EL PROCURADOR DE QUINTANA ROO DESMIENTE AL JEFE DE POLICÍA... Y A SU SUBPROCURADOR

CANCÚN, Q.R., Sábado 14 de Mayo 2011.

CONSTE!
BORGE NO PUEDE

+ Desgarriate gubernamental por el motín en Cancún
+ Mentiras del general Villa confunden a la ciudadanía
+ “El Piolín” no está muerto… y el alcaide se “enfermó”

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

…Y el general Villa sigue dándole dolores de cabeza a su padrino Roberto Borge Angulo.
“¿Qué pasó en la cárcel de Cancún?”, intitulamos nuestra columna del jueves pasado. Pues resulta que lo que ocurrió es un auténtico desbarajuste… por parte de las autoridades. Es condenable la falta de coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJE) estatales. Más aberrante es que una y otra le hayan mentido a la ciudadanía, acerca de lo que realmente sucedió durante el motín del miércoles 11.
En una colosal pifia incurrieron los titulares de esas dependencias, Carlos Bibiano Villa Castillo y Gaspar Armando García Torres. Porque ahora resulta que no fue “El Piolín” el reo asesinado, sino “El Caguamo”. Y no fue a balazos, sino a cuchilladas. Además, son 24 los lesionados, y no 4 como originalmente pregonó el militar.
Así, más que la rebelión de reclusos indeseables, a la sociedad de Quintana Roo debe preocuparle los erróneos nombramientos del gobernador priista Borge Angulo en materia penitenciaria, de seguridad pública y de procuración de justicia.
Ya lo advertimos en este espacio periodístico: el mandatario estatal se equivocó al designar al matazetas duranguense al frente de la SPP. Erró también al colocar a personajes inexpertos en la Procuraduría General de Justicia (PGJE).
Los hechos demuestran --rápida y contundentemente-- el desatino de Borge de llevar a cabo una atropellada y mal planeada militarización de prisiones y corporaciones policiacas.
A ello se agrega la opacidad gubernamental en cuanto a la información oportuna y veraz que debe proporcionar acerca de asuntos delicados como la sublevación de reclusos.
El repentino relevo, ayer viernes 13, del capitán segundo de Infantería Higinio Sánchez Baltazar, como director del penal de Cancún que --hay que insistir en aclararlo-- depende del gobierno del estado desde septiembre de 2009, es una muestra más del fracaso de la precipitada imitación en Quintana Roo del “Modelo Coahuila”, que aplicó el ex gobernador Humberto Moreira Valdez --ahora líder nacional del PRI— a sugerencia de la “generalísima” Isabel Arvide Limón y que resultó un fiasco. (La imposición de militares al frente de las policías estatales y municipales, y en prisiones, no resolvió sino agravó la ola delictiva).
Ahora falta saber si la caída del alcaide significa también un tácito reconocimiento del gobernador de que es inadecuada su estrategia de dejarle todo el “paquete” de la seguridad, incluso en las cárceles, al general Villa y a su runfla de bravucones militares que trajo de Torreón, Coahuila, encabezados por la periodista tabasqueña Arvide Limón quien --según don Bibiano-- “tiene más experiencia que muchos generales” del Ejército mexicano.
Hoy reiteramos lo que escribimos el jueves: se percibe una aparente falta de voluntad de Borge Angulo para acabar con el “autogobierno” y la feroz disputa entre bandas del narcotráfico que ya duran varios años. Aún más, se observa incapacidad...
Funcionarios clave incurrieron en confusiones y mentiras a partir de los hechos violentos y sangrientos consumados en el presidio cancunense entre el viernes 6 y el miércoles 11 que causaron cuatro muertes y múltiples lesionados.
Tanto Villa Castillo como el subprocurador general de Justicia, Juan Ignacio Hernández Mora, le mintieron y confundieron a los quintanarroenses, porque ahora resulta que el famoso “Piolín” no está muerto. ¡Vaya, ni siquiera es correcto el nombre que le atribuyeron al “resucitado” reo!.
Ambos funcionarios faltaron a la verdad, también, cuando minimizaron el número de lesionados. Villa llegó a decir que sólo eran ¡cuatro!.
Pero la cadena de falsedades continúa: la salida del capitán Sánchez Baltazar, quien fue subordinado de don Bibiano en la policía de Torreón, fue disfrazada de una súbita “enfermedad”. A través de un escueto boletín de prensa (¿no ameritaba el caso una declaración personal del gobernador o del titular de la SSP?), se informó que de manera provisional y por una presunta “complicación de salud”, el director de la cárcel dejaba el cargo que asumió apenas hace un mes. “Fue trasladado de urgencia al Hospital Militar en la ciudad de México”, añadió el comunicado.
No hay más detalles. Se le oculta la información a los quintanarroenses en un asunto que les atañe --y les afecta-- directamente.
La noticia buena es que un civil, el licenciado Ignacio Moreno Mejía, director general de Prevención y Readaptación Social, queda como responsable de la conflictiva cárcel benitojuarense. Y las noticias malas: Borge no anuncia la necesaria reubicación del penal pero sí ordena el traslado de peligrosos reclusos a prisiones más chicas e inseguras como las de Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel. Simples parches que no curan y ni siquiera alivian la enfermedad.
El jueves 12, un día después del amotinamiento, el procurador García Torres desmintió al mujeriego general Villa y a su propio subordinado, Hernández Mora. El ex ombudsman del estado negó que el recluso fallecido sea Oscar Melchor Dzul Cortés y mucho menos que fuera “El Piolín”, quien además responde a otro nombre: Eliobet Ramos Lara. Dijo que el asesinado es Luis Alberto Alvarado Domínguez, “El Caguamo”, de 19 años de edad. Y no fue victimado de un balazo, sino con un arma punzocortante, añadió. Además, los heridos fueron 24, seis fueron trasladados al Hospital General de Cancún; tres con lesiones de arma de fuego, y los otros con arma blanca.
Ramos Lara es, en consecuencia, quien estuvo involucrado en el triple asesinato perpetrado en una celda de la misma cárcel el pasado viernes 6.
Luego del desmentido del procurador, vino una andanada de pretendidas justificaciones por parte del general Villa… ¡a través de Twitter!. Desde su cuenta (@gralbvilla), el viejo militar dijo: “En los motines siempre hay confusiones generadas por los mismos internos. En un principio, la información apuntaba al Piolín”. Y en otro mensajito afirmó: “La PGJE es la institución encargada de investigar e informar sobre lo sucedido”.
O sea: Villa culpa a los reclusos de su lengualarga. Y si considera que la Procuraduría estatal es quien debe informar, ¿por qué se precipitó él a dar un reporte que no estaba confirmado?. No hay otra respuesta: fue producto de su excesivo protagonismo, de su locuacidad.
Aún más: el vocero de la SPP, Gerardo Campos López, también le entró a los “twittazos”… y a las mentiras. A través de su cuenta (@SPP_QuintanaRoo) se apresuró a justificar a su jefe y señaló: “El general Villa Castillo dijo que ‘probablemente era el Piolín’ pues durante el motín los reos lo señalaron así”.
Para desventura del “olvidadizo” lacayo Campos López, está grabada la declaración que hizo su patrón en la conferencia de prensa que ofreció el mismo día del motín.
Textualmente declaró: “Tenemos un muerto y de una vez les voy a decir quién es para que sepan, se llama El Piolín… ya debía mucho, ya había participado en muchas cosas, y tuvo que ver con los tres fallecidos en Cancún y se puede decir que fue un ajuste de cuentas, no sabemos si era Zeta o Pelón, pero fue testigo presencial de las tres muertes”.
El general nunca dijo que “probablemente era El Piolín”, sino que categóricamente lo dio como un hecho.
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VILLA CONTRA DERECHOS HUMANOS.- Reiteradamente acusado de violar las garantías individuales durante su desempeño como jefe policiaco en Torreón, el general Carlos Bibiano Villa Castillo ordenó cerrar las puertas de la prisión de Cancún a la Comisión de Derechos Humanos del estado. Tirso Esquivel Ávila, segundo Visitador, declaró que esta dependencia dictó dos medidas cautelares por el motín “pero en la cárcel se negaron a recibir el documento y tampoco nos han permitido ingresar”. Aseguró que el jueves, 16 personas solicitaron la intervención de la CDHQR, preocupados por la seguridad de sus familiares reclusos que estaban siendo maltratados aún cuando el motín ya había sido controlado, así como vejaciones a mujeres que habían entrado al área conyugal y la presencia de niños.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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TRAGEDIAS EN LA CÁRCEL DE CANCÚN: EL FRACASO DE LOS MILITARES

CANCÚN, Q.R., Jueves 12 de Mayo 2011.

CONSTE!
¿QUÉ PASÓ EN LA CÁRCEL?

+ Cuatro muertes, muchas armas… y “El Piolín” ejecutado
+ Borge, Villa e Higinio deberían despejar las incógnitas
+ Cuando el Procurador se quejó del alcalde de Cancún

