectación del ejido, comentaremos posteriormente.
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