"EL GUAPO" VIOLA LA LEY

Por CARLOS CANTÓN ZETINA

+ LA COMPRA DE

SUBURBAN DE LUJO

CON DINERO DEL

SEGURO POPULAR

El pillo consumado Luis Felipe Graham Zapata, apodado “El Guapo” por su exquisitez y proclividad a la vida placentera y confortable, al adquirir vehículos de lujo para su uso personal –como una Suburban último modelo, blanca, que compró en plena inundación de fines de 2007--, no sólo atentó contra las familias más pobres de Tabasco a las que está dirigido el Seguro Popular, sino también violó flagrantemente el artículo 77 de la Ley General de Salud (LGS) y los artículos 74 y 81 del Reglamento de la referida ley. Pero también ha transgredido otras.
Irresponsablemente, el secretario de Salud en el gabinete de Andrés Granier Melo que “aspira” a ser alcalde de Centro, coloca a Tabasco ante la posibilidad de que el gobierno federal le suspenda la transferencia de recursos para el Seguro Popular, como lo establece el artículo 74 del Reglamento de la Ley.
Nadie se explica por qué Graham no ha sido destituido de su cargo ni ha sido sancionado por la administración del presidente Felipe Calderón. La compra ilegal que hizo de aquel vehículo, entre otros muchos casos de malversación de fondos públicos de la nación, y la opacidad con la que maneja esos dineros, va en contra de lo que disponen la Ley General de Salud, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud y los Criterios Generales para la Programación del Gasto e Integración de la Información Estatal Relativa al Manejo Financiero del Sistema de Protección Social en Salud.
La actitud derrochadora, irresponsable, de “El Guapo”, quien ahora, con plena desfachatez, pretende ser alcalde de Centro y maneja un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos, violó sobre todo la Ley General de Salud (LGS), que claramente establece en su Artículo 77 bis 16 que los recursos federales a los gobiernos estatales –en este caso, a la dependencia cuyo titular es Graham— “sólo podrán utilizarse en los conceptos de gasto establecidos en los Acuerdos de Coordinación en las regiones donde se instrumente el Seguro Popular de Salud”. También, el Acuerdo de Coordinación que “El Guapo” ha firmado con el Presidente Calderón durante los últimos dos años, en relación al Seguro Popular, estipula en su cláusula Octava que “los ingresos propios (serán) destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título”.
Y Luis Felipe ha incumplido con lo que establece la ley, en relación a que debe transparentar el manejo de los recursos federales, como lo marcan el artículo 77 bis 31 de la LGS y el Acuerdo de Coordinación, en su cláusula Décimasexta.
Asimismo, tal legislación federal estipula:
“Corresponde a los gobiernos de los estados aplicar de manera transparente y oportuna los recursos transferidos por la Federación…”
En el capítulo Programación del Gasto, correspondiente al Seguro Popular, se especifica en el punto 3:
“Adquisición de equipo médico, instrumental, mobiliario médico, de laboratorio y gabinete; incluyendo vehículos destinados a la prestación de servicios (ambulancias, unidades móviles y otros vehículos destinados a la prestación de servicios médicos a los afiliados al Seguro Popular”.
Así, queda claro que Luis Felipe “El Guapo” es transgresor confeso de la ley. El 23 de diciembre de 2008, durante su comparecencia ante legisladores del Congreso de Tabasco, admitió que con recursos del Seguro Popular compró la Suburban, en lo momentos en que miles de familias tabasqueñas tenían el agua hasta el cuello y requerían medicamentos y doctores, entre otras cosas. Con increíble cinismo, el funcionario y amigo de Granier dijo que adquirió el vehículo de superlujo para viajar por los municipios de la entidad, y al vecino Veracruz, y, así, “gestionar recursos para el estado de Tabasco”.