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Las cuatro muertes ocurridas en menos de una semana dentro de la cárcel de Cancún, manejada por el gobierno del estado desde 2009 con un costo de casi 50 millones de pesos al año, revelan una aparente falta de voluntad del gobierno priista de Roberto Borge Angulo para acabar con el “autogobierno” y la feroz disputa entre bandas del narcotráfico que ya duran varios años.
Solicitar la presencia de efectivos del Ejército y de la Armada para sofocar el motín de ayer miércoles, y pedirle al gobierno federal el traslado de 148 reos de alta peligrosidad a un penal de máxima seguridad (fuera del estado), dan la idea de desesperación… y de la carencia de un plan para combatir la corrupción en la prisión cancunense.
Imposible creer que el mandatario estatal desconocía que dicha prisión es una “bomba de tiempo” donde se produjeron motines el 8 de diciembre de 2006 --hubo tres muertos--, el 24 de octubre de 2008 y el 8 de marzo de 2009 --fueron 22 lesionados--, así como varias fugas de internos.
Imposible creer que no sabía que desde hace años es controlada por el crimen organizado. Además, dos de los ex alcaides, Marco Antonio Mejía y Jorge Mendoza Argüelles, se encuentran encarcelados por presuntos nexos con los carteles de la droga. Otro factor explosivo es la sobrepoblación carcelaria: hay más de 1.200 reclusos en unas instalaciones con capacidad para sólo 450.
Las fechorías de los sicarios del narcotráfico presos en Cancún constituyen una clara evidencia de que han sido palabras huecas la “depuración” y las “estrictas medidas de seguridad” anunciadas por los militares contratados por Borge y que, de hecho, tomaron el control del penal desde fines de marzo, antes del relevo oficial en la gubernatura de Quintana Roo el pasado 5 de abril.
Así, las tragedias del 6 y 11 de mayo ponen en entredicho principalmente al general Carlos Bibiano Villa Castillo y a su ex subordinado en Torreón, el capitán Higinio Sánchez Baltazar, director de la cárcel.
En un estado de leyes, ambos funcionarios al menos deberían ser sometidos a investigación por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJE) cuyo titular es el ex ombudsman Gaspar Armando García Torres. Y, además, citados a comparecer por el Congreso local que jefatura el priista Eduardo Espinosa Abuxapqui.
No hay indicios de que ello ocurrirá, a pesar del derecho que tiene la ciudadanía a conocer la verdad.
Al menos siete cuestiones deben ser cabalmente explicadas y esclarecidas por las autoridades:
1.- ¿Cómo es que reclusos tenían armas, incluso de grueso calibre --pistolas 9 milímetros--, que fueron aseguradas por las fuerzas públicas tras el motín del miércoles 11? ¿Acaso es falso que se hayan efectuado “exhaustivas revisiones” como la que supuestamente se llevó a cabo tras la triple ejecución perpetrada la noche del viernes 6?.
2.- ¿Por qué no se le impuso una especial vigilancia a Oscar Melchor Dzul Cortés, “El Piolín”, si ya había sido identificado como uno de los asesinos de tres integrantes de la banda de narcos “Los Pelones” en una de las celdas? ¿El motín fue realmente un “pretexto” para ejecutarlo?.
3.- ¿Con qué finalidad, el general Villa insistió en informar que sólo había tres lesionados, como consecuencia del amotinamiento matutino, cuando en realidad fueron por lo menos seis los heridos de bala --aparte del victimado--, según la declaración de Ricardo Portugal, director de la Cruz Roja en Cancún?. ¿Y por qué el militar declaró de inmediato que la rebelión de reclusos fue porque “perdieron el control de la comida”, para retractarse unas horas después y afirmar que todo se debió a “un ajuste de cuentas” contra Dzul Cortés?.
4.- ¿Por qué no se informa cuántas armas tenían en su poder los reclusos, y de qué tipo son, de qué calibre?. Aunque el propio Bibiano Villa aseguró que fueron decomisadas una pistola 9 milímetros y un arma larga, existe la sospecha fundada de que había más.
5.- ¿Algunos custodios y otros trabajadores del centro carcelario son culpables de “ayudar” a los indeseables sujetos que libremente introducen armas y drogas?.
6.- ¿En qué medida la militarización de mandos policiacos y penitenciarios en Quintana Roo contribuyó a la consumación del motín, y puede provocar otros hechos sangrientos?
7.- ¿Es verdad o no que Isabel Arvide Limón, la “asesora” de don Bibiano (ya Borge declaró que no es de él), tiene relación con la empresa que sin licitación de por medio fue contratada --“provisionalmente”, según el militar-- para proveer los alimentos en el penal?. ¿Y qué sueldo tiene, cuáles son sus funciones en realidad?...
(En uno de sus partes informativos, el Diario de Yucatán comentó ayer: “La molestia de los reos comenzó porque al parecer cambiaron al concesionario que prepara los alimentos, y que al parecer se trata de una persona muy cercana a la secretaría estatal de Seguridad Pública”).
Aparte, el sexagenario general duranguense, ex jefe de la policía de Torreón, dio una nueva muestra de su talante frívolo cuando, el mismo día del motín, soltó una frase con la que quiso aparentar ser gracioso: “Yo soy militar, cuando veo a una mujer, yo las adoro, yo las mato a besos”. Eso dijo cuando dos periodistas, un hombre y una mujer, le formularon preguntas al mismo tiempo. Respecto a la periodista Arvide Limón, dijo textualmente: “yo meto las manos al fuego por Isabel Arvides (sic); no nada más las manos, ¡el cuerpo entero!”.
En otra de sus ligerezas, el general Villa respondió: “Ah, eso si no sé”, cuando se le preguntó cómo es que su “asesora” tenía tanto conocimiento y experiencia en materia de seguridad pública.
Sin embargo, el sobrino-nieto de Pancho Villa confesó que la polémica periodista “sí tendrá mucho que ver en la compra de chalecos y armamento nuevo, porque sabe más que muchos generales… tiene una experiencia de más de 30 años en los temas de seguridad”.
Por lo demás, hace tiempo que gran número de ciudadanos reclama que la cárcel, situada en pleno centro de Cancún, entre las avenidas Andrés Quintana Roo y José López Portillo, sea reubicada. Y que, por supuesto, la agranden y le den más seguridad.
Muchas familias que habitan en los alrededores viven con el Jesús en la boca…
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EL RETO DEL PROCURADOR.- Gaspar Armando García Torres está particularmente obligado a actuar e informar con veracidad. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQR) emitió desde 2005 un buen número de recomendaciones a funcionarios estatales y municipales --incluidos los jefes de los penales-- que presuntamente incurrieron en abusos y violaciones a las garantías individuales. También se manifestó contra el hacinamiento de reos. Pero se quejaba amargamente de que no le hacían caso.
Antes, cuando el amotinamiento de reclusos del penal cancunense ocurrido el 8 de diciembre de 2006 (se fugaron unos 100 reos, la mayoría de los cuales fue recapturada), emitió una serie de recomendaciones al entonces alcalde Francisco Alor Quezada --de quien dependía la cárcel--, quien groseramente le respondió que “las acompañara con recursos económicos para poder atenderlas”.
El ombudsman denunció que Alor no le había dado respuesta a su solicitud de realizar las investigaciones pertinentes para determinar si --durante el motín-- hubo excesos en la intervención de los custodios y los elementos de seguridad pública, por lo que pidió al Cabildo de Benito Juárez (Cancún) realizara formalmente la petición. “Si se produjeron violaciones a los derechos humanos, se deben aplicar las sanciones”, advirtió.
García Torres habló del autogobierno en el penal cancunense: “Hay que reconocer que genera un orden. Sin embargo, es un riesgo porque fortalece a los propios internos e impone sus particulares reglas (…) En realidad es el principal problema, permite que se cometan abusos al interior de las cárceles. Hemos recibido denuncias por parte de los familiares en las que señalan que los internos sufren de extorsión por protección y trabajos obligatorios. Pero cuando nos apersonamos, los presos lo niegan, temen represalias. Bajo esas condiciones, nos faltan elementos para poder actuar”. Tales anomalías sólo han sido señaladas y consignadas en documentos, “pero hasta ahora no tenemos elementos contundentes para llevar a cabo una denuncia de tipo penal contra nadie, contra ninguna autoridad”.
¿Y ahora, en el motín del miércoles 11, hubo violaciones a los derechos humanos?. Juzgue el lector, mediante un video que se puede ver en estos links:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jNdDrbrN-Tc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jNdDrbrN-Tc#t=92s
En su informe del 5 de marzo de 2007, el entonces titular de la CDHQR dio a conocer que la cárcel municipal de Cancún obtuvo una calificación de 5.86, según el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, y el Cereso de Chetumal 5.47 de promedio.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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SIN ARGUMENTOS VÁLIDOS, EL PROCURADOR DE QUINTANA ROO DEFIENDE A SU JÚNIOR SUBPROCURADOR

CANCÚN, Q.R., Miércoles 4 de Mayo 2011.

CONSTE!
EJECUCIONES Y ABUSOS

+ Playa del Carmen, peleada por los carteles de la droga
+ La prepotencia de los subalternos del general Villa
+ Y los tumbos del procurador Gaspar Armando García

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Nuevamente hay baño de sangre en Playa del Carmen. El paradisiaco lugar --segundo destino turístico del estado— es hoy el escenario de una feroz disputa entre carteles del narcotráfico por el control de la importante plaza.
Y hay un temor generalizado en la población, que se agudiza ante el silencio de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJE), que no confirma ni niega que se esté librando esa cruel guerra. Otra vez se esgrime el argumento de “no espantar al turismo” para ocultarle información a la ciudadanía.
A fines de abril se produjeron “levantones” y ejecuciones tan sanguinarias, como la decapitación de una persona.
No es sólo ese el reto que ya se le presenta al procurador Gaspar Armando García Torres, el único titular de la dependencia que, en el estado, ha sido antes presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
También tiene que lidiar con la prepotencia y los abusos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza el polémico general Carlos Bibiano Villa Castillo. Ayer martes Carlos Mejía y su padre formularon una queja ante la CDHE y ante la propia procuraduría contra el principal subalterno del militar duranguense, Manuel Jesús Cícero Salazar (Subsecretario), porque en un operativo que realizó en la zona de “El Crucero”, en pleno centro de Cancún, sus agentes encañonaron, insultaron y catearon al par de ciudadanos. Los policías no portaban identificación pero sí armas largas y capuchas.
Un día antes, el lunes 2, cuando Villa Castillo estaba en el muelle de pasajeros de Playa del Carmen para abordar el “ferry” y trasladarse a Cozumel, su exagerado aparato de seguridad provocó zozobra. Sus muchos escoltas se pusieron nerviosos al escuchar un ruido “raro” y uno de ellos disparó un tiro a lo loco, que por fortuna pegó en el suelo. Pudo ocurrir una tragedia.
Ese mismo día, el alcalde priista de Cozumel, Aurelio Joaquín González –apenas asumió el 10 de abril--, denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte por parte del crimen organizado. Y ese es otro desafío para García Torres.
En esta columna periodística mencionamos que la denuncia del diputado federal panista Agustín Castilla Marroquín respecto a una “salida furtiva” del pederasta Jean Succar Kuri de la cárcel municipal de Cancún (finalmente desmentida), obligó al procurador quintanarroense a destituir como Director de Control de Procesos Internos a Efraín Ignacio Trujeque, quien hace años fue abogado defensor del empresario de origen libanés. Para algo más sirvió la denuncia del legislador: hoy miércoles, Succar fue trasladado por fuerzas federales a una prisión de alta seguridad, al parecer la del Altiplano, en estado de México.
Aquí establecimos días antes la necesidad de que el pedófilo fuese sacado del penal cancunense antes de que lo “liberaran” grupos poderosos que lo apoyan.
Respecto a Gaspar Armando García Torres, está más obligado que nadie a salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía. Pero también a analizar los expedientes personales de quienes son o serán sus colaboradores, para darle tranquilidad a la sociedad y al turismo.
En ese sentido, este periodista advirtió el sábado 30 de abril (columna EL JÚNIOR SUBPROCURADOR) sobre la novatez de José Antonio Nieto Bastida, así como las acusaciones que han sido formuladas contra sus “parientes incómodos”: su padre Félix Nieto Colín fue señalado el 8 de febrero de 2009 como uno de los varios personajes y empresas que violaron normas ambientales. Es propietario de Punta Piedra Cabañas.
Y al tío del subprocurador en la Zona Sur del estado, José Rosario Nieto Colín, le llovieron acusaciones en su calidad de titular en Tulum de la Delegación de Comunicaciones y Transportes (DCT), dependiente de Sintra. Junto con algunos de sus subordinados habría incurrido en actos de corrupción, sobre todo en la inspección del transporte público. A la par de su cargo público es socio del sindicato de taxistas “Tiburones del Caribe”. Y en 2002 habría sido ilegal su elección como regidor en el ayuntamiento de Solidaridad, según el PRD.
El lunes 2 de mayo, García Torres implícitamente refutó a este periodista y dio un espaldarazo a Nieto Bastida. Sin embargo, es lamentable que el procurador no proporcione argumentos sólidos en su afirmación. Se limita a exhibir una larga lista con los cargos que ha desempeñado el nuevo Subprocurador… pero todos son de escasa importancia. Y no se refiere a los “parientes incómodos”.
Más aún, el procurador se contradice al señalar que está consciente de que “el desempeño de un servidor público no puede desvincularse de sus actividades privadas”, porque la calidad moral es requisito indispensable en el ejercicio del poder. ¿No corresponde a la “actividad privada” de Nieto Bastida el hecho de que su padre y su tío hayan incurrido en presuntos ilícitos? ¿No tiene derecho la ciudadanía a conocer los pormenores de la vida privada de un servidor público de la envergadura de un Subprocurador de Justicia?. ¿No queda en entredicho su “calidad moral”?.
Deplorable también es que García Torres se oculte bajo las faldas del vocero del gobierno estatal para “desmentir”. ¿Así va a continuar, sin dar la cara ni afrontar directamente los problemas, sin que su dependencia emita los comunicados oficiales en cuestiones que le atañen?...
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ROMÁN QUIAN.- Una de las ejecuciones registradas la semana pasada ocurrió precisamente en el Ejido Playa del Carmen. Aparentemente fue esclarecida por la PPGJE. Se señala a narco-taxistas que están al servicio de la banda criminal de Los Zetas. Pertenecen al sindicato de ruleteros “Lázaro Cárdenas del Río” y cuyo secretario general es Jacinto Aguilar Silbarán, también regidor en el ayuntamiento presidido desde el pasado 11 de abril por Filiberto Martínez Méndez, uno de los impuestos por el diputado federal Carlos Joaquín González.
En septiembre y octubre del año pasado, en esta columna, dimos cuenta de cómo el ex alcalde de Solidaridad, Román Quian Alcocer, toleró que operaran los carteles de la droga en Playa del Carmen. Se benefició con ello. Como con el control del Ejido y del sindicato, el más próspero de Quintana Roo: sus integrantes son millonarios, un juego de placas está cotizado hasta en 800 mil pesos. “Chinto” Aguilar es su pariente.
Recordamos que el ex munícipe fue acusado en 2007 por la PGR (averiguación previa PGR/CHET/099/2007-II) por el ilegal parcelamiento de 7.137 hectáreas el 24 de marzo de 2002, y otro más en 2006. Nada se le hizo porque tenía fuero. Pero ya no.
¿Investigará el procurador el “cochinero” que dejó Quian en Playa del Carmen?. Lo más probable es que no. Porque el corrupto personaje es ya parte del gobierno estatal: director de la Administradora Portuaria Integral (API).
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.

