Por CARLOS CANTÓN ZETINA
+ LA COMPRA DE
SUBURBAN DE LUJO
CON DINERO DEL
SEGURO POPULAR
El pillo consumado Luis Felipe Graham Zapata, apodado “El Guapo” por su exquisitez y proclividad a la vida placentera y confortable, al adquirir vehículos de lujo para su uso personal –como una Suburban último modelo, blanca, que compró en plena inundación de fines de 2007--, no sólo atentó contra las familias más pobres de Tabasco a las que está dirigido el Seguro Popular, sino también violó flagrantemente el artículo 77 de la Ley General de Salud (LGS) y los artículos 74 y 81 del Reglamento de la referida ley. Pero también ha transgredido otras.
Irresponsablemente, el secretario de Salud en el gabinete de Andrés Granier Melo que “aspira” a ser alcalde de Centro, coloca a Tabasco ante la posibilidad de que el gobierno federal le suspenda la transferencia de recursos para el Seguro Popular, como lo establece el artículo 74 del Reglamento de la Ley.
Nadie se explica por qué Graham no ha sido destituido de su cargo ni ha sido sancionado por la administración del presidente Felipe Calderón. La compra ilegal que hizo de aquel vehículo, entre otros muchos casos de malversación de fondos públicos de la nación, y la opacidad con la que maneja esos dineros, va en contra de lo que disponen la Ley General de Salud, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud y los Criterios Generales para la Programación del Gasto e Integración de la Información Estatal Relativa al Manejo Financiero del Sistema de Protección Social en Salud.
La actitud derrochadora, irresponsable, de “El Guapo”, quien ahora, con plena desfachatez, pretende ser alcalde de Centro y maneja un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos, violó sobre todo la Ley General de Salud (LGS), que claramente establece en su Artículo 77 bis 16 que los recursos federales a los gobiernos estatales –en este caso, a la dependencia cuyo titular es Graham— “sólo podrán utilizarse en los conceptos de gasto establecidos en los Acuerdos de Coordinación en las regiones donde se instrumente el Seguro Popular de Salud”. También, el Acuerdo de Coordinación que “El Guapo” ha firmado con el Presidente Calderón durante los últimos dos años, en relación al Seguro Popular, estipula en su cláusula Octava que “los ingresos propios (serán) destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título”.
Y Luis Felipe ha incumplido con lo que establece la ley, en relación a que debe transparentar el manejo de los recursos federales, como lo marcan el artículo 77 bis 31 de la LGS y el Acuerdo de Coordinación, en su cláusula Décimasexta.
Asimismo, tal legislación federal estipula:
“Corresponde a los gobiernos de los estados aplicar de manera transparente y oportuna los recursos transferidos por la Federación…”
En el capítulo Programación del Gasto, correspondiente al Seguro Popular, se especifica en el punto 3:
“Adquisición de equipo médico, instrumental, mobiliario médico, de laboratorio y gabinete; incluyendo vehículos destinados a la prestación de servicios (ambulancias, unidades móviles y otros vehículos destinados a la prestación de servicios médicos a los afiliados al Seguro Popular”.
Así, queda claro que Luis Felipe “El Guapo” es transgresor confeso de la ley. El 23 de diciembre de 2008, durante su comparecencia ante legisladores del Congreso de Tabasco, admitió que con recursos del Seguro Popular compró la Suburban, en lo momentos en que miles de familias tabasqueñas tenían el agua hasta el cuello y requerían medicamentos y doctores, entre otras cosas. Con increíble cinismo, el funcionario y amigo de Granier dijo que adquirió el vehículo de superlujo para viajar por los municipios de la entidad, y al vecino Veracruz, y, así, “gestionar recursos para el estado de Tabasco”.
“El Guapo” confesó además que la Suburban blanca costó 529 mil pesos, y que la Secretaría de Salud a su cargo había gastado aparte 18 millones de pesos más para otros vehículos destinados a las Caravanas de Salud.
