EL PROCURADOR DE QUINTANA ROO DESMIENTE AL JEFE DE POLICÍA... Y A SU SUBPROCURADOR

CANCÚN, Q.R., Sábado 14 de Mayo 2011.

CONSTE!
BORGE NO PUEDE

+ Desgarriate gubernamental por el motín en Cancún
+ Mentiras del general Villa confunden a la ciudadanía
+ “El Piolín” no está muerto… y el alcaide se “enfermó”

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

…Y el general Villa sigue dándole dolores de cabeza a su padrino Roberto Borge Angulo.
“¿Qué pasó en la cárcel de Cancún?”, intitulamos nuestra columna del jueves pasado. Pues resulta que lo que ocurrió es un auténtico desbarajuste… por parte de las autoridades. Es condenable la falta de coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJE) estatales. Más aberrante es que una y otra le hayan mentido a la ciudadanía, acerca de lo que realmente sucedió durante el motín del miércoles 11.
En una colosal pifia incurrieron los titulares de esas dependencias, Carlos Bibiano Villa Castillo y Gaspar Armando García Torres. Porque ahora resulta que no fue “El Piolín” el reo asesinado, sino “El Caguamo”. Y no fue a balazos, sino a cuchilladas. Además, son 24 los lesionados, y no 4 como originalmente pregonó el militar.
Así, más que la rebelión de reclusos indeseables, a la sociedad de Quintana Roo debe preocuparle los erróneos nombramientos del gobernador priista Borge Angulo en materia penitenciaria, de seguridad pública y de procuración de justicia.
Ya lo advertimos en este espacio periodístico: el mandatario estatal se equivocó al designar al matazetas duranguense al frente de la SPP. Erró también al colocar a personajes inexpertos en la Procuraduría General de Justicia (PGJE).
Los hechos demuestran --rápida y contundentemente-- el desatino de Borge de llevar a cabo una atropellada y mal planeada militarización de prisiones y corporaciones policiacas.
A ello se agrega la opacidad gubernamental en cuanto a la información oportuna y veraz que debe proporcionar acerca de asuntos delicados como la sublevación de reclusos.
El repentino relevo, ayer viernes 13, del capitán segundo de Infantería Higinio Sánchez Baltazar, como director del penal de Cancún que --hay que insistir en aclararlo-- depende del gobierno del estado desde septiembre de 2009, es una muestra más del fracaso de la precipitada imitación en Quintana Roo del “Modelo Coahuila”, que aplicó el ex gobernador Humberto Moreira Valdez --ahora líder nacional del PRI— a sugerencia de la “generalísima” Isabel Arvide Limón y que resultó un fiasco. (La imposición de militares al frente de las policías estatales y municipales, y en prisiones, no resolvió sino agravó la ola delictiva).
Ahora falta saber si la caída del alcaide significa también un tácito reconocimiento del gobernador de que es inadecuada su estrategia de dejarle todo el “paquete” de la seguridad, incluso en las cárceles, al general Villa y a su runfla de bravucones militares que trajo de Torreón, Coahuila, encabezados por la periodista tabasqueña Arvide Limón quien --según don Bibiano-- “tiene más experiencia que muchos generales” del Ejército mexicano.
Hoy reiteramos lo que escribimos el jueves: se percibe una aparente falta de voluntad de Borge Angulo para acabar con el “autogobierno” y la feroz disputa entre bandas del narcotráfico que ya duran varios años. Aún más, se observa incapacidad...
Funcionarios clave incurrieron en confusiones y mentiras a partir de los hechos violentos y sangrientos consumados en el presidio cancunense entre el viernes 6 y el miércoles 11 que causaron cuatro muertes y múltiples lesionados.
Tanto Villa Castillo como el subprocurador general de Justicia, Juan Ignacio Hernández Mora, le mintieron y confundieron a los quintanarroenses, porque ahora resulta que el famoso “Piolín” no está muerto. ¡Vaya, ni siquiera es correcto el nombre que le atribuyeron al “resucitado” reo!.
Ambos funcionarios faltaron a la verdad, también, cuando minimizaron el número de lesionados. Villa llegó a decir que sólo eran ¡cuatro!.
Pero la cadena de falsedades continúa: la salida del capitán Sánchez Baltazar, quien fue subordinado de don Bibiano en la policía de Torreón, fue disfrazada de una súbita “enfermedad”. A través de un escueto boletín de prensa (¿no ameritaba el caso una declaración personal del gobernador o del titular de la SSP?), se informó que de manera provisional y por una presunta “complicación de salud”, el director de la cárcel dejaba el cargo que asumió apenas hace un mes. “Fue trasladado de urgencia al Hospital Militar en la ciudad de México”, añadió el comunicado.