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EN TABASCO, EL TRANSPORTE PÚBLICO ES UN "COCHINERO"...Y NEGOCIO DE ANDRÉS GRANIER

Lunes 2 de Mayo 2011.

TESTIGO!
OTRO ATRACO DE GRANIER

+ El contubernio con su consuegro Cruces Galán en la venta de vehículos
+ Ordena en Tabasco talar ¡512 árboles! para que circulen automóviles
+ Un “cochinero” el transporte público: ya viene otra alza de tarifas

“Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada”: Edmund Burke

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

¡Otro atraco del granierato contra los tabasqueños!...
El anunciado aumento de tarifas al transporte público en Tabasco sacó a relucir el “cochinero” en que el mal gobierno del títere Andrés Granier Melo tiene convertido a ese sector pero también provocó una de las más furiosas y generalizadas protestas de la población, que en más de 70% utiliza el servicio.
Con todo y el malestar ciudadano, lo más seguro es que el “Chelo Despensa” aplique el incremento y aseste un nuevo golpe a la ya muy deteriorada economía de las familias tabasqueñas. Exprimirlas más, burlarse de nuevo de ellas es lo que menos le ha importado. A menos que, ¡ya!, el pueblo le ponga un alto.
Nada hace el granierato para abatir el escandaloso desempleo ni para mejorar el salario mínimo, que está estancado: tuvo su último incremento en diciembre de 2010, de sólo 2.28 pesos (de 54.47 pasó a 56.75 pesos).
Con su escuálido cerebro, Granier tampoco puede poner orden en la operación de taxis, autobuses y combis ni mejorar el servicio. Ante la demanda de los concesionarios para subir tarifas, recurre otra vez a su táctica de culpar a otros de su ineficiencia. Igual que en el caso de las inundaciones, su cómoda actitud es zafarse y culpar al gobierno federal. ¡Para eso sí es bueno!...
Son los “gasolinazos” autorizados por la Secretaría de Hacienda federal los responsables de esta situación, proclama para eludir su responsabilidad. Y hay quienes se van con la finta. Lo cierto es que Poncio Pilatos se queda corto ante el dictadorzuelo choco.
Pero en el fondo del problema, como voces ciudadanas lo han revelado, subyacen los negocios millonarios e ilícitos que realiza Granier en materia de transporte urbano y suburbano, como en otros muchos rubros.
Junto con su nefasta parentela saca jugosas ganancias del Transbus y también en la venta de vehículos en contubernio con su consuegro Sergio Antonio Cruces Galán, cuyo hijo Sergio Cruces Fernández es marido de Paulina Granier Calles.
La mujer del supuesto “mandatario estatal”, Teresa Calles, es la encargada de persuadirlo para que el empresario automotriz haga de las suyas. Es que es quiere mucho a su yerno. Son igual de avariciosos. Dios los hace y ellos se juntan…
(Cruces Galán es un redomado defraudador que varias veces ha sido acusado de vender unidades usadas como nuevas, entre otras lindezas).
El “Transabus” como ingeniosamente fue bautizado por los tabasqueños, es parte de la cadena de trinquetes del supuesto mandatario estatal. Es un botín familiar, pues la vox populi señala al menos al pillo Fabián Granier Calles --otro de los hijos del “Chelo”-- como uno de los grandes beneficiarios.
Así, se explica que el inescrupuloso gobernador invierta recursos públicos para ampliar cada vez más las rutas de ese medio de transporte, calificado por su aparato propagandístico --que mucho dinero le cuesta a Tabasco-- como uno de los “grandes éxitos” de su fallida administración. Le valen un comino las cotidianas quejas de la ciudadanía de que el servicio de las 205 unidades del “Transabus” es malo, lento y caro. Hoy cobra 7 pesos al usuario, y el gobierno autorizaría un peso más, para elevarlo a 8.
(En un estado más pobre como es Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez el “Conejobús”, transporte público de mejor calidad que el de Villahermosa, y que además es ecológico, cobra sólo 4.50 pesos por cruzar toda la ciudad. Y la tarifa era de 4 pesos, hasta el pasado 26 de abril en que se le subió 50 centavos. Los adultos mayores y discapacitados pagan únicamente entre 2.50 y 3 pesos; los estudiantes, cuatro).
Que vengan más vehículos a inundar el estado, a como dé lugar, es la consigna granierista. Porque así se hincha más de dinero… junto con sus parientes políticos, como Cruces Galán, propietario del Grupo Cruces que vende más del 40 por ciento de los automotores que circulan cada año en Tabasco y que ha extendido su imperio a Veracruz, Campeche y Chiapas.
Y en aras del negociazo automotriz y del transporte público, que le dejará millonarios dividendos aún cuando deje de ser gobernador, Granier ha dado la infame orden de talar 512 árboles en la zona de Ciudad Industrial de Villahermosa para ampliar carriles de pavimento.
Éste es otro de los sucios negocios en que está involucrada la Familia Real en mala hora instalada en la Quinta Grijalva. Allí, el cómplice de la marioneta de Humberto Mayans es otro empresario consentido del régimen, el constructor Manuel Santandreu, el mismo que ha sido beneficiado con muchas obras oficiales como la Plaza Bicentenario y otras del Plan Hídrico. Sus empresas colocan asfalto en las zonas donde el gobierno arrasa con los árboles.
Desforestar para ampliar carriles e incentivar el uso de automóviles. Todo, para que los Granier y sus voraces compinches Santandreu y Cruces Galán se beneficien económicamente. ¡Qué crimen contra los tabasqueños!.
En vez de promover el uso del transporte público o medios alternativos como la bicicleta, se opta por arrancar plantas para que puedan pasar más automóviles.
Apenas antier sábado, una multitud de ciudadanos indignados no pudo impedir que en la Ciudad Industrial entraran en acción las motosierras de la Secretaría estatal de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo titular es Aquiles Domínguez Cerino, el mapache electoral perteneciente a las huestes de Mayans, quien lo impuso en ese cargo después de que lo tenía como Subsecretario de Gobierno. El pretexto oficial para derrumbar árboles es que es una cuestión de “modernización”, y porque “hay mucho tráfico vehicular en esa zona de acceso a la ciudad de Villahermosa”.
La dupla Granier-Mayans demuestra que ha sido vil mentira su discurso a favor del medio ambiente y su queja sobre el cambio climático. De nuevo, dan el ejemplo de cómo se puede desgraciar a Tabasco en sólo cuatro años
El “generoso” gobernador entregó el viernes 29 de marzo nuevos permisos para taxi a 266 personas en el municipio de Centro. Y lo hizo en la Quinta Grijalva (no en Palacio de Gobierno), para recibir allí, cual si fuese jeque árabe --como siempre lo hace-- el agradecimiento de la gente y hacerle sentir a ésta los “grandes favores” que le hace. La eterna demagogia rascuache, el atole con el dedo de todos los días…
Es un plan con maña del repudiado Granier, pues ahora cada uno de los nuevos taxistas tendrá que desembolsar alrededor de 150 mil pesos para adquirir vehículos modelo 2011 con aire acondicionado y hasta con sistema GPS. Tienen un plazo de 45 días. Y allí está, listo para vender, el socio Cruces Galán.
El consuegro de Granier es un todo un vivales, nada de fiar. Existen varias denuncias en su contra. Por ejemplo, el 18 de mayo de 2010, el Diario del Istmo publicó que su empresa en Veracruz, “Cruces Automotriz, S.A. de C.V.” defraudó al ex alcalde de Coatzacoalcos, Alfonso Morales Bustamante con la venta de una Hummer que resultó chatarra.
La Profeco sancionó al dueño de la compañía, Sergio Antonio Cruces Galán, con 619 mil 521 pesos. “Luego trascendió --dijo el periódico-- que la misma empresa está involucrada en 10 fraudes más, y se comprobó que vende unidades usadas como nuevas”.
¿Y no que no es negocio un taxi, y por eso piden aumento de tarifas?. ¿No que hay un excesivo número de vehículos en Villahermosa?. Un brutal contrasentido, sólo explicado por el loco afán de quienes detentan el poder de seguir enriqueciéndose y adquirir propiedades lo mismo en Mahahual y Cancún (en Quintana Roo) que en Miami y otras partes del extranjero.
La cursi frase acuñada por Granier --promesa de campaña-- de “Transformar a Tabasco” se distorsiona día con día. Sí, transformarlo pero… para hacerlo un paraíso de la corrupción y la impunidad. Sí, transformarlo pero… para saquearlo.
Con el inminente incremento de las tarifas, pospuesto para cuando concluya la Feria Tabasco 2011, el Transbus pasaría de 7 a 8 pesos y las combis de 6 a 7 pesos, mientras que los taxis cobrarían desde 25 hasta 45 pesos por viaje, y los radio-taxis aumentarían 5 pesos por sector. Apenas el año pasado el gobierno estatal autorizó un alza. Ya el bandido Aquiles Cerino dijo que “todo se debe a que el gobierno federal sigue autorizando el aumento al precio de gasolina y diesel”.
En materia de transporte público, como las demás áreas del gobierno de Tabasco, los funcionarios han incurrido en mil corruptelas en perjuicio de la ciudadanía. Aquiles Cerino es el ejemplo más preclaro. El tráfico y reventa de placas de taxis es una mina de oro.
Y el granierato le ha mentido a los tabasqueños: varias veces anunció que “ahora sí” taxis, camiones y combis darán un buen servicio. Que tendrían aire acondicionado y se acabaría con los “colectivos”. ¡Puras mentiras!.
Sin embargo, ya hay antecedentes de que cuando el pueblo decide un cambio, cuando se determina a ponerle un “¡ya basta”! al mal gobierno, lo logra:
El 17 de mayo del 2010, ante la presión de los concesionarios del transporte, Granier autorizó un incremento en la tarifa de taxis: de 20 pesos subió a 30. Pero tras una semana de intensas protestas de la ciudadanía, decidió anular ese aumento.
¿Volvería a protestar así el pueblo?...


