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7 dic 2014

EL TELETÓN, OTRA VEZ EL REPUDIO A PEÑA NIETO... Y EN QUINTANA ROO, LOS NEFASTOS DELEGADOS


                                                                        
 
Cancún, Q.R., Lunes 8 de Diciembre 2014

CONSTE!

EL TELETÓN Y EL ODIO A  PEÑA NIETO
+Televisa, castigada por una sociedad agraviada; a duras penas recaudó su millonada
+Los delegados de EPN en Quintana Roo, nocivos; el caso de Elizondo Garrido en SCT

                                  CARLOS CANTÓN ZETINA*
                          carlos_cantonz@hotmail.,com

Nuevamente quedó demostrada la fuerza de la sociedad (agraviada)  que se expresa en internet: la etiqueta o hashtag: #NiUnPesoAlTeleton golpeó a Televisa y al gobierno de Enrique Peña Nieto.   Como nunca antes,  el programa que explota las desgracias del pueblo tuvo que alargarse y  “sufrir” para  alcanzar la meta recaudatoria  de  473 millones de pesos.

Es evidente que miles de ciudadanos no aportaron ahora   en señal de repudio  al presidente de la República pero también al mismo consorcio televisivo.  Ayotzinapa,  “Casa Blanca” y nuevo avión para el huésped de Los Pinos, son las  causas centrales de ese generalizado rechazo aunque no las únicas.

No hay duda de que particularmente en México,  las redes sociales constituyen  el  principal medio en el que la gente manifiesta libremente sus opiniones, desacuerdos  y decisiones.

El  “altruista” Teletón fue más que el tradicional y machacante  relato de vidas quebradas para hacer llorar a la audiencia. Un numerito que tiene muy bien ensayado la televisora para  --en su beneficio--  “conmover  los corazones”.  Vil  chantaje  a través de  imágenes  lastimeras y lucrativas.

Ahora tuvo un ingrediente especial: el inútil  esfuerzo de conductores y artistas por deshacer  las críticas contra EPN y Televisa  manifestadas en oleada en Twitter, Facebook y otros elementos cibernéticos.

En sincronía con el tono cursi e inocuo de la programación del “Canal de las Estrellas”,  Eugenio Derbez  se llevó las palmas en el afán por denostar a miles y miles de mexicanos que  antes y durante la maratónica transmisión hicieron pública su decisión de   #NiUnPesoAlTeleton. 

El actor, investido de vocero de la empresa de Emilio Azcárraga, soltó  frases  como ésta: “Si hoy no llegamos a la meta, Televisa va a seguir teniendo el mismo dinero que tiene, no los van a castigar, tampoco al gobierno, conductores, artistas y voluntarios que participamos. Todos vamos a seguir mañana con nuestra vida. A quienes van a castigar con su odio es a los niños con discapacidad”.

Y qué tal esta otra:  “El Teletón no es un logro de cualquier gobierno, no es un logro de Televisa, es un logro de México


O sea: el odio de vastos sectores de la sociedad contra Peña Nieto debe entenderse que es también contra  la población con discapacidades.  Y tal  repulsa popular  no “castiga”  al jefe  EPN.   Además, estar contra el Teletón es estar contra México.  Decreto  signado por  Televisa…y Derbez insultando la inteligencia de los ciudadanos.  ¡Qué insensatez, cuánta soberbia!.

Entretanto, ya fue identificado el cuerpo de uno  de los 43 normalistas desaparecidos. Se trata de Alexander Mora Venancio, de apenas 18 años, encontrado en un basurero de Cocula, Guerrero.

Uno menos. Faltan los demás, seguramente también asesinados y arrojados a una zona de desechos.

En Quintana Roo, el odio contra Peña Nieto  crece cual si fuese bola de nieve cuesta abajo, no importa que  digan lo contrario gobierno y congreso estatales, y los medios de comunicación cooptados.  Juntos, son  una copia   de Derbez-defensor de lo indefendible, Derbez-el que regaña y amenaza a una sociedad indignada.

Delegados del gobierno federal en el estado, avalados por EPN, contribuyen a la caída presidencial en etas tierras caribeñas. No sólo están ocupados en amasar fortunas personales sino, lo peor, en perjudicar a la gente, incluso indígenas mayas. Esto provoca innecesaria tensión social.

