CANCÚN, Q.R., Sábado 20 de Noviembre 2010.
CONSTE!
¿CUMPLIRÁ ALOR?
+ El Procurador declaró a CNN que funcionarios serán llamados a cuentas
+ Da como un hecho que fue ilegal la construcción del hotel Princess
+ Entre los principales responsables, Carlos Joaquín González y equipo
Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com
Román Quian Alcocer y Carlos Joaquín González --entre otros personajes-- ¡al banquillo de los acusados!.
En una medida que era necesaria y contribuirá a tranquilizar los ánimos del turismo extranjero, el gobierno quintanarroense decidió llamar a cuentas a funcionarios y ex funcionarios que tendrían responsabilidad en el terrible estallido ocurrido el domingo 14 en el hotel Grand Princess Riviera Maya que provocó la muerte de cinco turistas canadienses y dos trabajadores mexicanos, además de 18 lesionados.
“La investigación por explosión en Playa del Carmen alcanza a funcionarios”, tituló ayer viernes 19 la influyente cadena televisiva CNN --en su capítulo México-- una entrevista que le hizo al procurador estatal Francisco Alor Quezada. Véala en este link: http://cnn.mx/n000COR #CNNMex
El funcionario dijo a CNN: “Se está citando a funcionarios municipales de la actual administración (de Playa del Carmen) para que nos provean de información, de quiénes en el momento de construir el hotel, estaban como encargados de Obras Públicas”.
Según Alor, las pesquisas también alcanzarán a funcionarios estatales y a dependencias federales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que especifiquen en qué condiciones se realizaron los estudios de impacto ambiental respecto al ostentoso complejo hotelero de capital español.
“La lógica jurídica nos llevaría a pensar que si autorizaron permisos en áreas que definitivamente no debe construirse, sin duda alguna estaremos citando a los funcionarios que lo hayan permitido”, sentenció en la entrevista que llegó a millones de personas que en nuestro país, Estados Unidos y naciones latinoamericanas, conforman el inmenso segmento de receptores de CNN.
Lo lógico --considera este columnista-- es que el muy controvertido Alor cumpla su palabra de hacer que comparezcan ante la justicia Quian Alcocer, el deshonesto presidente municipal de Solidaridad, y su inmediato antecesor Carlos Joaquín, actual diputado federal, entre otros.
Lo lógico, también, es que Quian debe tener en los archivos del ayuntamiento el expediente completo sobre la edificación del Princess que incluye licencia de construcción, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el plano de la red sanitaria, el nombre de la empresa constructora y otros datos que permiten saber si se cumplió con la normatividad en la materia. Con esos documentos se podrá fincar responsabilidades. ¡Falta ver si el mañoso Quian entregará ese expediente a la Procuraduría… o lo hará perdedizo!.
En CONSTE! hemos insistido en la necesidad de que ambos políticos priistas, el actual edil y su antecesor, den una amplia explicación acerca de las condiciones --permisos, licencias, autorizaciones-- en que fue construido el Princess en la época en que el legislador fue alcalde, así como las supervisiones que obligadamente debió realizar al inmueble el ayuntamiento que desde 2008 preside el multimillonario ex ejidatario.
¡Claro que hay responsables, y tienen nombres y apellidos!.
En nuestra columna del jueves 18 (QUE CAIGAN CABEZAS), establecimos: “Recuperar la confianza del turismo –sobre todo canadiense-- tras el estallido en el hotel Grand Princess Riviera Maya requiere no sólo la exhaustiva investigación que se realiza para determinar las causas reales del lamentable incidente, como eficazmente se lleva a cabo. Precisa además, y de inmediato, llamar a cuentas a responsables que ya desde ahora están bien identificados (…) No es hora de ignorar que las agencias noticiosas internacionales, como AP, AFP y EFE, así como cadenas televisivas como CNN y Univisión, han transmitido al mundo que hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos para la construcción --en 2006-- del desarrollo hotelero instalado en Playa del Carmen, y que posteriormente no se realizaron las obligadas supervisiones al lujoso inmueble”.
Durante la entrevista que le hizo ayer al procurador de Quintana Roo, CNN demostró especial interés en saber si habrá castigo para los responsables de aquellas anomalías. Las preguntas centrales formuladas al funcionario fueron en ese sentido.
