EL ATENTADO A GREGORIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

CONSTE!
LA SUCIA POLÍTICA EN QUINTANA ROO

+ Aurelio Joaquín, una honrosa excepción del lodazal en el estado
+ ¿El narco también está metido en algunas campañas electorales?
+ Félix, obligado a investigar a fondo el atentado a GREG

Por CARLOS CANTÓN ZETINA
carlos_cantonz@hotmail.com

AURELIO JOAQUÍN GONZÁLEZ, y su campaña que incluye propuestas muy positivas para la sociedad cozumeleña, resulta ser un respiro en estos momentos en que el quehacer político de Quintana Roo está altamente contaminado por diversos escándalos, incluso la sospecha de que el narcotráfico está detrás de no pocos candidatos, que en nada contribuyen a alentar el voto ciudadano el próximo 4 de julio.
Con su propuesta específica de fomentar como nunca el deporte en la Isla de las Golondrinas, el priísta “Lito”, como cariñosamente le dice la gente a Aurelio Joaquín --y cuyo triunfo será contundente, inobjetable-- se logrará sin duda que niños y jóvenes se alejen del mundo infernal de las drogas y lleven una vida sana.
Hace ya varios años que los carteles del narcotráfico, principalmente el que sigue jefaturando Osiel Cárdenas Guillén, con toda su estela sanguinaria, han hecho suya la codiciada plaza de Quintana Roo, a ciencia y paciencia de los gobernantes. Y aquí no hay diferencia de colores partidarios: lo mismo hay narcopolíticos en el PRI que en el PRD y en el PAN. Igual se ha acusado a funcionarios del primer círculo del gabinete del priísta Félix González Canto que al alcalde con licencia de Benito Juárez (Cancún), el pillo contumaz y supuesto “perredista” --lo es cuando le conviene-- Gregorio Sánchez Martínez. Varios importantes colaboradores de ambos han sido aprehendidos por proteger a los capos.
Pero los quintanarroenses en general, y los cancunenses en particular, ya expresan su hartazgo ante ese nefasto compadrazgo entre “servidores públicos” y traficantes de estupefacientes. En Internet, la red social Facebook --que tiene cientos de miles de afiliados en México-- incluye un grupo denominado “¡No a los narcotraficantes apoderándose de Quintana Roo!”. Creado por Ignacio Carballo, tiene medio millar de simpatizantes en el estado. Y, por supuesto, no es el único espacio cibernáutico donde quintanarroenses de todas las edades se han unido para repudiar la tolerancia y complicidad de las autoridades con los envenenadores públicos. Con toda razón, esos grupos manifiestan su temor de que, ahora que están en su apogeo las campañas electorales, el narcotráfico esté metido en ellas, apoyando a algunos candidatos --a gobernador, presidentes municipales y diputados locales--, quienes después tendrán que pagarles el favor.
A nivel nacional, varios personajes han afirmado que el atentado contra el panista Diego Fernández de Cevallos podría ser la respuesta de jefes de las grandes mafias del narcotráfico a la reciente extradición (a Estados Unidos) del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, así como a la temporal detención de la ex esposa del peligroso capo Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, una mujer con el nombre de Griselda López Pérez.
Y de que el ambiente político en el estado se halla enrarecido como nunca, a pocas semanas de la elección, lo demuestran también las reiteradas demandas a González Canto para que “saque las manos” del proceso comicial y el supuesto atentado que sufrió el candidato opositor a la gubernatura, Sánchez Martínez. Se podrá estar de acuerdo o no con lo que este personaje representa (lo más siniestro y oscuro de la política, a juicio de quien esto escribe), pero de ninguna manera pueden justificarse agresiones ni contra él ni contra ningún otro ciudadano.
Ya el procurador de Justicia de Quintana Roo, Francisco Alor Quezada, cuya trayectoria política lo hace un personaje que no es de fiar, se apresuró a declarar que “no fue atentado, sino un incidente” lo que habría sufrido el abanderado de la alianza “Todos por Quintana Roo”. Pero el ex alcalde de Cancún que salió muy mal librado, se contradice: no hubo atentado pero “se reforzará la vigilancia de todos los participantes en el proceso electoral”. (En un acto proselitista en la localidad de Río Verde, municipio de Othón P.Blanco, el cantante-bailarín-pastor Gregorio Sánchez Martínez habría sido víctima de Serafín Sánchez Arreola, quien presuntamente realizó cinco disparos de arma de fuego contra la camioneta donde iba el ambicioso aspirante de PRD, PT y Convergencia a la gubernatura. Los vecinos que esperaban al abanderado opositor, proporcionaron los datos del agresor que iba montado a caballo y así huyó; aseguraron que se trata de un “sujeto reconocido como priísta”).
Total, que el muy cuestionado Alor Quezada dice que el asunto no es tan grave como lo pinta Greg, pero en cambio la Procuraduría abrió la investigación con número de expediente AC/BAC/38/2010, “contra quien resulte responsable”. Y, sumido en la total incongruencia, después de que convertido en juez y parte ya decretó que fue “un incidente”, dijo que se realizan las indagaciones pertinentes con los pobladores de la zona donde se ocurrió el presunto atentado “para tener un panorama más claro de lo que ahí sucedió”. O sea, más claro… ¡ni Cantinflas!.
Quien debería hacerse cargo directamente de la investigación correspondiente, que debe llevarse a cabo sin ambigüedades ni juicios a priori, es el gobernador Félix González Canto. Eso, por si él no lo sabe, es lo que desea la ciudadanía. Tiene derecho a saber la verdad. Quiere saber la gente si se trata o no de un invento más del consabido mitómano Gregorio.
En todo caso, pues, una exhaustiva e imparcial pesquisa sobre el tiroteo ocurrido en Río Verde es por salud pública, y para bien del proceso electoral que ahora vive Quintana Roo… y para bien del propio mandatario del estado.
“El atentado contra el candidato a gobernador de la alianza Todos Somos Quintana Roo, representa una provocación que enrarece el clima político de cara a las elecciones y pone en riesgo la participación de la gente”, declararon los líderes estatales de los partidos de izquierda que participan en tal coalición. Además, el coordinador general de la campaña, Gerardo Mora Vallejo, responsabilizó directamente al gobernador González Canto y al procurador Alor Quezada de lo que en el futuro le pueda ocurrir al edil con licencia de Cancún.
Tampoco hay que desestimar la declaración de Armando Tiburcio Robles, del dirigente estatal provisional del PRD y delegado en el municipio de Othón P. Blanco: “Todo es una estrategia del PRI para generar miedo en los ciudadanos y que no participen en las actividades de campaña de Gregorio Sánchez Martínez. Es una clara provocación en el contexto electoral, y eso es lo que estamos denunciando. Denunciando provocaciones ya físicas que atentan contra la vida democrática y particular de la actividad de nuestro candidato a la gubernatura… Este hecho si bien no es aislado, tampoco es casual. Y lo que queremos detener es que se convierta en una acción generalizada de incertidumbre, de inseguridad, no sólo para los participantes en la contienda electoral, sino para el conjunto de la sociedad”.
A su vez, Rubén Darío Rodríguez, líder estatal del Partido Convergencia (PC), declaró: “El gobierno del estado y el PRI están actuando de una manera irresponsable, para inhibir la participación ciudadana a través de generar un clima de miedo exacerbado creado en la lucha del gobierno estatal por la gubernatura y las presidencias municipales”.
Igual fue el tono de las palabras de Hernán Villatoro Barrios, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo: “El PRI y el gobierno del estado pretende generar un ambiente de sicosis y miedo en la población y evitar la participación en los eventos de los candidatos de la coalición”.
Entonces, ¿no es necesario que el gobernador González Canto de la cara y supervise una investigación REAL Y A FONDO del presunto atentado, para darle certidumbre a los electores, sobre todo?...

Mario Villanueva Madrid: sus amenazas, sus chantajes

CONSTE!
“El Chueco” amenaza


* Mario Villanueva Madrid incita a las “movilizaciones” en su apoyo
* Antes lo logró, ahora difícilmente sus compinches darán la cara
* Fiel a su costumbre, delatará a sus aliados narcopolíticos

Por CARLOS CANTÓN ZETINA
carlos_cantonz@hotmail.com

EL PILLO de siete suelas y cínico por excelencia Mario Villanueva Madrid –“el Gobernador de la coca”, como también se le conoce--, recurre como siempre al chantaje y a la amenaza en su nuevo “pataleo” para intentar burlarse de la justicia. Como ya anteriormente lo ha hecho durante el juicio a que fue sometido en México, manda mensajes de que, como prueba de la “gran fuerza y popularidad” que tiene en Quintana Roo, habrá “movilizaciones ciudadanas” para apoyarlo y defenderlo. Así lo dijo claramente su compinche y ex colaboradora en el gobierno de Quintana Roo, Niza Puerto, durante una entrevista que le hizo el periodista Javier Solórzano.

Pero el reiteradamente acusado de ser uno de los más grandes narcotraficantes de México, Villanueva Madrid, está ahora muy equivocado. Ya fuera del país, sus aliados priístas y de otro tipo se harán de la vista gorda y no meterán las manos por él. Es que saben bien que a “El Chueco” ya no saldrá de prisión en Estados Unidos. Que allá --y no como en México-- sí recibirá el severo castigo que merece. Que ya no volverá jamás a nuestro país, pues…

En Nueva York de nada le valdrá al ex gobernador de Quintana Roo su grupúsculo de “seguidores” o “simpatizantes” como el actual mandatario estatal, y toda su parentela incrustada en la administración de la entidad.

Mario Villanueva Madrid está liquidado, y esta vez sólo le quedan dos caminos: delatar a sus contactos del Cártel de Juárez --muchos políticos y funcionarios incluidos-- o purgar una condena de hasta cadena perpetua en el vecino país.

Ciertamente, es la última oportunidad del “Chueco” para portarse derecho.

Y, júrelo usted, Villanueva Madrid, acostumbrado a como está a proteger antes que nada su propio pellejo y a traicionar, optará por la segunda opción: soltar toda la sopa, embarrando a quién sabe cuántos de sus cómplices --muchos de ellos, poderosos económica y políticamente-- para, de esa forma, procurar que la sentencia que ya viene le sea más “ligera”. De todos modos no prosperará su intentona. ¡Se pudrirá en la cárcel!.

En cuanto a las “movilizaciones” supuestamente ciudadanas que --amenaza “El Chueco”-- pudieran llevarse a cabo en Quintana Roo, serían una gran muestra de cinismo de una sociedad en decadencia pero, sobre todo, de los personajillos a quienes el ex gobernador acusado de lavar y apoderarse de cientos de millones de dólares producto del narcotráfico, convirtió también en inmensamente ricos. Y de nada servirán. ¿O acaso piensan, ingenuamente, que con esas demostraciones doblegarán a la justicia estadunidense?.