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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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TAXISTA, FUTBOLISTA E INEXPERTO: JOSÉ ANTONIO NIETO BASTIDA ES SUBPROCURADOR

CANCÚN, Q.R., Sábado 30 de Abril 2011.

CONSTE!
EL JÚNIOR NIETO BASTIDA


+Inexperto Subprocurador, ¡otro desatinado nombramiento de Gaspar!

+Su padre Félix y su tío José Rosario, pájaros de cuenta en Tulum

+Licha Ricalde corre a gente valiosa en el DIF para poner a sus cuates

Por Carlos Cantón Zetina*
carlos_cantonz@hotmail.com

Siguen las pifias del nuevo procurador de Justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres. Hay ligereza e irresponsabilidad en la integración de su equipo.
No conforme con el desatino en que incurrió al nombrar y destituir --todo, en un santiamén-- a Efraín Ignacio Trujeque Arcila, el inmoral Abogado del Diablo, como Director de Control de Procesos, ya designó también al novato José Antonio Nieto Bastida nada menos que como ¡Subprocurador en la Zona Sur!.
Predominó el amiguismo, como en los casos de otros funcionarios.
En vista de esos y otros nombramientos, parece que al ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le tienen sin cuidado la desastrosa gestión de sus dos inmediatos antecesores, Bello Melchor Rodríguez y Francisco Alor, y la calificación reprobatoria que a éstos le ha dado la mayor parte de los quintanarroenses.
Es indudable que la Procuraduría tiene una pésima imagen incluso a nivel internacional, sobre todo tras los últimos fracasos en materia de aplicación de la justicia. Hablamos de los casos de Ana Bárbara y Kalimba, estrellas de la farándula, y de la explosión --aún no esclarecida cabalmente-- en un hotel de la Riviera Maya.
Peor aún, el nuevo titular de la PGJE demuestra insensibilidad política y hasta desinterés ante el evidente agravamiento de la ola delictiva en el estado. ¿Cómo combatirla con funcionarios de esa calaña?...
Apenas el jueves pasado, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) reveló, en un documento presentado a nivel nacional por la Coparmex, que Cancún --el principal destino turístico del país-- está convertido en un paraíso de la ilegalidad.
Por cada 10 delitos denunciados, sólo 2 son consignados por las autoridades competentes (es decir, la PGJE), y nada más uno es resuelto a favor de las víctimas de los ilícitos.
El análisis del ICESI concluye que Cancún es una de las cinco ciudades del país donde cometer un delito no representa ningún riesgo… para los rufianes.
¡Un crudo pero realista diagnóstico!.
Nieto Bastida es un júnior y algunos de sus familiares tienen mala fama pública, por depredadores ecológicos e incluso en el desempeño de puestos en el Ayuntamiento de Solidaridad. Son sus “parientes incómodos”.
Es sabido que la familia es de las más adineradas de Playa del Carmen y Tulúm: posee gran número de negocios y, además, concesiones de taxis.
El mismo nuevo Subprocurador figura en el padrón de privilegiados taxistas del décimo municipio, junto a su padre Félix Nieto Colín, su tío José Rosario Nieto Colín y tres de sus hermanos: Felipe, Margarita y Elvira Nieto Bastida. Esto, de acuerdo a un informe oficial de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra).
Pertenecer a una acaudalada estirpe del norte de Quintana Roo --¿y por qué nombrarlo en el Sur?—, sería uno de sus “méritos” para ocupar tan relevante cargo. Otros: ser amigo de García Torres y haber sido goleador en el equipo de futbol de la Universidad de Quintana Roo (UQROO). También tiene una estrecha relación con el nefasto Gabriel Mendicuti Loria, ex alcalde de Solidaridad y ahora otra vez integrante del gabinete en el gobierno del estado.
Joven e inexperto licenciado en Derecho (titulado en 2003), Nieto Bastida fue habilitado a principios de 2010 como Actuario por su amigo el nuevo procurador, a la sazón magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en una decisión polémica e impugnada.
(Por cierto, García Torres olímpicamente abandonó su importante encomienda en el TSJE cuando el 14 de abril fue ratificado por el Congreso local, como lo mandata la Constitución, en su cargo de “abogado del estado”).
Su gestión como Secretario y luego Actuario adscrito a la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior, es el único antecedente --de muy escasa relevancia-- que tiene Nieto Bastida para haber llegado a la Subprocuraduría.
El 8 de febrero de 2009, el padre de José Antonio, Félix Nieto Colín, propietario de Punta Piedra Cabañas, en la Riviera Maya, fue señalado por la Profepa como uno de los varios personajes y empresas que violaron normas ambientales.
La dependencia federal señaló esa vez que tenía 649 procedimientos abiertos en contra de igual número de infractores en Quintana Roo.
El 24 de abril del año pasado, el diario Respuesta informó que el mismo Félix pagó 800 mil pesos por unas placas de taxi a la entonces candidata de la mega alianza a la alcaldía de Tulum, Silvia Emelina Lugo Flota, quien se las habría despojado a sus parientes. A su vez, Nieto Colín registró las placas a nombre de su hija Cristina Nieto Bastida.
Más oscuro es el historial del hermano de Félix y tío de José Luis, José Rosario Nieto Colín:
Como titular en Tulum de la Delegación de Comunicaciones y Transportes (DCT), dependiente de Sintra, fue acusado junto con algunos de sus subordinados de incurrir en actos de corrupción, sobre todo en la inspección del transporte público. Los señalamientos fueron hechos en 2010 y a principios de este año.
Es socio del sindicato de taxistas “Tiburones del Caribe”, en Tulum.
Anteriormente, el 17 de febrero de 2002, fue electo síndico en el Cabildo que encabezó Mendicuti Loria (como alcalde) en el municipio de Solidaridad. Sin embargo, el PRD presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo con el argumento de que José Rosario Nieto Colín habría violado la ley porque era inelegible para ese cargo, en virtud de que no cumplía con el requisito de 5 años de residencia y vecindad. La denuncia no prosperó.
En fin, como diría Pompín, ¡qué bonita familia!...

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LOS ILUSTRES RICALDE.- El alcalde “perredista” de Cancún, Julián Ricalde Magaña, se queja de que el ayuntamiento no tiene dinero y lo dejaron endeudado, pero emula el estilo demagógico de su padrino político a quien traicionó --Greg Sánchez--: regaló boletos para el concierto de Luis Miguel. Mientras, su hermana Alicia, titular del DIF, continúa con su pago de favores políticos. Sustituye a personal valioso que atendía a grupos vulnerables y coloca a sus amigos. Sin recato alguno, ella misma lo admitió: “Traigo mi equipo, traigo mis compromisos de campaña”.
Además, Licha Ricalde violó garantías individuales como alcaldesa de Isla Mujeres, declaró Enrique Mora Castillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). No aceptó la última recomendación que se le hizo.
Otra vez, ¡qué bonita familia!...
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista con una vasta trayectoria profesional. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.

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TRUENAN A EFRAÍN TRUJEQUE ARCILA: EN 2006 ACUSADO DE LIBERAR A SUCCAR KURI

CANCÚN, Q.R., Viernes 29 de Abril 2011.

CONSTE!
¿ABORTÓ LA FUGA?

+ Efraín Trujeque, debut y despedida: fue defensor de Succar Kuri
+ En 2006 fue acusado de confabularse para liberar al pederasta
+ Como funcionario de la PGJE iba a encargarse del caso de su ex cliente