Un ejemplo:

FRANCISCO ELIZONDO
 Francisco Elizondo Garrido, el veracruzano que ha utilizado al PVEM como trampolín político y económico, es delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT) desde el 27 de febrero de 2013. Maneja un presupuesto anual  de casi  1.200 millones de pesos. Se niega a pagar 97 millones de pesos a 180  ejidatarios del municipio de Bacalar.

Los comuneros mantienen bloqueados los accesos de las instalaciones de SCT en Chetumal, la capital de Quintana Roo, en reclamo  por el retraso del pago de las afectaciones que  generó la modernización de la carretera Chetumal – Bacalar en 39.7 hectáreas de cultivos.

Previamente, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin)  entregó  a los ejidatarios  un avalúo de 97 millones de pesos por la totalidad de tierras. La dependencia de Peña Nieto promovió amparos pero los perdió   ante lo justo del reclamo campesino.

El pasado 7 de septiembre, el “verde” Elizondo Garrido se comprometió a pagar la indemnización “en 30 días hábiles”. Por supuesto, es una promesa incumplida hasta ahora.  

Felipe de Jesús Castro Gómez, presidente del Comisariado Ejidal, sostiene que no hay nada que le impida a SCT hacer el pago.  Y respecto a las patrullas y elementos de la Policía Federal que les pusieron un cerco intimidatorio, afirma:

“Mientras ellos no nos agredan, no tendrán problemas. No que creo que en la cárcel vayamos a caber todos, somos miles y miles. Que no se equivoquen, esto no es Holbox, esto es una unión de ejidos y campesinos en el estado y están otros municipios y asociaciones: Morelos, Carrillo, Unorca, CNC, la UCD y están todas las asociaciones que se van a sumar a nosotros”.

En la isla de Holbox, perteneciente al municipio maya de Lázaro Cárdenas, 16 comuneros  permanecen  presos desde el 24 de julio por  “delitos ambientales”,  según otra empleada de Peña Nieto, Ludivina Menchaca Castellanos, delegada de  la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa y también militante del PVEM.

Menchaca y Elizondo forman parte de una larga lista  de delegados federales propuestos por el gobernador y que irresponsablemente Peña Nieto “palomeó”. Mucho daño le hacen al estado.

El explosivo conflicto en Bacalar, que apenas en 2011 se convirtió en el décimo municipio del estado segregándole terreno al de Othón P. Blanco (Chetumal), también es un reflejo de la actitud lacayuna de los alcaldes. Todos son militantes del PRI en Quintana Roo.

 El presidente municipal   José  Alfredo Contreras Méndez ha tratado inútilmente de convencer a los ejidatarios de liberar el edificio.  Es un secreto a voces que sigue los dictados del gobernador, igual que el resto de ediles.

Algunas obras  de la SCT federal en Quintana Roo han sido severamente cuestionadas, sobre todo a partir de que Peña Nieto entró a Los Pinos.

Hace unos días, el 26 de noviembre, el mismísimo presidente inauguró una autopista  de cuota que no está concluida, la que une a Playa del Carmen con Nuevo Xcán.  Concesionada al Grupo ICA, obligará a los usuarios a pagar. En esa ocasión, un exagerado aparato de vigilancia impidió que un grupo de ciudadanos se manifestara libremente contra EPN, el mismo día en que el gobernador priista Roberto Borge Angulo declaró que “todo Quintana Roo apoya a Peña Nieto”.

En cuanto a  Francisco Elizondo Garrido, ya fue diputado federal por el PVEM e integrante del gabinete estatal, como titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).  Pero ¿qué rayos sabe de obra pública como para haber sido designado delegado de la SCT en el estado?...

Su paso por SEMA fue sin pena ni gloria. Lo único que hizo fue operar la controvertida aprobación de la verificación  vehicular y la concesión, sin previa licitación, de 12 verificentros en Quintana Roo.  Los dueños, entre ellos hay políticos, ganan un dineral.

A  fines de noviembre de 2011, el gobierno estatal, a través de Elizondo, presentó al Congreso local  una iniciativa para instalar aquí  la verificación, lo que fue interpretado por muchos ciudadanos como un sustituto de la tenencia vehicular, que fue eliminada por decreto federal.


La SCT en el estado se ha convertido en cuna de ratas e ineptos. En 2011, el delegado Ignacio Meza Echeavarría fue  denunciado por actos de corrupción, en los que también se involucró  al subdirector de Obras, Eduardo Rodríguez Abreu.