No hay más detalles. Se le oculta la información a los quintanarroenses en un asunto que les atañe --y les afecta-- directamente.
La noticia buena es que un civil, el licenciado Ignacio Moreno Mejía, director general de Prevención y Readaptación Social, queda como responsable de la conflictiva cárcel benitojuarense. Y las noticias malas: Borge no anuncia la necesaria reubicación del penal pero sí ordena el traslado de peligrosos reclusos a prisiones más chicas e inseguras como las de Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel. Simples parches que no curan y ni siquiera alivian la enfermedad.
El jueves 12, un día después del amotinamiento, el procurador García Torres desmintió al mujeriego general Villa y a su propio subordinado, Hernández Mora. El ex ombudsman del estado negó que el recluso fallecido sea Oscar Melchor Dzul Cortés y mucho menos que fuera “El Piolín”, quien además responde a otro nombre: Eliobet Ramos Lara. Dijo que el asesinado es Luis Alberto Alvarado Domínguez, “El Caguamo”, de 19 años de edad. Y no fue victimado de un balazo, sino con un arma punzocortante, añadió. Además, los heridos fueron 24, seis fueron trasladados al Hospital General de Cancún; tres con lesiones de arma de fuego, y los otros con arma blanca.
Ramos Lara es, en consecuencia, quien estuvo involucrado en el triple asesinato perpetrado en una celda de la misma cárcel el pasado viernes 6.
Luego del desmentido del procurador, vino una andanada de pretendidas justificaciones por parte del general Villa… ¡a través de Twitter!. Desde su cuenta (@gralbvilla), el viejo militar dijo: “En los motines siempre hay confusiones generadas por los mismos internos. En un principio, la información apuntaba al Piolín”. Y en otro mensajito afirmó: “La PGJE es la institución encargada de investigar e informar sobre lo sucedido”.
O sea: Villa culpa a los reclusos de su lengualarga. Y si considera que la Procuraduría estatal es quien debe informar, ¿por qué se precipitó él a dar un reporte que no estaba confirmado?. No hay otra respuesta: fue producto de su excesivo protagonismo, de su locuacidad.
Aún más: el vocero de la SPP, Gerardo Campos López, también le entró a los “twittazos”… y a las mentiras. A través de su cuenta (@SPP_QuintanaRoo) se apresuró a justificar a su jefe y señaló: “El general Villa Castillo dijo que ‘probablemente era el Piolín’ pues durante el motín los reos lo señalaron así”.
Para desventura del “olvidadizo” lacayo Campos López, está grabada la declaración que hizo su patrón en la conferencia de prensa que ofreció el mismo día del motín.
Textualmente declaró: “Tenemos un muerto y de una vez les voy a decir quién es para que sepan, se llama El Piolín… ya debía mucho, ya había participado en muchas cosas, y tuvo que ver con los tres fallecidos en Cancún y se puede decir que fue un ajuste de cuentas, no sabemos si era Zeta o Pelón, pero fue testigo presencial de las tres muertes”.
El general nunca dijo que “probablemente era El Piolín”, sino que categóricamente lo dio como un hecho.
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VILLA CONTRA DERECHOS HUMANOS.- Reiteradamente acusado de violar las garantías individuales durante su desempeño como jefe policiaco en Torreón, el general Carlos Bibiano Villa Castillo ordenó cerrar las puertas de la prisión de Cancún a la Comisión de Derechos Humanos del estado. Tirso Esquivel Ávila, segundo Visitador, declaró que esta dependencia dictó dos medidas cautelares por el motín “pero en la cárcel se negaron a recibir el documento y tampoco nos han permitido ingresar”. Aseguró que el jueves, 16 personas solicitaron la intervención de la CDHQR, preocupados por la seguridad de sus familiares reclusos que estaban siendo maltratados aún cuando el motín ya había sido controlado, así como vejaciones a mujeres que habían entrado al área conyugal y la presencia de niños.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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TRAGEDIAS EN LA CÁRCEL DE CANCÚN: EL FRACASO DE LOS MILITARES

CANCÚN, Q.R., Jueves 12 de Mayo 2011.