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

No hay mal que por bien no venga, reza el refrán popular. Es el caso de la desmentida “salida furtiva” del pederasta Jean Thouma Hannah Succar Kuri, “El Johnny”.
Abortó el absurdo nombramiento de Efraín Ignacio Trujeque Arcila como Director de Control de Procesos Internos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo (PGJE). Después de ser abogado defensor del empresario de origen libanés, iba a tener a su cargo la etapa final de los procesos penales que se le siguen en los juzgados del fuero común.
La designación no habría sido revocada --¡un día después!-- si el diputado federal panista Agustín Carlos Castilla Marroquín no coloca los reflectores sobre el “recluso estelar” de la cárcel municipal de Benito Juárez (Cancún).
¿Y también habrá abortado una posible fuga del pedófilo?.
Recuérdese: el 25 de octubre de 2006, Trujeque fue acusado por el abogado Xavier Olea, representante de algunas víctimas de “El Johnny”, de ser partícipe de una confabulación para permitir la escapatoria del acusado.
Poco antes, el 31 de julio de 2006, la escritora Lydia Cacho exigió a la Procuraduría estatal investigar presuntos apoyos que desde el interior de esa dependencia habría recibido Succar para fugarse de México. (En la víspera, y a solicitud del entonces gobernador Félix González Canto, la PGJE inició la averiguación previa AP-Che/3466/2006 para determinar la posible participación de sus ex funcionarios en un eventual apoyo al abusador de menores de edad).
De por sí, desde que Succar fue traído a esta ciudad, en marzo de 2010, hubo voces ciudadanas que alertaron sobre la presunta intención de “grupos poderosos” de liberarlo. La llegada de Trujeque a un cargo clave en la procuraduría estatal arreciaría la versión, ahora, de que la nueva administración estatal quiere verlo fuera.
¿Le conviene eso al gobernador priista Roberto Borge Angulo?. Por supuesto que no...
Por eso, habría obligado al nuevo procurador Gaspar Armando García Torres a hacer el “oso”: el miércoles 27, precisamente el día en que se publicó en diarios nacionales y locales la denuncia del legislador panista, anunció la designación de Trujeque. Y veinticuatro horas después, el jueves 28, ¡lo destituyó!.
Hay que recordar que el 30 de marzo de este año, Succar fue condenado a más de 13 años de prisión por delitos de carácter federal que se le imputaron, como pornografía infantil. Pero aún tiene pendientes los fallos por los procesos del fuero común: corrupción de menores, violación equiparada y abusos deshonestos. Es decir, son autoridades judiciales de Quintana Roo las que determinarán si se le aplican o no otras sentencias. Kuri dirigía una red internacional de pederastia que operaba en Cancún.
Lo que siempre quiso el libanés es que se le juzgara en este destino turístico. Por eso luchó con esmero, y logró su traslado del penal de alta seguridad del Altiplano (en el estado de México) a una prisión de Chetumal, primero, y a la cárcel benitojuarense posteriormente.
Por lo que atañe a este periodista, basó su columna anterior (SUCCAR Y EL LODAZAL) en la denuncia penal formulada ante la PGR por un diputado federal que es integrante de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas del Congreso federal. No había por qué restarle seriedad ni importancia. Y aunque al legislador lo habrían engañado con una fotografía en la que supuestamente aparece “El Johnny” en un comedor de Cancún, siguen siendo válidos algunos señalamientos que hicimos.
Finalmente, el caso Succar sí es un lodazal. La marcha atrás que se dio en cuanto a Trujeque Arcila es sólo una arista de la podredumbre en torno a ese asunto.
Hoy, insistimos en que la administración de Borge debe tomar cartas en el asunto, para tranquilidad de la ciudadanía y garantizar el imperio de la ley, en cuestiones como éstas:
--Se observa la urgencia de trasladar a “El Johnny” a una prisión de máxima seguridad, fuera del estado. Con ello se disipará cualquier duda de una posible fuga o de prebendas indebidas como “salidas extrajudiciales” o un trato especial.
--Persiste la sospecha de que tanto en la cárcel de Cancún como en las instaladas en el resto de Quintana Roo se otorgan privilegios a los reclusos adinerados. Está el antecedente de las famosas “celdas VIP” descubiertas en el Cereso de Chetumal en 2009.
--En Cancún, la prisión evidentemente sigue controlada por un grupo de poderosos reclusos, principalmente de los carteles de la droga. El “autogobierno” no ha podido ser eliminado. Eso es una latente bomba de tiempo que debe ser desactivada cuanto antes.
Reiteramos lo que escribimos el miércoles 27:
“El Senado de la República y la PGR tenían razón al protestar e incluso impugnar jurídicamente (como lo hizo la Procuraduría) por el hecho de que Succar haya sido sacado del penal de alta seguridad del Altiplano, en el estado de México, y traído de vuelta a Cancún (…) La designación de un militar al frente del penal cancunense no garantiza en automático que éste sea manejado con eficiencia y honradez”.
¿Por qué fue nombrado Trujeque Arcila en la PGJE donde ya antes había estado?. Los quintanarroenses merecen una explicación.
En julio de 2006, el funcionario del “debut y despedida” y Armando René Ancona Araujo, quien también trabajó en la procuraduría de Quintana Roo, asumieron la defensa de Succar Kuri, acusado de varios delitos de abuso sexual contra menores. Sin embargo, por problemas en el pago de sus honorarios, duraron menos de un año.
La defensa conformada por aquel par de abogados fue severamente cuestionada, no sólo porque fungieron como directores de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de cuando empezaban las investigaciones del caso, sino porque incluso la misma PGJE inició hace cinco años la averiguación previa 3466/2006 para determinar si ellos habían tenido acceso a información privilegiada del caso durante su estancia en la dependencia.
¿Usted cree que no utilizaron esa información que obtuvieron en su paso por la Procuraduría para beneficio de su cliente, “El Johnny”?. Es inmoral y falta de ética profesional. Más aún: transgredieron leyes.
Particularmente a Trujeque se le recuerda, en su calidad de alto funcionario de la PGJE, como uno de los participantes en las acusaciones contra el empresario de origen libanés nacionalizado mexicano. Y años después, ya fuera de la institución, se convirtió en el defensor.
El 30 de octubre de 2006, Trujeque Arcila y Ancona Araujo renunciaron a su calidad de abogados del pederasta, según lo anunció el nuevo coordinador de la defensa, José Wenceslao Cisneros, cuya primera acción fue presentar una queja ante la CNDH para que no trasladaran a su cliente de la cárcel de Cancún a la de Chetumal.
Cinco días antes, el 25 de octubre, Kuri fue trasladado del Cereso en la capital del estado a la cárcel municipal de Cancún, para realizar diligencias. Inconforme, Xavier Olea, quien representaba a menores de edad ultrajados y era abogado de Lydia Cacho, denunció un presunto acuerdo entre el juez tercero penal Víctor Echeverría Tun, Succar Kuri y el abogado de éste, Trujeque Arcila, para permitir la fuga del pederasta.
Reveló Olea: “El juez y Efraín Trujeque son compañeros desde hace mucho, y lo que vemos es un contubernio entre ellos para preparar una fuga”. Agregó que el entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, Pedro Flota, se opuso y envió un escrito al juez donde le dice que no están dadas las condiciones para el traslado y permanencia de Succar en la prisión de Cancun, por lo que lo hacía responsable de lo que sucediera.
“Aun con ese antecedente --dijo Olea-- el juez decidió el traslado, porque el abogado Trujeque pidió que esté presente en todas sus diligencias, algo que NO era necesario”.
Y aunque el juez Echeverría dispuso que el pedófilo permaneciera en la cárcel cancunense hasta el 12 de diciembre de 2006, Trujeque hizo mil esfuerzos por alargar el plazo.
La periodista Cacho, aquel 31 de julio de 2006, afirmó que la Procuraduría local estaba obligada a investigar al abogado Gabino Andrade y a sus hijos Sidharta y Edmart, el trío que el 20 de octubre de 2003, cuando ya se indagaba el caso, lo sacó de Cancún hasta la autopista a Mérida, para luego trasladarlo en un automóvil hacia el DF, como el propio libanés lo reconoció.
El caso es que el pasado miércoles 27, poco antes de la media noche, el flamante procurador Gaspar Armando García Torres designó a Trujeque Arcila Director de Control de Procesos Internos. Esto fue anunciado a través de un comunicado de la dependencia estatal. Sustituía a Humberto Ramón de Jesús Baquedano Parra. Sin embargo, el subprocurador de Justicia, Juan Ignacio Hernández Mora, indicó en el transcurso de la mañana que ese nombramiento no estaba confirmado y presentó a Ludwing Vivas Arjona al frente de ese cargo.
La PGJE no reconoció que el cambio repentino se debió a que Trujeque fue abogado de Succar.
(Por cierto, como parte del lodazal, Vivas Arjona fue destituido de fea forma el 10 de abril de 2010 como subprocurador en la Zona Norte por el entonces titular de la PGJE, Francisco Alor Quezada).
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KAMEL, EL AMIGO.- En su libro “Los Demonios del Edén” (2005), Lydia Cacho mencionó a gran número de influyentes personajes ligados a Jean Succar Kuri. Uno de ellos es el empresario textil poblano José Kamel Nacif Borge, llamado “El Rey de la Mezclilla” y emparentado con el actual gobernador de Quintana Roo. La periodista dijo después que Succar había reconocido que, para apoyar su defensa legal, recibió dinero de su amigo Kamel. ¡Nada se hizo contra éste!...
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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EL CASO DE SUCCAR KURI EXHIBE CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO DE QUINTANA ROO

CANCÚN, Q.R., Miércoles 27 de Abril 2011.

CONSTE!
SUCCAR Y EL LODAZAL

+ La presunta salida furtiva del pedófilo: Roberto Borge en aprietos
+ En el banquillo, el general Bibiano Villa y su runfla de militares
+ Siguen los privilegios y la podredumbre en la cárcel de Cancún

