CANCÚN, Q.R., Viernes 1º de Julio 2011.
CONSTE!
BORGE EN RIDÍCULO
+ La Suprema Corte le echa abajo su “triunfo” en cuanto a narcomenudeo
+ Sí es su responsabilidad el combate… pero el gobernador tiene miedo
+ 51 secuestros en Quintana Roo en 2010; autoridad reprobada por ICESI
Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
La novatez de Roberto Borge Angulo da pena ajena…
Ahora hizo el ridículo en cuanto al combate al narcomenudeo, que es un problema grave en Quintana Roo y que desde agosto del año pasado –por ley-- debería estar a cargo del gobierno estatal… pero “Beto” se niega a acatar un mandato constitucional.
En el fondo subyace la duda: ¿tiene miedo a enfrentarse a los narcotraficantes, y prefiere que siga siendo obligación exclusiva de las autoridades federales?.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rectificó ayer jueves su dictamen del martes 28: el delito de narcomenudeo debe ser encarado por las autoridades locales y no por las federales. O sea, las autoridades quintanarroenses deben atender el asunto de forma inmediata y no hasta el 2012 como mañosamente estipuló el Congreso estatal en agosto de 2010.
(Todas las entidades federativas, no sólo QR, tendrán que poner en marcha las acciones correspondientes para investigar, perseguir y sancionar tal delito, aunque no hayan adecuado todavía su legislación a la reforma federal sobre el tema. Tienen competencia desde agosto del año pasado).
El repentino e inmediato cambio de la Corte, que el martes había avalado el plazo de 3 años para la entrada en vigor de la reforma, dejó muy mal parado a Borge.
En una nueva muestra de su inexperiencia política, el mandatario priista se mostró prepotente y triunfalista el día 28, a pesar de que estaba anunciado que el fallo de la SCJN aún no era el definitivo. Como en efecto no lo fue…
El gobernador, quien a fuerza pretende zafarse de su responsabilidad de enfrentar a las bandas narcomenudistas, se congratuló por la primera resolución de la Corte, y a través de su Vocero dio “línea” a la prensa oficialista para que calificaran el hecho como un “triunfo” del propio Borge en contra de la PGR, que había impugnado --mediante acción de inconstitucionalidad-- el Decreto 299 expedido por la anterior Legislatura local y que reformó el Código de Procedimientos Penales del estado, la Ley de Defensoría Pública y la Ley Estatal de Salud.
“Fue un revés del gobernador a la PGR”, osaron publicar algunos medios.
Henchido cual pavo real, Borge declaró tras el primer fallo de la SCJN que “la cultura de la legalidad es distintiva del estado”. Más aún: “Al validar la reforma del Congreso del estado, la Corte certificó su constitucionalidad …”.
Entonces, ¿es falso que en Quintana Roo haya una “cultura de la legalidad”. Entonces, ¿los diputados locales actuaron de manera inconstitucional?. Recuérdese que esa Legislatura, la XII, estuvo presidida por Luis González Flores, hoy flamante Secretario de Gobierno, y quien ni pío ha dicho.
Borge también aseguró: “Lo más importante es que nos brinda la oportunidad de programar cómo ‘aterrizar’ estas reformas, para las cuales se requieren presupuestos específicos que en estos momentos no se tienen”. (La presidenta del TSJE, Lizbeth Loy Song Encalada, dijo que se requiere de un presupuesto adicional de 137 millones de pesos).
Entonces, ¿durante los larguísimos nueve meses en que fungió como Gobernador Electo, no tuvo tiempo o no supo o no quiso elaborar --y “aterrizar”-- un programa adecuado para lo que ya se veía venir: que el combate al narcomenudeo sería su responsabilidad?. Entonces, ¿no hay dinero en las arcas gubernamentales para afrontar un problema que afecta a las familias quintanarroenses? ¿Y el endeudamiento por 10 mil millones de pesos, no le alcanza para ello?...