“El Guapo” confesó además que la Suburban blanca costó 529 mil pesos, y que la Secretaría de Salud a su cargo había gastado aparte 18 millones de pesos más para otros vehículos destinados a las Caravanas de Salud.
La Ley es contundente: en ningún momento permite la compra, con recursos del Seguro Popular, de vehículos para uso personal, y mucho menos de lujo. Tampoco lo permiten los convenios de coordinación que, año con año, firman el Presidente de la República y los secretarios de Salud de los gobiernos estatales. Pero ya se ha visto que a Luis Felipe le vale un comino lo que dicen las leyes…
En la asignación de millonarias partidas de la Federación a Tabasco, y a los demás estados de la República, se imponen a éstos severas restricciones y condicionantes, con el fin de que el manejo de los fondos sea honesto y transparente. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a través de su Dirección General de Financiamiento (DGF), es la que específicamente debe controlar el gasto que hacen las secretarías de Salud en el país, a las cuales les deposita en cuenta bancaria indicada por ellas, los dineros federales para el Seguro Popular.
Significa que “El Guapo” utiliza según su criterio esos cuantiosos recursos, aunque está obligado a:
1.- Enviar un Programa de Gasto a la DGF, conforme al número de familias (más de 400 mil) afiliadas al Seguro Popular en Tabasco.
2.- Aplicar de manera oportuna y transparente los recursos transferidos y las aportaciones propias (del estado) para la ejecución de las acciones de protección social, en función del Acuerdo de Coordinación que ha firmado para tal efecto.
3.- Deberá elaborar cada año un programa a nivel partida estatal (es decir, los dineros que debe aportar el gobierno del estado de Tabasco). Este programa se deberá elaborar con base en la meta de afiliación anualizada, propuesta y aprobada por la Comisión (CNPSS) y conforme a los recursos federales que se recibirán por las familias afiliadas.
4.- Si la Secretaría de Salud de Tabasco (como las del resto de los estados) necesita cambiar su programa de gasto, deberá informarlo a la DGF para su revisión y comentarios.
(“El Guapo” no informó a la instancia federal que modificaría el gasto del Seguro Popular para comprar una Suburban de lujo).
5.- Tendrá la responsabilidad de llevar a cabo los procesos de adquisición de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del programa (Seguro Popular).
6.- Deberá enviarle mensualmente, en oficio con su firma (la del “Guapo”) a la DGF el avance del ejercicio presupuestal, de los recursos federales transferidos, a nivel de partida de gasto.
7.- Demostrar que la documentación original comprobatoria del gasto del Seguro Popular cumpla con los requisitos fiscales, administrativos y normativos vigentes, y que tal documentación esté a disposición de la Secretaría de Salud federal para su revisión. (La dependencia que encabeza Graham Zapata debe guardar esos documentos –comprobatoria legal-- al menos cinco años).
8.- Tendrá la responsabilidad del control y seguimiento del pago de las cuotas de los afiliados al Seguro Popular, y deberá informar a la Comisión (CNPSS) sobre su manejo y destino.
9.- De acuerdo al artículo 77 bis, fracción B-VIII, de la Ley General de Salud, deberá proporcionar la información relativa al ejercicio de los recursos transferidos para la operación del Seguro Popular. De igual forma deberá informar, en tiempo y forma, sobre la administración y ejercicio de los recursos provenientes de cuotas familiares conforme lo establece el artículo 81 del Reglamento de la Ley (LGS); la falta de esta información será causal de suspensión de la transferencia de recursos a las entidades federativas (artículo 74 del Reglamento referido).

