JORGE ARANDA NAVARRO, CORRUPTO Y "FIEL" AL GOBERNADOR EN TURNO

CANCÚN, Q.R., Sábado 21 de Mayo 2011.

CONSTE!
QUÉ PODRIDA PGR

+ El Delegado Jorge Aranda Navarro no combate a narcos: ¡los ayuda!...
+ Encubre a la júnior Fernanda García y al líder de la CTM, Isidro Santamaría
+ Martín Azueta y sus abusos en el Colegio Mayaland de Playa del Carmen

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Designado Delegado de la PGR en Quintana Roo el 18 de febrero de 2010, Jorge Aranda Navarro vino a turistear… y a tolerar que los carteles de la droga sigan operando a sus anchas en el estado. No ha dado un solo golpe espectacular contra el crimen organizado pero sí soltado a sicarios. También se ha mostrado como un fiel servidor del gobernador priista en turno.
La podredumbre continúa en esa instancia federal, infiltrada hasta el tuétano por los narcos. Y es un problema que data de varios años atrás. Por eso, ex delegados y hasta ex subdelegados han terminado en la cárcel.
En los quince meses que tiene de “descansar” aquí, el funcionario federal ni ha limpiado la corporación ni impedido el libre trasiego de drogas en este polo turístico, sobre todo. Incumple sus obligaciones o incurre en omisiones. Ya está documentado que la venta de estupefacientes se realiza libremente en todos lados, incluso en antros y universidades privadas a donde asisten jóvenes “pirruris”.
Además se ha producido un buen número de ejecuciones y secuestros, así como amenazas y extorsiones contra empresarios por parte del narco. Absurdamente, el 25 de junio del año pasado, el Delegado pidió a las víctimas “denunciar” esos hechos. ¡Como si no tuvieran temor a las represalias! ¡Como si confiaran en los hampones con placa incrustados en la PGR!...
Ahora, en menos de una semana, Aranda Navarro demostró su proclividad a incumplir la ley y su comodina actitud de “nadar de muertito”: encubrió a los narcojúniors detenidos el sábado 14 y al líder de la CTM en el estado, Isidro Santamaría Casanova, acusado el miércoles 18 por la investigadora Marisol Vanegas Pérez de ser propietario de dos centros de “sexoservicio” en Cancún donde se explota a 62 menores de edad. (Prostitución infantil y trata de blancas son delitos de carácter federal).
Existe la sospecha de que Fernanda García Altolaguirre, hija del magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado (Teqroo), Francisco Javier García Rosado, y sus cómplices apresados con droga y armas tienen nexos con la organización de narcotraficantes Los Zetas, pero el Delegado de la PGR se hace de la vista gorda.
En cambio, fue muy “eficiente” para señalar en mayo del 2010 que el entonces candidato opositor a la gubernatura del estado, Gregorio Sánchez Martínez, estaba vinculado a aquella banda criminal y a la de los hermanos Beltrán Leyva, por lo que un juez federal libró orden de aprehensión contra el ex alcalde de Cancún, el día 26 de aquel mes.
En eso de eliminar al contrincante del entonces abanderado priista Roberto Borge Angulo, y despejarle a éste el camino, Aranda Navarro hizo mancuerna con García Rosado, quien desde el Teqroo contribuyó a la caída de Greg, líder en las encuestas de preferencia electoral.
¿Por eso el mandatario estatal está tan agradecido con ellos, que no los mueve?...
Presunto protector de narcos, el veterano ex delegado de la PGR en Coahuila y Durango --también laboró en la Procuraduría del DF--, torció las investigaciones para favorecer a la hija del magistrado.
Aranda consignó ante un juez federal a sólo dos de los seis narcojúniors detenidos por la policía municipal de Cancún. Utilizó como pretexto que el alcalde Julián Ricalde Magaña y su jefe policiaco Armando Álvarez Morales, liberaron a los otros 4, incluyendo a la influyente muchacha.
Más aún, la PGR declaró que la cocaína que les fue decomisada a los arrestados “era bicarbonato”, la mariguana era “de consumo personal” y que, además, los agentes municipales y del Ejército “ingresaron de manera ilegal al domicilio” en que se llevó a cabo la detención, en la calle Zinnia del fraccionamiento Santa Fe, Supermanzana 525.
De esa forma, el Delegado de la PGR eludió iniciar una investigación como correspondía, máxime tras la revelación de que Fernanda y sus amigos se dedicaban a la venta de drogas en instituciones educativas de Quintana Roo, como la Universidad Anáhuac, donde “estudia” la hija del magistrado, y en la Zona Hotelera de Cancún. Legalmente esas indagaciones se realizan incluso de oficio; es decir, sin necesidad de que haya denuncia judicial.
Otro elemento que haría necesaria la investigación es la presunta participación de una séptima integrante: María de Lourdes Odeti Sosa Carrillo, quien habría huido o dejado libre luego de los arrestos en la casa de Santa Fe. Así, parece que fueron cuatro mujeres y tres varones los involucrados.
¿Y por qué el Delegado no llama a declarar a los propietarios de las discotecas Bulldog y Dubai --la primera en la Zona Hotelera y la segunda en el centro de Cancún--, considerados como los principales puntos de comercialización de drogas de los hermanos Miguel (“Mike”) y Cristian Sosa Barragán (“Elmo”), los dos consignados ante un juez federal?.
El socio y dueño de la Dubai, ubicada en la avenida Cobá, es el empresario Juan Enrique Kramer Prida; también lo es del restaurante Papas Grill y de la cadena de negocios Las Kekas. Ha sido reiteradamente acusado de tener nexos con el crimen organizado.
¿Por qué no actúa la PGR, si ya se sabe que algunos de los amigos de García Altolaguirre tienen antecedentes penales?. Ella fue detenida en 2008 en Isla Mujeres por posesión de droga, y Cristian Sosa Barragán aprehendido en 2006 en la Zona Hotelera por la Procuraduría estatal, que le aseguró ¡dos kilos de cocaína!. Antes, él y sus hermanos Miguel y Enrique fueron arrestados en 2002 en la Plaza Kukulcán con más de 300 tarjetas de crédito clonadas, por lo que estuvieron procesados en el Juzgado Primero de lo Penal.
La ineficiencia de Aranda Navarro es manifiesta: apenas el 6 de mayo pasado, el gobernador Borge informó del arribo a la entidad de entre 80 y 90 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) para reforzar la seguridad sobre todo en Cancún. Dos días antes fue liberado –tras ser torturado— Juan Gabriel Arellano Munguía, capitán de la misma PFP y subinspector en el Aeropuerto de este polo turístico. La noche del domingo 1 de mayo, dos agentes de esa corporación protagonizaron una balacera en la que mataron de cinco tiros al velador Isidro Zamorano Mulato, en lo que fue una aparente confusión, pues creyeron que era sicario. El delegado de la PGR a toda costa intentó que tomaran conocimiento las autoridades locales.
Arellano Munguía y su esposa fueron “levantados” presuntamente por narcotraficantes el martes 3 de mayo y liberados el miércoles 4.
Puras pifias de Aranda Navarro, quien hasta ahora no explica qué pasó realmente en ambos incidentes. Los policías agresores no fueron detenidos, “sólo a disposición” ante la justicia como dijo el delegado.
Tampoco esclareció la matanza --el 31 de agosto de 2010— en el bar cancunense Castillo del Mar, donde un comando armado lanzó bombas molotov y provocó ocho muertos calcinados. Y en los primeros días de septiembre se halló en pleno centro de Chetumal un narco-laboratorio, además de que el jefe de la 34 Zona Militar, general Anastasio García Rodríguez, denunció que en los municipios mayas hay grandes extensiones de tierra cosechadas con mariguana.
Y el 25 de marzo pasado, la PGR ratificó su protección al crimen organizado: propició la libertad bajo fianza de tres integrantes de Los Zetas en Playa del Carmen que fueron arrestados el 21 por la Policía Municipal. Los delincuentes (Felipe Montalvo García, Edson Alberto Sánchez y Lucio Martínez Cabrera) habían “levantado” a un miembro de la banda rival de Los Pelones, como parte de la pugna por el control del negocio del narcomenudeo.
Aranda Navarro podría correr la misma suerte que su antecesor en el cargo, Nicolás Hernández Mendoza, aprehendido por la SIEDO y militares el 2 de septiembre de 2009 junto con el subdelegado Jesús Vega Romero, bajo la acusación de brindarles protección a las organizaciones criminales de los Beltrán Leyva y Los Zetas. Fueron encarcelados en el penal federal de Matamoros, Tamaulipas. El mismo día fueron detenidos Salvador Rocha Vargas, Secretario de Seguridad Pública estatal, y el director de la Policía Turística de Cancún, Alejandro Betancourt Pérez, también señalados de tener nexos con el narco.
(Interinamente, durante unos cuatro meses, ocupó el cargo en la PGR Elva Alicia Sánchez Domínguez).
Hernández Mendoza fue nombrado Delegado el 3 de agosto de 2007. Sustituyó a Pedro Ramírez Violante, también señalado de tener nexos con los capos de la droga; llegó en 2006, sólo duró un año y pico.
Otro Delegado de la PGR en Quintana Roo, Miguel Ángel Hernández Castrellón fue detenido en noviembre de 2004 por su presunta participación en los asesinatos de 9 personas, entre ellos 3 agentes de la AFI y dos “madrinas” federales en las cercanías del aeropuerto de Cancún, hechos ocurridos el 25 de ese mes. Fue liberado el 23 de mayo de 2009.
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ABUSOS DE MARTÍN AZUETA.- Varios lectores nos piden denunciar la serie de injusticias que cometen el ex alcalde de Solidaridad, el pillo Miguel Ramón Martín Azueta, y su esposa Adriana Álvarez Lapray al frente del Colegio Mayaland. Hay maltrato laboral, atraso en el pago de sueldos, baja calidad académica, alumnos accidentados, falta de higiene y presión a los maestros, alguno de los cuales han tenido que renunciar. Muchas familias son afectadas.
En la escuela habría un desfalco millonario cometido por sus dueños, Jesús Puc y su hijo Walter Puc Novelo, quienes la rentaron al “Ratón” Miguel Ramón, cuyo hijo el regidor es otro júnior acusado el año pasado de secuestrar a un mecánico y... nunca fue castigado. En cuanto a Walter, es el actual presidente del Ejido Playa del Carmen, donde consuma deshonestidades “al estilo de Román Quian Alcocer”.
La misma mafia maneja el Colegio y el Ejido. Ya daremos más datos…
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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¿ES UN FALSO INGENIERO EL PILLO PEDRO FLOTA ALCOCER, "HEREDADO" A ROBERTO BORGE?

CANCÚN, Q.R., Jueves 19 de Mayo 2011.