CONSTE!
¿QUÉ PASÓ EN LA CÁRCEL?

+ Cuatro muertes, muchas armas… y “El Piolín” ejecutado
+ Borge, Villa e Higinio deberían despejar las incógnitas
+ Cuando el Procurador se quejó del alcalde de Cancún

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Las cuatro muertes ocurridas en menos de una semana dentro de la cárcel de Cancún, manejada por el gobierno del estado desde 2009 con un costo de casi 50 millones de pesos al año, revelan una aparente falta de voluntad del gobierno priista de Roberto Borge Angulo para acabar con el “autogobierno” y la feroz disputa entre bandas del narcotráfico que ya duran varios años.
Solicitar la presencia de efectivos del Ejército y de la Armada para sofocar el motín de ayer miércoles, y pedirle al gobierno federal el traslado de 148 reos de alta peligrosidad a un penal de máxima seguridad (fuera del estado), dan la idea de desesperación… y de la carencia de un plan para combatir la corrupción en la prisión cancunense.
Imposible creer que el mandatario estatal desconocía que dicha prisión es una “bomba de tiempo” donde se produjeron motines el 8 de diciembre de 2006 --hubo tres muertos--, el 24 de octubre de 2008 y el 8 de marzo de 2009 --fueron 22 lesionados--, así como varias fugas de internos.
Imposible creer que no sabía que desde hace años es controlada por el crimen organizado. Además, dos de los ex alcaides, Marco Antonio Mejía y Jorge Mendoza Argüelles, se encuentran encarcelados por presuntos nexos con los carteles de la droga. Otro factor explosivo es la sobrepoblación carcelaria: hay más de 1.200 reclusos en unas instalaciones con capacidad para sólo 450.
Las fechorías de los sicarios del narcotráfico presos en Cancún constituyen una clara evidencia de que han sido palabras huecas la “depuración” y las “estrictas medidas de seguridad” anunciadas por los militares contratados por Borge y que, de hecho, tomaron el control del penal desde fines de marzo, antes del relevo oficial en la gubernatura de Quintana Roo el pasado 5 de abril.
Así, las tragedias del 6 y 11 de mayo ponen en entredicho principalmente al general Carlos Bibiano Villa Castillo y a su ex subordinado en Torreón, el capitán Higinio Sánchez Baltazar, director de la cárcel.
En un estado de leyes, ambos funcionarios al menos deberían ser sometidos a investigación por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJE) cuyo titular es el ex ombudsman Gaspar Armando García Torres. Y, además, citados a comparecer por el Congreso local que jefatura el priista Eduardo Espinosa Abuxapqui.
No hay indicios de que ello ocurrirá, a pesar del derecho que tiene la ciudadanía a conocer la verdad.
Al menos siete cuestiones deben ser cabalmente explicadas y esclarecidas por las autoridades:
1.- ¿Cómo es que reclusos tenían armas, incluso de grueso calibre --pistolas 9 milímetros--, que fueron aseguradas por las fuerzas públicas tras el motín del miércoles 11? ¿Acaso es falso que se hayan efectuado “exhaustivas revisiones” como la que supuestamente se llevó a cabo tras la triple ejecución perpetrada la noche del viernes 6?.
2.- ¿Por qué no se le impuso una especial vigilancia a Oscar Melchor Dzul Cortés, “El Piolín”, si ya había sido identificado como uno de los asesinos de tres integrantes de la banda de narcos “Los Pelones” en una de las celdas? ¿El motín fue realmente un “pretexto” para ejecutarlo?.
3.- ¿Con qué finalidad, el general Villa insistió en informar que sólo había tres lesionados, como consecuencia del amotinamiento matutino, cuando en realidad fueron por lo menos seis los heridos de bala --aparte del victimado--, según la declaración de Ricardo Portugal, director de la Cruz Roja en Cancún?. ¿Y por qué el militar declaró de inmediato que la rebelión de reclusos fue porque “perdieron el control de la comida”, para retractarse unas horas después y afirmar que todo se debió a “un ajuste de cuentas” contra Dzul Cortés?.
4.- ¿Por qué no se informa cuántas armas tenían en su poder los reclusos, y de qué tipo son, de qué calibre?. Aunque el propio Bibiano Villa aseguró que fueron decomisadas una pistola 9 milímetros y un arma larga, existe la sospecha fundada de que había más.
5.- ¿Algunos custodios y otros trabajadores del centro carcelario son culpables de “ayudar” a los indeseables sujetos que libremente introducen armas y drogas?.
6.- ¿En qué medida la militarización de mandos policiacos y penitenciarios en Quintana Roo contribuyó a la consumación del motín, y puede provocar otros hechos sangrientos?