Todo mundo sabe que Mario Villanueva Madrid es considerado la pieza clave del engranaje de la sucia maquinaria de corrupción montado por la organización criminal de Juárez para el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y el lavado de millones de dólares resultante del negocio de los estupefacientes. Asimismo, es obvio que el miedo de los reyezuelos herederos del mafioso Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, es decir sus hermanos e hijos, es que el ex mandatario quintanarroense pueda negociar --como seguramente ocurrirá-- con los fiscales “gringos” para tratar de atenuar su condena. Dejaría o dejará al desnudo los entretelones de la mafia narcopolítica en México. ¿Por eso la tontería de Félix González Canto de seguir protegiendo a un comprobado delincuente?.

Sin embargo, tal como ha sido siempre su característica, “El Chueco” no es un tipo derecho a juicio de aquella mafia. Mucho menos para los jefazos de los carteles de la droga, quienes lo tienen ubicado como un individuo más torcido que un resorte viejo. El caso es que todos --políticos narcos y capos-- ¡están temblando!.. Y ya veremos todo el lodazal que saldrá de la corte de Nueva York donde es enjuiciado el ya tristemente célebre Mario Villanueva Madrid. Vale recordar que la PGR ha informado que éste recibió muchísimo dinero (hasta 500 mil dólares por cada cargamento de coca) y, entre 1993 y 1997, brindó todo el apoyo del gobierno de Quintana Roo y hasta del gobierno federal --a través de las delegaciones federales—para que “El Chueco” introdujera a Cancún cientos de toneladas del polvo procedentes de Colombia, para después transportarlas a Estados Unidos.

Cuando fue vergonzosamente arrestado en Cancún, sus compinches de las altas esferas políticas --léase PRI-- y hasta de la “sociedad” le manifestaron su apoyo, y entonces con todo cinismo negó los cargos. Incluso el ya ex gobernador se dijo “víctima de una campaña de difamación” por parte de sus opositores. (Lo mismo que pretende hacer ahora). Pero las pruebas empezaron a salir por todos lados, y el gobierno federal se vio obligado a iniciar una investigación; envió al entonces Subprocurador de la PGR, Mariano Herrán Salvati, a interrogar a Villanueva Madrid al palacio de Gobierno en Chetumal.

Y para varias, en los instantes en que el “mero mero” de Quintana Roo era interrogado, el grupúsculo de compinches realizó una ruidosa manifestación de apoyo frente a ese mismo palacio.

Sin embargo, las pruebas documentarias de la policía mexicana, testimonios e informes de la DEA, eran aplastantes y Villanueva se enteró de que se organizaba su detención para el 5 de abril de 1999, en el que perdía su inmunidad al entregar el cargo de gobernador. Dos días antes, “El Chueco” desapareció y sus leales compinches trataron de justificarlo diciendo que era un “perseguido político” que se presentaría a refutar las acusaciones. Y no asistió a la ceremonia de transmisión de mando a Joaquín Hendricks Díaz --otro gobernador que resultó todo un hampón-- y se “declaró en la clandestinidad” para barajar su verdadera situación de prófugo de la justicia

Después de varios años de vivir a salto de mata, fue capturado cuando se desplazaba tranquilamente en una camioneta 4 x 4, propiedad de Manuel Chan Rejón (ex agente judicial). seguro de que nadie lo delataría, en el poblado de Alfredo V. Bonfil.

Agentes de la DEA con efectivos de la PGR arrestaron al “Chueco”, quien estaba acompañado de Ramiro de la Rosa Bejarano, , un ex priísta renegado, y, según se comentó, de Irving Trigo, empresario local de la seguridad y vigilancia quien habría colaborado con los policías. Lo cierto es que ese personaje desapareció de Quintana Roo, 22 días después de la captura de Villanueva Madrid.

La defensa de “El Chueco” demandó con insistencia que no fuese autorizada la extradición y el 15 de octubre de 2007, un juez otorgó una suspensión provisional para no ser enviado a Estados Unidos, ni para ser trasladado al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano. El 23 de octubre siguiente se le negó el amparo definitivo contra su extradición, y el 7 de noviembre la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió formalmente la extradición.

En una estrategia mediática, el socio del Cártel de Juárez argumentó que no podía volver a ser juzgado por un delito del que ya había sido absuelto en México, y, con todo desparpajo, el 8 de noviembre anunció que en protesta realizaría una “huelga de hambre”. ¡Otra vez el chantaje, otra vez la amenaza y otra vez aflorando su inmenso ego!...

El caso es que “El Chueco” recurrió nuevamente a su montoncito de incondicionales millonetas y movilizó a sus “seguidores” de Quintana Roo, para que acudieran ante el Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación, e hicieran manifestaciones en su apoyo. El objetivo era presionar para que funcionarios del PRI, aceptaran defenderlo de la extradición.

El 4 de junio de 2008 el Segundo Tribunal Unitario del Estado de México lo condenó a 36 años y 9 meses de prisión por el cargo de narcotráfico.

El 11 de noviembre de 2009, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró infundado el alegato de inconstitucionalidad y determinó devolver el expediente al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para que diera resolución al amparo en revisión.

El tribunal colegiado recibió de nuevo el expediente el 16 de febrero de 2010, y empezó a correr la inexorable cuenta regresiva para Villanueva Madrid que movilizó a su gente a pocos días de iniciarse la campaña para elegir gobernador de Quintana Roo, que arrancó el 1 de mayo.

De que es condenable el hecho de que pudieran producirse “manifestaciones de apoyo”, públicamente, a favor de un delincuente, lo demuestra el texto escrito por la prestigiada escritora y periodista Lydia Cacho --muy conocida y admirada en todo Quintana Roo, pero lo es a nivel nacional--, quien con el título de “PLAN B, Los hijos del narco” publicó el pasado 11 de mayo. Aquí lo transcribimos textual:

“El único gobernador de la historia de México que ha sido juzgado por vínculos con el narco es Mario Villanueva, el priísta extraditado ayer a Estados Unidos. Curiosamente quien tuvo la valentía para arrestarlo fue el presidente Ernesto Zedillo, quien antepuso la evidencia aportada por la DEA y SIEDO a la consabida colusión partidista que se estila en nuestro país. Este es un hecho histórico.

“En aquel entonces las y los quintanarroenses vimos el dramático aumento en circulación de

cocaína colombiana para mercados locales y el trasiego a Estados Unidos por el aeropuerto de Cancún y vía marítima por el Golfo. Villanueva recibía, según las autoridades, medio millón de dólares por cada cargamento propiedad de El Señor de los Cielos, Amado Carrillo, por ello el ex gobernador protegió y fortaleció al cártel de Juárez durante su mandato (1993 y 1997). Hay un sinfín de evidencias y testimonios sobre los narcorranchos y los servidores públicos que se aliaron para lograr introducir, según la DEA, cientos de toneladas de droga. Gracias a ello Villanueva logró lavar 100 millones de dólares.

“Su familia lo sabía todo, pero favorecida por el enriquecimiento ilícito, usual entre políticos corruptos, lo apoya incondicionalmente. Lo sorprendente es que sus fechorías le convirtieron en héroe, creando un movimiento social que lo avala y que ha normalizado que un gobernador sea aliado de los cárteles mientras beneficie a sus huestes. Respaldado por este movimiento, el hijo de Mario Villanueva ha logrado imponer su poder en Quintana Roo y el PRI se vio “obligado” a darle la candidatura para la alcaldía de Othon P. Blanco (Chetumal). Pretende más tarde convertirse en gobernador y reivindicar la política de su padre. Miles de personas que se beneficiaron de la corrupción de Villanueva y de la entrada del narco en el estado, defienden al ex mandatario como a un mártir, casi con devoción. Algunos argumentan que es inocente, pero la mayoría, en un discurso totalmente amoral, insiste en que fue un buen gobernador y que “ayudó” a mucha gente (como si mezclar dinero público e ilícito fuera insustancial). Ahora las huestes del PRI villanuevista se fortalecen y con ellas se advierte la decadencia total de la capital estado.

“El fenómeno Villanueva es ejemplar porque muestra claramente que el reto de toda la sociedad mexicana consiste en reconstruir y fortalecer la ética pública desde lo individual; de no ser así las próximas generaciones crecerán con una visión absolutamente cínica del mundo. Tal como sucedió con Berlusconi en Italia. Cuando le reeligieron sabían de sus vínculos mafiosos, de la corrupción de Estado, y sin embargo le dieron más poder. Hay quien dice que quienes votaron por Berlusconi no solamente se rindieron ante la mafiopolítica italiana; también asimilaron los principios corruptos del líder y coinciden con la cultura del “quien no transa no avanza”.

“Quintana Roo da el ejemplo de cómo la sociedad, o una buena parte de ella, se hace cómplice abierta de la narcopolítica. En contraste, Juan Pablo, el hijo del capo Pablo Escobar, en su documental Los pecados de mi padre hace una revisión ética y emocional sobre el impacto del crimen organizado y sobre el daño que el narcotráfico y los cárteles hacen a la sociedad. Algunos aprenden la lección, otros simplemente viven de ella”.

GRAVE ERROR DE FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, PROTEGER A UN NARCO

CONSTE!
Gobernador defiende a un hampón


+ Inaceptable que se defienda a un comprobado narcotraficante
+ Mario Villanueva Madrid por fin recibirá el castigo que merece
+ Y su hijo Carlos Mario debería renunciar a la candidatura del PRI