CONSTE!
PEDRO FLOTA, EL ILEGAL

+ Su nombramiento como director de Infovir viola la Ley, y ya quebró a CAPA
+ Nada sabe de vivienda; ¡una desgracia para los quintanarroenses!
+ Julián Ricalde y su jefe policiaco encubrieron a la narcojúnior Fernanda

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Neófito, deshonesto y presunto “ingeniero agrónomo”, Pedro Flota Alcocer es una de las peores “herencias” que recibió el actual gobernador de Quintana Roo de parte de su antecesor Félix González Canto, quien a su vez la obtuvo del nefasto Joaquín Hendricks Díaz, pues fue su cómplice Secretario de Gobierno.
Como si fuese poco, su nombramiento como director general del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir) violó la Ley que el 7 de marzo de 2002 dio paso a la creación de ese organismo.
El artículo 15, fracción IV, establece como requisitos para ser director general: “contar con estudios profesionales, conocimientos o experiencia en materia de vivienda y ordenamiento de la propiedad”.
Jamás ha demostrado Flota su cédula profesional, y si realmente es ingeniero agrónomo “egresado del Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA) 16, de Juan Sarabia, Othón P. Blanco”, según su currículum, nada tiene que ver ese título con el área de la que ahora está a cargo.
También, Flota Alcocer estaría en una situación ilegal porque el Consejo Directivo que supuestamente lo designó, está incompleto.
El artículo 9º de la Ley del Infovir establece que éste será “dirigido y administrado por un Consejo y un Director General”. El artículo 10º estipula que el Consejo Directivo será el órgano rector del instituto y se integrará principalmente con un presidente (Gobernador del Estado) y un vicepresidente (Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente). Y el artículo 12º determina en su fracción VIII que una de las funciones del Consejo Directivo es “nombrar al Director General y al apoderado o apoderados especiales”.
Pero si la SEDUMA desapareció legalmente antes de que Flota Alcocer fuera designado, significa que no existe actualmente un “vicepresidente” de dicho Consejo. Y que, en consecuencia, el nombramiento es inválido. El gobernador en turno olvidó que el Congreso estatal debió modificar previamente esos preceptos.
Y para infortunio de los quintanarroenses, al menos la mitad de los nuevos funcionarios del Infovir carece de profesión, sólo son “ciudadanos” según el portal de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo (UTAIP). Algunos son “técnicos” o “pasantes” de ingeniero o de licenciado. Y son más de 120 los empleados de alto rango. ¡Un ejército de impreparados!...
Dependencia de suma importancia para el bienestar y la tranquilidad de los quintanarroenses, el Infovir fue en el sexenio pasado un botín de funcionarios y voraces empresarios que terminaron por quebrarlo financieramente.
Ahora, con Flota como nuevo director general, se pronostica que la corrupción y el desastre administrativo no tienen para cuándo acabar. Menos aún, cuando ya designó a su contlapache Miguel Pedro Moguel Barros como Director Administrativo, a quien tuvo en CAPA con el mismo cargo.
Y otra “herencia” felixista es el recién nombrado Subdirector General, Juan Pedro Mercader Rodríguez, ex subsecretario de Turismo estatal y hermano de uno de los constructores que en el sexenio anterior fueron favorecidos con millonarios contratos de obra pública: Jorge Enrique Mercader Rodríguez.
El instituto ha sido un sonoro fracaso. Miles de familias esperan desde hace años tener una casa propia, titulación de la que ya tienen o la regularización de sus predios. Pocas lograrán su sueño…
Cientos de damnificados de los huracanes Wilma y Dean (sobre todo indígenas de la zona maya) siguen sin recibir el hogar prometido en 2007, cuando los gobiernos federal y estatal iniciaron el programa de “vivienda segura” mediante el cual se construirían 21 mil casas.
Flota fue titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), entre diciembre de 2007 y abril de 2011, donde fue reiteradamente acusado de incurrir en raterías e ineficiencia. Al final dejó en bancarrota a esa institución, que también es clave para los habitantes del estado.
Vivienda y agua potable, son las áreas encargadas a ese funcionario. En ambas se han producido, desde el infausto régimen de Hendricks y hasta la fecha, infinidad de quejas y reclamos. El déficit de casas persiste. Igual que el pésimo y caro servicio del vital líquido, cuyas tarifas fueron incrementadas en 35% en los últimos días de la gestión de González Canto.
Apenas este 3 de mayo, el nuevo director de CAPA, José Alberto Alonso Ovando, reconoció que pese al aumento en el agua --un golpe aniquilador al bolsillo del pueblo--, el organismo sigue en quiebra y, por eso, redujo salarios y compensaciones a los directores hasta en un 20%.
Es evidente: Flota es un completo inexperto en materia de vivienda. Antes de ocupar la titularidad de la Comisión de Agua fungió, en la misma gestión de González Canto, como secretario de Seguridad Pública del estado. El 8 de enero de 2007 “dimitió” --en realidad fue destituido-- tras ser relacionado con una investigación que autoridades federales iniciaron en las policías estatales y municipales por presuntos nexos con el narcotráfico. (Esto fue confirmado por quien era delegado de la PGR, Pedro Ramírez Violante). Lo designaron secretario general del PRI que entonces era presidido por Luis González Flores, hoy Secretario de Gobierno.
Cuando tomó posesión el 9 de abril de este año en Infovir, que maneja millonarios recursos económicos sobre todo provenientes de la Federación, el propio Flota Alcocer admitió su total desconocimiento de los delicados asuntos que tiene pendientes tal organismo.
Con cara de “¿what?”, añadió que apenas iba a enterarse de los informes y de “la situación en que está el estado en general” en materia viviendística. Y que el mismo día empezaría a tomar nota de “todo lo que está sucediendo en las instalaciones del Infovir”.
O sea: el señor no sabía nada de nada. Aparentemente, allí, Roberto Borge Angulo no atinó a buscar al funcionario idóneo que, en los largos nueve meses que precedieron a su asunción, ahondara en los manejos y graves problemas del instituto.
Tan sólo en el municipio de Benito Juárez (Cancún) hay zonas irregulares donde habitan alrededor de 50 mil familias. El problema de la tenencia de la tierra ha sido pretexto de las autoridades para introducir los servicios básicos. Se estima que en todo el estado existen más de 70 mil predios sin legalizar, y la gran mayoría --60 mil-- ubicados en Cancún.
Es mayúsculo el problema de los asentamientos irregulares, que no sólo mantiene en la zozobra a miles de ciudadanos sino que también afectan severamente al medio ambiente.
“En un año resolveremos eso”, dijo triunfalista el neófito titular del Infovir. Aparenta desconocer lo que, en septiembre pasado, advirtió el anterior director, Ricardo Pech Gómez: la institución “no tiene reservas territoriales, que es lo que la mantenía a flote…no hay dinero para pagar impuestos, teléfonos, viáticos y gasolina”. Y lo que dijo el líder sindical Lázaro García Morales: “el Infovir está quebrado porque no se ha podido recuperar la millonaria cartera vencida”.
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RICALDE Y SU CÓMPLICE.- El veracruzano Armando Álvarez Morales, secretario de Seguridad Pública de Cancún, debe ser destituido pues incurrió en el delito de encubrimiento en el caso de la narco-júnior Fernanda García Altolaguirre, hija del presidente del Tribunal Electoral, Francisco Javier García Rosado. Así lo dicen abogados penalistas, como Raúl Ojeda González.
En esta columna del 12 de abril (ENGAÑO DE JULIÁN) advertimos el yerro del alcalde “perredista” Ricalde Magaña al nombrar jefe policiaco a quien en Veracruz se le investiga por corrupción. Allá, Álvarez Morales fue contralor interno (dato que mañosamente omitió el edil), bajo las órdenes de su correligionaria priista Clara Luz Prieto Villegas, quien fungió hasta noviembre como secretaria de la Contraloría estatal. Solaparon muchos fraudes y deshonestidades del gobierno tricolor de Fidel Herrera Beltrán.
Imposible creer que el contralor convertido en “policía” actuó de mottu propio al liberar a Fernanda. Julián es el verdadero responsable, y cada vez más defrauda a los benitojuarenses…
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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ANTE LOS TERRIBLES INCENDIOS EN QUINTANA ROO, ¡LA NOVATEZ DE ROBERTO BORGE!

CANCÚN, Q.R., Martes 17 de Mayo 2011.

