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2 oct 2010
SECUESTRAN EN CANCÚN A LA HIJA DE UN EMPRESARIO; COPARMEX CULPA A FÉLIX GONZÁLEZ CANTO
CANCÚN, QR, Sábado 2 Octubre 2010.-
CONSTE!
SECUESTRO EN CANCÚN
+ Hija de un acaudalado transportista, la nueva víctima del hampa
+ Corrupción, impunidad y apatía del gobierno de QR, acusa
Coparmex
+ Ya son 35 plagios denunciados en este 2010… y más de 50 no reportados
Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
Mientras que el gobierno priísta de Quintana Roo mantiene un silencio cómplice tras la exoneración “exprés” --como exprés fue el secuestro que consumó-- del regidor-junior-plagiador Jorge Miguel Martín Alvarez, distinguido militante del PRI, el periódico local Novedades fue el único que dio cuenta ayer de un nuevo rapto en Cancún, con lo que aumenta a 35 los casos denunciados en lo que va del año… sin contar los que no son reportados por miedo, y que serían más de 50. Al menos 10 grandes empresarios prácticamente huyeron ya de la ciudad, para vivir e invertir sobre todo en Estados Unidos.
Y la protesta del sector privado es más enérgica que nunca:
Corrupción e impunidad ahogan al estado, también hay “apatía” del gobierno, y todo eso ahuyenta las inversiones, acusó el pasado lunes 27 de septiembre Hernán Cordera Galindo, presidente de la Federación Peninsular de la Coparmex. El 70% de los habitantes de Cancún --dijo—considera que esta ciudad es mucho más peligrosa que hace dos o tres años, además de que ya ocupa el primer lugar en impunidad porque el 99.8% de los delitos que se denuncian “no tienen resultados”, de acuerdo a una evaluación de la Universidad La Salle.
Ahora, la víctima de los secuestradores resultó ser la hija de un acaudalado líder transportista, a quien el diario denomina “O.S.S.”, supuestamente las iniciales de su nombre real, por obvias cuestiones de seguridad. La plagiada, de 28 años de edad, es “B.S.M.”. El delito habría ocurrido en la ciudad de Cancún el martes 28 de septiembre, dos días después de que Jorge Miguel y su presunto guardaespaldas privaron de la libertad a un mecánico y dieron el “ejemplo” de cómo se puede cometer un rapto sin ser castigado.
Los captores de la joven exigen un rescate de 250 mil pesos, o de lo contrario la entregarán “en pedazos, dentro de una bolsa”, según la amenaza que le hicieron al padre. Ya se pagó esa cantidad, y hasta ayer viernes no era liberada.
Son empresarios los principales blancos de las bandas de secuestradores y extorsionadores en Cancún y la Riviera Maya. Pero eso no parece preocuparle a Félix González Canto, quien anda “enfiestado”: hace un par de días, recibió en Chetumal “El Corazón de Oro”, máxima presea que otorga la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), de la que es preclara integrante su tía Mimí Canto de Conde, próspera hotelera chetumaleña y corredora financiera desde la época de Mario Villanueva Madrid, y ahora también “operadora política”, pues el gobernador le dio en diciembre de 2009 un puesto en la Comisión de Financiamiento del PRI estatal.
Empero, hay empresarios locales que sí levantan su voz para protestar por el clima de violencia e inseguridad pública.
En Quintana Roo hay impunidad, corrupción de las corporaciones policiacas y desinterés del gobierno de González Canto para atajar a los delincuentes, por eso ha crecido de manera alarmante el número de secuestros, extorsiones y otros delitos. Esto lo sostiene no únicamente Cordero Galindo, sino también Abelardo Vara Rivera, hotelero y asesor de la Asociación de Hoteles de Cancún, el principal destino vacacional de América Latina.
Ambos empresarios han formulado fuertes declaraciones públicas, que seguramente no son del agrado del gobierno virreinal que encabeza González Canto.
Cordero Galindo ha sido el más crítico y también el más insistente: particularmente desde fines del año pasado no se cansa de denunciar la ola criminal en Quintana Roo, y su paralela estela de impunidad.
Apenas el lunes 27 de septiembre, luego del secuestro perpetrado por el júnior Martín Alvarez --dice que “jugando” se hizo pasar como uno de los “Zetas”, la sanguinaria banda del narco--, el dirigente de Coparmex acusó: “Quintana Roo es un caldo de cultivo para la delincuencia y esto se debe a que somos el primer estado en lo que a impunidad se refiere, lo cual es muy grave porque parece que a las autoridades no les importa eso; por el contrario, se escudan en cifras y números que no justifican nada. Lo cierto es que aquí, el hampa ya rebasó a las instituciones, y esto aleja poco a poco las inversiones”.
Fue lapidario: “No hay confianza en la autoridad. Mientras que a nivel nacional se mantiene una lucha frontal contra el hampo, el narcotráfico y el lavado de dinero, que incluso ya ha provocado muertes de civiles, en Quintana Roo impera la corrupción, pues sólo así se explica que la inseguridad prive en todos los ámbitos sociales. Ya nadie se siente seguro. Además, nadie denuncia, no confían en las autoridades, pues al momento de interponer la querella los delincuentes se enteran y cobran facturas”.
Se vive una situación --indicó-- que no se puede ignorar. “Aunque algunos pretendan evitar dar opiniones al respecto, el hecho es que los robos, extorsiones y secuestros siguen al alza, debido a la corrupción, la burocracia, así como la apatía de los cuerpos policiacos. Se necesita un cambio radical, en donde se limpien las instancias de procuración y combate a la delincuencia, además de que se garantice la seguridad de las víctimas”.
Y es que no todos los dirigentes del sector privado exponen con tal crudeza como Cordero Galindo los crecientes ataques del hampa. Hay quienes prefieren quedar bien con el gobernador, por los “favores” que les otorga, y mantenerse calladitos. Ahí está el caso de las damas de la AMMJE.
“Otros colectivos empresariales --explicó el de Coparmex-- pretenden minimizar lo que pasa en estos centros turísticos (Cancún, Playa del Carmen y otros), pero lo cierto es que se han disparado las acciones criminales, sobre todo en los últimos dos años”.
Sin pelos en la lengua, Cordero Galindo denunció también: “En varias ocasiones la Coparmex ha alzado la voz ante la escalada delincuencial, pero las autoridades del estado hacen caso omiso a las quejas. El último registro fueron los robos a las farmacias Yza, y precisamente debido a esa impunidad, varios empresarios han optado por irse a vivir y a invertir en otras partes”.