En la nota informativa que divulgó a propósito de las declaraciones que le arrancó a Alor, la empresa noticiosa añade:
“Hace dos años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura parcial del hotel, debido a su responsabilidad en la devastación de 53.470 metros cuadrados de mangle y selva baja. El titular de la Profepa en Quintana Roo, Guy Adrián Piña, agregó en conferencia de prensa esta semana, que la Semarnat aprobó en 2006 el estudio de impacto ambiental y que el Ayuntamiento autorizó los permisos de construcción. Alor Quezada manifestó que integrarán el expediente de Profepa a la investigación, sólo para constatar o descartar si el área que explotó formaba parte de la construcción que devastó áreas naturales protegidas. Indicó que por el momento se fortalece la hipótesis de una explosión causada por material orgánico, que pudo provenir, ya sea de la fuga de aguas residuales descubierta hace unos días a ocho metros de la zona donde se registró la explosión o la descomposición de plantas encerradas en la caverna, donde se construyó el área que detonó”.
El procurador sostuvo: “Definitivamente el haber construido esa caverna y haberla sellado, ya de por sí no debió haber sucedido y si aunado a ello, no quitaron los residuos orgánicos, nada más los encapsularon, ahí empezó la descomposición y generación de gas metano. Si adicionalmente llegaron aguas residuales que se filtraron, pues obviamente esto pudo potenciar y acelerar la explosión”.
Esos son los puntos centrales de la entrevista que hizo CNN-México.
Pero ¿quiénes eran los funcionarios que en 2006 autorizaron o supieron de la ilegal construcción del hotel?.
En el ámbito municipal:
1.- Carlos Joaquín González, alcalde.
2.-Filiberto Martínez Méndez, Secretario del Ayuntamiento y alcalde electo de Solidaridad. Ese personaje con negros antecedentes ha mantenido un sospechoso silencio.
3.- Moisés Ramírez Hernández, director de Protección Civil.
4.-Gustavo Maldonado Saldaña, director de Medio Ambiente
5.- William Conrado, director de Administración Urbana.
Ese equipo, en el que hay otros funcionarios, habría sido cómplice --y beneficiario económicamente-- de la irregular obra que colapsó el pasado domingo.
En el ámbito federal:
1.- Rafael Muñoz Berzunza, delegado de la Semarnat en Quintana Roo, que dio el visto bueno a la construcción del hotel, a sabiendas de que era ilegal. Por pillo fue destituido públicamente en 2007 por el presidente Felipe Calderón.
2.- Guadalupe Márquez Flores, delegada de la Profepa en el estado.
En cuanto a la otra banda de pillos, la que está actualmente en el poder en Solidaridad y que encabeza Román Quian Alcocer, ya mencionamos a José Alonso Durán Rodríguez, director de Ordenamiento Ambiental y Urbano; Jesús Puc Pat, director de Protección Civil; David Novelo, subdirector Operativo de Protección Civil, y Eddie Flores Serrano, director de Obras Públicas.
Todos ellos deberán ser llamados a comparecer por la procuraduría de Justicia del estado.
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LAS EJECUCIONES.- “Éramos muchos… y parió la abuela”, reza el refrán popular para referirse a la repetición de calamidades. Eso ocurre en Quintana Roo, cuando faltan sólo 9 días para la importantísima cumbre mundial sobre cambio climático cuya sede es Cancún. Sólo cuatro días después de la explosión en el Princess --noticia que ha conmovido al mundo-- se produjo el “Jueves Rojo”: cuatro ejecuciones el día 18. En Cancún la víctima fue el empresario Jorge Jiménez Contreras, a quien le dispararon con saña. En Chetumal fue una familia de restauranteros: Luis Adolfo Arévalo Peña, su esposa Paula Cortés Gutiérrez y el hijo de ambos, Enrique Arévalo Cortés. Y para colmo, en una zona residencial del centro cancunense fue hallado un centro de distribución de drogas en gran escala, en el clasemediero fraccionamiento Andalucía. Como siempre, en el fondo de estos hechos aparece la corrupción de las corporaciones policiacas municipales. ¡Nadie puede o no quiere depurarlas!.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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Twitter: @cantonzetina