CONSTE!
LAS QUEMADAS DE BORGE

+ Su tardía y mediática estrategia para combatir incendios forestales
+ Protestan dos alcaldes opositores… y el gobernador se dice “atacado”
+ ¡Otra vez la impunidad!: exoneración exprés de la júnior Fernanda…
Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Huele a quemado…
Los veinticinco devastadores e incontrolables incendios forestales –más de 30 mil hectáreas afectadas-- y la rápida exoneración de una “júnior” involucrada en drogas, ponen en duda la capacidad de Roberto Borge Angulo para gobernar una entidad de relevante importancia turística mundial como es Quintana Roo.
La histórica conflagración que alcanza a vastas regiones mayas exhibió una tardía y fallida estrategia del mandatario contra un desastre de gran envergadura, sin precedentes, que lo rebasó total y lastimosamente. Mientras que la liberación “exprés” de la hija del presidente del Tribunal Electoral del estado (Teqroo), Francisco Javier García Rosado, demostró que persiste la imparcialidad en el sistema judicial que, en la anterior administración, permitió la impunidad de las estrellas de Televisa Kalimba y Ana Bárbara, entre otros influyentes personajes.
¿Así se pretende mejorar la imagen de nuestros destinos turísticos?. ¿De nuevo las noticias de escándalo son las que mayormente recibe el resto del mundo?.
En sólo 42 días que lleva en el poder, el treintañero priista ha evidenciado novatez en cuestiones de política y de administración pública. Más aún, su actitud intolerante empieza a distinguirlo.
La conformación de su gabinete fue la primera decepción que sufrieron vastos sectores de la sociedad. Aún no es aceptado el nombramiento --a rajatabla-- de personajes de la anterior administración que más bien deberían haber sido sometidos a investigación penal, como Gabriel Mendicuti Loria, Pedro Flota Alcocer, Andrés Ruiz Morcillo, Juan Carlos González Hernández, Francisco Javier Díaz Carvajal y Román Quian Alcocer, por mencionar sólo a algunos integrantes de la “Familia Feliz” que se ha perpetuado en los cargos.
Y ni qué decir de la desafortunada designación del atrabiliario y lenguaraz Carlos Bibiano Villa Castillo, quien en poco tiempo ha sido protagonista de varios escándalos que también trascienden las fronteras del país.
Luego vino el mal manejo de la crisis en la cárcel de Cancún (cuyo “control” está a cargo del gobierno del estado desde septiembre de 2009), donde la semana pasada hubo cuatro muertes y 24 lesionados.
Con la implacable destrucción de selvas, incluida la reserva de la biósfera natural de Sian Ka’an --patrimonio de la Humanidad--, Borge reiteró su menosprecio a los ayuntamientos ganados por la oposición en julio de 2010. Los gobiernos de Benito Juárez (Cancún) y de Lázaro Cárdenas, encabezados por el perredista Julián Ricalde Magaña y la panista María Trinidad García Argüelles, respectivamente, acusaron públicamente al gobernador de retirar los equipos antifuego para darle prioridad la capital del estado, Chetumal, gobernada por el PRI. (Ambos alcaldes asumieron el pasado 10 de abril).
Ya anteriormente, cuando aún era mandatario electo, Borge fue acusado por la alcaldesa blanquiazul de haberla presionado y amenazado por su negativa a imponer recomendados de aquel.
Queda en el aire el discurso borgista de campaña en cuanto a respetar el pluralismo político expresado en las urnas por los quintanarroenses, quienes decidieron que 5 de los entonces 9 municipios --ahora ya existe el de Tulum-- fuesen gobernados por partidos diferentes al PRI.
Al margen de sus desplantes autoritarios, el bisoño gobernador tardó mucho en reaccionar ante los incendios, que hace casi dos meses se iniciaron en el estado. Hasta hace unos días se movilizó para combatirlos. Y dio la impresión de que sus recorridos y sobrevuelos por las zonas siniestradas tuvieron el objetivo de “tomarse la foto” para divulgarla con amplitud en los medios de comunicación. Así, su “lucha” para intentar apagar las conflagraciones ha sido sobre todo mediática… poco efectiva.
Se desató una guerra de cifras en torno a la real afectación, en lo que pareció un intento del gobierno estatal por minimizar el problema. Funcionarios dijeron que sólo eran 10 mil hectáreas, otros –como el propio Borge—admitieron que 14 mil. Tuvo que llegar a Quintana Roo Rafael Elvira Quezada, titular de la SEMARNAT federal, para informar que hay más de 30 mil hectáreas de selvas siniestradas, y que han ocurrido 66 incendios en lo que va del año.
Es lamentable la demora de Borge para actuar: el grave problema fue dejado crecer, no se atacó de inmediato como correspondía. Mientras el fuego se extendía y el humo llegaba a las urbes (incluso a la sofisticada Zona Hotelera de Cancún), el treintañero dedicaba sus esfuerzos a conseguir que el Tianguis Turístico 2012 se realice en Quintana Roo. O a asistir con singular alegría a fiestas como el evento de botes en su natal Cozumel. ¡La frivolidad en todo su esplendor!...
En rigor, el treintañero “despertó” hasta que habían arreciado las quejas y la preocupación de los habitantes, sobre todo de Cancún, quienes junto con los de Playa del Carmen y Chetumal amanecieron tres días consecutivos --el fin de semana-- cubiertos por la humareda.
A fines de abril, el gobernador tuvo una tibia aunque triunfalista reacción: anunció “resultados positivos” de su administración respecto al control de los incendios. Fallaron sus cálculos, porque después se produjeron los peores efectos de la contingencia. Sí, la realidad lo rebasó…
“¿Y cuando vengan los fuertes huracanes, actuará igual?”, se preguntan con justa razón muchos quintanarroenses.
El sábado 14, reflejando la preocupación de los habitantes de Benito Juárez, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Galaviz Ibarra, acusó principalmente al gobierno estatal pero también al federal de haber quitado maquinaria, personal, aviones y helicópteros del combate a los incendios en la zona norte de Quintana Roo, para destinarlos al sur del estado, sobre todo Chetumal. “(Borge) está abandonando a su suerte a Cancún y al municipio de Lázaro Cárdenas… Ya no tenemos recursos para atacar los siniestros”, señaló.
No se vio oficio político en Borge, quien respondió visceralmente –con el hígado, pues-- a la denuncia. El domingo 15, antes de participar en el festejo por el Día del Maestro, tildó de “electoreras y partidistas” las acusaciones, al tiempo que pidió al alcalde perredista Ricalde Magaña una “aclaración”. A su juicio, Galaviz --militante del PAN-- lo estaba atacando políticamente. Más aún, dijo que el presidente municipal “no está de acuerdo con su secretario (…) hay que recordar que son de dos partidos políticos diferentes”.
Habría que recordarle al gobernador que los cancunenses votaron mayoritariamente en julio pasado no a favor del PRI, sino de una coalición de gobierno que han formado PRD, PAN, PT y Convergencia. El pueblo decidió que “partidos diferentes” la gobernara. ¿No está claro?.
El lunes 16, la secretaria del Ayuntamiento panista de Lázaro Cárdenas, Guadalupe del Pilar de la Cruz Chicatti, se quejó: “El gobierno del estado no está prestando apoyo para combatir los incendios forestales en este municipio”. Reportó 9 quemazones, de las que “cuatro no reciben atención de ningún tipo”. Y dijo que unas 8.516 hectáreas ya habían sido consumidas por el fuego, incluso la reserva de flora y fauna Yun-Balam. La funcionaria fue apoyada por la alcaldesa García Argüelles, quien llegó al poder como candidata del PAN y el apoyo del PRD.
Hasta ahora, Borge no ha acusado también a las autoridades de Lázaro Cárdenas de estar “atacándolo políticamente” por decir la verdad.
(Ese municipio, igual que el de José María Morelos, también afectado por los incendios, está en la zona maya, la más pobre del estado).
Lo que la sociedad espera del gobernador es seriedad y eficiencia. Que, por ejemplo, instruya al Congreso local que prohíba las quemas agropecuarias pero que también frene a los voraces desarrolladores inmobiliarios, quienes le prenden fuego a selvas para consumar sus negociazos.
El domingo 15, el propio Borge admitió que algunos empresarios provocan incendios con la intención de lotificar posteriormente los terrenos y buscar el cambio de uso del suelo. “En muchos casos sofocamos la conflagración pero hay desarrolladores que intencionalmente los vuelven a encender”, añadió.
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¡DE NUEVO LA IMPUNIDAD!.- El pasado fin de semana, Fernanda García Alto Aguirre, de 25 años de edad, fue detenida por policías municipales en una casa del fraccionamiento Residencial Santa Fe Plus (Supermanzana 525) junto con otras cinco personas a quienes se les aseguraron droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y tres vehículos de lujo. Dos de los acompañantes de la joven, los hermanos Cristian y Miguel Sosa Barragán, tienen un amplio historial delictivo por tráfico de estupefacientes, robo de autos y clonación de tarjetas bancarias; uno de ellos estuvo preso en Italia.
La hija del presidente del Tribunal Electoral y amigos iban en una camioneta robada, dispararon su arma, y los agentes empezaron una persecución que culminó en aquella casa de Cancún. Los trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Municipal y todos, excepto la “júnior”, turnados a la Procuraduría de Justicia estatal. Ella fue liberada de inmediato. El alcalde Julián Ricalde desnudó a Roberto Borge Angulo, al afirmar que éste le hizo “solicitudes de apoyo” a favor de Fernanda. Aún desatado el escándalo, el gobernador formuló declaraciones públicas en defensa de la muchacha, quien en el 2008 fue arrestada también por posesión de drogas.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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ANDRÉS GRANIER DESTROZA AL GOBIERNO PARA CUMPLIR LOS CAPRICHOS DE SU COMPADRE MAYANS

Lunes 16 de Mayo 2011.
TESTIGO!
GRANIER, TÍTERE DAÑINO

+ Destruye al gobierno para favorecer a su compadrito Mayans
+ Alista fraude electoral en 2012… y el pueblo cada vez más pobre
+ Con González Lastra ¡viene el garrote vil!; su represión en Chiapas