GRAHAM, ¡NADA
DE RENDIR CUENTAS!

Tan sólo en lo que se refiere a los cuantiosos recursos económicos que la Federación le otorga a Tabasco anualmente, para operar el Seguro Popular, se ve la absoluta falta de voluntad de Luis Felipe Graham Zapata para rendirle cuentas claras a los tabasqueños. Y eso que también aportan dinero las propias familias –las más pobres entre las pobres-- afiliadas a ese programa.
Esto dispone el artículo 77 de la Ley General de Salud (LGS):
a) La Federación, los estados y el Distrito Federal dispondrán lo necesario para transparentar su gestión de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso a la información y transparencia a la información pública gubernamental. Para estos efectos, tanto la Federación como los estados, a través de los servicios estatales de salud (en este caso, la dependencia cuyo titular es “El Guapo” Graham) difundirán toda la información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como el manejo financiero (del Seguro Popular) con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos…”
b) Cláusula Décimaoctava del Acuerdo de Coordinación (sobre el Seguro Popular): “El Estado (de Tabasco) pondrá a disposición del público por medios de comunicación electrónica, remotos o locales, la información relativa al manejo financiero del Seguro Popular”.
Es claro que “El Guapo” Luis Felipe ha incumplido con esas disposiciones legales, pues no informa a los tabasqueños de cómo maneja el dineral que le envía cada año la Federación para operar ese programa destinado a beneficiar a las familias más humildes de Tabasco. En rigor, ha convertido en todo un cochinero el destino que da tanto a los recursos que asigna a Tabasco la Federación como a las cuotas que aportan por su parte las familias afiliadas al programa social.