7.- ¿Es verdad o no que Isabel Arvide Limón, la “asesora” de don Bibiano (ya Borge declaró que no es de él), tiene relación con la empresa que sin licitación de por medio fue contratada --“provisionalmente”, según el militar-- para proveer los alimentos en el penal?. ¿Y qué sueldo tiene, cuáles son sus funciones en realidad?...
(En uno de sus partes informativos, el Diario de Yucatán comentó ayer: “La molestia de los reos comenzó porque al parecer cambiaron al concesionario que prepara los alimentos, y que al parecer se trata de una persona muy cercana a la secretaría estatal de Seguridad Pública”).
Aparte, el sexagenario general duranguense, ex jefe de la policía de Torreón, dio una nueva muestra de su talante frívolo cuando, el mismo día del motín, soltó una frase con la que quiso aparentar ser gracioso: “Yo soy militar, cuando veo a una mujer, yo las adoro, yo las mato a besos”. Eso dijo cuando dos periodistas, un hombre y una mujer, le formularon preguntas al mismo tiempo. Respecto a la periodista Arvide Limón, dijo textualmente: “yo meto las manos al fuego por Isabel Arvides (sic); no nada más las manos, ¡el cuerpo entero!”.
En otra de sus ligerezas, el general Villa respondió: “Ah, eso si no sé”, cuando se le preguntó cómo es que su “asesora” tenía tanto conocimiento y experiencia en materia de seguridad pública.
Sin embargo, el sobrino-nieto de Pancho Villa confesó que la polémica periodista “sí tendrá mucho que ver en la compra de chalecos y armamento nuevo, porque sabe más que muchos generales… tiene una experiencia de más de 30 años en los temas de seguridad”.
Por lo demás, hace tiempo que gran número de ciudadanos reclama que la cárcel, situada en pleno centro de Cancún, entre las avenidas Andrés Quintana Roo y José López Portillo, sea reubicada. Y que, por supuesto, la agranden y le den más seguridad.
Muchas familias que habitan en los alrededores viven con el Jesús en la boca…
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EL RETO DEL PROCURADOR.- Gaspar Armando García Torres está particularmente obligado a actuar e informar con veracidad. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQR) emitió desde 2005 un buen número de recomendaciones a funcionarios estatales y municipales --incluidos los jefes de los penales-- que presuntamente incurrieron en abusos y violaciones a las garantías individuales. También se manifestó contra el hacinamiento de reos. Pero se quejaba amargamente de que no le hacían caso.
Antes, cuando el amotinamiento de reclusos del penal cancunense ocurrido el 8 de diciembre de 2006 (se fugaron unos 100 reos, la mayoría de los cuales fue recapturada), emitió una serie de recomendaciones al entonces alcalde Francisco Alor Quezada --de quien dependía la cárcel--, quien groseramente le respondió que “las acompañara con recursos económicos para poder atenderlas”.
El ombudsman denunció que Alor no le había dado respuesta a su solicitud de realizar las investigaciones pertinentes para determinar si --durante el motín-- hubo excesos en la intervención de los custodios y los elementos de seguridad pública, por lo que pidió al Cabildo de Benito Juárez (Cancún) realizara formalmente la petición. “Si se produjeron violaciones a los derechos humanos, se deben aplicar las sanciones”, advirtió.
García Torres habló del autogobierno en el penal cancunense: “Hay que reconocer que genera un orden. Sin embargo, es un riesgo porque fortalece a los propios internos e impone sus particulares reglas (…) En realidad es el principal problema, permite que se cometan abusos al interior de las cárceles. Hemos recibido denuncias por parte de los familiares en las que señalan que los internos sufren de extorsión por protección y trabajos obligatorios. Pero cuando nos apersonamos, los presos lo niegan, temen represalias. Bajo esas condiciones, nos faltan elementos para poder actuar”. Tales anomalías sólo han sido señaladas y consignadas en documentos, “pero hasta ahora no tenemos elementos contundentes para llevar a cabo una denuncia de tipo penal contra nadie, contra ninguna autoridad”.
¿Y ahora, en el motín del miércoles 11, hubo violaciones a los derechos humanos?. Juzgue el lector, mediante un video que se puede ver en estos links:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jNdDrbrN-Tc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jNdDrbrN-Tc#t=92s
En su informe del 5 de marzo de 2007, el entonces titular de la CDHQR dio a conocer que la cárcel municipal de Cancún obtuvo una calificación de 5.86, según el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, y el Cereso de Chetumal 5.47 de promedio.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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SIN ARGUMENTOS VÁLIDOS, EL PROCURADOR DE QUINTANA ROO DEFIENDE A SU JÚNIOR SUBPROCURADOR