Advirtió que de seguir así las cosas “podríamos convertirnos en una ciudad desierta si se van los empresarios”, y Cancún “podría ser una réplica de lo que experimentan ciudades del norte del país, en donde es poco atractivo vivir”.
(Esto último debió haber caído como balde de agua fría a González Canto, quien no se cansa de proferir su trillada cantaleta de que “no hay problema, aquí la delincuencia no está como en algunas entidades del norte” de la República).
Cordero Galindo dio cifras reales –no las “maquilladas” que ofrece el procurador Francisco Alor Quezada-- de los secuestros: “Suponemos que son, mínimo, unos 35 secuestros en lo que va del año tan sólo en Cancún, y obviamente no tenemos los datos duros (…) pero la sociedad es la mejor fuente de información, y se reporta, se corre la voz, amigos, empresas, empleados, ¡hemos tenido una explosión!... Aparte de los casos denunciados de secuestro, otros 150 empresarios fueron sujetos de extorsión telefónica y ‘derecho de piso’, y 10 más cerraron sus negocios y por miedo se fueron al extranjero. Otros, de plano cambiaron de residencia, ya que la delincuencia sigue avanzando. A nivel nacional, 42.3 por ciento de las víctimas son comerciantes y empresarios; 21.3 estudiantes y 16.2 empleados”.
Más aún: el empresario sostuvo que el Grupo Multisistemas de Seguridad reveló que México ostenta el primer lugar mundial en secuestros, con más de 8 mil al año, sin contar los centenares de raptos exprés que no son denunciados. “Y en Cancún se han triplicado”, apuntó Cordero Galindo. Añadió: “El derecho de piso, el chantaje, la extorsión en el que grupos criminales piden directamente dinero a comercios, a oficinas, a restaurantes, a bares, a discotecas, ese es el que ha crecido impresionantemente: en el último semestre, fácilmente a lo triple que a principios del año”.
Y ofreció datos que el procurador Alor se niega a revelar: “Según las víctimas, las cuotas varían por giro y oscilan entre 5.000 y hasta 100.000 pesos. En caso de secuestro, se exigen en promedio 5.5 millones de pesos, aunque se estima que sólo se paga 5.5 por ciento de lo solicitado”.
De igual forma, el líder de Coparmex expresó que es lamentable que las instancias de procuración de justicia en Quintana Roo muestren “apatía” ante la inseguridad que enfrentan no sólo los hombres de negocios, sino la ciudadanía en general.
Remató sus declaraciones con estas frases: “No es tema económico. Es un asunto de voluntad política. Hacer los cambios que se requieren: la autonomía en ministerios públicos, la capacitación; los jueces, evitar que sean susceptibles a corrupción y a chantajes… Mientras no se haga eso, la delincuencia va a seguir drásticamente en aumento”. Por su parte, el magnate hotelero Abelardo Vara Rivera dijo a finales de agosto que secuestros, robos, narco-ejecuciones y decapitaciones y venta de drogas “que vienen en aumento en los últimos años en Quintana Roo”, ya afectan severamente el flujo de turistas a Cancún.
Consideró que si la ocupación hotelera en el país se ha visto afectada entre 5 y 8 por ciento, “en Quintana Roo sería más, pues aquí se genera el 40 por ciento de las divisas extranjeras del turismo”. Agregó que la ola delincuencial y el nivel de impunidad en el estado “han incidido de manera importante”, en la baja afluencia de turistas.
Admitió que tan sólo en seis meses, la ciudad de Cancún pasó del lugar 17 al número 9 como lugar con más delitos en destinos turísticos en México. Además ocupa “el tercer lugar en todo México con más delitos denunciados sin que haya una averiguación previa; esto, debido a que el 86% de los actos delictivos que se cometen en este destino no son denunciados. Porque la ciudadanía no cree, no confía en sus autoridades”.
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FAMILIA ATORMENTADA.- Es dramático el relato que hizo Novedades de Quintana Roo en su edición de ayer viernes 1 de octubre: “Sigue tú mis indicaciones, ponte en contacto con él y si intentas hacer algún desm…, la va a cargar la chin… tenemos a tu hija”, es parte del mensaje por celular que recibió O.S.S., transportista, tras darse a conocer que su familiar había sido plagiada. (…) De acuerdo a datos oficiales obtenidos, a las 23.30 horas del pasado martes, O.S.S., de 49 años, reportó a la Policía Judicial del Estado que su hija estaba desaparecida y que había recibido una amenaza por mensaje telefónico. Su hija salió de su domicilio alrededor de las 19 horas para comprar la cena para sus hijos (…) Pasó una hora, fue cuando su esposo le marcó a su celular y a su nextel, pero en ninguno obtuvo respuesta de ella”.
Según el periódico, el líder transportista estuvo esperando indicaciones toda la noche del martes y la madrugada del miércoles 29. Hasta las 11 de la mañana recibió una llamada telefónica de un número del DF, en la que le pidieron los 250 mil pesos en efectivo, y que los depositara antes de las 13 horas en una cuenta de Banorte; le dieron el número. Si no lo hacía, matarían a su hija, se la iban a entregar “en pedazos” en una bolsa. El empresario fue de inmediato a la sucursal bancaria localizada entre las avenidas López Portillo y Kabah, en Cancún. A las 17.30 horas, el esposo de la plagiada recibió un mensaje del celular de ésta; le decía que estaba bien.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior, y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
http://carloscantonzetinadice.blogspot.com
http://laverdadseimpone.blogspot.com
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1 oct 2010
SECUESTRADOR Y LIBERADO, EL HIJO DE MIGUEL RAMÓN MARTÍN AZUETA, EX ALCALDE DE PLAYA DEL CARMEN
CANCÚN, QR, Viernes 1 Octubre 2010.
CONSTE!
MÁS IMPUNIDAD
+ El secuestro cometido por Jorge Miguel Martín Alvarez, “sin importancia”…
+ Su padre “ejemplar”, fue acusado de violación en 2000 y de represor en 2001
+ Félix obsequia una planta pasteurizadora a Miguel Ramón Martín Azueta
Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
La impunidad hacia la gente poderosa en Quintana Roo sigue siendo una característica de la Procuraduría de “Justicia” durante el gobierno de Félix González Canto. Y en vista de que es un factor que ahuyenta al turismo, exhibe como un demagogo al virrey, quien constantemente dice estar “preocupado” porque la inseguridad pública da una mala imagen a los destinos vacacionales de esta entidad.