POR CARLOS CANTÓN ZETINA
carlos_cantonz@hotmail.com
wwww.mardefondo.com.mx

LA EXTRADICIÓN del ex gobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid a Estados Unidos debe considerarse como un tardío acto de justicia. Y no precisamente de la mexicana, que nunca lo sentenció por sus sucias e ilegales operaciones de narcotráfico, sino solamente por lavado de dinero, además de que en prisión le permitieron vida de rey. Ahora, en el vecino país, tendrá por fin el castigo que se merece --podría ser cadena perpetua-- por ser uno de los grandes corruptos y envenenadores de niños y jóvenes.
En este espacio de Mar de Fondo expresamos, reiteradamente, nuestra convicción de la culpabilidad del tristemente célebre "Chueco" (apodo que le quedó a la medida, no sólo por el natural gesto de su rostro, sino por su calidad de bandido) y nuestra reprobación a que fuese "arropado" por el gobierno del priísta Félix González Canto.
Cuando se dio a conocer la deportación, el sábado 8 de mayo pasado, González Canto y su empleada Cora Amalia Castilla Madrid, quien se desempeña como dirigente estatal del tricolor, se avalanzaron a calificar el hecho como "injusto", y arremetieron contra el gobierno que preside Felipe Calderón Hinojosa. ¿Cómo es posible que defiendan a un comprobado delincuente que, al decir del fiscal estadunidense Preet Bharara, convirtió a Quintana Roo en un narco-Estado?. Ninguno de estos dos personajes tiene autoridad moral para hacer una defensa tan torpe del ex mandatario que hasta el día 8 era huésped privilegiado del Reclusorio Norte de la ciudad de México. Aunque motivos sí los tienen: proteger ¡otra vez! a quien mucho los ha beneficiado --en lo económico y en lo político-- y, de paso, tratar de que la extradición de un delincuente priísta no dañe al tricolor en las próximas elecciones locales.
Muy desafortunada fue la decisión de que doña Cora Amalia fuera instruida para saltar a la palestra y condenar la extradición en virtud de que ella es pariente del reo.
Pero otros parientes y amigos de Villanueva Madrid fueron o son parte relevante del actual gobierno de Quintana Roo. Es que, desde el inicio de su administración, González Canto dio muestras de un profundo "agradecimiento" respecto al acusado de ser sobornado con cientos de millones de dólares por el Cártel de Juárez, que en aquella época jefaturaba el sanguinario Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos". ¿Cuáles y cuántos "favores" le debe Félix?... Sólo así se explica que siempre haya sido una especie de "abogado del Diablo" y llegue ahora al extremo de convertirse en juez, pues asegura que "es inocente" y --¡el colmo!-- que "tiene el apoyo de todo el pueblo quintanarroense. Sin duda, el cinismo llegó a plenitud a la política de Quintana Roo.
No menos cínico es el flamante candidato del PRI a presidente municipal de Othón P. Blanco (Chetumal, ¡la capital del estado!), Carlos Mario Villanueva Tenorio. Su "asegurado triunfo", como lo pregona su pariente Cora Amalia, resultaría todo un peligro para los quintanarroenses, amén de que por mínima decencia debería renunciar a esa candidatura. ¿Y las autoridades electorales no deberían haberla invalidado desde un principio?. El caso es que el hijo de "El Chueco" se da el lujo de afirmar, con increíble desparpajo, que hubo "irregularidades" en el proceso de deportación (la única "irregularidad" es que no se llevó a cabo desde hace años) y que "estoy orgulloso de mi padre porque es inocente". Y mire usted cómo el júnior remató su ridícula perorata: "En Quintana Roo es bien recordado (su padre) por los ciudadanos y obviamente para mi es una luz a seguir, es un ejemplo de vida a seguir..."
(¿El Chueco un ejemplo a seguir para sus hijos?. Pero si otro de sus hijos, Luis Ernesto Villanueva Tenorio está siendo involucrado por las autoridades judiciales de Estados Unidos como cómplice de su padre en la utilización de instituciones bancarias de Bahamas, Panamá, Suiza, México y el mismo Estados Unidos para ocultar dinero del narcotráfico. O sea: lavado de dinero).
Lo cierto es que Carlos Mario Villanueva Tenorio es un peligro para los habitantes de Quintana Roo y debería ser investigado... quizá tenga algún "guardadito" de los narcos por allí. ¿Y no es obvio que va en busca de la silla gubernamental --y de los negociazos oscuros-- que tenía su padre?. Baste recordar que el ahora preso en Nueva York utilizó una alcaldía --la de Cancún-- para "proyectarse" en busca y consecusión de la gubernatura del estado.
Por lo demás, se observa el desatino del gobernador actual para designar a los candidatos del PRI a presidentes municipales. Con la honrosa excepción de Aurelio Joaquín González, abanderado en la disputa de la alcaldía de Cozumel (es un político honrado, respetado y experimentado), ¡todos tienen cola que les pisen!.
En cuanto a "El Chueco", lo más seguro es que permanecerá el resto de su vida refundido en una cárcel --nada confortable comoen las que vivió en México-- allá en Estados Unidos. Inculpado de colaborar con el Cártel de Juárez durante todo su periodo de gobernador, de 1993 a 1999, y de recibir "pagos" de 400.000 a 500.000 dólares por cada cargamento de cocaína procedente de Colombia que le permitía realizar a la organización criminal. Ya la juez federal Naomi Buchwald decretó su detención SIN DERECHO A FIANZA, y le hará ver su suerte. Le demostrará cómo en el vecino país SÍ SE CASTIGA A LOS DELINCUENTES, sobre todo a aquellos que inundan ciudades con enervantes, como lo hizo Villanueva Madrid. Lo juzgará no sólo por "lavar" 19 millones de dólares resultantes del narcotráfico --es lo que hasta ahora está comprobado--, sino también por delitos contra la salud y asociación delictuosa.
¡"El Chueco" no se le va a acabar!, como bien dice nuestro colega y amigo Pepe Cárdenas.
Ya el fiscal estadunidense Preet Bharara, el encargado de recabar y aportar pruebas contra el ex gobernador de Quintana Roo, dio un "adelantito" de los elementos que hay contra el acusado y... de cómo le va a ir. Declaró el fiscal: "Las semillas de la violenta confusión que existe en México hoy, fueron sembradas hace más de una década por presuntos criminales como Mario Villanueva Madrid, quien convirtió a Quintana Roo en un virtual narco Estado".
De que le van a dar duro a "El Chueco" lo revelan también las palabras del embajador estadunidense en México, Carlos Pascual: la extradición es un "hito" muy importante en los esfuerzos para enfrentar la "amplia corrupción" que los carteles de la droga generaron en ambos lados de la frontera. Y dijo que el ex gobernador hará frente a la justicia norteamericana bajo los cargos de conspiración para lavar dinero producto del narcotráfico y de sobornar a funcionarios públicos. "También enfrenta cargos de conspiración con fines de excportar y distribuir narcóticos en Estados Unidos", añadió.
Ya veremos si Félix González Canto y su servidora incondicional Cora Amalia seguirán con su plan de proteger a un redomado delincuente que tantísimo daño le hizo al estado y a todos los quintanarroenses... por no hablar de la juventud "gringa" a la envició o le dio más droga.
Por último, vale transcribir aquí el texto del periodista José Cárdenas, en su columna de este martes 11 de mayo en el diario El Universal:

"En un arranque de furia, el gobernador Mario Villanueva golpeó con mano abierta el rostro de Joaquín Hendricks, secretario de su gabinete. —Si me vas a pegar, hazlo como hombre— gritó el subordinado al superior. Hendricks huyó de Quintana Roo escondido en la cajuela de un coche. Militares salvaron la vida al teniente coronel. Más tarde Hendricks sería gobernador. Mario Villanueva no imaginó la “bronca” que había comprado esa noche para el resto de su vida.

"Mario fue acusado y perseguido. El Chueco, como lo apodan, ni siquiera pudo entregar el poder. Huyó la víspera. Víctor Cervera Pacheco lo escondió en Yucatán. Luego lo abandonó. Cuando lo pescaron, Germán Dehesa escribió: si Villanueva no es narco, ¡qué desperdicio de cara!

"De la gloria cayó al infierno. La Corte Federal de Nueva York lo reclamó. Es el extraditado número 326 en lo que va del sexenio. Seguirá en el mismo infierno, con diferente diablo. Según la justicia del vecino, Villanueva fue cómplice de El Señor de los Cielos todo su gobierno (93-99). Ramón Alcides Magaña, lugarteniente de Amado Carrillo, le pagaba entre 400 y 500 mil dólares por cada exportación de “merca”. Mario Villanueva será procesado por delitos contra la salud y asociación delictuosa. No se la va a acabar.

"Hace una década, la periodista Isabel Arvide habló con El Chueco en su refugio cercano a Mérida. Estaba devastado. Reconoció tener millones (¿?) de dólares depositados en Suiza, fruto de negocios al amparo del poder. Eso sí, limpios de coca.

"El gobernador Félix González Canto critica el proceso judicial contra su colega. “Es una injusticia… tiene todo el apoyo del pueblo quintanarroense (¿?)… ha demostrado su inocencia… a él nadie lo quiebra” —advierte el mandatario priísta en tiempos de cólera electoral. La familia alega venganza política. Será juzgado en EU por un delito del que fue exonerado en México. ¿Lo feo de El Chueco sólo es la cara? ¿Desafió los intereses del gran narcopoder político? ".

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ABERRACIÓN DE ANDRÉS GRANIER

*Ayer, López Obrador.Hoy, Oscar Cantón

Guillermo Cantón Zetina

Mar de Fondo

Publicado: sábado 16 de mayo 2009.

http://www.mardefondo.com.mx/

++Granier usa a una prima para desaforar
++Aberración jurídica, dicen abogados
++El PRD tabasqueño, en pie de lucha

Vicente Fox fracasó ayer en su intento, como presidente de la República, de desaforar a Andrés Manuel López Obrador, para quitarlo de la carrera presidencial. Hoy, Andrés Granier usa a una prima para desaforar al diputado Oscar Cantón Zetina, un acérrimo crítico de la corrupción desatada en Tabasco. El gobernador se vale de una aberración jurídica (juzgar 2 veces un mismo delito) para eliminar a Cantón y de paso soliviantar al perredismo tabasqueño que defiende los ideales de López Obrador.
Hoy como ayer, los excesos de los gobernantes están destinados al fracaso. Fox se tuvo que agarrar la cola al fracasar su pueril intento de desafuero. Ese monumental error foxiano elevó a las alturas al tabasqueño, al grado de que llegó a la elección presidencial con una fuerza popular incontrastable y por ello fue víctima del fraude electoral. Granier apuesta su “desafuero” en un problema laboral que perdió su prima en 2003; pero que ahora es la irrisoria bandera del gobernador para privar a un legislador de su fuero constitucional y consumar su eventual encarcelamiento.
Los gobernantes arbitrarios tienen un denominar común: echan mano de la fuerza que detentan para borrar del mapa, eliminar, fulminar a sus críticos o adversarios de lucha. Negados al diálogo, sólo tienen el poder del atropello y de la arbitrariedad para continuar “gobernando”. No pueden convivir con la crítica y el señalamiento popular. Son sátrapas que deciden cómo debe vivir y cómo debe morir políticamente cualquier oponente. Y llegan hasta donde su delirio se los permite. Aunque, como a Fox, le salga más caro el caldo que las albóndigas. Granier debiera estar ocupado, por ejemplo, en trabajar para evitar más inundaciones. Pero prefiere distraerse arreglando el problema de su pariente.