CANCÚN, Q.R., Miércoles 4 de Mayo 2011.

CONSTE!
EJECUCIONES Y ABUSOS

+ Playa del Carmen, peleada por los carteles de la droga
+ La prepotencia de los subalternos del general Villa
+ Y los tumbos del procurador Gaspar Armando García

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Nuevamente hay baño de sangre en Playa del Carmen. El paradisiaco lugar --segundo destino turístico del estado— es hoy el escenario de una feroz disputa entre carteles del narcotráfico por el control de la importante plaza.
Y hay un temor generalizado en la población, que se agudiza ante el silencio de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJE), que no confirma ni niega que se esté librando esa cruel guerra. Otra vez se esgrime el argumento de “no espantar al turismo” para ocultarle información a la ciudadanía.
A fines de abril se produjeron “levantones” y ejecuciones tan sanguinarias, como la decapitación de una persona.
No es sólo ese el reto que ya se le presenta al procurador Gaspar Armando García Torres, el único titular de la dependencia que, en el estado, ha sido antes presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
También tiene que lidiar con la prepotencia y los abusos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza el polémico general Carlos Bibiano Villa Castillo. Ayer martes Carlos Mejía y su padre formularon una queja ante la CDHE y ante la propia procuraduría contra el principal subalterno del militar duranguense, Manuel Jesús Cícero Salazar (Subsecretario), porque en un operativo que realizó en la zona de “El Crucero”, en pleno centro de Cancún, sus agentes encañonaron, insultaron y catearon al par de ciudadanos. Los policías no portaban identificación pero sí armas largas y capuchas.
Un día antes, el lunes 2, cuando Villa Castillo estaba en el muelle de pasajeros de Playa del Carmen para abordar el “ferry” y trasladarse a Cozumel, su exagerado aparato de seguridad provocó zozobra. Sus muchos escoltas se pusieron nerviosos al escuchar un ruido “raro” y uno de ellos disparó un tiro a lo loco, que por fortuna pegó en el suelo. Pudo ocurrir una tragedia.
Ese mismo día, el alcalde priista de Cozumel, Aurelio Joaquín González –apenas asumió el 10 de abril--, denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte por parte del crimen organizado. Y ese es otro desafío para García Torres.
En esta columna periodística mencionamos que la denuncia del diputado federal panista Agustín Castilla Marroquín respecto a una “salida furtiva” del pederasta Jean Succar Kuri de la cárcel municipal de Cancún (finalmente desmentida), obligó al procurador quintanarroense a destituir como Director de Control de Procesos Internos a Efraín Ignacio Trujeque, quien hace años fue abogado defensor del empresario de origen libanés. Para algo más sirvió la denuncia del legislador: hoy miércoles, Succar fue trasladado por fuerzas federales a una prisión de alta seguridad, al parecer la del Altiplano, en estado de México.
Aquí establecimos días antes la necesidad de que el pedófilo fuese sacado del penal cancunense antes de que lo “liberaran” grupos poderosos que lo apoyan.
Respecto a Gaspar Armando García Torres, está más obligado que nadie a salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía. Pero también a analizar los expedientes personales de quienes son o serán sus colaboradores, para darle tranquilidad a la sociedad y al turismo.
