FÉLIZ GONZÁLEZ CANTO AUMENTA LA OPACIDAD EN QUINTANA ROO

CANCÚN, 1 de agosto 2010.
CONSTE!
FÉLIX TAPA SUS RATERÍAS

+ Impone a uno de sus empleados en el Instituto de Transparencia
+ El “dedazo” para José Orlando, para que el pueblo no se entere de nada
+ A controlar también el Consejo de la Judicatura y el Congreso

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Pisoteando leyes y utilizando como cómplices a su primo el diputado Luis González Flores, y al resto del rebaño priísta en el Congreso, el virrey Félix González Canto impuso a su ex secretario particular como presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaip). Es para impedir que los ciudadanos se enteren de sus muchas corruptelas. Es su política oprobiosa de opacidad.
En rigor, ese nuevo “dedazo” forma parte de una maquiavélica estrategia del gobernador para cubrirse las espaldas. Ya ha realizado otras maniobras para seguir controlando el Consejo de la Judicatura, igual que lo hizo su maestro, el nefasto Joaquín Hendricks Díaz.
Algo tendrá que decir sobre estas imposiciones el mandatario electo Roberto Borge Angulo. ¿O callará y con ello se volverá cómplice?.
¡Y vaya que González Félix ha sabido recompensar al Poder Judicial: este año le asignó un presupuesto de 266.3 millones de pesos!. (Al Poder Legislativo, 325.7 millones, una cantidad superior).
Para el ineficaz y manipulado Instituto de “Transparencia”, el gobernador le ha ido aumentado el presupuesto año con caño. En este 2010 son 22 millones de pesos.
Con el apresurado “dedazo” a favor de José Orlando Espinosa Rodríguez --cozumeleño como su patrón Félix--, el aún mandatario estatal asesta una estocada mortal a la transparencia en la administración pública, sobre todo. Mañosamente tapa los “huecos” que dejará cuando ya no sea gobernador. Es, también, un duro golpe a la vida democrática quintanarroense, ¡otro más!.
Es evidente que la intención del gobernador al colocar a uno de sus incondicionales en el Itaip --cargo que dura ¡seis años!--, es poner todas las trabas posibles para la entrega de información al pueblo, principalmente de áreas de suma relevancia que tienen que ver con dependencias estatales que manejan millones de pesos sin claridad, o que son las encargadas de la planificación sobre la tierra.
Espinosa Rodríguez fue su secretario particular al inicio del sexenio --en 2005-- y hasta hace unos días fungía como Magistrado Unitario para Adolescentes, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cargo en el que fue también impuesto por González Canto en noviembre de 2006.
La ley lo imposibilita para ser titular del Itaip, pero eso le importó un comino al señor gobernador.
El artículo 43, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado --expedida el 31 de mayo de 2004-- establece los motivos por los que un ciudadano no puede ocupar la presidencia del instituto:
“No haber sido gobernador, secretario de despacho, Procurador de Justicia, Subsecretario, Director General en la Administración pública estatal, diputado local, miembro de ayuntamiento y titular de los órganos de la administración municipal, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo o integrante del Consejo General del Instituto Electoral del estado en los 5 años anteriores a su designación”.
Haber sido secretario particular de González Canto le confirió a Espinosa Rodríguez la calidad de Secretario de despacho, y es claro que entró en la categoría de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia al haberse desempeñado como magistrado para adolescentes, de noviembre de 2006 a la fecha.
Es flagrante la violación a la ley pero también a la propia convocatoria emitida por El Primer Primo del Estado, el supermillonario arquitecto González Flores.
Además, ni siquiera se guardaron las formas. La convocatoria para elegir al nuevo presidente del Itaip, en sustitución de Iván Hoyos Peraza --cuyo periodo concluyó el pasado 29 de julio--, la emitió la Cámara de Diputados apenas el 15 de julio. Y para el jueves 29, ya el arroz se había cocido. Para dar imagen de “democracia” se inscribió otro abogado, Carlos Caporal López, quien sólo recibió un voto, mientras que su “contrincante” obtuvo los seis restantes. Fue sólo para “taparle el ojo al macho”.
El nuevo acto autoritario del gobernador González Canto, con el aval de un Congreso siempre arrodillado ante él, impedirá a los quintanarroenses tener acceso --por ejemplo-- al desaseado manejo de las finanzas estatales durante los últimos cinco años.
Sí, el gobernador ha secuestrado la transparencia… ¡a su favor, claro!.
La imposición de su empleado Espinosa Rodríguez dejará impune los latrocinios de don Félix, porque seguramente su sucesor y correligionario Borge Angulo no moverá un dedo para que en el Itaip o en el Congreso --que tendrá mayoría del PRI-- se investigue al ahora gobernador.