ECHAR LA CULPA DE TODO, A TODOS

Desde que asumió el gobierno, Granier ha practicado esta “escuela política”: echar la culpa de todo a todos. Menos a él. Así fue con las inundaciones, donde se cansó de responsabilizar al gobierno federal y así trató de encubrir sus vastas limitaciones personales y tapar lo que la opinión pública calificó como corrupción escandalosa a costa del sufrimiento de las víctimas de las anegaciones. En esto se parece a “gobernadores” de otras latitudes, como Mario Marín Torres, de Puebla, o Ulises Ruiz, de Oaxaca, auténticos símbolos de la podredumbre política que erosiona al país.
A lo largo de su “gobierno”, Granier ha tenido en el PRD estatal un estricto vigilante de los actos de su gobierno, como corresponde a toda oposición que se precie. El diputado Cantón Zetina (dos veces Senador de la República y dos veces diputado federal) se sumó con toda determinación a esta lucha amarilla en pos de la legalidad y contra la injusticia y muy conocidos son sus lances, en tribuna y a nivel declarativo, contra los excesos del gobernador y químico. Cantón también se convirtió en un ariete de la lucha que, por los mismos principios de convivencia, abandera Andrés Manuel López Obrador en todo el territorio nacional.
Esto no gustó al mandatario. Oír voces discordantes, disidentes, inconformes no estaba en su “plan de gobernar”. Creyó que sólo “gobernaría” para los suyos, para los priístas, para los que estuvieran de su lado y pensaran como él y le aplaudieran todo a rabiar. Gobernar sectariamente, con la víscera en lugar de la razón; así fue cooptando a sus enemigos y así pretende unanimidad y aprobación general de los tabasqueños.
El viernes 8 de mayo pasado, el gobernador ordenó al Congreso local, vía la Procuraduría de Justicia local, el desafuero del diputado Oscar Cantón, para que así las autoridades judiciales lo puedan “procesar” por un supuesto fraude procesal ocurrido en 2003, juzgado y fallado en contra de su prima en ese año por autoridades judiciales locales y federales. En 2007, al asumir el gobierno, Granier ordena reactivar el caso, ideando la figura de “autor intelectual”, que le endilga al legislador, aún cuando éste no fue parte acusada en el proceso de 2003. A todas luces, conforme la opinión pública y la de prominentes juristas, esto es una venganza política sin ningún sustento legal.
El odio de Granier hacia la familia Cantón Zetina se bifurca también hacia el peródico Tabasco Hoy que, particularmente cuando aquél fue alcalde de Villahermosa, denunció con claridad sus actos de deshonestidad y abuso. El periódico ha mantenido esa línea crítica ante el gobierno y estas son las consecuencias.
Uno de los casos que el periódico reveló (y que produjo una reprobación general) fue la creación de los llamados bonos de fatiga para favorecer a los altos funcionarios del gobierno. El 2 de marzo el semanario Proceso publicó que el gobierno de Tabasco “fue obligado a reconocer que los miembros de su gabinete cobran al mes un bono de fatiga laboral, que supera inclusive el salario mensual nominal”.
Se dijo entonces que el Procurador de Justicia, Rafael González Lastra, cobra 73 mil pesos al mes; pero el bono de fatiga es de 98 mil pesos, que da un total de 171 mil pesos al mes. Añade que aunque los bonos de fatiga van desde mil pesos a 100 mil pesos al mes, Granier destina 70 millones para beneficiar a 7,900 colaboradores “de un gobierno caracterizado por la corrupción, que tuvo momentos épicos con Roberto Madrazo y su sucesor, Manuel Andrade”.
Acerca del avión y el helicóptero oficiales que usa Fabián, el hijo del gobernador, Proceso dijo: “Inclusive, en medio de las inudaciones que afectaron a 2 millones de tabasqueños en 2007 (con cuya tragedia se han hecho negocios millonarios al amparo del poder) la pareja (Fabián y su novia) posó muy sonriente para las fotos en el tapón del Grijalva”. El título de ese artículo es más que ilustrativo: “El gobierno como botín”.

“ABSURDO”, DICEN ABOGADOS

“Absurdo”, “actuación equivocada del Ministerio Público”, “sospechoso”, “ya prescribió” o “¿qué clase de justicia”, son algunos adjetivos de abogados al intento de desafuero y procesamiento penal del gobernador Granier contra el diputado oscar Cantón.
La abogada Hidelgarden Madrazo hizo circular en la red su postura: “Soy abogada dedicada últimamente a analizar los casos de incriminación de los servidores públicos. Y en esta ocasión me ha llamado la atención la solicitud de desafuero del diputado Oscar Cantón Zetina, que la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco ha hecho al Congreso local, por lo absurdo que me parece la actuación de la autoridad ministerial en aquella entidad”.
Continúa: “Según el incriminado, se le trata de retirar el fuero para ser procesado en un asunto penal, que tiene ramificaciones con un juicio laboral que se conoció en el año 2003. Se entiende que la demandada en ese juicio laboral (la ex esposa del diputado) resultó condenada a pagar a los trabajadores”.
Además: “De igual forma, que dicha persona interpuso en el mismo año 2003 en contra de los trabajadores, denuncia penal por un supuesto fraude procesal que, analizado en todas sus instancias, no procedió. Ahora entiendo que en el 2007, la Procuraduría General de Justicia inició nueva averiguación previa, relacionando al diputado Oscar Cantón Zetina como autor intelectual de dicho fraude procesal”.
Dice Madrazo: “Lo absurdo en el quehacer de la Procuraduría del estado de Tabasco se refleja en lo siguiente:
1.-Endereza una actuación por un delito que a la fecha en que inicia su averiguación, ya prescribió.
2.-Que resultaría una aberración jurídica que, habiéndose determinado que los trabajadores no cometieron fraude procesal, se ajusticiara a quien se señala como el autor intelectual de sus conductas, pues ¿qué clase de justicia se estaría aplicando en Tabasco?.
3.-Que es por demás sospechoso que se haya dejado pasar tanto tiempo para señalar al autor intelectual del fraude procesal y no se le haya vinculado dentro de la misma averiguación que se siguió en contra de los trabajadores”.
Concluye la abogada: “Es del conocimiento general que el Ministerio Público realiza muchas actuaciones equivocadas; esta es una prueba de ello y seguramente servirá para que el Poder Legislativo lo ubique o, de lo contrario, quedará el órgano legislativo expuesto a que las autoridades federales lo exhiban como un desconocedor del marco legal”.

ABSURDO E ILEGAL DESAFUERO

Un grupo de abogados, artistas, empresarios y tabasqueños radicados en el D.F. reprueban también (y así lo hacen saber en el ciberespacio) la intentona del gobernador Granier contra el diputado Cantón.
En una misiva dirigida al presidente de la mesa directiva del Congreso local, diputado Ulises Solís García, le piden “diligencia” para resolver acerca de la solicitud del juicio de procedencia y no atender a presiones mediáticas o políticas. Expresan su confianza en el Congreso estatal y subrayan que debe prevalecer, por encima de la Constitución local, la que rige en todo el país. Califican de “absurdo” e “ilegal” el desafuero y juicio político que pretende Granier y que resultaría “aberrante y muy riesgoso” que el Congreso los declare procedentes.
Afirman que no hay prueba delictiva contra el diputado Cantón y al contrario, como legislador federal y local, “siempre ha defendido los intereses de Tabasco y de México”. Se refieren a que Cantón es víctima de una venganza por denunciar la corrupción y enfrentarse al gobernador Granier. Dicen que no es posible que un gobernador y un Congreso local secuestren la voluntad del pueblo tabasqueño “para salvaguardar intereses personales y de grupo. Es vergonzoso que utilicen a un delincuente (sexoservidor) y a la ex esposa de un diputado (prima del actual gobernador) para lograr sus perversos fines políticos y de venganza”.
Concluye la comunicación: “Hacemos un llamado a todos los tabasqueños y amigos de Oscar Cantón Zetina para que, en ejercicio de la soberanía que radica en cada uno de nosotros, sumemos fuerzas y lo apoyemos. No permitamos que esos rufianes cumplan sus perversos cometidos. Liberemos del secuestro a la voluntad de los tabasqueños”.

LO MISMO QUE ME HICIERON: AMLO

En un reciente mitin en Jalpa de Méndez, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, dio un total y abierto respaldo al diputado y correligionario Oscar Cantón Zetina, el pasado 9 de mayo. Ante más de 2,000 personas en la Plaza de la Juventud, dijo:
“Yo quiero expresar mi apoyo, mi solidaridad con mi compañero diputado Oscar Cantón Zetina, quien está siendo hostigado por el gobierno del estado. Quieren aplicarle la misma medida que me aplicaron a mí: un desafuero”. Dijo que quien impulsa esta ofensiva “es el gobernador Andrés Granier; pero también está involucrado el secretario de Gobierno, Humberto Mayans”. AMLO pidió a dirigentes y militantes del PRD tabasqueño que “cierren filas para no dejar solo a Oscar”.
Ante la multitud, López Obrador levantó la voz y preguntó: “¿Vamos a apoyar a Oscar?” y la respuesta fue un unísono “¡Sí!”. La gente también coreó: “ÁArriba Cantón!”.
Horas más tarde, en Villahermosa, en una entrevista radiofónica, López Obrador reiteró el intento de Granier de desaforar al diputado Cantón y dijo: “Es una vergŸenza políticaÉNo hay duda que es una represalia contra Oscar y el PRD”. Añadió AMLO: “El de Oscar no es un asunto jurídico, es un asunto políticoÉNo hay democracia en Tabasco. El Ejecutivo da la orden a los diputados del PRI (mayoría artificial en el Congreso) y todos levantan la mano pero no lo van a lograr. En primera, porque no hay fundamento legal y, en segunda, porque hay el respaldo total y abierto del PRD en Tabasco hacia Oscar Cantón”.
En tanto, en declaraciones a la prensa no controlada por el gobierno, el presidente del Consejo Político perredista, el diputado federal Rafael Elías Sánchez Cabrales, anunció acciones que incluirían movilizaciones por diversas partes del estado, como parte de la estrategia a seguir por el PRD estatal para impedir el desafuero de Oscar Cantón Zetina.
Dijo: “Nosotros nos estamos sumando al respaldo total que la dirigencia y la fracción parlamentaria le han brindado al compañero Oscar Cantón Zetina y en la próxima reunión del Consejo vamos a tomar las determinaciones que creamos convenientes para su defensa. Las acciones que se harán no solamente se harán a nivel de los órganos de dirección del PRD, sino que si es necesario movilizaríamos a la militancia, para poner en marcha diversas estrategias, dependiendo de las circunstancias que vayamos requiriendo”.
TODO EL GOBIERNO, EN PRO DE UN FAMILIAR
Sánchez Cabrales añadió: “En el sol azteca vamos a reaccionar de conformidad con lo que vaya haciendo el gobierno del estado en torno a la solicitud de desafuero, porque ellos son los que quieren perjudicar no sólo al compañero Cantón Zetina, sino al resto del perredismo tabasqueño”. A una pregunta, respondió que es falso que se quiera involucrar a la militancia en un asunto presuntamente familiar: “Este es un caso a todas luces político, porque se está utilizando todo el aparato del gobierno para favorecer a un familiar del mandatario estatal”.
También precisó: “A nosotros nos queda claro esta situación: quieren golpear al PRD usando este tipo de estrategias”. Aseguró que el intento de desafuero “es parte de las cortinas de humo que el gobierno del estado está lanzando con la finalidad de desviar la atención, para que la ciudadanía no conozca de todas las pillerías que se están cometiendoÉQuieren que el pueblo se olvide de los bonos de fatiga, de las casas de gobierno y por ello están recurriendo al intento de desafuero de uno de los diputados que más ha cuestionado a la actual administración, dejando al descubierto toda la podredumbre que hay en la misma”.
En este contexto, el diputado Cantón dio una entrevista de radio el pasado día 12. Este es el texto:
P.- Hoy por la mañana su ex esposa Gabriela da una rueda de prensa; le pide que solicite licencia al cargo, o renuncie más bien, para enfrentar la situación legal por la que está atravesando. Señala que usted está politizando el caso. ¿Qué opina?.
OCZ.- Bueno, yo lamento mucho que la señora que fue mi esposa y que es la madre de mis hijos esté siendo utilizada por el gobierno del estado para atacarme políticamente. Para ella, mi amor llega al respeto y de verdad me duele mucho que ella pueda ser utilizada por un gobierno corrupto para tratar de desviar la atención y engañar a Tabasco y al perredismo. Yo he denunciado que no hay ningún delito cometido por mí y que es injuusto e ilegal lo que el gobierno de Andrés Granier y su Procuraduría está haciendo con esta solicitud de desafuero.