“La maldad no necesita razones, le basta con un pretexto”: Goethe


Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

¡Es vergonzoso que el títere Andrés Granier Melo permita que su compadre “Minguito” Humberto Mayans Canabal haga todo lo que se le pega su regalada gana!...
Los cambios y enroques --burdos, sin cuidar forma alguna—del fin de semana ratifican con nitidez y contundencia que a Granier no le importan el progreso del estado ni el bienestar de los tabasqueños. Resquebrajó su aparato gubernamental con fines puramente electorales, para consumar un gigantesco fraude comicial en 2012 e imponer como sucesor a su perverso compadre Mayans.
Se nota a leguas la desesperación de la nefasta dupla de “gobernantes” por no perder el poder… y el miedo que le tienen a la oposición, léase PRD. El temor también a que el repudio de la población al mal gobierno se manifieste en las urnas. Es que la gente quiere un cambio, ya está harta de las raterías del PRI. Por eso, en la Feria 2011, abuchearon al senil “Chelo”.
Igual de grave es que la mafia en el poder sólo cambie de posiciones. Son los mismos apellidos de siempre: los Mayans, los Rovirosa, los Lastra, los Romero, los Prats.
Es el continuismo de la oligarquía y de los cacicazgos que han saqueado a Tabasco. ¡Y seguirán haciéndolo, con total impunidad, a pesar del hartazgo de la ciudadanía!.
Cual si fuese muñeco diabólico, Granier se solaza haciendo trizas al gobierno mientras que siguen altísimos los índices de desempleo y delincuencia, unos 700 mil tabasqueños viven problemas de alimentación y más de la mitad de la población está en la pobreza. Ya pidió otro crédito a Banobras por 1.500 millones de pesos pero no para solucionar esos problemas sino para derrocharlos en las campañas del PRI. Es la irresponsabilidad total…
Y el arribo del siniestro chiapaneco --nació en Pichucalco-- Rafael González Lastra a la Secretaría de Gobierno constituye un negro presagio: se agudizará la “ley del garrote” que ha aplicado el nefasto granierato como método para perseguir, encarcelar o eliminar a disidentes, particularmente perredistas como el ex diputado local Oscar Cantón Zetina; el ex alcalde de Comalcalco Javier May Rodríguez, y otro edil, Oscar Ferrer Ávalos, de Huimanguillo (en 2009), por citar sólo unos ejemplos. No hay duda, la represión será un arma electoral.
Ya cuando fue Procurador de Justicia de Chiapas, en uno de los gobiernos más intolerantes que ha tenido el estado --el de José Patrocinio González Garrido (y Canabal)--, González Lastra fue el brazo ejecutor que reprimió implacablemente a críticos e indígenas, lo que le acarreó buen número de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y provocó en gran medida el levantamiento armado del EZLN en 1994.
No sólo eso: el lacayo de Mayans --éste lo impuso como procurador en Tabasco-- demostró su odio homofóbico al estar involucrado en Chiapas en el asesinato de más de una docena de homosexuales (entre junio de 1991 y febrero de 1993) y hasta de periodistas como Roberto Antonio Mancilla Herrera, ejecutado el 1 de febrero de 1993. Su aliado en esos crímenes fue Ignacio Flores Montiel, jefe de la Policía Judicial, quien terminó en la cárcel. Y, desde luego, el patrón de ambos, el nefasto González Blanco (y Canabal). Todo eso lo documento y exhibió la CNDH.
La misma política de garrote vil aplicó durante los dos años y diez meses que estuvo al frente de la PGJE tabasqueña, a donde llegó después de que Mayans traicionó y aniquiló a Gustavo Rosario Torres, el primer procurador del sexenio.
Y si tuvo éxito en golpetear a los adversarios al régimen, acatando instrucciones de “Dominguito”, González Lastra fracasó rotundamente en el combate a la delincuencia: durante su gestión en la PGJE hubo ¡143 ejecutados y 100 secuestros, 22 de ellos en lo que va de este año!. Aparte, la ola de robos y asaltos.
El pasado 13 de abril, unos días antes de “huir” de la Procuraduría tabasqueña, González Lastra admitió cínicamente que se incrementó en 45% los casos de robo, asalto a mano armada en comercios, casas habitación y hurto de vehículos. Dijo que era por culpa de la Federación, “que tiene abandonada la frontera sur del país”.
Pretextos siempre los tuvo para tapar su negligencia. Llegó a decir que la alarmante ola delictiva en tierras chocas era “una reacción del crimen organizado, porque le hemos pegado duro”.
Y cuenteó a los tabasqueños con eso de que atrapó a muchos líderes “zetas”. Eso fue mérito del gobierno federal, en la gran mayoría de los casos.
Además, 202 elementos policiacos fueron aprehendidos, en su mayoría por sus nexos con el narcotráfico, del 2007 a la fecha.
Con todo y sus pésimos resultados, el títere “Chelo Despensa” ¡premió a González Lastra dándole más poder!. Aunque la orden fue, en rigor, del nefasto “Dominguito”, para tener a su disposición todos los recursos y toda la fuerza pública para consumar su enfermiza ambición de ser gobernador. Granier es un cero a la izquierda…
Para eso quería más tiempo Mayans antes de renunciar, para “amarrar” bien a sus incondicionales que lo dejarán echar mano del erario y financiar lo que ya se vislumbra que será una costosísima campaña. Ya dejó muy afinadas sus “cajas chicas” --dependencias gubernamentales-- de las que sacará dinero del pueblo.
Para eso pospuso “Minguito” su renuncia anunciada el 10 de enero de este año, cuando dijo que “en unas semanas” (que se convirtieron en 4 meses) dejaría el cargo “porque tenía importantes encomiendas que cumplir”. Ya se vio cuáles eran, y que nada tienen que ver con servirle a Tabasco.
Tuvo tiempo para implementar sus maquiavélicos planes, como convertir al PRI estatal en un mini gobierno a su entera disposición: su pariente Ana Luvia Canabal Hernández será la que en los hechos manejará el partido. Porque el ex Consejero Jurídico de Granier, el neófito en política Miguel Alberto Romero Pérez, será una figura decorativa en la presidencia del tricolor, a donde llegó violando estatutos. Como lo son la secretaria general Selene Mollinedo; Carlos Manuel Rovirosa Pérez, secretario de Organización, y Antonio Prats Murillo, secretario de Acción Electoral.
Le sobró tiempo, también, para imponerle nuevamente a su chalán "El Chelo" al procurador de Justicia. Desde el ayer domingo es Gregorio Ramiro Tequextle, padre del dizque dirigente priista. El nepotismo descarado...
Burdamente, sin cuidar forma alguna --ni legal ni ética--, el descerebrado Granier desmanteló dependencias estratégicas para la vida pública y el desarrollo de Tabasco, como las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) y de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (Sedafop), así como la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia (PGJE).
No hay que olvidar que Sedeco y Sedafop son instituciones clave para crear empleos en el campo y en las urbes.
¿Qué necesidad había de quitar a Ignacio Lastra Marín de Desarrollo Económico?. (El titular de Coparmex-Tabasco, Daniel Vázquez, reprobó ese cambio). ¿Por qué sacar a Rovirosa Pérez como titular de la Sedafop?. Bueno, se explica que es parte del proyecto de Mayans de hacer del PRI un pequeño pero poderoso gobierno paralelo…
Y en cada una de esas dos importantes secretarías, ya son tres los titulares durante el granierato. ¡El colmo del mal gobierno!.
“Minguito” Mayans por fin salió después de cuatro meses de anunciar públicamente --a pesar de que siempre lo negó-- que aspira a la gubernatura. Como él es quien manda en Tabasco, salió hasta que le convino… y hasta que apaleó a contrincantes como “El Bizco” Jesús Alí de la Torre, quien a través de Adrián Hernández Balboa estaba apoderado del PRI. Salió hasta que armó bien su estructura dentro del gobierno de su alcahuete Granier.
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EL REPRESOR GONZÁLEZ LASTRA.- En Chiapas, Rafael González Lastra, siendo procurador de Justicia, fue involucrado en los asesinatos de gays y lesbianas, e intervinieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Una de las recomendaciones que le hizo la CNDH fue la número 113/93, luego del homicidio de José Luis Domínguez, el 4 de noviembre de 1992. Hubo otra más, por la detención arbitraria de Miguel Ángel de los Santos Cruz, defensor legal de indígenas y campesinos. Asimismo, la Comisión se quejó (recomendación 220/93) de que González Lastra se había negado a aprehender a quienes despojaron a la indígena Amelia Escobar Rodas.
Y eso son sólo algunos de los atropellos cometidos por el ahora sucesor de Humberto Mayans. ¿Qué le espera a Tabasco?...
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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EL PROCURADOR DE QUINTANA ROO DESMIENTE AL JEFE DE POLICÍA... Y A SU SUBPROCURADOR

CANCÚN, Q.R., Sábado 14 de Mayo 2011.

CONSTE!
BORGE NO PUEDE

+ Desgarriate gubernamental por el motín en Cancún
+ Mentiras del general Villa confunden a la ciudadanía
+ “El Piolín” no está muerto… y el alcaide se “enfermó”

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

…Y el general Villa sigue dándole dolores de cabeza a su padrino Roberto Borge Angulo.
“¿Qué pasó en la cárcel de Cancún?”, intitulamos nuestra columna del jueves pasado. Pues resulta que lo que ocurrió es un auténtico desbarajuste… por parte de las autoridades. Es condenable la falta de coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJE) estatales. Más aberrante es que una y otra le hayan mentido a la ciudadanía, acerca de lo que realmente sucedió durante el motín del miércoles 11.
En una colosal pifia incurrieron los titulares de esas dependencias, Carlos Bibiano Villa Castillo y Gaspar Armando García Torres. Porque ahora resulta que no fue “El Piolín” el reo asesinado, sino “El Caguamo”. Y no fue a balazos, sino a cuchilladas. Además, son 24 los lesionados, y no 4 como originalmente pregonó el militar.
Así, más que la rebelión de reclusos indeseables, a la sociedad de Quintana Roo debe preocuparle los erróneos nombramientos del gobernador priista Borge Angulo en materia penitenciaria, de seguridad pública y de procuración de justicia.
Ya lo advertimos en este espacio periodístico: el mandatario estatal se equivocó al designar al matazetas duranguense al frente de la SPP. Erró también al colocar a personajes inexpertos en la Procuraduría General de Justicia (PGJE).
Los hechos demuestran --rápida y contundentemente-- el desatino de Borge de llevar a cabo una atropellada y mal planeada militarización de prisiones y corporaciones policiacas.
A ello se agrega la opacidad gubernamental en cuanto a la información oportuna y veraz que debe proporcionar acerca de asuntos delicados como la sublevación de reclusos.
El repentino relevo, ayer viernes 13, del capitán segundo de Infantería Higinio Sánchez Baltazar, como director del penal de Cancún que --hay que insistir en aclararlo-- depende del gobierno del estado desde septiembre de 2009, es una muestra más del fracaso de la precipitada imitación en Quintana Roo del “Modelo Coahuila”, que aplicó el ex gobernador Humberto Moreira Valdez --ahora líder nacional del PRI— a sugerencia de la “generalísima” Isabel Arvide Limón y que resultó un fiasco. (La imposición de militares al frente de las policías estatales y municipales, y en prisiones, no resolvió sino agravó la ola delictiva).
Ahora falta saber si la caída del alcaide significa también un tácito reconocimiento del gobernador de que es inadecuada su estrategia de dejarle todo el “paquete” de la seguridad, incluso en las cárceles, al general Villa y a su runfla de bravucones militares que trajo de Torreón, Coahuila, encabezados por la periodista tabasqueña Arvide Limón quien --según don Bibiano-- “tiene más experiencia que muchos generales” del Ejército mexicano.
Hoy reiteramos lo que escribimos el jueves: se percibe una aparente falta de voluntad de Borge Angulo para acabar con el “autogobierno” y la feroz disputa entre bandas del narcotráfico que ya duran varios años. Aún más, se observa incapacidad...
Funcionarios clave incurrieron en confusiones y mentiras a partir de los hechos violentos y sangrientos consumados en el presidio cancunense entre el viernes 6 y el miércoles 11 que causaron cuatro muertes y múltiples lesionados.
Tanto Villa Castillo como el subprocurador general de Justicia, Juan Ignacio Hernández Mora, le mintieron y confundieron a los quintanarroenses, porque ahora resulta que el famoso “Piolín” no está muerto. ¡Vaya, ni siquiera es correcto el nombre que le atribuyeron al “resucitado” reo!.
Ambos funcionarios faltaron a la verdad, también, cuando minimizaron el número de lesionados. Villa llegó a decir que sólo eran ¡cuatro!.
Pero la cadena de falsedades continúa: la salida del capitán Sánchez Baltazar, quien fue subordinado de don Bibiano en la policía de Torreón, fue disfrazada de una súbita “enfermedad”. A través de un escueto boletín de prensa (¿no ameritaba el caso una declaración personal del gobernador o del titular de la SSP?), se informó que de manera provisional y por una presunta “complicación de salud”, el director de la cárcel dejaba el cargo que asumió apenas hace un mes. “Fue trasladado de urgencia al Hospital Militar en la ciudad de México”, añadió el comunicado.
No hay más detalles. Se le oculta la información a los quintanarroenses en un asunto que les atañe --y les afecta-- directamente.
La noticia buena es que un civil, el licenciado Ignacio Moreno Mejía, director general de Prevención y Readaptación Social, queda como responsable de la conflictiva cárcel benitojuarense. Y las noticias malas: Borge no anuncia la necesaria reubicación del penal pero sí ordena el traslado de peligrosos reclusos a prisiones más chicas e inseguras como las de Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel. Simples parches que no curan y ni siquiera alivian la enfermedad.
El jueves 12, un día después del amotinamiento, el procurador García Torres desmintió al mujeriego general Villa y a su propio subordinado, Hernández Mora. El ex ombudsman del estado negó que el recluso fallecido sea Oscar Melchor Dzul Cortés y mucho menos que fuera “El Piolín”, quien además responde a otro nombre: Eliobet Ramos Lara. Dijo que el asesinado es Luis Alberto Alvarado Domínguez, “El Caguamo”, de 19 años de edad. Y no fue victimado de un balazo, sino con un arma punzocortante, añadió. Además, los heridos fueron 24, seis fueron trasladados al Hospital General de Cancún; tres con lesiones de arma de fuego, y los otros con arma blanca.
Ramos Lara es, en consecuencia, quien estuvo involucrado en el triple asesinato perpetrado en una celda de la misma cárcel el pasado viernes 6.
Luego del desmentido del procurador, vino una andanada de pretendidas justificaciones por parte del general Villa… ¡a través de Twitter!. Desde su cuenta (@gralbvilla), el viejo militar dijo: “En los motines siempre hay confusiones generadas por los mismos internos. En un principio, la información apuntaba al Piolín”. Y en otro mensajito afirmó: “La PGJE es la institución encargada de investigar e informar sobre lo sucedido”.
O sea: Villa culpa a los reclusos de su lengualarga. Y si considera que la Procuraduría estatal es quien debe informar, ¿por qué se precipitó él a dar un reporte que no estaba confirmado?. No hay otra respuesta: fue producto de su excesivo protagonismo, de su locuacidad.
Aún más: el vocero de la SPP, Gerardo Campos López, también le entró a los “twittazos”… y a las mentiras. A través de su cuenta (@SPP_QuintanaRoo) se apresuró a justificar a su jefe y señaló: “El general Villa Castillo dijo que ‘probablemente era el Piolín’ pues durante el motín los reos lo señalaron así”.
Para desventura del “olvidadizo” lacayo Campos López, está grabada la declaración que hizo su patrón en la conferencia de prensa que ofreció el mismo día del motín.
Textualmente declaró: “Tenemos un muerto y de una vez les voy a decir quién es para que sepan, se llama El Piolín… ya debía mucho, ya había participado en muchas cosas, y tuvo que ver con los tres fallecidos en Cancún y se puede decir que fue un ajuste de cuentas, no sabemos si era Zeta o Pelón, pero fue testigo presencial de las tres muertes”.
El general nunca dijo que “probablemente era El Piolín”, sino que categóricamente lo dio como un hecho.
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VILLA CONTRA DERECHOS HUMANOS.- Reiteradamente acusado de violar las garantías individuales durante su desempeño como jefe policiaco en Torreón, el general Carlos Bibiano Villa Castillo ordenó cerrar las puertas de la prisión de Cancún a la Comisión de Derechos Humanos del estado. Tirso Esquivel Ávila, segundo Visitador, declaró que esta dependencia dictó dos medidas cautelares por el motín “pero en la cárcel se negaron a recibir el documento y tampoco nos han permitido ingresar”. Aseguró que el jueves, 16 personas solicitaron la intervención de la CDHQR, preocupados por la seguridad de sus familiares reclusos que estaban siendo maltratados aún cuando el motín ya había sido controlado, así como vejaciones a mujeres que habían entrado al área conyugal y la presencia de niños.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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TRAGEDIAS EN LA CÁRCEL DE CANCÚN: EL FRACASO DE LOS MILITARES