La indebida e inmediata liberación del insolente púber priísta Jorge Miguel Martín Alvarez, regidor electo en Solidaridad (Playa del Carmen), es una nueva demostración ante el mundo de lo podrido que está el sistema de procuración e impartición de justicia.
La administración del también militante tricolor González Canto ha brindado ilegal protección lo mismo a artistas (Ana Bárbara) que a funcionarios, legisladores y otros personajes del poder. Pueden incurrir en cualquier corruptela, pueden cometer cualquier tropelía y saben que no serán castigados. Las víctimas no encuentran, en Quintana Roo, una sola instancia que las defienda.
Y el gobernador cubre con su manto de impunidad especialmente a sus muchos parientes a los que mantiene incrustados en el sector público. Existe un nepotismo como nunca antes se había dado aquí, y eso lo sabe la ciudadanía.
Los hijos de la septuagenaria tabasqueña Florentina Vázquez Mier y Concha, arrollada y muerta por el vehículo que manejaba Ana Bárbara el 17 de julio en Cancún, siguen esperando justicia… que nunca llegará.
En ese contexto se inscribe la actitud solapadora de Félix y de los dos procuradores que ha tenido: Bello Melchor Rodríguez y el actual, Francisco Alor Quezada.
Ahora tocó el turno de ser “salvado” a un integrante de la familia Martín Azueta, emparentada con la esposa del mandatario estatal, Narcedalia Martín, “Polly”. Y ocurre en momentos en que se han incrementado de manera alarmante los secuestros en Quintana Roo, además de ejecuciones, extorsiones y robos.
El secuestro que consumaron el júnior Jorge Miguel y su compañero de parranda, Ernesto Alfonso Cabrera Cano, es un delito grave, claramente tipificado por la ley, que no concede libertad bajo fianza. Es decir, deberían estar presos. Al humilde mecánico que los fue a auxiliar para cambiar una llanta del vehículo donde iban los jóvenes, Eutilio Córdoba Leyva, lo mantuvieron privado de su libertad durante varias horas, el domingo 26 de septiembre. ¡Son tan exquisitos que ni siquiera pudieron hacerlo!, o quizá la “cruda” etílica los imposibilitaba. Y ni siquiera se dignaron pagarle los 600 pesos que les cobraba no sólo por cambiar el neumático sino porque tuvo que trasladarse en taxi al lugar.
Para el mecánico hubo también amenaza de muerte por parte del nuevo regidor, quien al rehusarse a pagarle le advirtió: “Me sale más barato darte un balazo y desaparecerte”. Es indignante. Como lo que relata Córdoba Leyva: “me subieron a la fuerza al vehículo, me ataron en el asiento trasero, mientras que Jorge Miguel me advertía que me iban a matar como a los otros… y se reían a carcajadas. Me tuvieron dándome vueltas e insultándome más de tres horas”.
Detenidos por policía federales y presentados ante las autoridades, las “influencias” del padre de Jorge Miguel, el ex presidente municipal de Solidaridad (1999-2002) Miguel Ramón Martín Azueta, con el apoyo de su compadre González Canto, permitieron que –en un santiamén-- los júniors quedaran libres, sin pagar un solo centavo.
Dueño del periódico “El Quintanarroense” en Playa del Carmen, de una embotelladora y otros negocios más, Martín Azueta tiene negros antecedentes. He aquí algunos botones de muestra:
1.- En el año 2000, siendo alcalde, abusó sexualmente de su secretaria (casada y con hijas), ¡y no le hicieron nada!. La víctima denunció al violador y se inició la averiguación previa 529/2000. El 15 de enero de 2002, la periodista Lydia Cacho escribió un artículo titulado “Miguel Ramón: ¿a juicio político?”, en el que estableció que varios organismos civiles pedían ese castigo para el munícipe. Y dijo que la mujer violada, su esposo y amistades cercanas, así como la propia reportera, eran objeto de amenazas de muerte por parte de Martín Azueta para que dejaran el asunto en paz.
2.- El domingo 9 de diciembre de 2001, el entonces alcalde Martín Azueta estuvo al frente de una de las más brutales represiones contra pacíficos colonos de que se tenga memoria en Quintana Roo. Con cerca de 300 policías perpetró un violento desalojo de gente humilde que se había asentado en el predio “Los Gavilanes”, en Puerto Aventuras. Hubo 22 lesionados a balazos, machetazos y macanazos. El diputado local Enrique Alcocer denunció en aquella ocasión que el verdadero propósito del edil al sacar a esa gente, era el de “apoderarse de las mejores playas de Solidaridad”.
3.- En marzo de 2002 dio el visto bueno al ilegal parcelamiento del ‘Ejido Playa del Carmen’, del que ya hemos dado cuenta en este espacio periodístico. Se beneficiaron Román Quian Alcocer, actual alcalde, y parientes y amigos suyos.
4.- Durante su trienio al frente del Ayuntamiento de Solidaridad fue señalado repetidamente de corrupto y de apropiarse de valiosos terrenos ejidales.
Con todo y eso, González Canto en vez de castigarlo, lo “premia”. Martín Azueta luchó y estuvo a punto de conseguir la candidatura a diputado federal por el distrito electoral uno, en 2008. El 7 de diciembre de 2009, el gobernador lo designó integrante de la Comisión de Financiamiento del PRI estatal, que ese mismo día empezó a dirigir Cora Amalia Castilla Madrid.
Además, Martín Azueta fue nombrado el 30 de junio de este año presidente del Patronato de la Universidad de Quintana Roo, por un periodo de dos años.
Peor aún: el ex presidente municipal está a punto de recibir un “millonario obsequio” por parte de su pariente y amigo el gobernador de Quintana Roo: la planta pasteurizadora de leche que el gobierno construyó en el ejido Bacalar, con inversión de 10 millones de pesos. Se le dará esa concesión pero también millonarios recursos del erario para que ponga en marcha el proyecto que incluye un consorcio lechero y la recién edificada planta. Para tal efecto, el 1 de septiembre pasado hubo una reunión a puerta cerrada entre Martín Azueta, el Secretario de Gobierno felixista, Eduardo Ovando Martínez, y el titular de la secretaría estatal de Agricultura (Sedari), Germán Parra López. Es decir, tienen ya todo “amarrado”.