REVANCHA POLITICA DE GRANIER: OSCAR

Yo no tengo por qué solicitar licencia, es un delito que yo no cometí. Debo decirlo brevemente: en 2003 un grupo de trabajadores de la que fue mi esposa la demandó laboralmente y perdió el juicio. Ella demandó a los trabajadores por fraude procesal y ella perdió el juicio y yo nunca fui acusado. Ahora resulta que en el 2007, en el gobierno de Andrés Granier, yo soy acusado como autor intelectual de ese juicio laboral y, por supuesto, yo no tengo nada qué ver: ¿cómo no fui acusado en el 2003 y cómo en el 2007 sí?. Eso es, además, para los trabajadores, a los que están queriendo juzgar por el mismo delito 2 veces, cosa que está totalmente (y lo sabe el ciudadano común y corriente) prohibido por la ley. Por lo tanto yo no he cometido ningún delito y yo no tengo por qué aceptar esto, que es de interés de una revancha política de Andrés Granier.
También, debo decirlo, la verdad va a ir saliendo y qué bueno que vayan saliendo las cosas, porque me parece que el gobierno del estado, el gobernador Andrés Granier, no debe prestarse a asuntos familiares. La que es mamá de mis hijos, la que fue mi esposa, se apellida Armengol Armengol, se llama Gabriela Armengol Armengol. El papá del actual gobernador se llamó Luis Granier Armengol”.
P.- ¿Son familia?
R. OCZ.- Son familiares, son primos y me parece que el gobierno del estado no debe prestarse para estas cuestiones de disputas familiares y, menos, utilizar a la Procuraduría. Por lo tanto, yo hago un llamado al perredismo, al pueblo de Tabasco para que no se deje engañar, porque se dice en esa conferencia de prensa que yo estoy politizando el asunto. Pero mi pregunta es: ¿quién está politizando el asunto? ¿no fue ella, con su comunicado pidiendo a los perredistas que no me apoyen? No, el gobierno del estado está queriendo ponerle una cortina de humo al tema del desafuero, porque sabe que la población está en contra de esta injusticia que se quiere hacer hacia mi persona y por eso están haciendo mal uso de este asunto personal que, por supuesto, debe ser solucionado en las instancias correspondientes”.
P.- ¿Sería al revés prácticamente, las influencias de las que ella habla?
R. OCZ.- Bueno, yo simplemente ahí lo dejo. Es un caso que a mí se me denuncia en el 2007, cuando ya es el gobierno de Andrés Granier Melo. En primer lugar, en 2003, yo no fui parte de ese juicio, yo no fui acusado. ¿Cómo es posible que 4 años después se diga que yo fui el autor intelectual?. Pero, además, se pretende acusar a los mismos trabajadores por un delito que ya fue juzgado, que ya la justicia, incluyendo la federal, determinó que ganaron el juicio laboral los trabajadores y que no hubo fraude procesal. Entonces, es el gobierno de Granier el que está haciendo esto, ¿por qué?. Porque hay una relación de familia: son primos, la que es mamá de mis hijos, la que fue mi esposa, y el gobernador Andrés Granier Melo”.
Estos son algunos de los hechos de esta historia de abuso de poder. El protagonista central es el gobernador del estado y la víctima propicia el diputado Oscar Cantón Zetina. Están en juego la posibilidad de que cualquier ciudadano denuncie libremente las corruptelas y las traiciones o de que sea silenciado, destruido políticamente por hacerlo. Está también en juego el hecho de que Andrés Manuel López Obrador encabece en Tabasco una desigual pelea contra la arbitrariedad oficial, o que sea acosado por ello.
Historia de abuso de poder en Tabasco que bien podría titularse: “Mi reino por una prima”.

COBARDÍA DE ANDRÉS GRANIER: USA A SU PRIMA PARA DESAFORAR A OSCAR CANTÓN ZETINA

Venganza de Granier, por una prima

Guillermo Cantón Zetina

Publicado: viernes 15 de mayo 2009.Mar de Fondo

www.mardefondo.com.mx

En Tabasco, según apuntan todos los indicios, primero están los familiares del gobernador priísta Andrés Granier, y luego la Constitución y las leyes. Sólo así se explica la persecución del mandatario contra el diputado perredista Oscar Cantón Zetina, a quien ha ordenado el desafuero montándose en un viejo litigio entre el legislador y su ex esposa, que es prima del mandatario.
El caso viene de 2003 y fue cosa juzgada inclusive a nivel federal. Al asumir el gobierno, Granier reactivó el problema e involucró al legislador, en 2007, en un pleito legal en el que éste no había sido parte. Ahora instruye a la Procuraduría de Justicia y al Congreso local para que despojen a Cantón de su fuero constitucional, dizque para así poder confinarlo en prisión.
Este exceso de Granier, fundado en satisfacer el interés personal de su prima, ha sido reprobado por miles de voces libres, que denuncian la venganza política del gobernador, por la actitud permanente del diputado al censurar públicamente casos de corrupción y arbitrariedades del gobierno tabasqueño.
Un grupo de abogados, la comunidad de artistas y productores de TV, empresarios y la comunidad tabasqueña del Distrito Federal, enviaron una carta al Congreso tabasqueño calificando de aberrante el deseo del mandatario por improcedente y temerario. Tal misiva circula profusamente en la red de redes y ha tenido el apoyo multiplicador de miles de ciudadanos que están contra las presiones políticas armadas desde la impunidad del poder público.
La misiva, dirigida al diputado Ulises Solís García, presidente de la mesa directiva del Congreso local y a los integrantes del mismo, dice entre otras cosas lo siguiente: “Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Constitución Política, de manera muy respetuosa venimos a pedirle la mayor diligencia para resolver sobre la solicitud de procedencia en contra del C. diputado Oscar Cantón Zetina y a expresarle nuestros comentarios”.
Agrega: “No pueden distraer su atención con interpretaciones mediáticas ni por presiones políticas; debe prevalecer el principio de estricto derecho, la autonomía, división y respeto entre los poderes, pero sobre todo el respeto al desempeño de su encomienda social. Como mexicanos interesados en los asuntos de orden público, en la correcta administración e impartición de justicia y el respeto a las garantías de legalidad y debido proceso, confiamos en el fiel y leal desempeño de su encargo, y que la decisión del H. Congreso sobre el particular aparecerá debidamente fundada y motivada, pues de lo contrario pondrían en duda la integridad moral de la institución de donde emanan las leyes que rigen a la sociedad tabasqueña y que usted preside, e incurrirían de verdad en una responsabilidad política y de servidores públicos”.
Y más: “La determinación que tomen sobre el caso de Oscar Cantón Zetina debe basarse en los términos que al particular consagra nuestra Constitución Política de los E.U.M., por encima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, atentos al principio de supremacía constitucional que al efecto tutela el artículo 133 de la Carta Magna”.
Se refiere la carta a un “absurdo e ilegal desafuero y juicio político” contra el diputado Cantón y señala: “Resultaría aberrante y muy riesgoso para la soberanía y la correcta impartición de justicia en el estado de Tabasco, que el Congreso del estado declare procedente la solicitud de juicio político presentada por el sexoservidor Alfredo Cervantes Landa y la solicitud de procedencia (desafuero) planteada por la señora Gabriela Armengol Armengol (prima del actual gobernador)”.
También dice la carta que “no existe prueba de que Oscar Cantón Zetina haya desplegado conducta delictiva alguna, mucho menos que haya violado gravemente la Constitución o haya faltado al desempeño de su encargo y, por el contrario, existe prueba fehaciente de la probidad, honradez, dignidad y determinación con las que se ha conducido en el ejercicio de su encargo, al desempeñarse dos veces como diputado federal y dos veces Senador de la República. Siempre ha defendido los intereses de los tabasqueños y de México. No existe conducta alguna que le pueda ser reprochada por la sociedad, por lo que a todas luces resultan improcedentes y temerarios los planteamientos de desafuero y juicio político”.
Si el Congreso actúa contra Cantón, agrega la carta, “pondría en evidencia la franca y dolosa intención del gobierno y de los militantes priístas tabasqueños, de iniciar de manera ilegal un proceso (utilizando su mayoría en el Congreso) para causarle una afectación política y personal al C. diputado Oscar Cantón Zetina, en venganza al valor que ha tenido al denunciar la corrupción y enfrentar al actual gobierno, así como a funcionarios de administraciones pasadas”.
La misiva se refiere también a que no es posible que un gobernador y un Congreso “secuestren la voluntad del pueblo tabasqueño y la autonomía de su representación social, para salvaguardar sus intereses personales y de grupo”.
Total, son voces que claman por justicia ante una arbitrariedad que tiene su origen en el deseo del gobernador de atender a su prima y de paso ejecutar una venganza política para eliminar a uno de sus principales y más determinados censores.

GRANIER ATACA AL DIPUTADO OSCAR CANTÓN ZETINA

Carlos Cantón Zetina

Mar de FondoPublicado: lunes 11 de mayo 2009.

http://www.mardefondo.com.mx/

+ Una siniestra venganza política
+ Utiliza a sus “paleros” del PRI
+ “Delito” de Cantón: ser crítico

Andrés Granier Melo, gobernador de Tabasco, no para en su intento de reprimir --con todos los recursos y la fuerza del Estado-- a quienes cometen el “delito” de criticarlo o denunciar sus muchas corruptelas y garrafales errores, así como la impunidad con que ha cobijado a siniestros personajes como Manuel Andrade Díaz, su antecesor, acusado, entre otras cosas, de ser el gran culpable de la inundación que en octubre de 2007 devastó a la entidad y causó millonarias pérdidas a los tabasqueños.
A través de su secretario de Gobierno, Humberto Mayans, la administración estatal tiene montada una costosa y sofisticada maquinaria para espiar --ilegalmente- sobre todos a los disidentes políticos, como los diputados y alcaldes del PRD. Esto ya lo informó ampliamente Mar de fondo en un reportaje anterior.
Hoy, en vez de combatir a los verdaderos delincuentes y a quienes han saqueado las arcas gubernamentales --incluso en su gobierno--, Granier se va por el camino fácil de combatir a quienes han denunciado públicamente sus tropelías y omisiones, como es el caso del diputado local Oscar Cantón Zetina, un político prestigiado y con amplia trayectoria legislativa: dos veces senador de la República, dos veces diputado federal.
Con sus empleados que tiene en el Congreso local, los diputados del PRI, el ineficiente Granier se prepara a dar un golpe más a la ilegalidad y a la democracia en Tabasco.
“¡NO PERMITAMOS ESTE NUEVO ATROPELLO DE GRANIER!”, se intitula una carta que la sociedad civil ha empezado a circular en internet.
Porque el desafuero de Cantón Zetina --como lo tienen orquestado Granier y sus “paleros” priístas-- sería fundamentado en un atropello a la legalidad: nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. Y es lo que se quiere hacerle a Cantón. Además de que es inocente de lo que falsamente se le ha imputado….
El sábado 9 de mayo, el influyente diario Tabasco Hoy --el de mayor circulación en esa entidad-- publicó una nota en portada, titulada “ATACA GOBIERNO A PRD, PIDE DESAFUERO DE CANTÓN”.
La nota, firmada por el reportero Fernando Vázaquez Rosas, indica: “La Procuraduría de Justicia del Estado pidió al Congreso de Tabasco un juicio de procedencia contra el legislador del PRD”.
Este es el texto íntegro de la información:
El gobierno de Tabasco emprendió un ataque oficial contra el PRD al solicitar a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado el desafuero del diputado Oscar Cantón Zetina, quien se ha caracterizado por sus denuncias públicas contra la corrupción y los privilegios de la administración local.
Con fecha 7 de mayo de 2009, Héctor Carrillo Zenteno, Agente del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría del Estado, pidió al Congreso de Tabasco un juicio de procedencia contra el legislador del sol azteca.
La solicitud provino de la averiguación previa DAPC/39/07, relativa a un supuesto fraude procesal (mentir a la autoridad) en agravio de Gabriela Armengol. El Congreso le dio entrada ayer a la petición y el asunto fue turnado a la Comisión Instructora, donde tiene mayoría el PRI.