Añadió Borge: “El Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE) deberá programar los recursos que se requieran para habilitar las instalaciones necesarias, capacitar y pagar al personal que atenderá esta nueva responsabilidad, a fin de someterlo a la aprobación del Congreso estatal (…) Si el Poder Judicial de Quintana Roo tendrá competencia para el combate al narcomenudeo, se requiere toda una infraestructura que incluye agencias del Ministerio Público especializado, jueces y personal capacitados, médicos, sicólogos y, en general, todo lo necesario para la atención y rehabilitación”.
Pero eso es una falacia. Todo mundo sabe que ya existe en el estado la infraestructura de combate, aplicación de justicia y rehabilitación. Entonces, ¿es un fútil pretexto que esconde la verdadera razón: el miedo?.
Desde el año pasado, la titular del TSJE, Song Encalada, hizo público el temor entre los magistrados para enfrentar a los narcomenudistas. Un temor que parece compartir Borge Angulo…
No menos frívola fue la declaración del obeso Eduardo Espinosa Abuxapqui, presidente de la Gran Comisión del Congreso: “Quintana Roo se encuentra de buena suerte, porque van tres espacios jurídicos que se ganan ante la Suprema Corte (…) se ratifica que nuestro estado se conduce con apego a la Ley”.
En su nueva decisión del jueves 30 de junio, la SCJN determinó que las instituciones de procuración e impartición de justicia de las entidades del país deben poner en marcha los mecanismos para atender los casos de narcomenudeo. Con 6 votos a favor (5 en contra), los ministros dictaminaron que las autoridades estatales deberán perseguir y juzgar el delito como lo establece la reforma a la Ley General de Salud de 2009, cuando las cantidades de droga asegurada no rebasen las previstas en el artículo 474 de esta reforma. (El martes 28, también en una decisión dividida, habían expresado lo contrario: que los jueces locales podían posponer la atención a este delito hasta 2012, como lo establecieron los congresos de Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua).
En el segundo y definitivo fallo, fue determinante el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, quien de improviso se unió a sus compañeros que consideraban que estas disposiciones tenían que aplicarse de inmediato y no esperar hasta el 2012.
Así, la PGR y los jueces federales tendrán que turnar a sus homólogos locales los casos relativos al narcomenudeo, que antes de la reforma a la Ley de Salud eran competencia federal.
Vale recordar que el 20 de agosto de 2009, el Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales: se modificaron la Ley General de Salud y los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, con el fin de que el Ministerio Público Federal no proceda en casos de narcomenudeo sino que esa responsabilidad la asuman los juzgados del Fuero Común; es decir, que corresponde a las procuradurías de Justicia de los estados atender ese delito. (Las reformas entraron en vigor el 21 de agosto de 2010).
Sin embargo, las legislaturas de Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua dictaminaron --¡a rajatabla!-- un plazo hasta agosto de 2012 para que entre en vigor dicha reforma. Por eso la PGR se inconformó y presentó la acción de inconstitucionalidad número 21/2010 contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Quintana Roo. Ya la Suprema Corte le dio la razón. Y se la quitó al priista “Beto” Borge…
Desde el año pasado, el gobierno presidido por el también militante tricolor, Félix González Canto, le había dado largas al asunto. El 6 de agosto, el entonces procurador Francisco Alor Quezada anunció que “atenderemos los casos de narcomenudeo hasta el año 2012”.
SECUESTROS, EL OTRO PROBLEMA
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que es alto el índice de plagios en Quintana Roo: 84 entre 2007 y 2010. Sólo el año pasado fueron 51.
Pero esas son los casos denunciados. Aparte están los que no se reportan a la autoridad, la llamada “cifra negra”. Se estima que podrían ser unos 20 más, en aquel periodo.
Se destaca que, por ejemplo, Yucatán sólo tuvo UN CASO de secuestro denunciado en esos cuatro años.
En su reciente Estudio Sobre Secuestro y Extorsión en el Marco de la Reforma Penal, el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), da una calificación de “muy mala” al gobierno de Quintana Roo en materia de combate y sanción contra quienes cometen ese delito. Sólo un 10% de las averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia estatal son consignadas a las autoridades correspondientes. ¡Qué ineficacia e impunidad!.
Vea el estudio en: www.icesi.org.mx
En ese rubro, Roberto Borge también debe acelerar las reformas penales de tipo federal. Si es que no lo domina el miedo…
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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