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

¡Y sigue la podredumbre!…
La supuesta “salida extrajudicial” del pederasta Jean Thouma Hannah Succar Kuri de la cárcel de Cancún, el sábado 16 de abril, significaría el primer fracaso del bonche de militares traídos de Torreón, Coahuila, por el polémico general Carlos Bibiano Villa Castillo, nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y con los que –fanfarroneó-- “limpiará y pondrá orden” en la policía estatal y en los penales.
Recuérdese que el mando de la prisión está a cargo del gobierno de Quintana Roo, particularmente de la SSP, desde el 2009.
De nuevo, el sexagenario y matazetas coloca en un brete al gobernador priista Roberto Borge Angulo. Primero fue con sus desafortunadas declaraciones, que le dieron la vuelta al mundo, de que prefería asesinar a los delincuentes y no interrogarlos o ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Ahora pone en entredicho la reiterada promesa del mandatario de que acabará con la impunidad y, en el caso particular de la prisión cancunense, con el autogobierno impuesto por reos peligrosos (narcos, en su gran mayoría).
Apenas el lunes 25, en Chetumal, Borge declaró: “Bajo mi gobierno no habrá tolerancia para nadie fuera de la ley”. Pero reiteradamente, antes y después de su campaña electoral, se ha manifestado en contra de la impunidad y la injusticia.
¿Qué dirá ahora?...
En rigor, ni el gobernador ni el general Villa pueden ni deben guardar silencio ante la grave acusación del diputado federal panista Agustín Carlos Castilla Marroquín, integrante de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas --entre otras-- del Congreso federal. Aún más, se espera que Borge ordene se realice una exhaustiva investigación.
Explicaciones debe dar también el capitán primero de Infantería, Higinio Sánchez Baltazar, oficialmente designado director de la prisión benitojuarense ¡el mismo día en que Succar, también conocido como “El Johnny”, habría salido tranquilamente para desayunar “pancita” en un restaurante del centro de Cancún!...
Aquel sábado 16, en un comunicado, la SSP informó que el capitán del Ejército había tomado posesión. Pero la prensa ha consignado que asumió el control del centro penitenciario varios días antes. Imposible que no se haya enterado de la furtiva salida del pederasta.
Otro personaje que ha sido colocado en el banquillo de los acusados es Ricardo Tejeda de Luna, designado por don Bibiano responsable de Prevención y Readaptación Social, una dirección que por decisión de Borge fue convertida en flamante Subsecretaría dentro del organigrama de la SSP.
Ambos, Sánchez Baltazar y Tejeda, eran colaboradores del matazetas en la ciudad de Torreón cuando fue jefe de la policía.
¿Y nada dirá el Secretario de Gobierno, Luis González Flores?. El pasado día 20, en Chetumal, asumió una actitud triunfalista que hoy se aprecia fue demasiado apresurada. Afirmó que se había iniciado “el proceso para desaparecer el autogobierno en la cárcel de Cancún (…) quien tiene el mando es el estado”. Jubiloso, ya encarrerado, soltó otras frases: “Desde la entrada del capitán Higinio Sánchez Baltazar se ha registrado un notable cambio, sobre todo en el orden y el reforzamiento de la vigilancia”.
Ya se ve que no hay tal “orden”…
Varias lecturas tiene la denuncia del legislador Castilla Marroquín, del 4º distrito electoral del DF:
1.- No sería extraño que los privilegios indebidos de los que goza Succar daten de marzo de 2010, cuando el pedófilo fue internado nuevamente en el centro penitenciario, y que sean producto de sobornos –elevadas sumas de dinero-- a directivos y custodios.
2.- Hay sospecha fundada de que en la cárcel de Cancún siguen dándose prebendas a los reclusos adinerados como las famosas “celdas VIP” descubiertas hace unos meses en el Cereso de Chetumal y por lo que fue destituida --y luego vuelta a colocar-- Verónica May Villanueva como Directora de Prevención y Readaptación Social.
3.- Hoy se ve que el Senado de la República y la PGR tenían razón al protestar e incluso impugnar jurídicamente (como lo hizo la Procuraduría) por el hecho de que Succar haya sido sacado del penal de alta seguridad del Altiplano, en el estado de México, y traído de vuelta a Cancún.
4.- El sistema carcelario sigue convertido en una “bomba de tiempo”, dominado principalmente por los carteles de la droga. Y existe una terrible sobrepoblación. Es un grave problema al que no pudo darle solución durante seis largos años el anterior gobernador priista, Félix González Canto.
5.- La designación de un militar al frente del penal cancunense no garantiza en automático que éste sea manejado con eficiencia y honradez. Sánchez Baltazar, impuesto por Villa Castillo, no es el personaje idóneo. Y aquí el responsable supremo es Borge. (Como director operativo de Tránsito de Torreón, el capitán de Infantería estuvo envuelto en varios escándalos, como la nutrida balacera ocurrida en céntricas calles el pasado 8 de marzo y en la que resultó herido de bala en el rostro).
6.- Fue un colosal error gubernamental dejar que la prisión del municipio de Benito Juárez permaneciera casi tres meses sin director. “Nadie quiere aventarse el paquete”, confesó en su momento el almirante Miguel Ángel Ramos Real, entonces titular de la SSP. El anterior alcaide, Jorge Mendoza Argüelles, proveniente de Reynosa, Tamaulipas, fue destituido y encarcelado por la PGR el 10 de enero de este año, por su responsabilidad en la fuga de cinco peligrosos reclusos en diciembre de 2010.
7.- ¿Qué poderosos personajes de la vida política y empresarial de Quintana Roo protegen a “El Johnny”, al grado de que presionaron a la anterior administración estatal para que se lograra el retorno a Cancún del pederasta?. Y son quienes lo siguen defendiendo…
8.- Ha sido una medida errónea mantener a Succar Kuri en la cárcel de Cancún y no en un penal de alta seguridad. Sí es peligroso. Cuando fue arrestado en Arizona en 2004 un perito definió así su perfil sicológico: presenta trastornos sexual y de la identidad sexual, como son las parafilias, en la modalidad de pedofilia. Su capacidad intelectual es “sumamente elevada”, y él mismo se declaró admirador de un holandés asesino serial de lesbianas, disfrazado de poderoso hotelero.
En cuanto a los titulares de la cárcel, el gobierno –primero de Cancún, luego el estatal-- han dado tumbos y tumbos. Nunca acertaron en colocar al frente a la gente idónea.
En esta columna periodística (¿ALCAIDE NARCO?), del viernes 17 de septiembre del año pasado, un día después de que Mendoza Argüelles tomó posesión como responsable de la prisión, dimos a conocer en exclusiva sus malos antecedentes: en 2006 fue cesado de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Reynosa por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Nadie nos tomó en cuenta, y ya se vio el resultado.
Respecto a Succar Kuri, el acaudalado empresario de 67 años de edad nacido en Líbano y naturalizado mexicano, apenas el 30 de marzo fue sentenciado a 13 años, un mes y 15 días de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. Llegó a residir a Cancún en la década de los 70s, era propietario de negocios como Coral Ref, Villas Solymar y numerosos locales en el aeropuerto.
En 2003 fue denunciado por algunas de sus víctimas, y nada hizo por detenerlo el entonces gobernador Joaquín Hendricks Díaz. El pederasta huyó de Quintana Roo y del país. Entonces, la procuraduría de Justicia del estado reveló que tenía en su lista de pornografía a unas 20 niñas y algunos niños de entre 8 y 14 años de edad, los que participaban en encuentros sexuales, y también eran trasladados a Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos para comercializar sus cuerpos.
La exhaustiva investigación de la activista y escritora Lydia Cacho, que plasmó en su libro “Los Demonios del Edén”, estableció que Succar encabezaba una red de pederastia y había cometido otros delitos como lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Finalmente, “El Johnny” fue arrestado en Arizona, en 2004, y posteriormente extraditado a México.
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INVESTIGACIÓN OBLIGADA.- El diputado panista Castilla Marroquín, ex asambleísta del DF y ex asesor de la PGR y de la Secretaría de Gobernación federal, formuló ayer martes 26 una denuncia formal ante la PGR por los probables privilegios y salidas del penal que tiene Jean Succar Kuri. Presentó como evidencia una fotografía donde aparece el pedófilo en un local de comida ubicado en la avenida Industrial de Cancún.
El legislador pidió una amplia investigación acerca de posibles actos de corrupción que podrían involucrar no sólo al general Bibiano Villa, sino incluso al gobernador Borge Angulo y, desde luego, a las autoridades penitenciarias. Así lo dijo.
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EL DRAMÁTICO RELATO DE LA CANADIENSE NICOLE MOORE, ATACADA POR TIBURÓN EN CANCÚN

CANCÚN, Q.R., Miércoles 20 de Abril 2011.



CONSTE!

TIBURÓN A LA VISTA



+ Riesgo real de escuálidos es ocultado por el gobierno estatal

+ El ataque a dos turistas extranjeras, un escándalo internacional

+ Llega Calderón… y el general Bibiano Villa sigue en el ojo del huracán



Por CARLOS CANTÓN ZETINA*

Comentarios: carlos_cantonz@hotmail.com



Llegaron a Cozumel el presidente Felipe Calderón Hinojosa y su familia a pasar el asueto de Semana Santa, y está pendiente el asunto de los tiburones, los de tierra y los de mar. Además, el gobierno estatal no hace gran cosa para controlar el gran número de incendios forestales que devastan incluso áreas de Sian Ka'an, patrimonio de la Humanidad.

Los nuevos jefes policiacos de Cancún y del estado siguen bajo sospecha de ser investigados: el licenciado en administración de empresas Armando Álvarez Morales, por el Congreso del Estado de Veracruz, y el general retirado del Ejército Carlos Bibiano Villa Castillo, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esos “escuálidos de tierra” no acaban de convencer a la ciudadanía, han iniciado “cacerías de brujas” sin ton ni son, y provocan serios trastornos a la vida pública quintanarroense.

Otros son los de mar:

En un hecho que el gobierno estatal se ha esforzado en ocultar o minimizar, y que sin embargo ya es un escándalo internacional, dos mujeres turistas --una canadiense y otra rusa-- fueron mordidas por tiburones en playas de Cancún, la primera en enero y la segunda en marzo pasados.

Ciertamente, en muchos años no se habían registrado casos semejantes. Sin embargo, son evidentes la irresponsabilidad y el mal manejo exhibidas por las autoridades estatales en un asunto de interés público.

Igual de execrable que el ocultamiento de información es la medida del gobierno de ordenar o tolerar masacres de esos peces selacios (su denominación científica) en las costas quintanarroenses “para no espantar al turismo”. El 2 de febrero, unas horas después del primer ataque, 70 tiburones toro --incluso hembras con crías adentro-- fueron cazados y matados por presuntos pescadores. El tamaño promedio de los animales era de 2 metros, aunque había algunos de hasta 3 metros de largo. Fueron embarcados en Puerto Juárez para su distribución en centros de comercialización.

(Expediente Quintana Roo, el portal informativo, dio a conocer un video donde se aprecia la matanza).

Y seguramente continúa la labor de exterminio…

¿Quién dio la autorización para esa masacre?. Hay quienes aseguran que provino de la Administración Portuaria Integral (API), un organismo desconcentrado del gobierno de Quintana Roo. Otros aseguran que llegó de la Capitanía de Puerto. De cualquier forma, fue el gobierno.

En Playa del Carmen, José Gómez Burgos, líder de la Cooperativa Mar Caribe, aseguró que los pescadores de esa zona están dispuestos a cazar tiburones si se acercan a las playas, “porque esto afecta el turismo y preferimos cuidar el destino la industria turística”.

Tan es real la presencia de escuálidos en las playas de Cancún, que apenas el domingo 17 de abril, autoridades de Protección Civil obligaron a varios bañistas a salir del mar, tras el avistamiento de esos animales que se ha dado en un vasto perímetro: desde Punta Cancún hasta Punta Nizuc.

El cronista vitalicio de Isla Mujeres, Fidel Villanueva Madrid, dijo que en ese municipio, en una zona que se denominaba “La Piedra de las Gaviotas”, han aparecido escualos. Aunque aclara: “Mientras no se les agreda, no atacan… su estancia es porque están en época de reproducción”.

Pero no sólo el gobierno está de acuerdo en exterminar a como dé lugar a los tiburones: también algunos empresarios turísticos, quienes en principio difundieron la falaz información de que el ataque fue producido por una “picuda”.

Abelardo Vara, consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún, y ex presidente de la agrupación, soltó una aberrante afirmación el 8 de abril: si los tiburones ponen en riesgo al turismo “habrá que sacrificarlos, no hay más… hay que hacerlo, yo estoy a favor cien por ciento (…) No por cuidar unos animalitos por ahí, que qué pena, pero si nos están afectando, hay que exterminarlos”.

Hay que recordar que Vara se ha manifestado anteriormente contra la aplicación de la nueva ley que protege a los manglares, que a su juicio “es un freno” para proyectos ambiciosos como el de la Gran Costa Maya.

El director de Protección Civil en Cancún, Mario Castro Madera, es otro personaje que buscó a toda costa restarle importancia al ataque contra las turistas extranjeras.

El lunes 31 de enero, fue la primera víctima: Nicole Moore, una enfermera de Ontario, Canadá, de 38 años de edad. De un cardumen de tiburones, uno de los cuales le arrancó un pedazo de muslo de la pierna izquierda y laceró parte de su brazo izquierdo. El incidente ocurrió en playas del hotel Caribe Park Royal, en el kilómetro 11.5 del bulevar Kukulcán, en plena Zona Hotelera de Cancún.

Gravemente lesionada, la mujer fue internada en el Hospiten, cuyo director Italo Stampablo Lauro, confirmó la versión de que fue atacada por un escuálido. La playa fue cerrada. Existe la versión de que Nicole estaba cerca de varios de esos animales marinos, y que se colocó justo donde una hembra estaba en trabajo de parto.

El periódico canadiense The Canadian Press publicó el 5 de febrero una entrevista que le hizo a la turista afectada. Madre de dos hijos, dijo que el tiburón le aterrorizó, aunque se enfrentó en desigual lucha por su vida. Señaló que el animal medía aproximadamente 1.8 metros de largo y la mordió tres veces. Sintió con profundo dolor --agregó-- que las mandíbulas del animal rebanaban su brazo, mano y pierna.