En cuanto al júnior y flamante nuevo regidor, Jorge Miguel Martín Alvarez, es a sus escasos 21 años de edad todo un magnate de los negocios: es Vicepresidente del periódico “El Quintanarroense”, dirige la empresa embotelladora de su padre y es socio activo de la concesionaria de los refrescos “Peñafiel” a nivel local.
Nació en Cozumel el 23 de septiembre de 1989, y su padre se “sacrificó” para mandarlo a Boston (Estados Unidos) a estudiar la preparatoria. Después se vino al DF, donde vivía en una lujosa residencia de Santa Fe y estudiaba carrera en la Universidad Iberoamericana. Truncó sus estudios porque González Canto le dio trabajo como “asesor” de los diputados federales por Quintana Roo (Roberto Borge, Yolanda Ortiz y Carlos Joaquín), en San Lázaro.
Y a principios de este año lo incluyeron en la planilla del filibustero Filiberto Martínez, quien es el alcalde electo de Solidaridad.
En campaña, el júnior Jorge Miguel Martín Alvarez anduvo mucho con Borge y llegó a declarar que, si se convertía en regidor, “buscaré el bienestar de la gente… trabajaré para mi sociedad… quiero ser un líder natural, porque mi generación busca un líder fuerte en quién confiar”.
Acerca de su padre expresó: “Mi papá más bien es mi maestría de la vida política, mi ejemplo a seguir”.
Y es que su papi el ex alcalde corrupto ya lo tiene bien perfilado: después de regidor, presidente municipal y… ¡gobernador de Quintana Roo!.
No hay por qué dudar, en una entidad tan carente de justicia como lo es Quintana Roo, que el júnior llegue tan alto. Por lo pronto, su “broma” --así calificó el grave delito-- de secuestrar a un pobre mecánico, ya se la perdonaron.
¡Aplausos para el procurador Alor Quezada, quien desde luego seguirá en su puesto, porque así lo manda el virrey!...
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior, y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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29 sept 2010
LA PANDILLA DE ROMÁN QUIAN ALCOCER: ACABA CON EJIDOS EN QUINTANA ROO
CANCÚN, QR, Jueves 30 Septiembre 2010.
CONSTE!
RATAS AGRARIAS EN Q.R.
+ Cómplices de Román Quian Alcocer, alcalde de Solidaridad
+ Funcionarios de SRA, TUA, RAN, TSA, CONAFOR… ¡la corrupción!
+ Hubo otro ilegal parcelamiento del ‘Ejido Playa del Carmen’
Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
Integrante desde hace al menos veinte años de la “mafia agraria peninsular” --como la bautizó el diario POR ESTO!--, Román Quian Alcocer, el millonario alcalde de Solidaridad (Playa del Carmen), se ha valido de la deshonestidad de funcionarios federales y algunos estatales, que desde la década de los 90s y hasta la fecha autorizan indebidamente el cambio de uso común de los ejidos de Quintana Roo para que éstos puedan ser vendidos.
Y no fue sólo un ilegal parcelamiento del ‘Ejido Playa del Carmen’ en el que estuvo involucrado el ex campesino hoy convertido en uno de los prominentes magnates del estado. Al del 24 de marzo de 2002 --cuando era presidente del comisariado--, en que se aprobó lotificar 7.137 hectáreas, siguió uno más, el 19 de marzo de 2006; entonces fueron otras 7 mil hectáreas, y Quian era diputado local por el PRI pero también el verdadero jefe ejidal… como lo es todavía. Es decir, cuatro años después repitieron su “exitosa fórmula” para ganar más millonadas de pesos.
(La averiguación previa iniciada por la PGR en Chetumal en que se acusa a Quian, a otros ejidatarios y al ex delegado de la Procuraduría Agraria en el estado, Ezequiel Puga Vázquez, de delitos del orden federal, que son castigados con cárcel, correspondería al primer parcelamiento. Por cierto, éste fue avalado por el entonces presidente municipal de Solidaridad, Miguel Ramón Martín Azueta, cuya gestión fue de abril de 1999 a abril de 2002. La indagatoria federal tiene el número PGR/CHET/099/2007-II).
Al menos ocho parientes directos del acaudalado Román Quian Alcocer han participado en los fraudes y, claro, en las colosales ganancias por el desmantelamiento del Ejido de Playa que ha devastado el entorno ecológico.
Lo que ahora espera este periodista es que Betty Monroe, la conductora de TV a la que el munícipe bajo sospecha tiene como “Embajadora Turística” de Playa del Carmen (¿por qué no, si Félix González Canto eligió a la controvertida Paulina Rubio?) no declare --como dijo el lunes 27-- que la “exageración de los medios de comunicación” es la causante de la falta de turismo y de inversiones.
El yucateco Arturo Millet Reyes ha sido, según POR ESTO!, el cabecilla de la “mafia” junto con el regiomontano Felipe Enríquez Hernández, quien utilizó su cargo de secretario particular del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en los 90s para iniciarse en el redituable negocio del tráfico de terrenos ejidales en Quintana Roo, específicamente en la Riviera Maya.
Destacan entre los solapadores del negociazo ejidal una cuarteta de personajes locales “de altos vuelos”: Alicia Ricalde Magaña y Gilberto Hendricks Díaz, ex delegados del Registro Agrario Nacional en esta entidad; el ex edil solidaridense Miguel Ramón Martín Azueta (1999-2002), incrustado en diciembre pasado en la Comisión de ¡Financiamiento! del PRI estatal junto con Mimí Canto de Conde, la influyente tía del actual gobernador; y el también ex alcalde de Playa del Carmen (1993-1996) Ramón Severo Novelo, actualmente secretario particular de… Quian Alcocer; su pariente Walter Puc Novelo es “casualmente” el nuevo comisariado del ejido playense, a partir del 2 de julio.
Y desde luego, uno de los principales beneficiarios de los fraudes a ejidatarios es el pariente del actual alcalde, Gabriel Quian Ucán, quien ha sido presidente del comisariado del ‘Ejido Playa del Carmen’ y participa de las ganancias de los sindicatos de “volqueteros” y de taxistas en esa localidad.
Las dependencias federales, algunos de cuyos funcionarios han estado coludidos con las “autoridades” del Ejido --y con Millet y con Enríquez-- para consumar ese latrocinio que ha arrasado con selvas y bosques tropicales, incluso vastas superficies de manglares, son al menos seis:
--Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
--Procuraduría Agraria (PA)
--Registro Nacional Agrario (RAN)
--Tribunal Unitario Agrario (TUA), Distrito 44 con sede en Chetumal.