CANCÚN, Q.R., Jueves 12 de Mayo 2011.

CONSTE!
¿QUÉ PASÓ EN LA CÁRCEL?

+ Cuatro muertes, muchas armas… y “El Piolín” ejecutado
+ Borge, Villa e Higinio deberían despejar las incógnitas
+ Cuando el Procurador se quejó del alcalde de Cancún

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Las cuatro muertes ocurridas en menos de una semana dentro de la cárcel de Cancún, manejada por el gobierno del estado desde 2009 con un costo de casi 50 millones de pesos al año, revelan una aparente falta de voluntad del gobierno priista de Roberto Borge Angulo para acabar con el “autogobierno” y la feroz disputa entre bandas del narcotráfico que ya duran varios años.
Solicitar la presencia de efectivos del Ejército y de la Armada para sofocar el motín de ayer miércoles, y pedirle al gobierno federal el traslado de 148 reos de alta peligrosidad a un penal de máxima seguridad (fuera del estado), dan la idea de desesperación… y de la carencia de un plan para combatir la corrupción en la prisión cancunense.
Imposible creer que el mandatario estatal desconocía que dicha prisión es una “bomba de tiempo” donde se produjeron motines el 8 de diciembre de 2006 --hubo tres muertos--, el 24 de octubre de 2008 y el 8 de marzo de 2009 --fueron 22 lesionados--, así como varias fugas de internos.
Imposible creer que no sabía que desde hace años es controlada por el crimen organizado. Además, dos de los ex alcaides, Marco Antonio Mejía y Jorge Mendoza Argüelles, se encuentran encarcelados por presuntos nexos con los carteles de la droga. Otro factor explosivo es la sobrepoblación carcelaria: hay más de 1.200 reclusos en unas instalaciones con capacidad para sólo 450.
Las fechorías de los sicarios del narcotráfico presos en Cancún constituyen una clara evidencia de que han sido palabras huecas la “depuración” y las “estrictas medidas de seguridad” anunciadas por los militares contratados por Borge y que, de hecho, tomaron el control del penal desde fines de marzo, antes del relevo oficial en la gubernatura de Quintana Roo el pasado 5 de abril.
Así, las tragedias del 6 y 11 de mayo ponen en entredicho principalmente al general Carlos Bibiano Villa Castillo y a su ex subordinado en Torreón, el capitán Higinio Sánchez Baltazar, director de la cárcel.
En un estado de leyes, ambos funcionarios al menos deberían ser sometidos a investigación por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJE) cuyo titular es el ex ombudsman Gaspar Armando García Torres. Y, además, citados a comparecer por el Congreso local que jefatura el priista Eduardo Espinosa Abuxapqui.
No hay indicios de que ello ocurrirá, a pesar del derecho que tiene la ciudadanía a conocer la verdad.
Al menos siete cuestiones deben ser cabalmente explicadas y esclarecidas por las autoridades:
1.- ¿Cómo es que reclusos tenían armas, incluso de grueso calibre --pistolas 9 milímetros--, que fueron aseguradas por las fuerzas públicas tras el motín del miércoles 11? ¿Acaso es falso que se hayan efectuado “exhaustivas revisiones” como la que supuestamente se llevó a cabo tras la triple ejecución perpetrada la noche del viernes 6?.
2.- ¿Por qué no se le impuso una especial vigilancia a Oscar Melchor Dzul Cortés, “El Piolín”, si ya había sido identificado como uno de los asesinos de tres integrantes de la banda de narcos “Los Pelones” en una de las celdas? ¿El motín fue realmente un “pretexto” para ejecutarlo?.
3.- ¿Con qué finalidad, el general Villa insistió en informar que sólo había tres lesionados, como consecuencia del amotinamiento matutino, cuando en realidad fueron por lo menos seis los heridos de bala --aparte del victimado--, según la declaración de Ricardo Portugal, director de la Cruz Roja en Cancún?. ¿Y por qué el militar declaró de inmediato que la rebelión de reclusos fue porque “perdieron el control de la comida”, para retractarse unas horas después y afirmar que todo se debió a “un ajuste de cuentas” contra Dzul Cortés?.
4.- ¿Por qué no se informa cuántas armas tenían en su poder los reclusos, y de qué tipo son, de qué calibre?. Aunque el propio Bibiano Villa aseguró que fueron decomisadas una pistola 9 milímetros y un arma larga, existe la sospecha fundada de que había más.
5.- ¿Algunos custodios y otros trabajadores del centro carcelario son culpables de “ayudar” a los indeseables sujetos que libremente introducen armas y drogas?.
6.- ¿En qué medida la militarización de mandos policiacos y penitenciarios en Quintana Roo contribuyó a la consumación del motín, y puede provocar otros hechos sangrientos?
7.- ¿Es verdad o no que Isabel Arvide Limón, la “asesora” de don Bibiano (ya Borge declaró que no es de él), tiene relación con la empresa que sin licitación de por medio fue contratada --“provisionalmente”, según el militar-- para proveer los alimentos en el penal?. ¿Y qué sueldo tiene, cuáles son sus funciones en realidad?...
(En uno de sus partes informativos, el Diario de Yucatán comentó ayer: “La molestia de los reos comenzó porque al parecer cambiaron al concesionario que prepara los alimentos, y que al parecer se trata de una persona muy cercana a la secretaría estatal de Seguridad Pública”).
Aparte, el sexagenario general duranguense, ex jefe de la policía de Torreón, dio una nueva muestra de su talante frívolo cuando, el mismo día del motín, soltó una frase con la que quiso aparentar ser gracioso: “Yo soy militar, cuando veo a una mujer, yo las adoro, yo las mato a besos”. Eso dijo cuando dos periodistas, un hombre y una mujer, le formularon preguntas al mismo tiempo. Respecto a la periodista Arvide Limón, dijo textualmente: “yo meto las manos al fuego por Isabel Arvides (sic); no nada más las manos, ¡el cuerpo entero!”.
En otra de sus ligerezas, el general Villa respondió: “Ah, eso si no sé”, cuando se le preguntó cómo es que su “asesora” tenía tanto conocimiento y experiencia en materia de seguridad pública.
Sin embargo, el sobrino-nieto de Pancho Villa confesó que la polémica periodista “sí tendrá mucho que ver en la compra de chalecos y armamento nuevo, porque sabe más que muchos generales… tiene una experiencia de más de 30 años en los temas de seguridad”.
Por lo demás, hace tiempo que gran número de ciudadanos reclama que la cárcel, situada en pleno centro de Cancún, entre las avenidas Andrés Quintana Roo y José López Portillo, sea reubicada. Y que, por supuesto, la agranden y le den más seguridad.
Muchas familias que habitan en los alrededores viven con el Jesús en la boca…
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EL RETO DEL PROCURADOR.- Gaspar Armando García Torres está particularmente obligado a actuar e informar con veracidad. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQR) emitió desde 2005 un buen número de recomendaciones a funcionarios estatales y municipales --incluidos los jefes de los penales-- que presuntamente incurrieron en abusos y violaciones a las garantías individuales. También se manifestó contra el hacinamiento de reos. Pero se quejaba amargamente de que no le hacían caso.
Antes, cuando el amotinamiento de reclusos del penal cancunense ocurrido el 8 de diciembre de 2006 (se fugaron unos 100 reos, la mayoría de los cuales fue recapturada), emitió una serie de recomendaciones al entonces alcalde Francisco Alor Quezada --de quien dependía la cárcel--, quien groseramente le respondió que “las acompañara con recursos económicos para poder atenderlas”.
El ombudsman denunció que Alor no le había dado respuesta a su solicitud de realizar las investigaciones pertinentes para determinar si --durante el motín-- hubo excesos en la intervención de los custodios y los elementos de seguridad pública, por lo que pidió al Cabildo de Benito Juárez (Cancún) realizara formalmente la petición. “Si se produjeron violaciones a los derechos humanos, se deben aplicar las sanciones”, advirtió.
García Torres habló del autogobierno en el penal cancunense: “Hay que reconocer que genera un orden. Sin embargo, es un riesgo porque fortalece a los propios internos e impone sus particulares reglas (…) En realidad es el principal problema, permite que se cometan abusos al interior de las cárceles. Hemos recibido denuncias por parte de los familiares en las que señalan que los internos sufren de extorsión por protección y trabajos obligatorios. Pero cuando nos apersonamos, los presos lo niegan, temen represalias. Bajo esas condiciones, nos faltan elementos para poder actuar”. Tales anomalías sólo han sido señaladas y consignadas en documentos, “pero hasta ahora no tenemos elementos contundentes para llevar a cabo una denuncia de tipo penal contra nadie, contra ninguna autoridad”.
¿Y ahora, en el motín del miércoles 11, hubo violaciones a los derechos humanos?. Juzgue el lector, mediante un video que se puede ver en estos links:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jNdDrbrN-Tc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jNdDrbrN-Tc#t=92s
En su informe del 5 de marzo de 2007, el entonces titular de la CDHQR dio a conocer que la cárcel municipal de Cancún obtuvo una calificación de 5.86, según el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, y el Cereso de Chetumal 5.47 de promedio.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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SIN ARGUMENTOS VÁLIDOS, EL PROCURADOR DE QUINTANA ROO DEFIENDE A SU JÚNIOR SUBPROCURADOR

CANCÚN, Q.R., Miércoles 4 de Mayo 2011.