ANTECEDENTES

El Seguro Popular de Salud se inicia en 2002, como un programa de coordinación entre Gobierno Federal y el gobierno de Tabasco, para la participación de las familias tabasqueñas a través de un Servicio Médico, para todas aquellas que no tienen Seguridad Social, como podría ser el ISSSTE para los trabajadores al servicio del Estado; el IMSSS para los que tienen un patrón; los Servicios Médicos de

GREG: EL NARCO EN CANCÚN

+ La invasión del narcotráfico

en el gobierno muninicipal

+ Escándalos que van contra
su imagen y… la de Cancún


Por CARLOS CANTÓN ZETINA

Sumida su administración en un mar de corrupción y vínculos con el narcotráfico, desprovisto del control de su policía y cárcel municipales que fueron infiltradas por el poder de los ‘capos’ de la droga, sumergido él mismo en una serie de contradicciones, mentiras y declaraciones absurdas --como la de culpar a los padres de familia cancunenses de la inseguridad pública--, envuelto en escándalos como el motín en el penal y sus amigos y parientes acusados de tener nexos con el Cártel del Golfo, Gregorio Sánchez Martínez muestra su condición de ídolo con pies de barro.
Justo cuando cumplió un año de haber ganado la reñida elección para presidente municipal, que obtuvo por una mínima diferencia de 1.089 votos --el domingo 3 de febrero de 2008--, se inició el estrepitoso derrumbe de Greg. Su gobierno ciudadano y su propia imagen política y personal, cayeron de la gracia de la mayor parte de la ciudadanía.
Además, con los escandalosos sucesos ocurridos en unos cuantos días, Cancún exhibe ante el mundo su verdadero rostro: el de un paraíso… pero para el trasiego de drogas, un paraíso de corrupción y de inseguridad. Desde hace varios años, la prensa local se había referido a la presencia activa de Los Zetas, el peligroso brazo armado del Cártel del Golfo, en este balneario y, aparentemente, el único que desconocía esa situación era… ¡Greg!.
Es muy severo el daño que eso causa a éste que es el principal destino turístico del país, y cuya economía está basada en el turismo, sobre todo internacional.
Pero el “popular” Greg también cayó de la gracia del presidente Felipe Calderón Hinojosa y del gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto.
“Me indigna, me molesta, me entristece”, expresó Calderón al enterarse del brutal asesinato del general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, cuyo cadáver acribillado a tiros apareció en Cancún el 3 de febrero pasado. Y es que con la ejecución de Tello, el militar de más alto rango victimado en el país, se abrió un nuevo frente de guerra, ahora contra altos mandos del Ejército Mexicano.
González Canto, a su vez, demostró igual indignación y, por eso, dispuso que el gobierno estatal a su cargo asumiera el control de la Secretaría de Seguridad Pública y de la cárcel municipal cancunenses.
Y el subprocurador Regional de Procedimientos Penales de la PGR, Victor Emilio Corzo Cabañas, lo dijo muy claramente en Cancún: “Las investigaciones por la triple ejecución apenas comienzan, y se llegará a fondo, sin importar hasta dónde”. Lanzó una advertencia: “Cancún (el ayuntamiento) debe preocuparse y atender el problema de la venta de drogas que va descomponiendo a la sociedad…”
Por su parte, el general Arturo Oliver Zen, subjefe del Estado Mayor del Ejército --un importante mando militar--, expresó que Cancún ha representado para el Cártel del Golfo uno de sus principales puntos para recibir cocaína proveniente de Centro y Sudamérica.
El 3 de febrero de este año, con la ejecución de Tello Quiñones, se desencadenó una serie de hechos sangrientos y de sorprendentes revelaciones que constituyen una hedionda red de complicidades.
Así, Greg se convirtió en toda una desilusión para quienes votaron a su favor. Miles de ciudadanos que, con estupor, se han enterado de las graves acusaciones que pesan contra colaboradores de alto nivel del alcalde, y hasta algunos de sus parientes incrustados en la nómina del Ayuntamiento: presuntamente daban protección e información privilegiada a los narcos, a cambio de millonarios sobornos.
Antes de que el 10 de abril cumpla un año de haber asumido la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún), que apenas pudo ganarle a su rival priísta Victor Viveros Salazar, Greg ha perdido gran parte de su capital político, de la ‘popularidad’ de que tanto ha hecho gala y que ha tomado como pretexto para hacer lo que se le viene en gana.
Su menguada imagen dista mucho de aquella que tenía cuando asumió el cargo de alcalde, el 10 de abril del año pasado, y eufórico prometió luchar “contra la violencia y la inseguridad pública”. Cuando prácticamente se deslindó de la coalición “Con la Fuerza de la Gente” (PRD-PT y Convergencia) que lo arropó para llevarlo al poder, al afirmar que no se marcaría a su administración como solamente perredista, sino que sería “un gobierno ciudadano”. Más lejana está su promesa reiterada el 15 de septiembre de 2008 --colmado él de “popularidad”--, cuando en su primera ceremonia del Grito de la Independencia, en la Plaza de la Reforma, rompió el protocolo para clamar:
“¡Vivan los hombres y mujeres que luchan contra la delincuencia y la inseguridad…!”
De ese modo, elevó al rango de héroes a los policías y militares que sostienen una guerra frontal contra el crimen organizado.
Pero llegó la triste realidad. Tan sólo en unas semanas se le fue de las manos el control tanto de la policía municipal como de la cárcel de Cancún. Primero fue el brutal asesinato, precedido de torturas sinfín, del general Tello Quiñones, quien aparentemente asumiría el puesto de jefe policiaco; junto con él fueron victimados su escolta, el teniente de Infantería Geotulio César Román Zúñiga, y el civil Juan Ramírez, nada menos que sobrino de Greg.
Posteriormente se produjo la detención y arraigo --por parte de autoridades federales-- del Secretario de Seguridad Pública, Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, y del director del penal, Marco Antonio Mejía López. Como remate, su presunto cuñado, el cubano Boris del Valle Alonso, El Boris, quien se desempeñaba como su asesor en materia de seguridad pública, fue arrestado en el D.F. por elementos de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (Siedo), de la PGR, el mismo día --jueves 5 de marzo-- en que en un hotel de Cancún se efectuaba la Reunión Nacional de Procuradores de Justicia.
El Vikingo y El Boris, al decir de la Siedo, brindaron protección e información a Los Zetas. Más aún, el segundo de ellos “ha realizado diversos movimientos financieros en países de Europa”, según el comunicado oficial de esa dependencia federal. Significa que el amigo de Greg es lavador de dinero procedente del narcotráfico.
Y una semana después del asesinato del general Tello, el miércoles 11 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó en la ciudad de México a siete presuntos responsables de la triple ejecución. La novedad es que, entre ellos, figura Manuel Antonio Estrella Cervantes, ¡un policía municipal --de Cancún-- en activo!. Todos, miembros de Los Zetas.