--Tribunal Superior Agrario (TSA).
--Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
El alcalde ha sido formalmente dirigente del comisariado ejidal en dos ocasiones: secretario, de 1992 a 1995, y presidente, de 1998 a 2002, aunque su currículum que proporciona el Ayuntamiento dice falsamente que lo fue hasta 2001, como una medida para “zafarse” del primer fraude en el núcleo campesino de Playa del Carmen.
Los integrantes de la “mafia agraria” tienen nombres y apellidos:
Secretaría de la Reforma Agraria:
1.- Abelardo Escobar Prieto, un panista que es agrónomo oriundo de Chihuahua, fue nombrado titular en 2006, por el entonces presidente Vicente Fox en las postrimerías de su gestión. Inexplicablemente fue ratificado por Felipe Calderón y sigue siendo Secretario. Pero de junio de 2003 a abril de 2006 fungió como Director en Jefe (o sea, la máxima autoridad) del RAN. En consecuencia, avaló el primer parcelamiento ilegal del que se benefició Román Quian Alcocer.
2.- Francisco Garibay Osorio, ex delegado de la SRA en Quintana Roo; luego fue nombrado director del Infovir y, actualmente, se desempeña como titular del IPAE en el estado.
Procuraduría Agraria:
1.- Eduardo Isaías Rivera Rodríguez, jalisciense, Procurador del 20 de marzo de 2002 hasta el 2006. Avaló la primera asamblea fraudulenta en el ‘Ejido Playa del Carmen’ efectuada el 24 de marzo de hace cuatro años. Y al parecer también la de 2006.
2.- Ezequiel Puga Vázquez, ex delegado en el estado. Figura como coacusado con Román Quian Alcocer en la averiguación previa de la PGR del 2007.
3.- José Villalobos Carracasco, ex Subdelegado Operativo en Q.R.
4.- Angel Armando Gil Tun.
(Ambos, “principales personeros de Millet y Garibay para lucrar con tierras ejidales en Playa del Carmen”).
5.- Johny Alberto Cámara Huchín, ex Jefe de la Oficina de Residencia de la PA en la Zona Norte de Quintana Roo, ubicada en Puerto Morelos.
6.- María Teresa de Lourdes Denis Moreno, abogada agraria.
7.- Eduardo Aguilar Benítez, Visitador Agrario.
(Los últimos tres “olvidaron” que no había dictamen de la CONAFOR sobre la existencia de bosques y selvas en el área común del ‘Ejido Playa del Carmen’ y dieron como buena la asamblea comunal del 19 de marzo de 2006. Por cierto, el notario público 34 de esa ciudad, Juan Abundio Martínez Martínez, dio fe pública del acto).
Registro Agrario Nacional:
1.- Alicia Ricalde Magaña, ex delegada en el estado y actual alcaldesa panista de Isla Mujeres. En 2006 firmó los títulos de propiedad mediante los cuales se adjudicaron al menos 4 hectáreas de la isla de Holbox a Jaime Zetina González, el primo del gobernador González Canto y actual Tesorero del ayuntamiento de Cancún. En ese mismo año habría avalado el segundo parcelamiento del ‘Ejido Playa del Carmen’.
2.- Gilberto Hendricks Díaz, ex delegado en el estado. Su hermano Joaquín Hendricks Díaz fue gobernador.
3.- Juan Carlos Briceño González, también ex delegado en Quintana Roo quien luego se convirtió en “defensor” de ejidatarios.
4.- Gloria Magaña Castillo, ex delegada en el estado. Por mediación de Briceño supuestamente recibió ostentosos sobornos, como una lujosa camioneta Honda.
5.- Alejandro García Pérez, ex subdelegado técnico en la entidad.
6.- Alfonso de Jesús Pereira Palomo, “El Mosco”.
7.- Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del RAN en Yucatán.
Tribunal Unitario Agrario:
1.- Benjamín Arellano Navarro, magistrado en el Distrito 44 con sede en Chetumal, aparentemente protegido por el actual presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA). Según ha informado POR ESTO!, Arellano “tiene la misión de sacar adelante los proyectos de Ciudad Conil y José María Pino Suárez”. Se trata de la lotificación de esos ejidos ubicados en el municipio de Tulum.
2.- Arturo Lemus Contreras, magistrado en el mismo Distrito 44, se encargó de “congelar” el juicio agrario interpuesto contra la ilegal asamblea del ‘Ejido Playa del Carmen’ que aprobó dividir en parcelas 7.137 hectáreas en 2002.
Tribunal Superior Agrario:
1.- Marco Martínez Guerrero, presidente y consuegro del poderoso empresario Roberto Hernández Ramírez (Banamex).
Comisión Nacional Forestal:
1.- Santiago Pinzón Lizárraga, Director Regional. Habría autorizado el indebido parcelamiento del ejido “Pino Suárez”, establecido en plena Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an (en Tulum), para lo cual dictaminó falsamente que no existen allí bosques y selvas tropicales. De ese funcionario, POR ESTO! publicó en diciembre de 2006 que “la mafia agraria le dio 5 mil pesos por cada hectárea de bosque o selva que se permita parcelar”.
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¡AH PA’ FAMILITA!.- La averiguación previa PGR/CHET/099/2007-II, que está “viva” y señala al alcalde Román Quian Alcocer como presunto autor de delitos como uso de documento falso, falsificación de documentos, violación a la Ley General de Bienes Nacionales y de afectar el medio ambiente, involucra también a varios parientes suyos, integrantes del ‘Ejido Playa del Carmen’:
Lucio Dzib Zavala, Jaime Catzin Dzul, Gabriel Quian Ucán, José Felipe Quian Dzul, José Baltasar Aguilar Gómez, Maximiliano Pech Ek, Inocente Quian Canul, Timoteo Muñoz Araiz, Gerardo Dzib Quian, Javier Quian Canul y Ezequiel Puga Vázquez. (Este último es el único que no es ejidatario; fungía como delegado de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo).
Y como posibles violadores de la ley, en cuanto al segundo parcelamiento del Ejido en 2006, hay más familiares de Román Quian Alcocer: Ariel Esteban Quian Dzub, Eduardo Catzin Quian, José Felipe Quian Dzub, José Baltasar Aguilar Gómez y José Ligio Salazar Dzib.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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27 sept 2010
EJIDO PLAYA DEL CARMEN, LOS ABUSOS DE ROMÁN QUIAN ALCOCER
ROMÁN QUIAN ALCOCER: SUS TRÁCALAS MILLONARIAS... |
CANCÚN, QR, Martes 28 Septiembre 2010.