Y a la estación de radio CKLW, de Windsor, Ontario, le declaró: “Tan pronto como sentía las mordidas, yo sabía que me desprendía pedazos de carne… Mordió mi brazo. Luego el tiburón volvió a atacar y mordió abajo, en mi pierna, arrancándome un pedazo bastante bueno. El animal intentaba tirar de mi para abajo”.

La turista Moore dijo que llegó a Cancún junto a varias amigas de la clase de yoga a la que asiste, así como de sus familiares. Una parte de ese grupo decidió el lunes ir de compras, pero ella prefirió ir a la playa a jugar voleibol. Había en el mar entre 20 y 30 personas. Ella se acercó a la orilla para limpiarse la arena; escuchó el silbatazo de un salvavidas, justo cuando un tiburón se metió hacia la línea de la playa. Sostiene que unas personas que manejaban motos acuáticas “asustaron” a los tiburones. Éstas le gritaron que saliera del mar, pero como no habla español no les entendió. Entonces sobrevino el ataque.

El 2 de febrero, 48 horas después del ataque, el diario canadiense Toronto Star entrevistó a gente que presenció el ataque a Nicole y tituló su reportaje: “Los testigos lo describieron como una escena de la película Tiburón”.

Y el pasado jueves 24 de marzo la agredida fue la ciudadana rusa Tara Loguan o Luba Taran, de 26 años de edad, en Playa Gaviota Azul, en el kilómetro 9 de la Zona Hotelera, en la parte posterior de la Plaza Forum, muy conocida por ser zona de “antros” a donde llegan los extranjeros a divertirse por las noches.

Sufrió una herida de 20 centímetros en el pie derecho. En ambulancia particular fue trasladada al hospital Amerimed, de Cancún. Hace unos días fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital General de Cancún, cuyo director Narciso Pérez Bravo informó que aún debe ser sometida a otras dos operaciones para la reconstrucción de ligamentos. En la última intervención, dijo, se tendrá que hacer un injerto de piel, por la que perdió durante el ataque. (Parece inminente la pérdida de dos dedos en el pie derecho).

Circuló la versión de que el mismo 24 de marzo otra turista, Katherine Bonth --también de nacionalidad rusa-- fue atacada por tiburón en la misma playa atrás de Plaza Forum.

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UN GENERAL EN APUROS.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que inició una investigación de oficio en contra del general Bibiano Villa Castillo, por las polémicas declaraciones que formuló antes de su toma de posesión como Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Antes de que renunciara como jefe policiaco en Torreón, Coahuila, el militar afirmó que cuando captura a un zeta lo “mata”, antes que interrogarlo o ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

El general ha corrido a muchos elementos, y con ello prendió la mecha de una bomba de tiempo. Aparte, el protagonismo de su “asesora” Isabel Arvide Limón causa suspicacia entre la ciudadanía, que no sabe si tiene un Jefe o una Jefa de Policía. A tiempo, el gobernador priista Roberto Borge Angulo aclaró que la periodista no es su asesora, sino que se la mandó al militar para que lo auxiliara. ¿Y qué funciones tiene realmente? ¿Cuánto está cobrando?. Que nos informen, por favor…

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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.

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SUCIOS PERREDISTAS: JULIÁN RICALDE SIGUE MINTIENDO, DICE QUE SU JEFE POLICIACO NO ES CORRUPTO

CANCÚN, Q.R., Domingo 17 de Abril 2011.

CONSTE!
RICALDE COMPRA A LA PRENSA

+ El alcalde de Cancún confiesa que dará una millonada a los medios
+ A costillas del pueblo, busca que no trasciendan sus trinquetes
+ Refuta a este periodista: que Álvarez Morales no es corrupto

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
Comentarios a: carlos_cantonz@hotmail.com

Es una tras otra, descaro tras descaro. Sigue la falta de respeto de Julián Ricalde Magaña a los habitantes de Benito Juárez…
Está en plena quiebra el ayuntamiento pero el desvergonzado alcalde “perredista” anunció que regalará muchos millones de pesos cada mes a los medios de comunicación, para que no critiquen lo que ya empezó como una desastrosa y corrupta administración municipal. Los “balconeó” públicamente y, claro, todos callaron.
Que no se “desesperen” les pidió el viernes 15 porque con dinero de los contribuyentes mantendrá las “iguales” o “embutes” que sus antecesores --sobre todo el nefasto Gregorio Sánchez Martínez-- han otorgado a la prensa para comprarla y acallarla. El también “perredista” Jaime Hernández Zaragoza, igualmente colmó de dinero a los medios informativos.
¡Eso es infame!. ¡Eso no se lo merecen los ciudadanos a quienes se les exige el puntual pago de sus impuestos!.
En el fondo de la aberrante confesión de quien en mala hora se convirtió en presidente municipal de Cancún, subyacen el autoritarismo y la torpeza. A toda costa trata de trampear a la sociedad con el cuento de que su jefe policiaco, Armando Álvarez Morales, es “íntegro y honesto”.
En esta columna periodística (ENGAÑO DE JULIÁN) dimos la primicia el pasado martes 12: el nuevo secretario de Seguridad Pública de Cancún es un deshonesto politiquillo que, como contralor interno en Veracruz, solapó la gran corrupción que ha aflorado durante el sexenio del priista Fidel Herrera Beltrán, uno de los gobernadores que más se han enriquecido ilícitamente al amparo del poder… y con la ayuda de la Contraloría estatal.
Esa vez, dimos datos fácilmente comprobables:
Julián “olvidó” incluir en el curriculum de su funcionario “ejemplar” el hecho de que el último cargo que ocupó en tierras jarochas --hasta noviembre de 2010-- fue el de contralor interno, bajo las órdenes de la entonces titular de la Secretaría General de la Contraloría (SGE), priista Clara Luz Prieto Villegas, hoy acusada por la oposición, igual que su ex empleado Álvarez Morales, de haber solapado las terribles irregularidades en detrimento del erario público.
En aquella columna mencionamos un dato perfectamente comprobable por quien sea: “En la Gaceta Oficial, órgano oficial del Gobierno de Veracruz, se publicó el 27 de octubre de 2006 un acuerdo firmado por Herrera Beltrán en el que designa a Armando Álvarez Morales y a Agustín Espíndola González como ‘titulares de los órganos internos de control en las dependencias o entidades de la administración pública’, como parte del organigrama de la SGE. Y en esas posiciones se mantuvieron hasta fines de 2010”.
Dijimos también que al menos dos diputados locales de Veracruz (Oscar Agustín Lara Hernández y Américo Zúñiga, de la Comisión de Vigilancia) exigen sancionar e incluso inhabilitar políticamente a Prieto Villegas y a quien fue su subordinado, Álvarez Morales, así como a otros contralores internos, porque “fueron omisos en el manejo irregular de los recursos públicos”.
Engañando a los benitojuarenses, Julián “rasuró” esos negros antecedentes de la ficha biográfica de su flamante nuevo jefe de la Policía. (¡Imagínese usted en manos de quién está la seguridad de miles de familias cancunenses y de los millones de turistas!).
La investigación exhaustiva que realizó este periodista acerca de ese turbio episodio en la vida de Álvarez Morales fue retomada por el diario Quequi dos días después, el jueves 14 de abril. Dijo que el aquél tendría cuentas pendientes con el gobierno de Veracruz, lo que es rigurosamente cierto como aquí lo establecimos.
Entrevistado por un grupo de reporteros sobre el tema, Ricalde Magaña exhibió increíble cinismo: pidió “seriedad” y no hacer “reacción” (sic) ante notas de “alguien que escribe normalmente erráticamente sobre este tipo de cosas”.
(La alusión al autor de CONSTE! es más que evidente. Ya anteriormente, el 12 de marzo, el alcalde había acusado a este periodista de “desprestigiar por desprestigiar” y de escribir “pura especulación”. Fue una implícita amenaza que en su momento hicimos pública; hoy la reiteramos, y señalamos a Julián como responsable de cualquier agresión, del tipo que fuere, contra el autor de esta columna).
En su desesperación por defender a su colaborador estrella, dijo que éste “cumplió con todos los exámenes de confianza, fue ampliamente revisado, no tiene en este momento ninguna inhabilitación de ninguna parte”.
(Bástele a cualquier ciudadano hablar con los dirigentes y legisladores del PAN en Veracruz para comprobar que el alcalde miente).
Su irresponsabilidad y su cinismo fueron consignadas por Noticaribe, quizá el único medio que lo hizo. Un reportero lo cuestionó: “Señor, se dudaba de la situación del director de Seguridad Pública, incluso salieron varias publicaciones. ¿Qué hay de eso?”.
El conchudo Julián repitió su cantaleta de que el titular de la SSP en Cancún es, en otras palabras, más puro que el Santo Papa. Envalentonado, el munícipe agregó: “y yo voy a defender esa situación en tanto (no) haya prueba en contra”.
¿Cuántas pruebas más requiere el farsante alcalde?...
Y aquí vino el “balconeo”, la quemada a los medios de comunicación locales: el periodista le preguntó: “¿Hay un golpeteo político por ahí?”. La respuesta del alcalde es para Ripley: “No lo sé, espero que no, pero quizá sea por mi retraso en el pago de convenio, pero no desesperéis, ya lo haré”.
Fíjese usted, lector(a) de la monstruosa declaración de Ricalde Magaña: acepta que existen convenios (dinero que se les da a los medios de comunicación por concepto de “publicidad”, que no es otra cosa que una generosa dádiva del presupuesto para que no divulguen las pifias y corruptelas) que no ha podido cumplir… pero que pronto lo hará.
El alcalde tiene que pagar para que hablen bien de él… aunque todo el mundo sepa de sus trapacerías.
¿Y esos “convenios” están contemplados en el presupuesto de egresos del ayuntamiento? ¿fueron aprobados por el Cabildo?. Categóricamente ¡NO!. Por lo tanto, el tramposo Julián viola flagrantemente la ley.
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LA OTRA QUEMAZÓN.- Extraña que el gobernador priista Roberto Borge Angulo no haga declaraciones ni intervenga respecto al incendio que desde el miércoles 13 de abril se registra en la biósfera de Sian Ka’an, patrimonio de la Humanidad, en el municipio maya de Felipe Carrillo Puerto --cuya alcaldía la ganó la oposición el 4 de julio de 2010--. El daño es criminal: ya van más de 250 hectáreas afectadas. Pero hay otros 17 incendios forestales en la entidad: en Lázaro Cárdenas son dos, con perjuicios a 150 y 200 hectáreas; y en Mahahual hay otro siniestro que ha dañado unas 70 hectáreas.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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OSCURO PASADO DE EDUARDO GALAVIZ IBARRA...¡Y ESTÁ EN EL EQUIPO DE JULIÁN RICALDE!

CANCÚN, Q.R., Viernes 15 Abril de 2011.