LOS TRASPIÉS DEL ALCALDE

En su desesperación por aparentar ser ajeno a todos los escandalosos hechos a partir del 3 de febrero, el alcalde Sánchez Martínez ha incurrido en un largo rosario de traspiés. Uno tras otro…
Desde un principio, cuando fueron encontrados los cuerpos del general Tello y sus dos acompañantes, Greg negó que Juan Ramírez Sánchez fuera su sobrino. Ante los contundentes señalamientos de la prensa local, no tuvo más remedio que retractarse y admitir que sí era su sobrino, pero “aclaró” que no trabajaba para el ayuntamiento.
El alcalde volvió a mentir, porque lo cierto es que su sobrino estaba asignado como policía de Tránsito Municipal, con la clave de empleado 11030324. Su función real era la de escolta de su tío. Y era un chiapaneco sediento de dinero, que apenas iniciada la administración de Greg abrió un bar en la plaza 21, el “Baby Doll”.
(Ya desde el 7 de enero, el diario “La Verdad” de Quintana Roo había dado a conocer que otro pariente de Greg, su hermano Feliciano Sánchez Martínez, fue detenido en la ciudad de México por elementos de la Siedo y llevado al Reclusorio Norte, acusado de presuntamente encabezar una banda de secuestradores).
Tras el motín en el penal de Cancún, donde hubo una veintena de heridos y que fue provocado por el reo Martín Villanueva Vázquez, El Negro, miembro del grupo armado del Cártel del Golfo y “líder” de los 1.200 presos, Greg insistió en defender al ahora ex director, Marco Antonio Mejía. Y aunque desde el inicio de su gobierno la prensa ha dicho que la cárcel de Cancún es uno de los principales centros de operación de Los Zetas, el alcalde “ciudadano” declaró en estos días al semanario Proceso: “Desconozco o desconocía que había un grupo delictivo que controlaba la cárcel (municipal). Lo único que puedo decir es que desde que Mejía llegó, el penal se mejoró, se pintó…” . Esa fue una nueva y desafortunada declaración. ¡Como si realmente hubiera desconocido el poderío de El Negro, y como si bastara con “pintar” la cárcel para sanearla del narcotráfico!...
También, Greg se empeñó en defender a su amigo y colaborador El Vikingo, y lo hizo incluso después de que su ex director de Seguridad Pública fue arraigado y acusado de delitos contra la salud y de presunta vinculación con el crimen del general Tello.
El viernes 7 de marzo, elementos de la Siedo acudieron al palacio municipal para interrogar a Greg sobre el asesinato del general Tello y los posibles nexos del edil con el narcotráfico. Luego de casi 4 horas que duró su comparecencia, en vano quiso Greg ocultar el sentido real de la diligencia. Dijo que no fue interrogatorio, que sólo había presentado su declaración por escrito. Esto fue desmentido por la PGR. Sí fue interrogatorio…
Cuando las autoridades federales detuvieron a El Boris, Greg mintió nuevamente: manifestó que el aprehendido no era su cuñado ni era cubano. La prensa local se encargó de desmentirlo.
La cadena de errores siguió. El sábado 7 de marzo, en una proclama desde la explanada del Palacio Municipal, ante cientos de fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, culto al que pertenece, el alcalde se atrevió a decir:
“La inseguridad no es problema de la policía ni del gobierno, es la irresponsabilidad de los padres, que no han sabido educar a sus hijos”.
Cinismo puro de Greg, expresado unas horas después del motín en la cárcel municipal de Cancún, y a donde no acudió para nada. Allí en la explanada saludó a los fieles: “¿Cómo está el pueblo del Señor?...”, y al final, muy sonriente él, comenzó a cantar el Himno a la Alegría, de Beethoven. Su esposa, la cubana Niurka Sáliva, presidenta del DIF municipal, no se quedó atrás: pidió a los asistentes “dar gracias a Dios por la bendición de tener un presidente (municipal) así…”. Más aún, la señora definió a su esposo como “un líder que no teme a los costos políticos, que está sanando a la ciudad de la pudrición”.

ACORRALAN A "GREG"

Relacionan a asesor del alcalde de Cancún con "Zetas".-

Son ya tres los funcionarios arraigados por al protección a los zetas y su complicidad en la Ejecución al General Tello Quiñonez; la investigaciones van contra todo; rastrean los vínculos del Alcalde con su primer circulo de colaboradores arraigados y algunos bajo sospechas.