La Ley es contundente: en ningún momento permite la compra, con recursos del Seguro Popular, de vehículos para uso personal, y mucho menos de lujo. Tampoco lo permiten los convenios de coordinación que, año con año, firman el Presidente de la República y los secretarios de Salud de los gobiernos estatales. Pero ya se ha visto que a Luis Felipe le vale un comino lo que dicen las leyes…
En la asignación de millonarias partidas de la Federación a Tabasco, y a los demás estados de la República, se imponen a éstos severas restricciones y condicionantes, con el fin de que el manejo de los fondos sea honesto y transparente. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a través de su Dirección General de Financiamiento (DGF), es la que específicamente debe controlar el gasto que hacen las secretarías de Salud en el país, a las cuales les deposita en cuenta bancaria indicada por ellas, los dineros federales para el Seguro Popular.
Significa que “El Guapo” utiliza según su criterio esos cuantiosos recursos, aunque está obligado a:
1.- Enviar un Programa de Gasto a la DGF, conforme al número de familias (más de 400 mil) afiliadas al Seguro Popular en Tabasco.
2.- Aplicar de manera oportuna y transparente los recursos transferidos y las aportaciones propias (del estado) para la ejecución de las acciones de protección social, en función del Acuerdo de Coordinación que ha firmado para tal efecto.
3.- Deberá elaborar cada año un programa a nivel partida estatal (es decir, los dineros que debe aportar el gobierno del estado de Tabasco). Este programa se deberá elaborar con base en la meta de afiliación anualizada, propuesta y aprobada por la Comisión (CNPSS) y conforme a los recursos federales que se recibirán por las familias afiliadas.
4.- Si la Secretaría de Salud de Tabasco (como las del resto de los estados) necesita cambiar su programa de gasto, deberá informarlo a la DGF para su revisión y comentarios.
(“El Guapo” no informó a la instancia federal que modificaría el gasto del Seguro Popular para comprar una Suburban de lujo).
5.- Tendrá la responsabilidad de llevar a cabo los procesos de adquisición de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del programa (Seguro Popular).
6.- Deberá enviarle mensualmente, en oficio con su firma (la del “Guapo”) a la DGF el avance del ejercicio presupuestal, de los recursos federales transferidos, a nivel de partida de gasto.
7.- Demostrar que la documentación original comprobatoria del gasto del Seguro Popular cumpla con los requisitos fiscales, administrativos y normativos vigentes, y que tal documentación esté a disposición de la Secretaría de Salud federal para su revisión. (La dependencia que encabeza Graham Zapata debe guardar esos documentos –comprobatoria legal-- al menos cinco años).
8.- Tendrá la responsabilidad del control y seguimiento del pago de las cuotas de los afiliados al Seguro Popular, y deberá informar a la Comisión (CNPSS) sobre su manejo y destino.
9.- De acuerdo al artículo 77 bis, fracción B-VIII, de la Ley General de Salud, deberá proporcionar la información relativa al ejercicio de los recursos transferidos para la operación del Seguro Popular. De igual forma deberá informar, en tiempo y forma, sobre la administración y ejercicio de los recursos provenientes de cuotas familiares conforme lo establece el artículo 81 del Reglamento de la Ley (LGS); la falta de esta información será causal de suspensión de la transferencia de recursos a las entidades federativas (artículo 74 del Reglamento referido).
Irresponsablemente, el secretario de Salud en el gabinete de Andrés Granier Melo que “aspira” a ser alcalde de Centro, coloca a Tabasco ante la posibilidad de que el gobierno federal le suspenda la transferencia de recursos para el Seguro Popular, como lo establece el artículo 74 del Reglamento de la Ley.
Nadie se explica por qué Graham no ha sido destituido de su cargo ni ha sido sancionado por la administración del presidente Felipe Calderón. La compra ilegal que hizo de aquel vehículo, entre otros muchos casos de malversación de fondos públicos de la nación, y la opacidad con la que maneja esos dineros, va en contra de lo que disponen la Ley General de Salud, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud y los Criterios Generales para la Programación del Gasto e Integración de la Información Estatal Relativa al Manejo Financiero del Sistema de Protección Social en Salud.