CONSTE!
PILLOS CON JULIÁN

+ Ricalde Magaña sigue de tramposo: en su gabinete hay indeseables
+ Eduardo Ortiz Jasso, una historia de corrupción en el Implan
+ Eduardo Galaviz y sus transas con el pulpo camionero…y los 8 proyectos

CARLOS CANTÓN ZETINA*
(Comentarios: carlos_cantonz@hotmail.com

“¡Cómo engaña y con maña Magaña!”, han dicho muchos ciudadanos después de que en esta columna revelamos que el nuevo alcalde de Benito Juárez (Cancún) “rasuró” el curriculum de su secretario de Seguridad Pública, el licenciado en administración de empresas Armando Álvarez Morales, para ocultar el hecho de que en Veracruz fue contralor interno y es acusado de solapar irregularidades del gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
Y el perredista Julián Ricalde Magaña --el que dijo: “Mi amigo Borge”-- sigue con su condenable actitud de esconder la verdad:
Su recién iniciada administración del perredista ya tiene un tufo a corrupción, si se observa la integración de su gabinetazo. El alcalde “pinta” como émulo de Juan Ignacio “El Chacho” García Zalvidea y Gregorio Sánchez Martínez, los peores ediles en la historia y de quienes fue colaborador estelar.
El hedor, la sospecha de que meses malos vienen para los habitantes de Benito Juárez, no son gratuitos:
Personajes como Eduardo Ortiz Jasso y Eduardo Galaviz Ibarra tienen oscuros antecedentes, son hábiles --sobre todo el primero-- para hacer negocios ilícitos, y las preguntas obligadas son: ¿Por eso los incluyó el alcalde en su equipo de primer nivel?. ¿Cómo creer en su promesa de que no tolerará deshonestidades y que elegiría a los personajes más honrados?. ¿Quién confía en su palabrería demagógica: “no solaparé a quienes tomen un peso del erario público en su beneficio ni a quienes por negligencia o dolo sigan dañando a nuestra sociedad”?.
En lo que sí tiene razón es que “nuestro municipio no aguanta más”…
Ortiz Jasso es el nuevo director del importante Instituto Municipal de Planeación (Implan)… pero debería estar en la cárcel. Ocupó el mismo cargo con el hoy presidiario Greg y, en la gestión de éste, tuvo como compañero de equipo y componendas a Ricalde Magaña, quien ocupó dos secretarías: Obras y Servicios Públicos, y Desarrollo Social y en las que le llovieron denuncias por presuntos actos de corrupción.
Cuando ocupó el primero de esos puestos, de diciembre de 2008 a noviembre de 2009, la Auditoría Superior del Estado (ASE) le detectó un fraude por más de 120 millones de pesos. Se hallaron facturas apócrifas que tenían firmas y sellos de la Dirección de Recursos Materiales dependiente de Julián. Todo públicamente documentado.
Ortiz Jasso no sólo fue titular del Implan con Greg sino anteriormente con otro nefasto presidente municipal: Francisco Alor Quezada. Por eso --¡pobre ciudadanía!-- es “garantía” de que continuarán el tráfico de influencias, el famoso “diezmo” --comisión exigida a desarrolladores y constructores--, las edificaciones en zonas no permitidas, los grandes negocios al amparo del poder y… el desgarriate urbano de siempre.
El 11 de marzo de 2009, ante el cúmulo de acusaciones en su contra, Ortiz Jasso fue bochornosamente destituido por Sánchez Martínez. Lo único que no hizo fue planear y cumplir con su función. No hubo trabajo del IMPLAN en casi tres años. No concretó ningún proyecto ni programa, a pesar de que su función era cuidar y asignar las áreas de equipamiento en la ciudad y para beneficiar a la comunidad con mercados, escuelas, parques, espacios deportivos e iglesias.
Lo que sí hizo fue amasar una gran fortuna, producto de “cochupos”. (En 2010, su amiga Latifa lo rescató y lo convirtió en su “asesor en materia de movilidad”).
Después de vivir en una modesta vivienda en la región 504, vino su súbito e ilícito enriquecimiento en las gestiones de Alor pero principalmente de Greg, donde las transas con terrenos y permisos dejaron una multimillonaria ganancia indebida. Ortiz Jasso se hizo de varias propiedades, como dos departamentos de lujo en la Supermanzana 17, Lote 16 (calle Contoy), en la torre Palma del Mar. Se trata de los números 101-C y 301-C, con valor de más de un millón 200 mil pesos cada uno. De uno de ellos, este periodista tiene copias de las escrituras a su nombre. También habría adquirido otro más costoso, en el exclusivo condominio Novo Cancún, donde los precios son de hasta 10 millones de pesos.
Entre el 23 y el 24 de abril de 2008, cuando el alcalde era Greg, el diario Novedades de Quintana Roo publicó una serie de reportajes y entrevistas acerca de las corruptelas, deficiencias y omisiones en que incurrió el titular del IMPLAN, de quien se afirma que era su “socio” en los jugosos negocios en detrimento de ordenación urbana del municipio.
Bajo el título “Ortiz Jasso planeó, pero para su beneficio personal”, el periódico asegura el 23 de abril de justamente hace tres años: “Además de dinero pretende poder. Mediante modificaciones al Reglamento Interno del Implan, el funcionario busca erigirse como máxima autoridad local en Cancún a través de una Junta de Gobierno, con injerencia en el municipio de Isla Mujeres. El Implan fue creado durante el gobierno de Magaly Achach de Ayuso (1999-2002) como un órgano de consulta, asistencia y apoyo de las autoridades municipales”. Es una dependencia descentralizada pero sujeta a fiscalización, ya que maneja cuantiosos recursos del erario público. Además, su titular tiene facultades para gestionar donaciones y partidas estatales y federales.
En otro artículo, Novedades tilda a Ortiz Jasso de estar “enfermo de poder y dinero”. Dice: “no sólo se olvidó de atender los problemas que afectan a los habitantes de Benito Juárez, sino que tuvo el descaro de orquestar iniciativas que le dieran poder para absorber funciones que sólo competen al gobierno municipal”.
En un reportaje más, titulado “Protegen corrupción de Ortiz Jasso”, el diario establece que la tolerancia de Greg “ha provocado que Eduardo Ortiz Jasso se siga burlando de los benitojuarenses y enriquciéndose a costa del erario; nadie lo investiga a pesar de las denuncias públicas en su contra”. Y revela el “modus operandi” del titular del Implan:
“Cuando una desarrolladora presenta un estudio de impacto urbano, Ortiz Jasso lo detiene por meses o simplemente lo archiva sin revisarlo. Posteriormente argumenta que ese diagnóstico no funciona, por lo que exige se realice nuevamente. ‘Sugiere’ o ‘recomienda’ a dos empresas para que realicen los estudios de impacto urbano a precios sumamente elevados pero con la garantía de que serán aceptados por el Implan, a pesar de no contar con todos los requisitos, como el impacto vial. De esta manera, Ortiz Jasso realiza el negocio redondo ya que recibe una partida ‘jugosa’ de las compañías que él mismo recomienda (…) Diversos desarrolladores se han convertido en sus rehenes”.
Un artículo más de Novedades afirma que el problema vial es otro de tantos fracasos de Ortiz Jasso. “Ha sido incapaz de proponer planes para resolver la saturación de la red primaria y secundaria del municipio, atenuar el déficit de espacios públicos para aparcar automóviles y optimizar los servicios de transporte urbano (…) Es deficiente el servicio de transporte urbano”.
También lo acusa de sus ausencias prolongadas, de sus viajes por el país, con cargo al erario. Pretextaba que iba a congresos o cursos, pero era mentira.
La propia ex alcaldesa Magaly Achach denunció en su momento que no existía una verdadera coordinación en los programas del Implan; “no ha llevado las cosas como se deben, tiene una mala administración, no beneficia a la sociedad”.
Respecto a Eduardo Galaviz Ibarra, designado por Julián Ricalde al frente de la Secretaría General, el segundo puesto en importancia del ayuntamiento, acaba de concluir su gestión como regidor (empezó con el corrupto Greg). Ya ocupó ese cargo en la caótica administración de Juan Ignacio “El Chacho” García Zalvidea, donde fue jefe de Julián Ricalde Magaña.
En marzo pasado, trascendió que el ayuntamiento presidido todavía por el perredista Jaime Hernández Zaragoza –junto con sus aliados en el Cabildo-- buscaba aprobar al vapor el cambio de uso de suelo en 8 proyectos, 6 de ellos en la Zona Hotelera de Cancún, cuando faltaban sólo unas semanas para que terminaran su gestión. Galaviz fue señalado de recibir una cuantiosa suma de dinero a cambio de avalar la ilegal decisión, además de que sería beneficiada la imprenta de su propiedad.
Colérico y majadero, el regidor negó que fuese a recibir 70 mil pesos e incluso calificó de “pendejo” a Hernández Zaragoza y de “pobre güey” al entonces Secretario de la comuna, Tomás Contreras. La medida fue abortada por el momento --hay que esperar lo que haga Julián-- pero permanece la sombra de la sospecha.
El periodista Juan Veledíaz, de la revista Luces del Siglo, reveló el 13 de marzo que Galaviz y “sus compañeros de pillerías políticas” Latifa Muza Simón, Víctor Viveros y Concepción Colín Antúnez “fueron los orquestadores de una operación que, de concretarse, se convertiría en un ‘pastel’ con el que se despedirían…”. Sostuvo que el “gran atraco” empezó a fraguarse desde abril del 2010 cuando Latifa asumió como interina la alcaldía. “Se encontraron de pronto sentados sobre una infinita mina de oro. Todos con antecedentes de corrupción desde la administración del defenestrado Juan Ignacio García Zalvidea (2002-2005) y amplios conocedores de las entrañas financieras del Ayuntamiento, no perdieron tiempo en darle vuelo a sus apetitos personales”.
Y el 13 de septiembre del año pasado, el diario Respuesta dio a conocer una lista de regidores que, en beneficio de transportistas y en perjuicio de la ciudadanía, “recibieron de la dupla Noya-Carrillo la cantidad de 800 mil pesos como pago a la protección del pulpo camionero”. ¿Quiénes figuraban en esa relación?. Nada menos que los panistas Galaviz Ibarra y Patricia Sánchez, y --¡otra vez!-- Muza Simón, Viveros y Colín Antúnez, y algunos concejales más.
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EL BURRO HABLA DE OREJAS.- El alcalde Julián Ricalde armó un escándalo con su declaración de que es exagerado el sueldo de los regidores, y mencionó a Víctor Viveros, quien supuestamente cobraba 250 mil pesos al mes. Hubo una dura respuesta del concejal: miente Ricalde, ¡que me lo compruebe!.
El alcalde dice que recortará salarios y personal. Pero es la misma promesa que hizo Greg, y que no cumplió. Además, Ricalde “olvida” que en enero de 2009, cuando era colaborador de Sánchez Martínez, se hizo pública la abultadísima nómina del ayuntamiento, y el hoy presidente municipal “honesto” cobraba ¡50 mil 615 pesos a la quincena como director de Obras Públicas!.
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.
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