Mientras en Cancún se llevaba a cabo la Reunión de Procuradores, en la Ciudad de México fue detenido Boris del Valle Alonso, quien se desempeñaba como asesor de Seguridad Pública del alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez. Del Valle Alonso fue trasladado este viernes a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Allí se determinará su situación jurídica en las próximas horas. “Derivado de una orden de localización y presentación girada por el agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud , de la Siedo , se logró la detención y puesta a disposición por parte de elementos del Ejército y personal de la Policía Federal , de Boris del Valle Alonso, alias El Boris”, informó la PGR. La dependencia abundó que Del Valle Alonso está relacionado con "Los Zetas". Junto con Francisco Gerardo Velasco Delgado, apodado “El Vikingo”, y exdirector de Seguridad Pública de Benito Juárez, brindaban protección e información a miembros de dicha organización. “Además, se tiene conocimiento que “El Boris” ha realizado diversos movimientos financieros en países de Europa”, agregó la dependencia en un comunicado. Con Del Valle Alonso y Velasco Delgado, ya son tres los detenidos y supuestos implicados en el levantamiento y asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, luego de la detención la semana pasada del ex titular del penal de Cancún, Marco Antonio Mejía López. Velasco Delgado y Mejía López se encuentran arraigados por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.Se cierra el círculo en torno del acalde predicador y masón, Gregorio Sánchez Martínez, conocido como “Greg”, tras la detención de su cuñado el cubano Boris del Valle Alonso, asesor de seguridad pública del ayuntamiento benitojuarense, de origen cubano a quien acusan presuntamente de ser uno de los autores intelectuales del homicidio del general Mauro Enrique Tello Quiñones, así como de dos de sus subordinados.El funcionario municipal fue detenido al arribar al aeropuerto de la capital procedente de Cancún, por elementos de la AFI, adscritos a la SIEDO, quienes le seguían los pasos. Una vez detenido, se está solicitando a un juez federal su arraigo, además de que por lo pronto desde ayer rinde declaración ministerial en relación al homicidio del general Tello Quiñones y dos personas más, así como la presunta protección que le brindaban a Los Zetas, lo que a decir de los fiscales del caso, ponen en peligro el fuero del alcalde Sánchez Martínez, ya que según se filtró ya declaró que “nada se hacia sin su consentimiento”. De esta forma, de manera progresiva se va debilitando la estructura de protección alrededor del presidente municipal, quien nunca imaginó que el homicidio del general de brigada Tello Quiñones, así como del Teniente de Infantería Geotulio César Román Zúñiga y Juan Ramírez Sánchez, sobrino del alcalde Gregorio Sánchez, le atrajera tantos problemas. Como se sabe, Valle Alonso, fungía como asesor de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y nada se manejaba, según afirman, sin su autorización. Tanto Francisco Velasco Delgado “El Vikingo”, como Marco Antonio Mejía, le reportaban todo lo que acontecía tanto en la Secretaría de Seguridad Pública municipal como en la cárcel.Boris desde ayer ya estaba arraigado por la SIEDO en esta capital del país y es indiciado por delincuencia organizada y por brindarle protección a “Los Zetas”, brazo armado del Cártel del Golfo. La llamada “Operación Cancún”, puso al descubierto la red de corrupción y complicidades en torno al triple homicidio por parte de autoridades municipales policiacas; asimismo personal de inteligencia militar de la misma forma se precisó que los fiscales de la Siedo, indagan la nomina municipal, especialmente la clave presupuestal 11010064 perteneciente a Boris, ya que al parecer nunca cobró ese dinero y que según señaló, le pagaban en efectivo su sueldo. Para los Ministerios Públicos les pareció extraño que no cobrara vía nómina ya que suponen que no le hacía falta o lo que es lo mismo que recibía tanto dinero de la delincuencia organizada que su salario era poca cosa para reclamarlo. Como se sabe Boris es medio hermano de la esposa de Greg, Niurka Sáliva de Sánchez y ambos se afirma, son hijos de un general cubano a quien también están investigando.Reiteramos que esta es la tercera aprehensión de un funcionario del grupo compacto del edil perredista de esta ciudad, en la “Operación Cancún” que realiza la SIEDO por la triple ejecución del general de Brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, el teniente Getulio César Román Zúñiga y Juan Ramírez Sánchez. Boris del Valle Alonso se desempeñaba como “representante personal” del alcalde en la dirección de Seguridad Pública municipal, tenía control absoluto de las corporaciones policíacas locales y pasaba sobre el director formal Francisco Velasco Delgado. En el Ayuntamiento se informó oficialmente que Del Valle Alonso estaba comisionado en la ciudad de México, pero este mediodía el edil Sánchez Martínez, cuestionado por los medios admitió que su cuñado fue detenido aunque aseguró desconocer los motivos. Gregorio Sánchez fue sometido a un interrogatorio de tres horas por fiscales de la SIEDO e Inteligencia Militar, admitió que respondió a preguntas sobre la triple ejecución del 1 de febrero. Boris Del Valle controlaba todos los movimientos de la policía, despachaba en la antesala del director Velasco Delgado quién, según empleados de la oficina, muchas veces discutió.Todo lo que sehacía o frenaba en la policía y tránsito, pasaba siempre a través de Boris, quién a la vista de todos hacía consultas