CONSTE!
EJECUCIONES Y ABUSOS

+ Playa del Carmen, peleada por los carteles de la droga
+ La prepotencia de los subalternos del general Villa
+ Y los tumbos del procurador Gaspar Armando García

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Nuevamente hay baño de sangre en Playa del Carmen. El paradisiaco lugar --segundo destino turístico del estado— es hoy el escenario de una feroz disputa entre carteles del narcotráfico por el control de la importante plaza.
Y hay un temor generalizado en la población, que se agudiza ante el silencio de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJE), que no confirma ni niega que se esté librando esa cruel guerra. Otra vez se esgrime el argumento de “no espantar al turismo” para ocultarle información a la ciudadanía.
A fines de abril se produjeron “levantones” y ejecuciones tan sanguinarias, como la decapitación de una persona.
No es sólo ese el reto que ya se le presenta al procurador Gaspar Armando García Torres, el único titular de la dependencia que, en el estado, ha sido antes presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
También tiene que lidiar con la prepotencia y los abusos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza el polémico general Carlos Bibiano Villa Castillo. Ayer martes Carlos Mejía y su padre formularon una queja ante la CDHE y ante la propia procuraduría contra el principal subalterno del militar duranguense, Manuel Jesús Cícero Salazar (Subsecretario), porque en un operativo que realizó en la zona de “El Crucero”, en pleno centro de Cancún, sus agentes encañonaron, insultaron y catearon al par de ciudadanos. Los policías no portaban identificación pero sí armas largas y capuchas.
Un día antes, el lunes 2, cuando Villa Castillo estaba en el muelle de pasajeros de Playa del Carmen para abordar el “ferry” y trasladarse a Cozumel, su exagerado aparato de seguridad provocó zozobra. Sus muchos escoltas se pusieron nerviosos al escuchar un ruido “raro” y uno de ellos disparó un tiro a lo loco, que por fortuna pegó en el suelo. Pudo ocurrir una tragedia.
Ese mismo día, el alcalde priista de Cozumel, Aurelio Joaquín González –apenas asumió el 10 de abril--, denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte por parte del crimen organizado. Y ese es otro desafío para García Torres.
En esta columna periodística mencionamos que la denuncia del diputado federal panista Agustín Castilla Marroquín respecto a una “salida furtiva” del pederasta Jean Succar Kuri de la cárcel municipal de Cancún (finalmente desmentida), obligó al procurador quintanarroense a destituir como Director de Control de Procesos Internos a Efraín Ignacio Trujeque, quien hace años fue abogado defensor del empresario de origen libanés. Para algo más sirvió la denuncia del legislador: hoy miércoles, Succar fue trasladado por fuerzas federales a una prisión de alta seguridad, al parecer la del Altiplano, en estado de México.
Aquí establecimos días antes la necesidad de que el pedófilo fuese sacado del penal cancunense antes de que lo “liberaran” grupos poderosos que lo apoyan.
Respecto a Gaspar Armando García Torres, está más obligado que nadie a salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía. Pero también a analizar los expedientes personales de quienes son o serán sus colaboradores, para darle tranquilidad a la sociedad y al turismo.
En ese sentido, este periodista advirtió el sábado 30 de abril (columna EL JÚNIOR SUBPROCURADOR) sobre la novatez de José Antonio Nieto Bastida, así como las acusaciones que han sido formuladas contra sus “parientes incómodos”: su padre Félix Nieto Colín fue señalado el 8 de febrero de 2009 como uno de los varios personajes y empresas que violaron normas ambientales. Es propietario de Punta Piedra Cabañas.
Y al tío del subprocurador en la Zona Sur del estado, José Rosario Nieto Colín, le llovieron acusaciones en su calidad de titular en Tulum de la Delegación de Comunicaciones y Transportes (DCT), dependiente de Sintra. Junto con algunos de sus subordinados habría incurrido en actos de corrupción, sobre todo en la inspección del transporte público. A la par de su cargo público es socio del sindicato de taxistas “Tiburones del Caribe”. Y en 2002 habría sido ilegal su elección como regidor en el ayuntamiento de Solidaridad, según el PRD.
El lunes 2 de mayo, García Torres implícitamente refutó a este periodista y dio un espaldarazo a Nieto Bastida. Sin embargo, es lamentable que el procurador no proporcione argumentos sólidos en su afirmación. Se limita a exhibir una larga lista con los cargos que ha desempeñado el nuevo Subprocurador… pero todos son de escasa importancia. Y no se refiere a los “parientes incómodos”.
Más aún, el procurador se contradice al señalar que está consciente de que “el desempeño de un servidor público no puede desvincularse de sus actividades privadas”, porque la calidad moral es requisito indispensable en el ejercicio del poder. ¿No corresponde a la “actividad privada” de Nieto Bastida el hecho de que su padre y su tío hayan incurrido en presuntos ilícitos? ¿No tiene derecho la ciudadanía a conocer los pormenores de la vida privada de un servidor público de la envergadura de un Subprocurador de Justicia?. ¿No queda en entredicho su “calidad moral”?.
Deplorable también es que García Torres se oculte bajo las faldas del vocero del gobierno estatal para “desmentir”. ¿Así va a continuar, sin dar la cara ni afrontar directamente los problemas, sin que su dependencia emita los comunicados oficiales en cuestiones que le atañen?...
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ROMÁN QUIAN.- Una de las ejecuciones registradas la semana pasada ocurrió precisamente en el Ejido Playa del Carmen. Aparentemente fue esclarecida por la PPGJE. Se señala a narco-taxistas que están al servicio de la banda criminal de Los Zetas. Pertenecen al sindicato de ruleteros “Lázaro Cárdenas del Río” y cuyo secretario general es Jacinto Aguilar Silbarán, también regidor en el ayuntamiento presidido desde el pasado 11 de abril por Filiberto Martínez Méndez, uno de los impuestos por el diputado federal Carlos Joaquín González.
En septiembre y octubre del año pasado, en esta columna, dimos cuenta de cómo el ex alcalde de Solidaridad, Román Quian Alcocer, toleró que operaran los carteles de la droga en Playa del Carmen. Se benefició con ello. Como con el control del Ejido y del sindicato, el más próspero de Quintana Roo: sus integrantes son millonarios, un juego de placas está cotizado hasta en 800 mil pesos. “Chinto” Aguilar es su pariente.
Recordamos que el ex munícipe fue acusado en 2007 por la PGR (averiguación previa PGR/CHET/099/2007-II) por el ilegal parcelamiento de 7.137 hectáreas el 24 de marzo de 2002, y otro más en 2006. Nada se le hizo porque tenía fuero. Pero ya no.
¿Investigará el procurador el “cochinero” que dejó Quian en Playa del Carmen?. Lo más probable es que no. Porque el corrupto personaje es ya parte del gobierno estatal: director de la Administradora Portuaria Integral (API).
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.

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EN TABASCO, EL TRANSPORTE PÚBLICO ES UN "COCHINERO"...Y NEGOCIO DE ANDRÉS GRANIER

Lunes 2 de Mayo 2011.

TESTIGO!
OTRO ATRACO DE GRANIER

+ El contubernio con su consuegro Cruces Galán en la venta de vehículos
+ Ordena en Tabasco talar ¡512 árboles! para que circulen automóviles
+ Un “cochinero” el transporte público: ya viene otra alza de tarifas

“Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada”: Edmund Burke

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

¡Otro atraco del granierato contra los tabasqueños!...
El anunciado aumento de tarifas al transporte público en Tabasco sacó a relucir el “cochinero” en que el mal gobierno del títere Andrés Granier Melo tiene convertido a ese sector pero también provocó una de las más furiosas y generalizadas protestas de la población, que en más de 70% utiliza el servicio.
Con todo y el malestar ciudadano, lo más seguro es que el “Chelo Despensa” aplique el incremento y aseste un nuevo golpe a la ya muy deteriorada economía de las familias tabasqueñas. Exprimirlas más, burlarse de nuevo de ellas es lo que menos le ha importado. A menos que, ¡ya!, el pueblo le ponga un alto.
Nada hace el granierato para abatir el escandaloso desempleo ni para mejorar el salario mínimo, que está estancado: tuvo su último incremento en diciembre de 2010, de sólo 2.28 pesos (de 54.47 pasó a 56.75 pesos).
Con su escuálido cerebro, Granier tampoco puede poner orden en la operación de taxis, autobuses y combis ni mejorar el servicio. Ante la demanda de los concesionarios para subir tarifas, recurre otra vez a su táctica de culpar a otros de su ineficiencia. Igual que en el caso de las inundaciones, su cómoda actitud es zafarse y culpar al gobierno federal. ¡Para eso sí es bueno!...
Son los “gasolinazos” autorizados por la Secretaría de Hacienda federal los responsables de esta situación, proclama para eludir su responsabilidad. Y hay quienes se van con la finta. Lo cierto es que Poncio Pilatos se queda corto ante el dictadorzuelo choco.
Pero en el fondo del problema, como voces ciudadanas lo han revelado, subyacen los negocios millonarios e ilícitos que realiza Granier en materia de transporte urbano y suburbano, como en otros muchos rubros.
Junto con su nefasta parentela saca jugosas ganancias del Transbus y también en la venta de vehículos en contubernio con su consuegro Sergio Antonio Cruces Galán, cuyo hijo Sergio Cruces Fernández es marido de Paulina Granier Calles.
La mujer del supuesto “mandatario estatal”, Teresa Calles, es la encargada de persuadirlo para que el empresario automotriz haga de las suyas. Es que es quiere mucho a su yerno. Son igual de avariciosos. Dios los hace y ellos se juntan…
(Cruces Galán es un redomado defraudador que varias veces ha sido acusado de vender unidades usadas como nuevas, entre otras lindezas).
El “Transabus” como ingeniosamente fue bautizado por los tabasqueños, es parte de la cadena de trinquetes del supuesto mandatario estatal. Es un botín familiar, pues la vox populi señala al menos al pillo Fabián Granier Calles --otro de los hijos del “Chelo”-- como uno de los grandes beneficiarios.
Así, se explica que el inescrupuloso gobernador invierta recursos públicos para ampliar cada vez más las rutas de ese medio de transporte, calificado por su aparato propagandístico --que mucho dinero le cuesta a Tabasco-- como uno de los “grandes éxitos” de su fallida administración. Le valen un comino las cotidianas quejas de la ciudadanía de que el servicio de las 205 unidades del “Transabus” es malo, lento y caro. Hoy cobra 7 pesos al usuario, y el gobierno autorizaría un peso más, para elevarlo a 8.
(En un estado más pobre como es Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez el “Conejobús”, transporte público de mejor calidad que el de Villahermosa, y que además es ecológico, cobra sólo 4.50 pesos por cruzar toda la ciudad. Y la tarifa era de 4 pesos, hasta el pasado 26 de abril en que se le subió 50 centavos. Los adultos mayores y discapacitados pagan únicamente entre 2.50 y 3 pesos; los estudiantes, cuatro).
Que vengan más vehículos a inundar el estado, a como dé lugar, es la consigna granierista. Porque así se hincha más de dinero… junto con sus parientes políticos, como Cruces Galán, propietario del Grupo Cruces que vende más del 40 por ciento de los automotores que circulan cada año en Tabasco y que ha extendido su imperio a Veracruz, Campeche y Chiapas.
Y en aras del negociazo automotriz y del transporte público, que le dejará millonarios dividendos aún cuando deje de ser gobernador, Granier ha dado la infame orden de talar 512 árboles en la zona de Ciudad Industrial de Villahermosa para ampliar carriles de pavimento.
Éste es otro de los sucios negocios en que está involucrada la Familia Real en mala hora instalada en la Quinta Grijalva. Allí, el cómplice de la marioneta de Humberto Mayans es otro empresario consentido del régimen, el constructor Manuel Santandreu, el mismo que ha sido beneficiado con muchas obras oficiales como la Plaza Bicentenario y otras del Plan Hídrico. Sus empresas colocan asfalto en las zonas donde el gobierno arrasa con los árboles.
Desforestar para ampliar carriles e incentivar el uso de automóviles. Todo, para que los Granier y sus voraces compinches Santandreu y Cruces Galán se beneficien económicamente. ¡Qué crimen contra los tabasqueños!.
En vez de promover el uso del transporte público o medios alternativos como la bicicleta, se opta por arrancar plantas para que puedan pasar más automóviles.
Apenas antier sábado, una multitud de ciudadanos indignados no pudo impedir que en la Ciudad Industrial entraran en acción las motosierras de la Secretaría estatal de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo titular es Aquiles Domínguez Cerino, el mapache electoral perteneciente a las huestes de Mayans, quien lo impuso en ese cargo después de que lo tenía como Subsecretario de Gobierno. El pretexto oficial para derrumbar árboles es que es una cuestión de “modernización”, y porque “hay mucho tráfico vehicular en esa zona de acceso a la ciudad de Villahermosa”.
La dupla Granier-Mayans demuestra que ha sido vil mentira su discurso a favor del medio ambiente y su queja sobre el cambio climático. De nuevo, dan el ejemplo de cómo se puede desgraciar a Tabasco en sólo cuatro años
El “generoso” gobernador entregó el viernes 29 de marzo nuevos permisos para taxi a 266 personas en el municipio de Centro. Y lo hizo en la Quinta Grijalva (no en Palacio de Gobierno), para recibir allí, cual si fuese jeque árabe --como siempre lo hace-- el agradecimiento de la gente y hacerle sentir a ésta los “grandes favores” que le hace. La eterna demagogia rascuache, el atole con el dedo de todos los días…
Es un plan con maña del repudiado Granier, pues ahora cada uno de los nuevos taxistas tendrá que desembolsar alrededor de 150 mil pesos para adquirir vehículos modelo 2011 con aire acondicionado y hasta con sistema GPS. Tienen un plazo de 45 días. Y allí está, listo para vender, el socio Cruces Galán.
El consuegro de Granier es un todo un vivales, nada de fiar. Existen varias denuncias en su contra. Por ejemplo, el 18 de mayo de 2010, el Diario del Istmo publicó que su empresa en Veracruz, “Cruces Automotriz, S.A. de C.V.” defraudó al ex alcalde de Coatzacoalcos, Alfonso Morales Bustamante con la venta de una Hummer que resultó chatarra.
La Profeco sancionó al dueño de la compañía, Sergio Antonio Cruces Galán, con 619 mil 521 pesos. “Luego trascendió --dijo el periódico-- que la misma empresa está involucrada en 10 fraudes más, y se comprobó que vende unidades usadas como nuevas”.
¿Y no que no es negocio un taxi, y por eso piden aumento de tarifas?. ¿No que hay un excesivo número de vehículos en Villahermosa?. Un brutal contrasentido, sólo explicado por el loco afán de quienes detentan el poder de seguir enriqueciéndose y adquirir propiedades lo mismo en Mahahual y Cancún (en Quintana Roo) que en Miami y otras partes del extranjero.
La cursi frase acuñada por Granier --promesa de campaña-- de “Transformar a Tabasco” se distorsiona día con día. Sí, transformarlo pero… para hacerlo un paraíso de la corrupción y la impunidad. Sí, transformarlo pero… para saquearlo.
Con el inminente incremento de las tarifas, pospuesto para cuando concluya la Feria Tabasco 2011, el Transbus pasaría de 7 a 8 pesos y las combis de 6 a 7 pesos, mientras que los taxis cobrarían desde 25 hasta 45 pesos por viaje, y los radio-taxis aumentarían 5 pesos por sector. Apenas el año pasado el gobierno estatal autorizó un alza. Ya el bandido Aquiles Cerino dijo que “todo se debe a que el gobierno federal sigue autorizando el aumento al precio de gasolina y diesel”.
En materia de transporte público, como las demás áreas del gobierno de Tabasco, los funcionarios han incurrido en mil corruptelas en perjuicio de la ciudadanía. Aquiles Cerino es el ejemplo más preclaro. El tráfico y reventa de placas de taxis es una mina de oro.
Y el granierato le ha mentido a los tabasqueños: varias veces anunció que “ahora sí” taxis, camiones y combis darán un buen servicio. Que tendrían aire acondicionado y se acabaría con los “colectivos”. ¡Puras mentiras!.
Sin embargo, ya hay antecedentes de que cuando el pueblo decide un cambio, cuando se determina a ponerle un “¡ya basta”! al mal gobierno, lo logra:
El 17 de mayo del 2010, ante la presión de los concesionarios del transporte, Granier autorizó un incremento en la tarifa de taxis: de 20 pesos subió a 30. Pero tras una semana de intensas protestas de la ciudadanía, decidió anular ese aumento.
¿Volvería a protestar así el pueblo?...


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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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Twitter: @cantón zetina

TAXISTA, FUTBOLISTA E INEXPERTO: JOSÉ ANTONIO NIETO BASTIDA ES SUBPROCURADOR

CANCÚN, Q.R., Sábado 30 de Abril 2011.

CONSTE!
EL JÚNIOR NIETO BASTIDA


+Inexperto Subprocurador, ¡otro desatinado nombramiento de Gaspar!

+Su padre Félix y su tío José Rosario, pájaros de cuenta en Tulum

+Licha Ricalde corre a gente valiosa en el DIF para poner a sus cuates

Por Carlos Cantón Zetina*
carlos_cantonz@hotmail.com

Siguen las pifias del nuevo procurador de Justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres. Hay ligereza e irresponsabilidad en la integración de su equipo.
No conforme con el desatino en que incurrió al nombrar y destituir --todo, en un santiamén-- a Efraín Ignacio Trujeque Arcila, el inmoral Abogado del Diablo, como Director de Control de Procesos, ya designó también al novato José Antonio Nieto Bastida nada menos que como ¡Subprocurador en la Zona Sur!.
Predominó el amiguismo, como en los casos de otros funcionarios.
En vista de esos y otros nombramientos, parece que al ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le tienen sin cuidado la desastrosa gestión de sus dos inmediatos antecesores, Bello Melchor Rodríguez y Francisco Alor, y la calificación reprobatoria que a éstos le ha dado la mayor parte de los quintanarroenses.
Es indudable que la Procuraduría tiene una pésima imagen incluso a nivel internacional, sobre todo tras los últimos fracasos en materia de aplicación de la justicia. Hablamos de los casos de Ana Bárbara y Kalimba, estrellas de la farándula, y de la explosión --aún no esclarecida cabalmente-- en un hotel de la Riviera Maya.
Peor aún, el nuevo titular de la PGJE demuestra insensibilidad política y hasta desinterés ante el evidente agravamiento de la ola delictiva en el estado. ¿Cómo combatirla con funcionarios de esa calaña?...
Apenas el jueves pasado, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) reveló, en un documento presentado a nivel nacional por la Coparmex, que Cancún --el principal destino turístico del país-- está convertido en un paraíso de la ilegalidad.
Por cada 10 delitos denunciados, sólo 2 son consignados por las autoridades competentes (es decir, la PGJE), y nada más uno es resuelto a favor de las víctimas de los ilícitos.
El análisis del ICESI concluye que Cancún es una de las cinco ciudades del país donde cometer un delito no representa ningún riesgo… para los rufianes.
¡Un crudo pero realista diagnóstico!.
Nieto Bastida es un júnior y algunos de sus familiares tienen mala fama pública, por depredadores ecológicos e incluso en el desempeño de puestos en el Ayuntamiento de Solidaridad. Son sus “parientes incómodos”.
Es sabido que la familia es de las más adineradas de Playa del Carmen y Tulúm: posee gran número de negocios y, además, concesiones de taxis.
El mismo nuevo Subprocurador figura en el padrón de privilegiados taxistas del décimo municipio, junto a su padre Félix Nieto Colín, su tío José Rosario Nieto Colín y tres de sus hermanos: Felipe, Margarita y Elvira Nieto Bastida. Esto, de acuerdo a un informe oficial de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra).
Pertenecer a una acaudalada estirpe del norte de Quintana Roo --¿y por qué nombrarlo en el Sur?—, sería uno de sus “méritos” para ocupar tan relevante cargo. Otros: ser amigo de García Torres y haber sido goleador en el equipo de futbol de la Universidad de Quintana Roo (UQROO). También tiene una estrecha relación con el nefasto Gabriel Mendicuti Loria, ex alcalde de Solidaridad y ahora otra vez integrante del gabinete en el gobierno del estado.
Joven e inexperto licenciado en Derecho (titulado en 2003), Nieto Bastida fue habilitado a principios de 2010 como Actuario por su amigo el nuevo procurador, a la sazón magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en una decisión polémica e impugnada.
(Por cierto, García Torres olímpicamente abandonó su importante encomienda en el TSJE cuando el 14 de abril fue ratificado por el Congreso local, como lo mandata la Constitución, en su cargo de “abogado del estado”).
Su gestión como Secretario y luego Actuario adscrito a la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior, es el único antecedente --de muy escasa relevancia-- que tiene Nieto Bastida para haber llegado a la Subprocuraduría.
El 8 de febrero de 2009, el padre de José Antonio, Félix Nieto Colín, propietario de Punta Piedra Cabañas, en la Riviera Maya, fue señalado por la Profepa como uno de los varios personajes y empresas que violaron normas ambientales.
La dependencia federal señaló esa vez que tenía 649 procedimientos abiertos en contra de igual número de infractores en Quintana Roo.
El 24 de abril del año pasado, el diario Respuesta informó que el mismo Félix pagó 800 mil pesos por unas placas de taxi a la entonces candidata de la mega alianza a la alcaldía de Tulum, Silvia Emelina Lugo Flota, quien se las habría despojado a sus parientes. A su vez, Nieto Colín registró las placas a nombre de su hija Cristina Nieto Bastida.
Más oscuro es el historial del hermano de Félix y tío de José Luis, José Rosario Nieto Colín:
Como titular en Tulum de la Delegación de Comunicaciones y Transportes (DCT), dependiente de Sintra, fue acusado junto con algunos de sus subordinados de incurrir en actos de corrupción, sobre todo en la inspección del transporte público. Los señalamientos fueron hechos en 2010 y a principios de este año.
Es socio del sindicato de taxistas “Tiburones del Caribe”, en Tulum.
Anteriormente, el 17 de febrero de 2002, fue electo síndico en el Cabildo que encabezó Mendicuti Loria (como alcalde) en el municipio de Solidaridad. Sin embargo, el PRD presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo con el argumento de que José Rosario Nieto Colín habría violado la ley porque era inelegible para ese cargo, en virtud de que no cumplía con el requisito de 5 años de residencia y vecindad. La denuncia no prosperó.
En fin, como diría Pompín, ¡qué bonita familia!...