En ese sentido, este periodista advirtió el sábado 30 de abril (columna EL JÚNIOR SUBPROCURADOR) sobre la novatez de José Antonio Nieto Bastida, así como las acusaciones que han sido formuladas contra sus “parientes incómodos”: su padre Félix Nieto Colín fue señalado el 8 de febrero de 2009 como uno de los varios personajes y empresas que violaron normas ambientales. Es propietario de Punta Piedra Cabañas.
Y al tío del subprocurador en la Zona Sur del estado, José Rosario Nieto Colín, le llovieron acusaciones en su calidad de titular en Tulum de la Delegación de Comunicaciones y Transportes (DCT), dependiente de Sintra. Junto con algunos de sus subordinados habría incurrido en actos de corrupción, sobre todo en la inspección del transporte público. A la par de su cargo público es socio del sindicato de taxistas “Tiburones del Caribe”. Y en 2002 habría sido ilegal su elección como regidor en el ayuntamiento de Solidaridad, según el PRD.
El lunes 2 de mayo, García Torres implícitamente refutó a este periodista y dio un espaldarazo a Nieto Bastida. Sin embargo, es lamentable que el procurador no proporcione argumentos sólidos en su afirmación. Se limita a exhibir una larga lista con los cargos que ha desempeñado el nuevo Subprocurador… pero todos son de escasa importancia. Y no se refiere a los “parientes incómodos”.
Más aún, el procurador se contradice al señalar que está consciente de que “el desempeño de un servidor público no puede desvincularse de sus actividades privadas”, porque la calidad moral es requisito indispensable en el ejercicio del poder. ¿No corresponde a la “actividad privada” de Nieto Bastida el hecho de que su padre y su tío hayan incurrido en presuntos ilícitos? ¿No tiene derecho la ciudadanía a conocer los pormenores de la vida privada de un servidor público de la envergadura de un Subprocurador de Justicia?. ¿No queda en entredicho su “calidad moral”?.
Deplorable también es que García Torres se oculte bajo las faldas del vocero del gobierno estatal para “desmentir”. ¿Así va a continuar, sin dar la cara ni afrontar directamente los problemas, sin que su dependencia emita los comunicados oficiales en cuestiones que le atañen?...
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ROMÁN QUIAN.- Una de las ejecuciones registradas la semana pasada ocurrió precisamente en el Ejido Playa del Carmen. Aparentemente fue esclarecida por la PPGJE. Se señala a narco-taxistas que están al servicio de la banda criminal de Los Zetas. Pertenecen al sindicato de ruleteros “Lázaro Cárdenas del Río” y cuyo secretario general es Jacinto Aguilar Silbarán, también regidor en el ayuntamiento presidido desde el pasado 11 de abril por Filiberto Martínez Méndez, uno de los impuestos por el diputado federal Carlos Joaquín González.
En septiembre y octubre del año pasado, en esta columna, dimos cuenta de cómo el ex alcalde de Solidaridad, Román Quian Alcocer, toleró que operaran los carteles de la droga en Playa del Carmen. Se benefició con ello. Como con el control del Ejido y del sindicato, el más próspero de Quintana Roo: sus integrantes son millonarios, un juego de placas está cotizado hasta en 800 mil pesos. “Chinto” Aguilar es su pariente.
Recordamos que el ex munícipe fue acusado en 2007 por la PGR (averiguación previa PGR/CHET/099/2007-II) por el ilegal parcelamiento de 7.137 hectáreas el 24 de marzo de 2002, y otro más en 2006. Nada se le hizo porque tenía fuero. Pero ya no.
¿Investigará el procurador el “cochinero” que dejó Quian en Playa del Carmen?. Lo más probable es que no. Porque el corrupto personaje es ya parte del gobierno estatal: director de la Administradora Portuaria Integral (API).
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.

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