PERSECUSION POLITICA

Al respecto, el diputado Oscar Cantón Zetina rechazó los cargos y subrayó que no ha cometido delito alguno, por lo que la acusación en su contra sólo se trata de una persecución política.
“Es evidente que hay la intención de ir en contra mía. Toda esta acusación que se me hace y la solicitud de desafuero es una persecución política, es una represión política en mi contra por parte de las autoridades del Gobierno de Tabasco”, indicó en conferencia de prensa.
Agregó que el desafuero no se trata de un hecho aislado pues antes las autoridades estatales ya fabricaron una solicitud de juicio político en su contra que se presentó hace poco en el Congreso del Estado.
“¿Pero, por qué esta ocurriendo todo esto? Porque he sido un crítico del Gobierno de Tabasco, he marcado sus errores, sus fallas y todas sus corruptelas que sólo frenan el desarrollo del Estado y el bienestar de la población”, dijo el legislador.
Destacó que en el fondo el objetivo de la agresión oficial contra el perredismo es acabar con el movimiento nacional de Andrés Manuel López Obrador que aquí en Tabasco, dijo, sigue cobrando más fuerza que nunca.
“Desde hace mucho tiempo yo he coincidido plenamente con la lucha nacionalista del Presidente Legítimo de México. Ahora mismo, como diputado local, he seguido sus ideales en mi actuación legislativa”, expuso Cantón.
Y sostuvo: “También he compartido las críticas y los golpes autoritarios de quienes no quieren que el país y Tabasco tengan un futuro mejor. Como sucedió con Andrés Manuel López Obrador, a quien le entablaron un juicio de desafuero para tratar de frenar su proyecto de cambio, ahora a mi me han inventado delitos y quieren desaforarme para impedir que siga defendiendo las causas justas de los tabasqueños”.
Oscar Cantón explicó que el caso en el que se le involucra se relaciona con un juicio laboral que viene desde 2003 por la disputa de unos terrenos entre un grupo de trabajadores y la señora Gabriela Armengol, de la cual está divorciado.
Sin embargo, aseveró que ese asunto ya fue juzgado incluso a nivel federal y los beneficiarios resultaron ser los trabajadores, a quienes ahora han querido comprar para que declaren en su contra y lo señalen como autor intelectual del delito que, insistió, le están fabricando.
“En el 2003, cuando se desahogó el asunto, yo ni siquiera era parte del caso. Fui involucrado ahora, en 2007, cuando se abrió una nueva averiguación previa sobre este mismo tema. Sin embargo, el asunto en el que ahora se me involucra ya fue juzgado en el año 2003 y hay que recordar que un mismo asunto no puede ser juzgado dos veces”, amplió.
“¿Cómo es posible que este asunto, que ya fue juzgado y sancionado en 2003, resurja en 2007, ya con este nuevo Gobierno del Estado, y se abra una nueva averiguación donde se me involucra? ¿Cómo es posible que las autoridades judiciales del Estado pretendan juzgar dos veces un mismo caso?”, cuestionó.
Tras destacar que la nueva ofensiva en su contra es injusta, ilegal y un atropello a la democracia, el diputado Cantón Zetina dijo que si este asunto se maneja de manera legal será desechado, pero si continúa el propósito político entonces es porque lo quieren llevar a la cárcel injustamente.
“Pero yo prefiero estar en la cárcel conservando mis ideales y convicciones, que estar en libertad con la cabeza agachada por haberme doblegado o vuelto cómplice de la corrupción”, concluyó.
Mensaje de Oscar Cantón Zetina a los medios
El viernes 8 de mayo, cuando tuvo la evidencia de la nueva arremetida del gobierno de Granier en su contra, el diputado local tabasqueño Oscar Cantón Zetina dio una conferencia de prensa en la que fijó su postura.
Este fue el mensaje que dirigió a los medios de comunicación del estado y nacionales:
Estimados Medios de Comunicación:
Quiero referirme a la solicitud de desafuero en mi contra que interpuso la Procuraduría General de Justicia del Estado al Congreso de Tabasco, del cual soy diputado en la LIX Legislatura.
Hasta donde he podido saber, la Procuraduría solicitó mi desafuero porque se me acusa de ser autor intelectual de un fraude procesal relacionado con un juicio laboral que viene desde 2003 por la disputa de unos terrenos entre un grupo de trabajadores y la señora Gabriela Armengol, de la cual estoy divorciado.
¿Qué significa un fraude procesal? Significa haber mentido a la autoridad o presentado pruebas falsas para tratar de ganar un juicio.
En primer lugar, y quiero subrayarlo: Rechazo absolutamente los cargos que se me imputan. Yo no cometí ningún delito ni mucho menos incurrí en fraude procesal. Durante toda mi vida me he conducido conforme a derecho y así continuaré actuando.
Pero también quiero hacer algunas precisiones jurídicas:
En el 2003, cuando se desahogó el asunto, yo ni siquiera era parte del caso. Fui involucrado ahora, en 2007, cuando se abrió una nueva averiguación previa sobre este mismo tema. Sin embargo, el asunto en el que ahora se me involucra ya fue juzgado en el año 2003, incluso por autoridades federales. Existe un laudo en favor de los trabajadores al cual se llegó luego de pasar por todas las instancias jurisdiccionales. Se trata, reitero, de un caso juzgado. Y hay que recordar que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
En el caso del conflicto con los trabajadores se han transgredido los derechos más elementales, ha habido detenciones fuera de la ley, se han solicitado amparos que nunca han tenido respuesta, ha habido intimidaciones.
Incluso, se ha querido comprar a ese grupo de trabajadores para que declaren en mi contra y me señalen como autor intelectual del delito que me están fabricando.
Yo pregunto: ¿Cómo es posible que este asunto, que ya fue juzgado y sancionado en 2003, resurja en 2007, ya con este nuevo Gobierno del Estado, y se abra una nueva averiguación donde se me involucra? ¿Cómo es posible que las autoridades judiciales del Estado pretendan juzgar dos veces un mismo delito?
Es evidente que hay la intención de ir en contra mía. Toda esta acusación que se me hace y la solicitud de desafuero, es una persecución política, es una represión política en mi contra por parte de las autoridades del Gobierno de Tabasco.
Ya son muchos meses en los que ha habido hostigamiento y persecución contra mi persona, contra mi familia e incluso contra mis amigos, aunque yo he recurrido al camino de la ley, como siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo.
Pero quiero decir que este caso no es un hecho aislado. También son las autoridades del Gobierno de Tabasco las que fabricaron la solicitud de juicio político que se presentó hace poco en el Congreso del Estado en mi contra.
Quiero dejar muy claro que siempre he luchado contra la impunidad y continuaré en ese camino. Nadie en este país tiene derecho a violar la ley sin ser castigado. Pero nadie tampoco, mucho menos las autoridades, deben abusar del poder para ensañarse contra quienes considera sus adversarios.
Desde luego que el fuero constitucional no es un instrumento para violar la ley, pero sí es un factor importante para defender, como lo marca la Constitución, la libertad de las ideas.
¿Pero, por qué esta ocurriendo todo esto? Porque he sido un crítico del Gobierno de Tabasco, he marcado sus errores, sus fallas y todas sus corruptelas que sólo frenan el desarrollo del Estado y el bienestar de la población.
Pero hay algo más: El objetivo principal es acabar con Andrés Manuel López Obrador y su movimiento nacional que, aquí en Tabasco, sigue cobrando más fuerza que nunca.
Desde hace mucho tiempo yo he coincidido plenamente con la lucha nacionalista del Presidente Legítimo de México. Ahora mismo, como diputado local, he seguido sus ideales en mi actuación legislativa.
Pero también he compartido, como sucede ahora, las críticas y los golpes autoritarios de quienes no quieren que el país y Tabasco tengan un futuro mejor. Como sucedió con Andrés Manuel López Obrador, a quien le entablaron un juicio de desafuero para tratar de frenar su proyecto de cambio, ahora a mi me han inventado delitos y quieren desaforarme para impedir que siga defendiendo las causas justas de los tabasqueños.
Pero al igual que López Obrador en su momento, yo tengo la conciencia tranquila porque no he cometido ningún delito. Estoy cierto de que esta nueva ofensiva en mi contra es injusta, es ilegal y es desde ahora un atropello a la democracia. Me preocupa, eso sí, el uso político de la ley que hacen las autoridades del Gobierno de Tabasco.
No obstante, quiero subrayar algo: Yo prefiero estar en la cárcel conservando mis ideales y convicciones, que estar en libertad con la cabeza agachada por haberme doblegado o vuelto cómplice de la corrupción.
Muchas gracias.

TOTAL APOYO DE AMLO A OSCAR

El Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su respaldo contundente y público al diputado local Oscar Cantón Zetina el sábado 9 de mayo pasado.
En un mitin en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para apoyar a los candidatos del PRD a diputados federales, AMLO fue enérgico ante más de dos mil personas reunidas en la Plaza de la Juventud:
“Yo quiero expresar mi apoyo, mi solidaridad con mi compañero diputado Oscar Cantón Zetina, quien está siendo hostigado por el gobierno del estado (de Tabasco). Quieren aplicarle la misma medida que me aplicaron a mí, un desafuero”.
El ex candidato presidencial dijo ante la multitud de simpatizantes que quien impulsa la ofensiva contra el dos veces senador de la República y dos veces diputado federal “es el gobernador Andrés Granier, pero también está involucrado el secretario de Gobierno, Humberto Mayans”. Por eso, AMLO pidió a los dirigentes y militantes del PRD que “cierren filas para no dejar solo a Oscar”.
En el momento en que su discurso había “prendido” a los centenares de asistentes al mitin, López Obrador alzó la voz para preguntarles: “¿Vamos a apoyar a Oscar?”. Y la respuesta inmediata fue un estruendoso y prolongado “¡Sííííííí…!”. La gente gritó además: “¡Arriba Cantón!”.
Al final del acto, la gente se congregó en torno de Cantón Zetina para expresarle su solidaridad.
Más tarde, en Villahermosa, durante una entrevista a Tabasco Hoy-Radio, que conduce Juan Urcola, AMLO reiteró que el intento gubernamental de desaforar a Cantón “es una venganza política”. Sostuvo que “no hay duda que es una represalia contra Oscar y el PRD”.
Y añadió: “ El de Oscar Cantón no es un asunto jurídico, es un asunto político (…) No hay democracia en Tabasco. El Ejecutivo da la orden a los diputados del PRI (mayoría artificial en el Congreso) y todos levantan la mano. ¡Pero no lo van a lograr!. En primera, porque no hay fundamento legal y, en segunda, porque hay el respaldo total y abierto del PRD en Tabasco hacia Oscar Cantón”.