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LOS ILUSTRES RICALDE.- El alcalde “perredista” de Cancún, Julián Ricalde Magaña, se queja de que el ayuntamiento no tiene dinero y lo dejaron endeudado, pero emula el estilo demagógico de su padrino político a quien traicionó --Greg Sánchez--: regaló boletos para el concierto de Luis Miguel. Mientras, su hermana Alicia, titular del DIF, continúa con su pago de favores políticos. Sustituye a personal valioso que atendía a grupos vulnerables y coloca a sus amigos. Sin recato alguno, ella misma lo admitió: “Traigo mi equipo, traigo mis compromisos de campaña”.
Además, Licha Ricalde violó garantías individuales como alcaldesa de Isla Mujeres, declaró Enrique Mora Castillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). No aceptó la última recomendación que se le hizo.
Otra vez, ¡qué bonita familia!...
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista con una vasta trayectoria profesional. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.

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TRUENAN A EFRAÍN TRUJEQUE ARCILA: EN 2006 ACUSADO DE LIBERAR A SUCCAR KURI

CANCÚN, Q.R., Viernes 29 de Abril 2011.

CONSTE!
¿ABORTÓ LA FUGA?

+ Efraín Trujeque, debut y despedida: fue defensor de Succar Kuri
+ En 2006 fue acusado de confabularse para liberar al pederasta
+ Como funcionario de la PGJE iba a encargarse del caso de su ex cliente

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

No hay mal que por bien no venga, reza el refrán popular. Es el caso de la desmentida “salida furtiva” del pederasta Jean Thouma Hannah Succar Kuri, “El Johnny”.
Abortó el absurdo nombramiento de Efraín Ignacio Trujeque Arcila como Director de Control de Procesos Internos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo (PGJE). Después de ser abogado defensor del empresario de origen libanés, iba a tener a su cargo la etapa final de los procesos penales que se le siguen en los juzgados del fuero común.
La designación no habría sido revocada --¡un día después!-- si el diputado federal panista Agustín Carlos Castilla Marroquín no coloca los reflectores sobre el “recluso estelar” de la cárcel municipal de Benito Juárez (Cancún).
¿Y también habrá abortado una posible fuga del pedófilo?.
Recuérdese: el 25 de octubre de 2006, Trujeque fue acusado por el abogado Xavier Olea, representante de algunas víctimas de “El Johnny”, de ser partícipe de una confabulación para permitir la escapatoria del acusado.
Poco antes, el 31 de julio de 2006, la escritora Lydia Cacho exigió a la Procuraduría estatal investigar presuntos apoyos que desde el interior de esa dependencia habría recibido Succar para fugarse de México. (En la víspera, y a solicitud del entonces gobernador Félix González Canto, la PGJE inició la averiguación previa AP-Che/3466/2006 para determinar la posible participación de sus ex funcionarios en un eventual apoyo al abusador de menores de edad).
De por sí, desde que Succar fue traído a esta ciudad, en marzo de 2010, hubo voces ciudadanas que alertaron sobre la presunta intención de “grupos poderosos” de liberarlo. La llegada de Trujeque a un cargo clave en la procuraduría estatal arreciaría la versión, ahora, de que la nueva administración estatal quiere verlo fuera.
¿Le conviene eso al gobernador priista Roberto Borge Angulo?. Por supuesto que no...
Por eso, habría obligado al nuevo procurador Gaspar Armando García Torres a hacer el “oso”: el miércoles 27, precisamente el día en que se publicó en diarios nacionales y locales la denuncia del legislador panista, anunció la designación de Trujeque. Y veinticuatro horas después, el jueves 28, ¡lo destituyó!.
Hay que recordar que el 30 de marzo de este año, Succar fue condenado a más de 13 años de prisión por delitos de carácter federal que se le imputaron, como pornografía infantil. Pero aún tiene pendientes los fallos por los procesos del fuero común: corrupción de menores, violación equiparada y abusos deshonestos. Es decir, son autoridades judiciales de Quintana Roo las que determinarán si se le aplican o no otras sentencias. Kuri dirigía una red internacional de pederastia que operaba en Cancún.
Lo que siempre quiso el libanés es que se le juzgara en este destino turístico. Por eso luchó con esmero, y logró su traslado del penal de alta seguridad del Altiplano (en el estado de México) a una prisión de Chetumal, primero, y a la cárcel benitojuarense posteriormente.
Por lo que atañe a este periodista, basó su columna anterior (SUCCAR Y EL LODAZAL) en la denuncia penal formulada ante la PGR por un diputado federal que es integrante de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas del Congreso federal. No había por qué restarle seriedad ni importancia. Y aunque al legislador lo habrían engañado con una fotografía en la que supuestamente aparece “El Johnny” en un comedor de Cancún, siguen siendo válidos algunos señalamientos que hicimos.
Finalmente, el caso Succar sí es un lodazal. La marcha atrás que se dio en cuanto a Trujeque Arcila es sólo una arista de la podredumbre en torno a ese asunto.
Hoy, insistimos en que la administración de Borge debe tomar cartas en el asunto, para tranquilidad de la ciudadanía y garantizar el imperio de la ley, en cuestiones como éstas:
--Se observa la urgencia de trasladar a “El Johnny” a una prisión de máxima seguridad, fuera del estado. Con ello se disipará cualquier duda de una posible fuga o de prebendas indebidas como “salidas extrajudiciales” o un trato especial.
--Persiste la sospecha de que tanto en la cárcel de Cancún como en las instaladas en el resto de Quintana Roo se otorgan privilegios a los reclusos adinerados. Está el antecedente de las famosas “celdas VIP” descubiertas en el Cereso de Chetumal en 2009.
--En Cancún, la prisión evidentemente sigue controlada por un grupo de poderosos reclusos, principalmente de los carteles de la droga. El “autogobierno” no ha podido ser eliminado. Eso es una latente bomba de tiempo que debe ser desactivada cuanto antes.
Reiteramos lo que escribimos el miércoles 27:
“El Senado de la República y la PGR tenían razón al protestar e incluso impugnar jurídicamente (como lo hizo la Procuraduría) por el hecho de que Succar haya sido sacado del penal de alta seguridad del Altiplano, en el estado de México, y traído de vuelta a Cancún (…) La designación de un militar al frente del penal cancunense no garantiza en automático que éste sea manejado con eficiencia y honradez”.
¿Por qué fue nombrado Trujeque Arcila en la PGJE donde ya antes había estado?. Los quintanarroenses merecen una explicación.
En julio de 2006, el funcionario del “debut y despedida” y Armando René Ancona Araujo, quien también trabajó en la procuraduría de Quintana Roo, asumieron la defensa de Succar Kuri, acusado de varios delitos de abuso sexual contra menores. Sin embargo, por problemas en el pago de sus honorarios, duraron menos de un año.
La defensa conformada por aquel par de abogados fue severamente cuestionada, no sólo porque fungieron como directores de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de cuando empezaban las investigaciones del caso, sino porque incluso la misma PGJE inició hace cinco años la averiguación previa 3466/2006 para determinar si ellos habían tenido acceso a información privilegiada del caso durante su estancia en la dependencia.
¿Usted cree que no utilizaron esa información que obtuvieron en su paso por la Procuraduría para beneficio de su cliente, “El Johnny”?. Es inmoral y falta de ética profesional. Más aún: transgredieron leyes.
Particularmente a Trujeque se le recuerda, en su calidad de alto funcionario de la PGJE, como uno de los participantes en las acusaciones contra el empresario de origen libanés nacionalizado mexicano. Y años después, ya fuera de la institución, se convirtió en el defensor.
El 30 de octubre de 2006, Trujeque Arcila y Ancona Araujo renunciaron a su calidad de abogados del pederasta, según lo anunció el nuevo coordinador de la defensa, José Wenceslao Cisneros, cuya primera acción fue presentar una queja ante la CNDH para que no trasladaran a su cliente de la cárcel de Cancún a la de Chetumal.
Cinco días antes, el 25 de octubre, Kuri fue trasladado del Cereso en la capital del estado a la cárcel municipal de Cancún, para realizar diligencias. Inconforme, Xavier Olea, quien representaba a menores de edad ultrajados y era abogado de Lydia Cacho, denunció un presunto acuerdo entre el juez tercero penal Víctor Echeverría Tun, Succar Kuri y el abogado de éste, Trujeque Arcila, para permitir la fuga del pederasta.
Reveló Olea: “El juez y Efraín Trujeque son compañeros desde hace mucho, y lo que vemos es un contubernio entre ellos para preparar una fuga”. Agregó que el entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, Pedro Flota, se opuso y envió un escrito al juez donde le dice que no están dadas las condiciones para el traslado y permanencia de Succar en la prisión de Cancun, por lo que lo hacía responsable de lo que sucediera.
“Aun con ese antecedente --dijo Olea-- el juez decidió el traslado, porque el abogado Trujeque pidió que esté presente en todas sus diligencias, algo que NO era necesario”.
Y aunque el juez Echeverría dispuso que el pedófilo permaneciera en la cárcel cancunense hasta el 12 de diciembre de 2006, Trujeque hizo mil esfuerzos por alargar el plazo.
La periodista Cacho, aquel 31 de julio de 2006, afirmó que la Procuraduría local estaba obligada a investigar al abogado Gabino Andrade y a sus hijos Sidharta y Edmart, el trío que el 20 de octubre de 2003, cuando ya se indagaba el caso, lo sacó de Cancún hasta la autopista a Mérida, para luego trasladarlo en un automóvil hacia el DF, como el propio libanés lo reconoció.
El caso es que el pasado miércoles 27, poco antes de la media noche, el flamante procurador Gaspar Armando García Torres designó a Trujeque Arcila Director de Control de Procesos Internos. Esto fue anunciado a través de un comunicado de la dependencia estatal. Sustituía a Humberto Ramón de Jesús Baquedano Parra. Sin embargo, el subprocurador de Justicia, Juan Ignacio Hernández Mora, indicó en el transcurso de la mañana que ese nombramiento no estaba confirmado y presentó a Ludwing Vivas Arjona al frente de ese cargo.
La PGJE no reconoció que el cambio repentino se debió a que Trujeque fue abogado de Succar.
(Por cierto, como parte del lodazal, Vivas Arjona fue destituido de fea forma el 10 de abril de 2010 como subprocurador en la Zona Norte por el entonces titular de la PGJE, Francisco Alor Quezada).
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KAMEL, EL AMIGO.- En su libro “Los Demonios del Edén” (2005), Lydia Cacho mencionó a gran número de influyentes personajes ligados a Jean Succar Kuri. Uno de ellos es el empresario textil poblano José Kamel Nacif Borge, llamado “El Rey de la Mezclilla” y emparentado con el actual gobernador de Quintana Roo. La periodista dijo después que Succar había reconocido que, para apoyar su defensa legal, recibió dinero de su amigo Kamel. ¡Nada se hizo contra éste!...
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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