CONSTE!
MAFIA PLAYA DEL CARMEN
+ Tráfico y especulación de tierras, fraudes y ganancias millonarias
+ Román Quian se beneficia; controla el Ejido y el sindicato de taxis
+ El alcalde, acusado en 2007 por la PGR: parcelamiento ilegal en 2002
Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
Sometido a investigación de la PGR por el ilegal parcelamiento de 7.137 hectáreas del ‘Ejido Playa del Carmen’ el 24 de marzo de 2002, Román Quian Alcocer, actual alcalde priísta de Solidaridad, ha burlado la acción de la justicia gracias al fuero que consiguió primero con una diputación local --en la XI Legislatura-- y ahora como edil. A pesar de la acusación penal en su contra, seguiría hoy en el “negocio” del tráfico de terrenos de aquel núcleo agrario, cuyas desesperadas ventas --no siempre legales-- son de escándalo.
Existe todo un desgarriate al interior y al exterior del ejido, en el que --como en 2002 cuando se favoreció a Quian-- estarían involucradas dependencias federales y estatales. Aparte está el irreparable daño al medio ambiente que se ha ocasionado: bosques y selvas tropicales criminalmente arrasados, uno de los delitos que se le imputó al hoy presidente municipal hace ocho años.
Por los muchos millones de pesos que se manejan --más bien, dólares-- en lo que ahora son cotizadísimas tierras, Quian ha tejido una red de complicidades y procurado mantener el control del ejido. Es la verdadera autoridad allí, y los directivos son sus amigos o parientes, a quienes da toda clase de facilidades, incluso al margen de reglamentos y leyes. Y los ha dejado cometer desmanes.
También controla al poderoso y acaudalado sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas”, propiedad del ejido y cuyos abusos e irregularidades por supuesto las tolera. El líder del gremio es Rubén Aguilar Gómez, hermano de Gaspar Aguilar Gómez, quien hasta julio pasado fungió como comisariado.
Al alcalde se le atribuye la adquisición de vastas extensiones y el permitir que las anteriores y las nuevas autoridades del ejido, ahora encabezadas por Walter Puc Novelo, defrauden a sus compañeros –177 en total-- y especulen con los predios. Con el poder que le da ser el munícipe de Solidaridad, Quian estaría “recuperando” tierras que pertenecieron a sus antepasados.
A partir de que el ex campesino Román, en 2008, asumió el poder sin siquiera haber concluido la secundaria y carente de experiencia en el servicio público, se ha desatado una colosal “fiebre” de ventas de más tierras del rico ejido y de casas construidas por quienes apenas hace diez años eran pobres campesinos. Hoy, sin haber trabajado sus suelos, todos son nuevos millonarios, aunque no tanto como el alcalde. Aparte está el daño al medio ambiente que ocasionan: bosques y selvas tropicales criminalmente arrasados.
Quian ha permitido que el ejido tenga cada vez menos superficie, al autorizar su “regularización” y posterior comercialización. El propio ayuntamiento que preside adquirió el 12 de junio de 2009 alrededor de 45 hectáreas por las que se pagaron 13.5 millones de pesos al entonces comisariado ejidal, Gaspar Aguilar Gómez. (En Playa del Carmen hay quienes afirman que el alcalde se “autocompró” esas parcelas, ya que presuntamente eran de él y sus familiares).
Hoy, Quian es uno de los hombres más acaudalados del estado. El ejido ha sido, sigue siendo, su inagotable mina de oro. Para él y para muchos integrantes de su familia.
Sin embargo, también en el trienio del actual munícipe, gran cantidad de escándalos --incluso relacionados con el narcotráfico-- se han gestado en torno al ejido. Invasiones, despojos, fraudes, regularizaciones al margen de la ley, pleitos entre los propios comuneros, “cochupos” y una atroz especulación, son algunos ejemplos del desgarriate.
Apenas el 4 de agosto pasado, escasos medios informativos de Quintana Roo dieron a conocer --y muy sesgadamente-- que tres directivos del ejido entre 2007 y 2010 se encuentran involucrados en un presunto fraude por 21 millones de pesos en agravio de integrantes del propio núcleo campesino. Y en el caso también podría tener responsabilidad el nuevo comisariado, Puc Novelo, un incondicional de Quian, quien lo habría impuesto en el cargo el 2 de julio de este año.
Se trata de la venta de un predio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que pagó 40 millones de pesos, de los cuales están “bailando” 21. Los ex dirigentes ejidatarios reportaron a sus compañeros que la transacción había sido por sólo 19 millones de pesos, según la acusación de Lucio Dzib Zavala a nombre de los afectados. Pero “casualmente”, éste figura junto con Román Quian entre los acusados por la PGR de haber consumado el ilegal parcelamiento hace 8 años. Como figura también el hermano de Gaspar Aguilar Gómez, José Baltasar.
El predio comprado por la CFE está ubicado en el “Bulevar Playa del Carmen”, una zona de alta plusvalía.
Los tres hermanos Aguilar Gómez, ampliamente protegidos por el alcalde de Solidaridad, son auténticos pájaros de cuenta. Han tenido problemas con el sanguinario cártel de “Los Zetas”. El 4 de noviembre del año pasado, Rubén fue “levantado” por sicarios de esa banda, en el establecimiento comercial de su esposa Martha Jacinto, en Playa del Carmen. Fue de inmediato rescatado por policías municipales que protagonizaron un estruendoso encuentro a balazos con los narcotraficantes, en plena vía pública. No hubo detenidos.
Además de mangonear al poderoso sindicato de taxistas (son unos 400) y “ganar” con ello un dineral, Rubén Aguilar es líder de la CNOP en el municipio. Está súper millonario…
GASPAR AGUILAR, CÓMPLICE |
Y el otro hermano, José Baltasar Aguilar Gómez, tiene una añeja y cercana relación amistosa con Román Quian, desde antes de que en 1999 éste se convirtiera en comisariado ejidal. Juntos participaron en el ilegal parcelamiento del ejido, al igual que parientes del hoy alcalde. Por eso fueron indiciados por la PGR.
De los hermanos Aguilar Gómez se afirma en Playa del Carmen que están relacionados con las organizaciones criminales de “Los Zetas” y “Los Pelones”, y que en su rancho denominado “El Zorro” --igual que el apodo que tiene Gaspar--, situado al final del ejido, se reúnen frecuentemente para realizar ostentosas fiestas que incluyen apuestas de caballos y gallos.