Y hay más casos…

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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas que fueron de circulación nacional Quehacer Político y  Polémica.

TWITTER:     @cantonzetina

3 dic 2014

LA LEY DE MOVILIDAD SERÁ EL PRETEXTO DE GOBERNANTES PARA REPRIMIR; QUINTANA ROO, EL ENSAYO

PEDRO CANCHÉ, PERIODISTA MAYA PRESO  EN QUINTANA ROO

                                                                      Cancún, Q.R, Jueves 4 de Diciembre 2014
CONSTE!
LA REPRESIÓN TIENE PERMISO
+ El miedo de Peña Nieto crea la  “Ley de Movilidad”, o garrotazos contra disidentes
+ En Quintana Roo fue el primer ensayo; Pedro Canché, sólo un ejemplo de represión
                                                CARLOS CANTÓN ZETINA*
                                           carlos_cantonz@hotmail.com
 El martes 2  de  diciembre, los diputados federales de  PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron  la Ley General de Movilidad, que no es otra cosa que darles  luz verde a los gobiernos  para reprimir las protestas sociales.
Los lacayos de siempre actuando como siempre: contra el pueblo.
Entre ellos, los tres “representantes populares” de Quintana Roo por el PRI: Raymundo King de la Rosa, Román Quian Alcocer y Lizbeth Gamboa Song.  Ya antes, el 17 de  octubre del 2013, asestaron otro  duro golpe a sus electores al aprobar el incremento del IVA de 11 a 16% en las zonas fronterizas.
La de este martes fue un madruguete, una asonada legislativa que  modificó  los artículos  11 y 73 constitucionales.
En rigor, la medida constituye un claro reflejo del miedo y de la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto frente a las crecientes manifestaciones por  la desaparición de  43 normalistas de Ayotzinapa y la insultante mansión  “Casa Blanca”, casos  que han propiciado una ola de  indignación en  vastos sectores de la población en todo el país, y aún en el extranjero.
Está claro: la ley del garrote viene en serio contra los disidentes.
Se ve diáfano: es una “solución”  desesperada y autoritaria de EPN a falta de medidas  eficaces  y convincentes.
¿Por qué, si las protestas masivas han sido pacíficas, viene una respuesta que presagia un  indiscriminado  y feroz uso de la fuerza pública?.
Se prevé desde ahora que la mejor manera  que tendrán los gobernantes para  garantizar el “respeto” al derecho a la movilidad de las personas  será mediante acciones represivas.  Pisoteado quedará, oficial y legalmente, el sagrado derecho de todos los mexicanos a manifestarse libremente.
Por eso hay quienes ven replicar, en la nueva Ley de Movilidad,   episodios  de la dictadura pinochetista en Chile. Así de terrible…
La cuestionada  acción de los legisladores federales del PRI y aliados tuvo un ensayo previo en estados como Quintana Roo, donde el 25 de marzo un Congreso local  domesticado por el gobierno  aprobó la Ley Antimarchas.  Se convirtió así en la primera  entidad federativa  en regular las marchas en el país.
Ante la ola de inconformidad que generó en la población, los diputados se vieron forzados a “suavizarla”: el 30 de abril dieron luz verde a la “Ley de Ordenamiento Cívico”, que a pesar de sus retoques mediáticos implica   también un carácter represivo.
Certero, el periodista Julio Hernández, autor de la columna Astillero del periódico La Jornada, escribió este miércoles 3:
“No se trata de un arranque ni una ocurrencia. Gobernadores intensamente deseosos de hacer el trabajo sucio a Los Pinos (Chiapas, Quintana Roo y Puebla) ya dieron pasos, meses atrás, en la misma dirección, haciendo aprobar ordenamientos restrictivos de las manifestaciones públicas e incluso, en el caso de Rafael Moreno Valle, por ello apodado el Góber Bala, propiciatorios del uso extremo de la fuerza pública, con disparos de armas de fuego incluidos. Ante la crítica reacción popular, en esos estados se dio marcha atrás o se atenuaron las medidas autoritarias, pero el ensayo cumplió sus objetivos de presagio”.
Quintana Roo no ha sido la excepción en cuanto a muestras de repudio popular  a Peña Nieto. Sobre todo jóvenes se han lanzado a las calles y extienden su  activismo a  redes sociales. Las manifestaciones en la vía pública no se habían dado con tanta fuerza  en un destino turístico como Cancún, aunque se han producido en todo el estado.