La actitud derrochadora, irresponsable, de “El Guapo”, quien ahora, con plena desfachatez, pretende ser alcalde de Centro y maneja un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos, violó sobre todo la Ley General de Salud (LGS), que claramente establece en su Artículo 77 bis 16 que los recursos federales a los gobiernos estatales –en este caso, a la dependencia cuyo titular es Graham— “sólo podrán utilizarse en los conceptos de gasto establecidos en los Acuerdos de Coordinación en las regiones donde se instrumente el Seguro Popular de Salud”. También, el Acuerdo de Coordinación que “El Guapo” ha firmado con el Presidente Calderón durante los últimos dos años, en relación al Seguro Popular, estipula en su cláusula Octava que “los ingresos propios (serán) destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título”.
Y Luis Felipe ha incumplido con lo que establece la ley, en relación a que debe transparentar el manejo de los recursos federales, como lo marcan el artículo 77 bis 31 de la LGS y el Acuerdo de Coordinación, en su cláusula Décimasexta.
Asimismo, tal legislación federal estipula:
“Corresponde a los gobiernos de los estados aplicar de manera transparente y oportuna los recursos transferidos por la Federación…”
En el capítulo Programación del Gasto, correspondiente al Seguro Popular, se especifica en el punto 3:
“Adquisición de equipo médico, instrumental, mobiliario médico, de laboratorio y gabinete; incluyendo vehículos destinados a la prestación de servicios (ambulancias, unidades móviles y otros vehículos destinados a la prestación de servicios médicos a los afiliados al Seguro Popular”.
Así, queda claro que Luis Felipe “El Guapo” es transgresor confeso de la ley. El 23 de diciembre de 2008, durante su comparecencia ante legisladores del Congreso de Tabasco, admitió que con recursos del Seguro Popular compró la Suburban, en lo momentos en que miles de familias tabasqueñas tenían el agua hasta el cuello y requerían medicamentos y doctores, entre otras cosas. Con increíble cinismo, el funcionario y amigo de Granier dijo que adquirió el vehículo de superlujo para viajar por los municipios de la entidad, y al vecino Veracruz, y, así, “gestionar recursos para el estado de Tabasco”.
“El Guapo” confesó además que la Suburban blanca costó 529 mil pesos, y que la Secretaría de Salud a su cargo había gastado aparte 18 millones de pesos más para otros vehículos destinados a las Caravanas de Salud.
La Ley es contundente: en ningún momento permite la compra, con recursos del Seguro Popular, de vehículos para uso personal, y mucho menos de lujo. Tampoco lo permiten los convenios de coordinación que, año con año, firman el Presidente de la República y los secretarios de Salud de los gobiernos estatales. Pero ya se ha visto que a Luis Felipe le vale un comino lo que dicen las leyes…
En la asignación de millonarias partidas de la Federación a Tabasco, y a los demás estados de la República, se imponen a éstos severas restricciones y condicionantes, con el fin de que el manejo de los fondos sea honesto y transparente. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a través de su Dirección General de Financiamiento (DGF), es la que específicamente debe controlar el gasto que hacen las secretarías de Salud en el país, a las cuales les deposita en cuenta bancaria indicada por ellas, los dineros federales para el Seguro Popular.
Significa que “El Guapo” utiliza según su criterio esos cuantiosos recursos, aunque está obligado a:
1.- Enviar un Programa de Gasto a la DGF, conforme al número de familias (más de 400 mil) afiliadas al Seguro Popular en Tabasco.
2.- Aplicar de manera oportuna y transparente los recursos transferidos y las aportaciones propias (del estado) para la ejecución de las acciones de protección social, en función del Acuerdo de Coordinación que ha firmado para tal efecto.