PRESUNTO DELINCUENTE
En 2007, la PGR inició la averiguación previa PGR/CHET/099/2007-II por los delitos penales cometidos en relación al ilegal parcelamiento de 7.137 hectáreas del ejido Playa del Carmen. El 15 de noviembre de ese año, cuando Román Quian Alcocer era diputado local con licencia y aspirante a la alcaldía de Solidaridad, fue citado a comparecer al igual que Lucio Dzib Zavala y Jaime Catzin Dzul.
Los tres conformaban la directiva ejidal, Quian como comisariado, la autoridad suprema. Quien los requirió fue Ricardo Cruz Santiago, agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” con sede en Chetumal.
Los delitos de los que se acusó a Quian y socios son del orden penal, castigados con cárcel: uso de documento falso, falsificación de documentos, violación a la Ley General de Bienes Nacionales “y los delitos de carácter ambiental que puedan resultar”.
Antes, el 11 de abril de 2006, el notario público No. 21, Fernando Ayora Sarlat, inició contra ellos un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 44, acusándolos de falsificar su firma para supuestamente “dar fe” de la asamblea del 24 de marzo de 2002. (La Semarnat federal había determinado que sólo podían parcelarse 2.800 hectáreas, pues las restantes 4.334 se encontraban en una zona de selvas y bosques tropicales. Los ejidatarios no hicieron caso).
Quian y coacusados contaron con la “ayuda” del yucateco Arturo Millet Reyes, ex secretario particular del titular de la SRA y propietario de la empresa Asesoría Profesional Agraria (APA) --actualmente es presidente del equipo de futbol “Los Venados de Mérida”-- para transgredir las leyes y obtener millonaria ganancia.
En esa ocasión, Quian Alcocer se salvó de ir a la cárcel porque tenía fuero, como legislador. La interrogante es: ¿cuando en abril próximo concluya su gestión y pierda su nuevo fuero, le revivirá la PGR su averiguación penal?. El aspira a ser Secretario de Turismo en el gobierno de Roberto Borge Angulo… a pesar de todo.
Del caso Millet y de los funcionarios agrarios involucrados en la afectación del ejido, comentaremos posteriormente.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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26 sept 2010
JULIÁN RICALDE, ALCALDE DE CANCÚN, VÍCTIMA DE LA TENEBRA DE FÉLIX GONZÁLEZ CANTO
CANCÚN, QR, Lunes 27 de Septiembre 2010.
CONSTE!
“AHORCAN” A JULIÁN
+ Jaime Hernández y el Congreso hipotecarían a Cancún por 20 años
+ Ricalde Magaña protesta por el “arreglo” sobre la deuda pública de BJ
+ Las transas de Román Quian y su hermano William Rabel en Punta Allen
Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
Era necesaria la enérgica intervención de Julián Ricalde Magaña, alcalde electo de Cancún, en el asunto de la reestructuración de la deuda pública municipal --1.400 millones de pesos-- porque el actual edil interino Jaime Hernández Zaragoza y su Tesorero Jaime Zetina González (impuesto por su primo el gobernador), con el aval del rebaño priísta en el Congreso local, pretenden “ahorcarlo” e impedir, de esa forma, que realice una buena gestión a favor de los benitojuarenses. Lo malo es que, así coludidos, seguramente van a lograrlo. Ya tienen bien montado su teatrito.
Con harta ligereza y sólo pensando en los seis meses y pico que permanecerán en el poder, Hernández y su cuestionado colaborador tienen ya todo “amarrado” para que la deuda, que ahora está en un plazo de 15 años, se prolongue ¡a veinte años!, con lo que hipotecarán a los próximos siete administraciones de Benito Juárez.
Además --¡qué vivos son!-- obtendrían un periodo de gracia por seis meses; es decir, en lo que resta de esta gestión… no pagarán ni un centavo. Que se frieguen los que vienen, han de decir jubilosos. Está claro que sólo quieren resolver “su” problema: el ayuntamiento enfrenta hoy problemas serios para pagar a sus proveedores y cubrir todo lo que es el gasto corriente.
Con justa razón, Ricalde expresó que “eso es inaceptable”.
Y en contraste con el actual edil, Ricalde asume una actitud de absoluta responsabilidad. Sin importarle críticas adversas, arriesgándose incluso a ser objeto de menosprecios por parte de su correligionario perredista Hernández, se apersonó en las oficinas de éste para presentarle su propio plan de reestructura, para que se lleve a cabo en las mejores condiciones --con tasas y plazos razonables-- no sólo en beneficio de la actual administración sino también para la que él presidirá a partir de abril del 2011.
Ricalde exhibió que en estos meses, tras los comicios del 4 de julio, ha hecho su tarea. El esquema que plantea está profesionalmente sustentado y busca que haya liquidez monetaria en las próximas dos administraciones. Conseguiría así que tanto Hernández como él proporcionen un mejor servicio a sus gobernados.
Esta actitud, que busca salvaguardar los intereses de los ciudadanos, debería ser un ejemplo a seguir por el gobernador priísta electo, Roberto Borge Angulo, a quien su “padrino” Félix González Canto le heredará una elevadísima deuda pública de casi 4 mil millones de pesos, según declaraciones del líder del PAN en el estado, Sergio Bolio Rosado.
“No hay que esperar a que entre un nuevo gobierno, esto tiene que empezarse desde ya”, consideró atinadamente el alcalde que el pasado 4 de julio fue el abanderado de la mega alianza conformada por PAN, PRD, PT y Convergencia. Es preciso recordar que en esta semana, el Cabildo deberá tomar decisiones sobre el tema de la reestructura, que significaría un alivio para las deterioradas finanzas y la posibilidad de pagar a los proveedores y cumplir otros compromisos.
El alcalde electo mostró madurez y también mano firme. Dijo, el viernes 24 cuando acudió al Ayuntamiento, que está enterado de que el actual edil y su cuestionado Tesorero están negociando el refinanciamiento “pero no me dejarán margen de maniobra” aunque ellos sí obtendrían seis meses de gracia, es decir, no pagarían el tiempo que perdurarán en el poder. Toda la carga se la dejarían a él, por lo que denunció que “es a todas luces inaceptable”. Propuso un despacho diferente --para la negociación-- aunque precisó que la reestructura se puede hacer con Banobras, como en lo oscurito lo tiene ya decidido el señor Hernández. Pero dejó bien claro: se debe analizar sobre todo los plazos de pago (al banco) y el interés que refiere para saldar el endeudamiento de la Comuna.