Personalmente, EPN se percató de la  inconformidad en su contra el pasado miércoles 26 de diciembre cuando en Playa del Carmen  (el segundo polo turístico del estado) un exagerado aparato de seguridad lo alejó de la gente… y  de las protestas.
LYDIA CACHO, HOSTIGADA
Recuérdese: perdió en esta entidad las elecciones presidenciales en 2012 ante Andrés Manuel López Obrador.
Y con ley o sin ley contra  disidentes, el gobierno quintanarroense ha intentado reprimir a periodistas como Sergio Caballero (corresponsal de Proceso), Norma Madero y Agustín Ambriz (revista Luces del Siglo, varias veces clonada), Lydia Cacho y  Vicente Carrera  (editor del portal noticioso Noticaribe), y a políticos opositores como Julián Ricalde Magaña y Daisy Baeza Rodríguez, y las diputadas federales Graciela Saldaña Fraire (PRD) y Alicia Ricalde Magaña (PAN).  Contra ellos, por el “delito” de criticar al mandatario priista Roberto Borge Angulo, se utilizan  como armas  la desacreditación y el denuesto.
El hostigamiento es grosero  en redes sociales, a cargo de un ejército de “troles” pagados con recursos del erario.
El 25 de noviembre se informó que la censura oficial alcanzó a la prestigiada periodista Carmen Aristegui, quien ha criticado acciones del gobierno de Quintana Roo.  Su noticiero, la Primera Emisión de la MVS Radio, dejó de transmitirse  por “la Estrella Maya que Habla”, del municipio maya  Felipe  Carrillo Puerto y propiedad del ex alcalde priista, Sebastián Uc Yam, entregado al poder. Era la única estación que divulgaba el programa.
También hay casos de disidentes que permanecen presos o huyendo del estado:
1.- El periodista maya Pedro Canché Herrera hace  ya tres meses que está  preso  en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, desde el 30 de agosto. Lo acusan del delito de “sabotaje”, después de que del 16 al 19 de ese mes participó en  protestas populares contra el alza en las tarifas de agua potable, que derivaron en un bloqueo a las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado. El 24 de agosto, seis días antes de su detención, grabó un video en el que critica la gestión del gobernador. Pruebas fabricadas contra el luchador social han caído una a una, se ha demostrado lo injusto de su encarcelamiento.
2.- El constructor Mario Esteban González fue obligado a vivir en el exilio. El 18 de septiembre formuló  ante la PGR una demanda contra Borge Angulo y otros funcionarios como Gabriel Mendicuti, Secretario de Gobierno, y Gaspar Armando García Torres, procurador de Justicia estatal. Los acusó de proteger a Sebastián Uc Yam (sí, el “verdugo” de Aristegui), quien no le pagó 9.6 millones de pesos por seis obras públicas que le encargó  en 2011. El 7 de noviembre, el propietario de “Construcciones J.C. Cúbica”, S.A.,  presentó en la Cámara de Diputados federal una solicitud de juicio político contra el gobernador.   Denuncia que “gente armada pretendió desaparecerme, pues no pudieron hacer que me desistiera en mis acusaciones, y por eso opté por huir  del estado”.
El gobierno de Peña Nieto, a través de la Profepa, mantiene presos a 16 comuneros de la isla quintanarroense de Holbox.  Se les acusa de “cortar mangle”, y desde el 24 de julio permanecen en el Cereso de Cancún. Ludivina Menchaca Castellanos, delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado, utilizó a la Marina para la aprehensión.  El 27 de noviembre, los ejidatarios obtuvieron amparo federal por “detención ilegal”.
En lo que respecta a la Ley General de Movilidad, la minuta fue enviada al Senado, donde con mayor facilidad  será aprobada. Hay más control peñista. Luego deberá ser avalada por al menos 17 congresos locales, por tratarse de reformas a la Constitución mexicana.
Ya José Luis Toledo Medina, “Chanito-el hijo del pueblo”, en su calidad de presidente de la Gran Comisión del Congreso quintanarroense, adelantó el visto bueno a la polémica ley de EPN. Dijo que incluso, si es necesario, habrá periodo extraordinario.  Aquí no hay problema…
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas que fueron de circulación nacional Quehacer Político y  Polémica.
TWITTER:     @cantonzetina