con el alcalde, llamándole coloquialmente como Greg. Dicen que cuando se presentó por primera vez el general de Brigada Tello Quiñones, el Boris deslizó comentarios irónicos acerca de la edad del jefe militar.El asesor del ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, Boris del Valle Alonso El Boris tiene relación con la organización criminal Los Zetas, aseguró la PGR. En un comunicado, la dependencia señaló que Del Valle Alonso que junto con el ex director de Seguridad Pública de Benito Juárez, Francisco Gerardo Velasco Delgado El Vikingo, “brindaban protección e información a miembros de dicha organización”.La PGR añadió que El Boris realizó diversos movimientos financieros en países de Europa.La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, señala que continuará con las diligencias correspondientes y “determinará en las próximas horas la situación jurídica de Boris del Valle Alonso”.Greg le permitía todo a su cuñado “El Boris”, cuando se empezó a saber de él en el Ayuntamiento se hablaba de un sujeto de origen cubano de nombre Boris del Valle Alonso, quien se ostenta como asesor general en Seguridad Pública y portaba arma de fuego sin el permiso correspondiente, le permitió que de la noche a la mañana las empresas de grúas “Cardona y Abimerhi” prestaran sus servicios a la corporación pese a las malas condiciones en su servicio y los artículos que marca la ley de los municipios del estado de Quintana Roo. De acuerdo al oficio DGSPTyB/1458/2008 con fecha 25 de noviembre del año pasado, firmado por el cubano Boris del Valle Alonso, indicaba que por instrucciones del alcalde Gregorio Sánchez Martínez, los servicios de grúas para la corporación de ahora en adelante serían las empresas “Cardona”, propiedad del esposo de la regidora primera, Latifa Muza Simón, y de “Abimerhi”, Chikri Abimerhi Dodib, originario de Turquía, quien radica en Mérida.En relación a la empresa de grúas “Cardona”, de acuerdo al artículo 183 fracción I, II, y III, de la ley de municipios en el estado, no podrán otorgarse concesiones a miembros del Ayuntamiento, servidores públicos municipal, conyugues o concubinarios, así como parientes. Sin embargo, esta empresa es prácticamente propiedad de la regidora primera, Latifa Muza Simón, y presta sus servicios en la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, además de que no cuenta con rótulos en los costados que lo identifiquen, presuntamente sólo portan placas federal del servicio público y no para prestar sus servicios dentro de la zona urbana, pues trae otras de vehículo particular.Por su parte la empresa “Abimerhi” propiedad del turco quien llegó de Mérida como apoyo después del huracán “Wilma”, hizo su estancia en esta ciudad, incluso obtuvo un gran predio en el entronque de la pista a la ciudad yucateca donde los autos que van a parar al encierro, los mantienen a oscuras con el riesgo que les quiten las piezas o cambien, a parte que los propietarios corren el riesgo de ser atropellados al intentar cruzar la carretera cuando acuden a buscar su auto luego que pagaron la infracción. A partír de estos sucios negocios salió a la luz que la delincuencia organizada estaba infilrada en Tránsito; por eso en su momento se dijo: que las sospechas en torno a la presencia del crimen organizado con miembros de la "narcohermandad” en las entrañas de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez, han desatado una serie de “auditorías judiciales” que pretenden ubicar la relación que existe entre funcionarios y presuntos delincuentes que han hecho de la dependencia un verdadero botín.En esta ocasión, la mirada de las autoridades judiciales está puesta sobre la Dirección de Tránsito municipal, en donde hay sospechas sobre “lavado de dinero” y una red de corruptelas que involucraría a asesores del gobierno municipal.La línea de investigación apunta de manera directa hacia la asignación del servicio de grúa para el traslado de vehículos detenidos y accidentados de Cancún, así como de la operación del corralón municipal.Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública aseguran que el pasado lunes un grupo de actuarios del Juzgado Tercero de Distrito, realizaron una inspección judicial en los archivos de Tránsito Municipal con base en el amparo 1899/2008, ya que hay indicios de que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades del ayuntamiento, que encabeza el alcalde Gregorio Sánchez Martínez, benefician de manera directa y arbitraria a la empresa de grúas "Abimerhi", la cual de la noche a la mañana cuenta con una millonaria inversión en unidades.INDESTADOCUBANO Y "AVIADOR"Cuestionable es la actitud del cubano Boris del Valle Alonso, quien desde hace varios días no se aparece por la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo nombre figura, con la clave 11010064, en la nómina del Ayuntamiento como Coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública, con un salario de 37 mil 748 pesos mensuales y su paga, a diferencia del resto del personal, es en efectivo. Resulta que el cubano, quien es cercano al presidente de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, era el súper asesor de “El Vikingo”, y fue quien estableció contacto con el dueño de las grúas Abimerhi, Chikri Abimerhi Bodib.La amistad entre Boris del Valle Alonso y Chikri Abimerhi Bodib creció cuando el cubano administraba los negocios del alcalde en el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, ya que el empresario cuenta con un avión privado del cual dispone la presidencia municipal de Cancún y el exdirector de tránsito Manuel Vera Salinas y el actual Juan José Montiel.