Andrés Granier, ¡"mapache" impune!

==Audiescándalo descubre el lodazal.

==Denuncia ante IFE y la FEPADE.

==Repudio de partidos y ciudadanía.

Por CARLOS CANTÓN ZETINA

En los primeros días de su administración, el gobernador Andrés Granier aseguró que las Casas de Gobierno que su administración instaló en todos los municipios del estado no serían un trampolín político para quienes fueran aspirantes a cargos de elección popular.
La intención de esas 18 oficinas -en Tabasco hay 17 municipios pero en Centro se abrieron dos- es que fueran el vehículo del gobierno estatal para bajar programas sociales a la gente, según dijo el mandatario.
Sin embargo, desde los primeros momentos los alcaldes de oposición se manifestaron en contra de esas oficinas con el argumento de que violaban la autonomía municipal y de que serían utilizadas con fines políticos y electorales para favorecer al PRI. Eso fue en los albores de la gestión de Granier.
La semana pasada, a unos días de iniciar las campañas para diputados federales, los partidos Convergencia y PRD dieron a conocer unas grabaciones donde se escucha a funcionarios de la Casa de Gobierno del municipio de Jalpa de Méndez ponerse de acuerdo con un candidato priista sobre el uso electoral que le darían a los programas “estrella” del gobernador.
De manera estrepitosa la realidad pareció confirmar la sospecha al exhibir que, contrario al discurso del gobernador, las Casas de Gobierno efectivamente operan a favor del PRI y sus candidatos.
Unos días después de que se desató el “audioescándalo” surgieron más grabaciones, esta vez sobre un acto anticipado de campaña. El directamente implicado es Nicolás Bellizia Aboaf, candidato del PRI al Congreso federal por el quinto distrito electoral de Tabasco.
No obstante, los partidos de oposición presentaron una queja ante el Instituto Federal Electoral (IFE) donde piden la intervención de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE), a fin de que se proceda contra Granier y varios de sus funcionarios.
LAS CASAS Y SUS PROGRAMAS
Tabasco tiene 17 municipios, de los cuales 10 son gobernados por el PRI y los otros siete por el PRD. Sin embargo, un caso especial es Centro, donde el alcalde Evaristo Hernández Cruz pertenece al partido tricolor pero son públicas sus diferencias con Andrés Granier.
Así las cosas, los municipios aliados al gobernador son Balancán, Centla,
Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, mientras que los opositores son Cárdenas, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Comalcalco, Huimanguillo y Centro.
En cada municipio el gobernador ordenó instalar una Casa de Gobierno, excepto en Centro, donde se abrieron dos oficinas. Al segundo mes de la nueva administración comenzaron a operar los programas sociales.
De esos programas destacan dos: El TEDAMÁS, mediante el cual se entregan 500 pesos mensuales a adultos mayores, madres solas y personas con discapacidad. El otro se titula Pedaleando para Transformar, que sirve para regalar bicicletas a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria
Aunque nunca ha estado claro cual es el número de beneficiarios de esos programas, la información que se conoce es que el TEDAMÁS atiende a unas 158 mil personas, mientras que el gobierno compró 80 mil 160 bicicletas para repartir este año electoral.
Pero a través de las Casas de Gobierno también se dan “apoyos” a los indígenas, se operan fondos mixtos de inversión y se regalan materiales de construcción y despensas
La diputada del PRD, Casilda Ruiz Agustín, exhibió las licitaciones mediante las cuales el gobierno compró 300 mil blocks, 100 mil láminas, 20 mil sacos de cemento y 165 mil despensas que Granier regalará durante los meses electorales.
“Lo más curioso es que la mayor parte de las bicicletas, los materiales de construcción y las despensas se repartirán en los municipios donde el gobierno del estado no tiene el control de los ayuntamientos, por eso es obvio que van a hacer campaña a favor del PRI aprovechándose de las necesidades de la gente”, señaló.
A través de otras dependencias la administración de Andrés Granier también regalará computadoras portátiles a estudiantes universitarios. Para este año electoral serán 5 mil 968 los equipos que otorgará como parte del llamado Programa T3
“Toda la intención es electoral, porque si realmente quisieran ayudar a la gente mejor harían obras para generar empleos, bajarían el sueldo de los altos funcionarios y no se otorgarían bonos de fatiga que significan un derroche de 3 mil millones de pesos, pero lo que menos les importa es que la población salga de la pobreza, sólo buscan beneficio electoral”, sostuvo Casilda Ruiz.
Como muestra de su dicho, puntualizó que las bicicletas que regalará Granier estos meses de elecciones tienen pintura electrostática color naranja, pero además llevan el logotipo del gobierno con su lema característico que es Trabajar para Transformar.
“Por ello a esas bicicletas nosotros las llamamos pricicletas”, ironizó la legisladora perredista.
DINERO Y PROBLEMA LEGAL
Pese a la crisis internacional, los problemas que dejó la inundación de fines de 2007 y los anuncios de programas de austeridad, las Casas de Gobierno de Granier significan una estructura burocrática que cuesta mucho a los contribuyentes.
El Presupuesto de Tabasco 2009 indica que las 18 Casas de Gobierno tienen autorizado para este año un presupuesto conjunto de 77 millones 379 mil 226 pesos.
Sin embargo, el problema fundamental no parece ser el dinero. Los alcaldes de oposición siempre han criticado las Casas de Gobierno al señalar que son oficinas electoreras, pero sobre todo porque violan la Constitución General de la República.
Su argumento se fundamenta en el Artículo 115, Fracción I, que dice textual: “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado”
Al respecto, hace unos días el alcalde de Comalcalco, Javier May Rodríguez, señaló: “Sabemos de entrada que las Casas de Gobierno violan la autonomía de los municipios, por lo que podríamos acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer una controversia constitucional para exigir su desaparición”.
Javier May, uno de los presidentes municipales perredistas más críticos del gobernador, subrayó: “Tenemos que luchar para que estas madrigueras de mapaches sean exterminadas, principalmente ahora que se aproximan tiempos electorales en los que sabemos que el gobierno y el PRI vienen con todo para comprar las elecciones”.
Incluso, el alcalde priista de Centro, Evaristo Hernández Cruz, llamó a su partido a no darle uso electoral a esas oficinas. “No es posible que las estructuras del Gobierno del Estado estén trabajando para favorecer a nuestro partido”, expuso y reveló que el hijo del gobernador opera una Casa de Gobierno instalada en Villahermosa
Por su parte, el Secretario de Gobierno, Humberto Mayans, defendió las oficinas al afirmar que son legales y que no serán cerradas porque la gente así lo quiere. Pero el dirigente estatal del PRD, José Ramiro López Obrador, le reviró: “Es un mentiroso, ya está claro que el gobierno de Granier se caracteriza por la corrupción y la mentira”.
EL AUDIO ESCÁNDALO
En un solo día, las acusaciones contra las Casas de Gobierno tomaron una dimensión crítica que ya llegaron hasta las máximas instancias electorales y judiciales del país.
El lunes 20 de abril, Javier Vargas Ramón y José Ramiro López Obrador, dirigentes estatales de Convergencia y PRD respectivamente, dieron a conocer audios de una reunión entre el candidato a la diputación federal del PRI por el quinto distrito electoral, Nicolás Bellizia Aboaf, y funcionarios de la Casa de Gobierno de Jalpa de Méndez.
Según lo que se escucha en las grabaciones, Bellizia y los funcionarios se pusieron de acuerdo para darle uso electoral a los recursos públicos y los programas sociales que se operan a través de la también llamada oficina de gestión de aquel municipio ubicado en la Región de la Chontalpa tabasqueña.
“Queremos decirte, licenciado, que este equipo, estos amigos, esta familia que tú tienes, que somos 47, es un equipo que realmente tiene el contacto directo con la ciudadanía, tiene contacto directo con esa gente más vulnerable, y que por ello hoy los que estamos en esta institución, este instrumento, esta Casa de Gobierno, que es del mismo gobernador, que es tuya, en este momento la ponemos a tu orden”, le dice a Bellizia Luis Enrique Ávalos Izquierdo, Coordinador de la Casa de Gobierno de Jalpa de Méndez.
Además, el funcionario agrega: “Muchos de los ancianitos, muchas de las madres solas, muchos de los incapacitados tienen en su mente ya que el candidato que tenemos que llevar nosotros a la diputación se llama Nicolás Bellizia”.
Otro de los audios muestra que el propio Nicolás Bellizia involucra al gobernador Andrés Granier en la operación electoral. Les dice el candidato a los funcionarios: “Yo el distrito lo veo complicado pero no difícil de ganar y además nosotros nos metimos para ganar, como lo hablé con el gobernador, y además el gobernador también obviamente va a hacer lo que le toque”.
Incluso, Bellizia cuenta en la reunión que el candidato del Partido Verde, Sebastián Izquierdo, es un abanderado a modo que lo ayudará a restarle votos al PRD, mientras que también operó en el PAN para librar obstáculos
“Hay candidato del Verde Ecologista, que es Sebastián Izquierdo, que fue presidente de Paraíso por el PRD, y yo espero que le quite votos al PRD en esa parte. Y estaba por el PAN, que obviamente sigue estando mi amigo Homero Aparicio, que obviamente no iba a ganar, pero en Centla sí, a final de cuentas nos quita votos ahí en el PRI, pero sí nos iba a aminorar, y por supuesto que hicimos lo que nos tocaba para que no fuera el candidato, ya no se inscribió, nada más quedó una muchacha, Griselda o Mireya. Digo, también se vale hacerle maldades a los del otro lado”, narra el priista.
Durante ese encuentro que quedó al descubierto, los trabajadores de la Casa de Gobierno se sueltan. El maestro Uriel de la Cruz le expresa al aspirante priista que “somos priistas de carne y hueso” y le dice que todos los trabajadores de esa oficina son “soldados” que lo ayudarán a ganar la elección.
Por su parte, el señor Antonio Jiménez Jiménez manifiesta que “tenemos que entender que hoy estamos aquí, los que trabajamos en la Casa de Gobierno, responsables de que caminemos con usted, porque estamos trabajando en el gobierno, somos responsables de coordinar la campaña. De los 40 que habemos tenemos que caminar de la mano con usted porque estamos trabajando en el gobierno”.
Y le expresa a Nicolás Bellizia: “Me la juego con usted porque estoy trabajando en el gobierno, y es mi deber echarle la mano porque de ahí estoy comiendo y devengo un sueldo”.
SANCIONES Y DENUNCIAS
La revelación de los audios provocó que el Gobierno del Estado cesara a cuatro funcionarios de la Casa de Gobierno de Jalpa de Méndez, incluso su coordinador Luis Enrique Ávalos Izquierdo. Sin embargo, la autoridad estatal precisó que sólo es una medida temporal en lo que se llevan a cabo las investigaciones.
Pero el PRD ya presentó una queja ante el IFE y la FEPADE donde pide que se proceda contra el gobernador Andrés Granier y que sean destituidos también María Teresa Cabrales Sanguino, titular de la Unidad de Atención Social, así como Carlos Valdés Gómez, coordinador de la Coordinación General de Desarrollo Social.
Firmada por el representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández Estrada, la queja incluye también la petición de que se cierren de inmediato todas las Casas de Gobierno y se suspenda la operación de los programas sociales.
El caso ha tomado tal dimensión, que Convergencia también respalda la denuncia y el dirigente estatal del PAN, Nicolás Alejandro León, anunció que su partido se sumará a la queja que el IFE deberá resolver antes de que inicien las campañas.
“Con todo esto que se ha sabido ya quedó perfectamente claro que, desde antes de entrar al gobierno, Andrés Granier ya tenía la idea de cómo iba a operar electoralmente en todo el estado, no entró para gobernar, entró para favor3ecer al PRI”, aseveró sobre el caso el diputado panista José Antonio de la Vega Asmitia.
Aún no empieza el proceso electoral federal y así están ya las cosas en Tabasco, donde en octubre también habrá comicios para renovar alcaldías y el Congreso estatal.
ESTAS SON LAS VERSIONES INTEGRAS DE LOS AUDIOS QUE DIERON A CONOCER CONVERGENCIA Y PRD
AUDIO 1