Julián se mostró respetuoso pero sin medias tintas cuando fue entrevistado por reporteros; advirtió:
“Tengo mis dudas de quién está haciendo las gestiones, y yo traigo una propuesta, pero no la quiero dar a conocer hasta que la conozca el presidente municipal”.
Sostuvo que el tema le preocupa no sólo a él sino a su Cabildo, “por eso estamos buscando acercarnos a esta administración, para ayudar, para participar y que así puedan tener una mejor opinión”.
De antemano apuntó que está a favor de que la deuda sea reestructurada, ya que “este gobierno no necesita estar angustiado por el pago de la nómina… lo que se busca es estar en mejores condiciones y que el día de mañana el ayuntamiento no sea deficitario para la nómina”. Por ello, reiteró, le interesa saber cómo se realizará todo el proceso de refinanciamiento.
De paso, Ricalde descartó que en su gestión vaya a incrementar los impuestos o a crear otros, “y tan es así que he pedido el apoyo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos para que se haga una revisión real de las tablas catastrales… que se cobre tal como son, y no se siga con este problema”. Es decir, que la ciudadanía pague sólo lo que legalmente corresponde. De esa forma, añadió, los contribuyentes no tendrán que recurrir a amparos porque no estén de acuerdo con lo que se les cobre. Se trata de incentivar al empresariado y a la ciudadanía en general, no de ponerle obstáculos.
Adelantó que se buscará mejorar el sistema de recaudación de impuestos, que incluye una bancarización de los servicios y la búsqueda de eficientes estrategias de cobro. Fue oportuna la intervención de Ricalde porque el regidor Ricardo Velazco acaba de denunciar que “es una simulación” lo que hacen el actual edil interino y Jaime Zetina. Reveló que éstos ya tienen “planchada” la negociación de reestructura “y tan es así que sólo nos ha hecho la presentación de Banobras y no de otras instituciones…no nos han dado la oportunidad de elegir la mejor”.
(Jaime Hernández ha señalado que hay “hasta cuatro bancos que están ofreciendo opciones para la reestructura” del adeudo municipal. Aunque explica algo obvio: que está en manos de los regidores el decidir qué banco será el elegido, lo cual ocurrirá antes del 30 de octubre. Sin embargo no ha sabido o no ha querido decir qué Despacho es el que se ha contratado para llevar a cabo el proceso, y tampoco lo que se tendrá que pagar)..
El concejal Velazco insiste: “Hay un acuerdo muy planchado, y esto es una mera simulación… porque la verdad es que ya lo tienen todo armado”. Y establece: “De hecho (los regidores) hemos tenido dos reuniones con los representantes de Banobras y el Despacho, pero no se nos han aclarado muchas dudas. A pesar de que hemos pedido informes sobre este Despacho, no se nos ha informado quién es ni su nombre, tampoco la cantidad exacta que se le pagará”.
Lo único que saben, afirma, es que ese fantasmagórico Despacho cobrará el 1.95 por ciento sobre lo que se va a reestructurar; esto, sólo por asesoría. “Significa que tendremos que pagarle entre 25 y 27 millones de pesos”. Y es preciso aclarar que la deuda de 1.400 millones de pesos no es sólo del actual gobierno perredista en Benito Juárez. Parte de ella fue contraída por el priísta Francisco Alor Quezada (dejó una “herencia” de 700 millones de pesos cuando en 2008 concluyó su gestión) y sus antecesores Carlos Cardín Pérez y Juan Ignacio “Chacho” García Zalvidea, como lo admitió hace dos días el Tesorero Jaime Zetina.
Y fue precisamente este pariente de Félix González Canto quien afirmó el día 23 que mediante la reestructura, “la deuda será pagadera a 20 años… terminaría de pagarse en el 2030”. Le tiene sin cuidado que, con ello, queden endeudadas las próximas siete administraciones municipales. ¿Y cuál será la garantía de pago que se dará a Banobras?. Pues las partidas presupuestales que otorga el Gobierno Federal.
Para hipotecar por 20 años a Cancún -y a sus habitantes-, Jaime Hernández cuenta con la complicidad de los priístas y sus paleros de la XII Legislatura estatal, controlada por el tío del gobernador, el lacayo Luis González Flores. En una reciente “encerrona” de tres horas a puerta cerrada, el miércoles 22, decidieron junto con el edil cómo debía ser la “negociación” sobre la deuda pública del ayuntamiento. La diputada tricolor Laura Fernández Piña, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, trató de disfrazar el oscuro arreglo: el Congreso aprobará el refinanciamiento sólo si el municipio de Benito Juárez lo sustenta correctamente. “Lo analizaremos detalladamente”, presumió.
Evidentemente, los legisladores priístas, tan proclives a servir al gobierno del estado, no han asumido igual rigor en cuanto a la reestructura de la colosal deuda pública que arrastra Félix González Canto. Su amigo y socio al que le debe el cargo, Joaquín Hendricks Díaz (1999-2005), le heredó una deuda de 1.700 millones de pesos. A partir de la gestión de ambos es que se ha incrementado sustancialmente. Con todo y su mal gobierno, Mario Villanueva Madrid (1993-1999) fue el que menos se endeudó; dejó finanzas más sanas.
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TRANSAS DE QUIAN EN PUNTA ALLEN.- Un asiduo lector de esta columna nos envió este email que revela parte de las corruptelas del alcalde priísta de Solidaridad (Playa del Carmen): “En Punta Allen está prohibido construir con material de cemento. Sin embargo, desde que era diputado Román Quian Alcocer (“Romancho”) daba permisos firmados para que pasaran los camiones con materiales para construcción de su hermano William Rabel Quian Alcocer (“Gus”), quien hizo un pequeño hotel. Y Román se construyó humildemente una residencia con 5 recámaras y todos los servicios, como aire acondicionado en toda la casa; tiene una planta eléctrica pagada por el ayuntamiento. ¿Por qué a ellos no los molesta SEMARNAT como a los pequeños hoteles en Tulum, cuando toda el área es una reserva de la Humanidad?”.
Este periodista ya investiga ese abuso de poder de don Román, y está consciente de que Punta Allen dejó de pertenecer a Solidaridad hace año y medio; ahora forma parte de Tulum… pero sigue metiéndose.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Política, Polémica y Huellas.
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