3.- Deberá elaborar cada año un programa a nivel partida estatal (es decir, los dineros que debe aportar el gobierno del estado de Tabasco). Este programa se deberá elaborar con base en la meta de afiliación anualizada, propuesta y aprobada por la Comisión (CNPSS) y conforme a los recursos federales que se recibirán por las familias afiliadas.
4.- Si la Secretaría de Salud de Tabasco (como las del resto de los estados) necesita cambiar su programa de gasto, deberá informarlo a la DGF para su revisión y comentarios.
(“El Guapo” no informó a la instancia federal que modificaría el gasto del Seguro Popular para comprar una Suburban de lujo).
5.- Tendrá la responsabilidad de llevar a cabo los procesos de adquisición de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del programa (Seguro Popular).
6.- Deberá enviarle mensualmente, en oficio con su firma (la del “Guapo”) a la DGF el avance del ejercicio presupuestal, de los recursos federales transferidos, a nivel de partida de gasto.
7.- Demostrar que la documentación original comprobatoria del gasto del Seguro Popular cumpla con los requisitos fiscales, administrativos y normativos vigentes, y que tal documentación esté a disposición de la Secretaría de Salud federal para su revisión. (La dependencia que encabeza Graham Zapata debe guardar esos documentos –comprobatoria legal-- al menos cinco años).
8.- Tendrá la responsabilidad del control y seguimiento del pago de las cuotas de los afiliados al Seguro Popular, y deberá informar a la Comisión (CNPSS) sobre su manejo y destino.
9.- De acuerdo al artículo 77 bis, fracción B-VIII, de la Ley General de Salud, deberá proporcionar la información relativa al ejercicio de los recursos transferidos para la operación del Seguro Popular. De igual forma deberá informar, en tiempo y forma, sobre la administración y ejercicio de los recursos provenientes de cuotas familiares conforme lo establece el artículo 81 del Reglamento de la Ley (LGS); la falta de esta información será causal de suspensión de la transferencia de recursos a las entidades federativas (artículo 74 del Reglamento referido).
GRAHAM, ¡NADA
DE RENDIR CUENTAS!
DE RENDIR CUENTAS!
Tan sólo en lo que se refiere a los cuantiosos recursos económicos que la Federación le otorga a Tabasco anualmente, para operar el Seguro Popular, se ve la absoluta falta de voluntad de Luis Felipe Graham Zapata para rendirle cuentas claras a los tabasqueños. Y eso que también aportan dinero las propias familias –las más pobres entre las pobres-- afiliadas a ese programa.
Esto dispone el artículo 77 de la Ley General de Salud (LGS):
a) La Federación, los estados y el Distrito Federal dispondrán lo necesario para transparentar su gestión de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso a la información y transparencia a la información pública gubernamental. Para estos efectos, tanto la Federación como los estados, a través de los servicios estatales de salud (en este caso, la dependencia cuyo titular es “El Guapo” Graham) difundirán toda la información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como el manejo financiero (del Seguro Popular) con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos…”
b) Cláusula Décimaoctava del Acuerdo de Coordinación (sobre el Seguro Popular): “El Estado (de Tabasco) pondrá a disposición del público por medios de comunicación electrónica, remotos o locales, la información relativa al manejo financiero del Seguro Popular”.
Es claro que “El Guapo” Luis Felipe ha incumplido con esas disposiciones legales, pues no informa a los tabasqueños de cómo maneja el dineral que le envía cada año la Federación para operar ese programa destinado a beneficiar a las familias más humildes de Tabasco. En rigor, ha convertido en todo un cochinero el destino que da tanto a los recursos que asigna a Tabasco la Federación como a las cuotas que aportan por su parte las familias afiliadas al programa social.
ANTECEDENTES
El Seguro Popular de Salud se inicia en 2002, como un programa de coordinación entre Gobierno Federal y el gobierno de Tabasco, para la participación de las familias tabasqueñas a través de un Servicio Médico, para todas aquellas que no tienen Seguridad Social, como podría ser el ISSSTE para los trabajadores al servicio del Estado; el IMSSS para los que tienen un patrón; los Servicios Médicos de