"EL GUAPO" VIOLA LA LEY

Por CARLOS CANTÓN ZETINA

+ LA COMPRA DE

SUBURBAN DE LUJO

CON DINERO DEL

SEGURO POPULAR

El pillo consumado Luis Felipe Graham Zapata, apodado “El Guapo” por su exquisitez y proclividad a la vida placentera y confortable, al adquirir vehículos de lujo para su uso personal –como una Suburban último modelo, blanca, que compró en plena inundación de fines de 2007--, no sólo atentó contra las familias más pobres de Tabasco a las que está dirigido el Seguro Popular, sino también violó flagrantemente el artículo 77 de la Ley General de Salud (LGS) y los artículos 74 y 81 del Reglamento de la referida ley. Pero también ha transgredido otras.
Irresponsablemente, el secretario de Salud en el gabinete de Andrés Granier Melo que “aspira” a ser alcalde de Centro, coloca a Tabasco ante la posibilidad de que el gobierno federal le suspenda la transferencia de recursos para el Seguro Popular, como lo establece el artículo 74 del Reglamento de la Ley.
Nadie se explica por qué Graham no ha sido destituido de su cargo ni ha sido sancionado por la administración del presidente Felipe Calderón. La compra ilegal que hizo de aquel vehículo, entre otros muchos casos de malversación de fondos públicos de la nación, y la opacidad con la que maneja esos dineros, va en contra de lo que disponen la Ley General de Salud, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud y los Criterios Generales para la Programación del Gasto e Integración de la Información Estatal Relativa al Manejo Financiero del Sistema de Protección Social en Salud.
La actitud derrochadora, irresponsable, de “El Guapo”, quien ahora, con plena desfachatez, pretende ser alcalde de Centro y maneja un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos, violó sobre todo la Ley General de Salud (LGS), que claramente establece en su Artículo 77 bis 16 que los recursos federales a los gobiernos estatales –en este caso, a la dependencia cuyo titular es Graham— “sólo podrán utilizarse en los conceptos de gasto establecidos en los Acuerdos de Coordinación en las regiones donde se instrumente el Seguro Popular de Salud”. También, el Acuerdo de Coordinación que “El Guapo” ha firmado con el Presidente Calderón durante los últimos dos años, en relación al Seguro Popular, estipula en su cláusula Octava que “los ingresos propios (serán) destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título”.
Y Luis Felipe ha incumplido con lo que establece la ley, en relación a que debe transparentar el manejo de los recursos federales, como lo marcan el artículo 77 bis 31 de la LGS y el Acuerdo de Coordinación, en su cláusula Décimasexta.
Asimismo, tal legislación federal estipula:
“Corresponde a los gobiernos de los estados aplicar de manera transparente y oportuna los recursos transferidos por la Federación…”
En el capítulo Programación del Gasto, correspondiente al Seguro Popular, se especifica en el punto 3:
“Adquisición de equipo médico, instrumental, mobiliario médico, de laboratorio y gabinete; incluyendo vehículos destinados a la prestación de servicios (ambulancias, unidades móviles y otros vehículos destinados a la prestación de servicios médicos a los afiliados al Seguro Popular”.
Así, queda claro que Luis Felipe “El Guapo” es transgresor confeso de la ley. El 23 de diciembre de 2008, durante su comparecencia ante legisladores del Congreso de Tabasco, admitió que con recursos del Seguro Popular compró la Suburban, en lo momentos en que miles de familias tabasqueñas tenían el agua hasta el cuello y requerían medicamentos y doctores, entre otras cosas. Con increíble cinismo, el funcionario y amigo de Granier dijo que adquirió el vehículo de superlujo para viajar por los municipios de la entidad, y al vecino Veracruz, y, así, “gestionar recursos para el estado de Tabasco”.
“El Guapo” confesó además que la Suburban blanca costó 529 mil pesos, y que la Secretaría de Salud a su cargo había gastado aparte 18 millones de pesos más para otros vehículos destinados a las Caravanas de Salud.
La Ley es contundente: en ningún momento permite la compra, con recursos del Seguro Popular, de vehículos para uso personal, y mucho menos de lujo. Tampoco lo permiten los convenios de coordinación que, año con año, firman el Presidente de la República y los secretarios de Salud de los gobiernos estatales. Pero ya se ha visto que a Luis Felipe le vale un comino lo que dicen las leyes…
En la asignación de millonarias partidas de la Federación a Tabasco, y a los demás estados de la República, se imponen a éstos severas restricciones y condicionantes, con el fin de que el manejo de los fondos sea honesto y transparente. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a través de su Dirección General de Financiamiento (DGF), es la que específicamente debe controlar el gasto que hacen las secretarías de Salud en el país, a las cuales les deposita en cuenta bancaria indicada por ellas, los dineros federales para el Seguro Popular.
Significa que “El Guapo” utiliza según su criterio esos cuantiosos recursos, aunque está obligado a:
1.- Enviar un Programa de Gasto a la DGF, conforme al número de familias (más de 400 mil) afiliadas al Seguro Popular en Tabasco.
2.- Aplicar de manera oportuna y transparente los recursos transferidos y las aportaciones propias (del estado) para la ejecución de las acciones de protección social, en función del Acuerdo de Coordinación que ha firmado para tal efecto.
3.- Deberá elaborar cada año un programa a nivel partida estatal (es decir, los dineros que debe aportar el gobierno del estado de Tabasco). Este programa se deberá elaborar con base en la meta de afiliación anualizada, propuesta y aprobada por la Comisión (CNPSS) y conforme a los recursos federales que se recibirán por las familias afiliadas.
4.- Si la Secretaría de Salud de Tabasco (como las del resto de los estados) necesita cambiar su programa de gasto, deberá informarlo a la DGF para su revisión y comentarios.
(“El Guapo” no informó a la instancia federal que modificaría el gasto del Seguro Popular para comprar una Suburban de lujo).
5.- Tendrá la responsabilidad de llevar a cabo los procesos de adquisición de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del programa (Seguro Popular).
6.- Deberá enviarle mensualmente, en oficio con su firma (la del “Guapo”) a la DGF el avance del ejercicio presupuestal, de los recursos federales transferidos, a nivel de partida de gasto.
7.- Demostrar que la documentación original comprobatoria del gasto del Seguro Popular cumpla con los requisitos fiscales, administrativos y normativos vigentes, y que tal documentación esté a disposición de la Secretaría de Salud federal para su revisión. (La dependencia que encabeza Graham Zapata debe guardar esos documentos –comprobatoria legal-- al menos cinco años).
8.- Tendrá la responsabilidad del control y seguimiento del pago de las cuotas de los afiliados al Seguro Popular, y deberá informar a la Comisión (CNPSS) sobre su manejo y destino.
9.- De acuerdo al artículo 77 bis, fracción B-VIII, de la Ley General de Salud, deberá proporcionar la información relativa al ejercicio de los recursos transferidos para la operación del Seguro Popular. De igual forma deberá informar, en tiempo y forma, sobre la administración y ejercicio de los recursos provenientes de cuotas familiares conforme lo establece el artículo 81 del Reglamento de la Ley (LGS); la falta de esta información será causal de suspensión de la transferencia de recursos a las entidades federativas (artículo 74 del Reglamento referido).

GRAHAM, ¡NADA
DE RENDIR CUENTAS!

Tan sólo en lo que se refiere a los cuantiosos recursos económicos que la Federación le otorga a Tabasco anualmente, para operar el Seguro Popular, se ve la absoluta falta de voluntad de Luis Felipe Graham Zapata para rendirle cuentas claras a los tabasqueños. Y eso que también aportan dinero las propias familias –las más pobres entre las pobres-- afiliadas a ese programa.
Esto dispone el artículo 77 de la Ley General de Salud (LGS):
a) La Federación, los estados y el Distrito Federal dispondrán lo necesario para transparentar su gestión de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso a la información y transparencia a la información pública gubernamental. Para estos efectos, tanto la Federación como los estados, a través de los servicios estatales de salud (en este caso, la dependencia cuyo titular es “El Guapo” Graham) difundirán toda la información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como el manejo financiero (del Seguro Popular) con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos…”
b) Cláusula Décimaoctava del Acuerdo de Coordinación (sobre el Seguro Popular): “El Estado (de Tabasco) pondrá a disposición del público por medios de comunicación electrónica, remotos o locales, la información relativa al manejo financiero del Seguro Popular”.
Es claro que “El Guapo” Luis Felipe ha incumplido con esas disposiciones legales, pues no informa a los tabasqueños de cómo maneja el dineral que le envía cada año la Federación para operar ese programa destinado a beneficiar a las familias más humildes de Tabasco. En rigor, ha convertido en todo un cochinero el destino que da tanto a los recursos que asigna a Tabasco la Federación como a las cuotas que aportan por su parte las familias afiliadas al programa social.

ANTECEDENTES

El Seguro Popular de Salud se inicia en 2002, como un programa de coordinación entre Gobierno Federal y el gobierno de Tabasco, para la participación de las familias tabasqueñas a través de un Servicio Médico, para todas aquellas que no tienen Seguridad Social, como podría ser el ISSSTE para los trabajadores al servicio del Estado; el IMSSS para los que tienen un patrón; los Servicios Médicos de