Desde su creación, el Itaip ha sido objeto de cuestionamientos por irregularidades y opacidad, lo mismo por los dispendios de recursos públicos que involucraron a su primer consejero presidente, Carlos Bazán Castro, que la resistencia y abierta negativa de su sucesor, Iván Hoyos Peraza, para presionar la entrega de información de las diferentes dependencias del gobierno estatal, especialmente las relacionadas con el Ejecutivo.
El periodista Hugo Martoccia describió con suma contundencia los reales propósitos del gobernador: “el nombramiento le garantiza (a González Canto) por ejemplo, que nunca se conocerán los manejos en dependencias como el Instituto de Patrimonio estatal (IPAE) o de esa extraordinaria caja chica llamada VIP Saesa, una empresa de aviación con participación del estado, cuyos balances son el secreto mejor guardado del Caribe”.
Agregó:
“En realidad, le garantiza muchas cosas más, pero principalmente va cerrando un círculo perfecto para cubrir su retirada del poder dentro de ocho meses. Félix González Canto ya metió a sus incondicionales en el Consejo de la Judicatura, y meses atrás reorganizó el equilibrio de fuerzas dentro del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), que se prepara para el relevo de su presidenta Lizbeth Song Encalada el próximo año. El gobernador vuelve a demostrar que su forma de ejercer la política está basada en los manuales del priísmo de antaño”.
También, Martoccia se refirió a la “fallida transparencia” en tiempos de don Félix:
“Desde su creación, el Itaip ha sido un organismo muy polémico y resistido. La Ley de Transparencia estatal nunca dejó conformes a los organismos nacionales que promueven la apertura de la información pública, y sus consejeros presidentes han estado rodeados de escándalos por sobresueldos y otras lindezas. Pero la imposición de José Orlando Espinosa Rodríguez fue un paso más allá (…) su curriculum lo dice todo: ha sido secretario del gobernador desde su época en Cozumel hasta sus primeros años como mandatario, fue ‘asesor integrante de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión” cuando González Canto era diputado federal, y de allí pasó, en 2006, a ser Magistrado Unitario para Adolescentes…”
Y dio detalles de la estrategia de Félix para que no le vayan a sacar sus trapos sucios:
“Además, el Itaip era uno de los últimos eslabones de la cadena de acomodos que debe hacer Félix González para entregar el gobierno con absoluta tranquilidad. La parte más visible de esa preparación para la salida fue garantizar el triunfo de su delfín Roberto Borge como candidato a gobernador, y lograr una mayoría en el próximo Congreso, para que sus Cuentas Públicas pasen sin ser revisadas, como es costumbre de los gobernadores del PRI. El tejido más fino lo hizo desde el año pasado, cuando se reestructuró el TSJ. Allí el gobernador sostuvo su pacto con la Magistrada Presidenta, Lizbeth Song Encalada. Le limpió el camino quitanto del TSJ a dos magistrados díscolos: Ariel Martínez Carrillo y José Carlos Cortés Mugártegui, y ratificó a Norma Loría y José Manuel Ávila Fernández, todo por medio de sus diputados. Meses después acordó que se nombre a Fidel Villanueva Rivero, Antonio León Ruiz (ex secretario particular de Lizbeth Song), y Gaspar Armando García Torres, como Magistrados numerarios. Casi a la misma vez, ratificó el control total sobre el Consejo de la Judicatura, al ordenar al Congreso los nombramientos de su ex asesor jurídico, Gastón Alegre, y de la priísta Marisol Balado. El proceso es muy parecido al que realizó en sus últimos meses el ex gobernador Joaquín Hendricks. El ex mandatario, un año antes de dejar el poder, presionó para nombrar a cuatro magistrados afines en el TSJ, y también a dos integrantes del Consejpo de la Judicatura. Además, consiguió un crédito de casi mil 500 millones de pesos, nombró al Auditor Superior del Estado y refinanció la deuda estatal. Si nos ajustamos a la historia reciente de uno de sus mentores políticos, podríamos decir que el gobernador Félix González aún nos va a dar algunas sorpresas antes de dejar el poder”.
¡Y DON FÉLIX TUMBA A ALEJANDRO!.- Con la “ayuda” de otro organismo supuestamente autónomo como el Itaip, pero igual de sumiso en la realidad, el Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo (Teqroo), Félix González Canto consumó otro acto autoritario, también como parte de su truculento juego para cubrirse las espaldas. Despojó de su triunfo como candidato a diputado local a Alejandro Luna López, el único opositor que ganó un distrito --el XII-- de Cancún. Por sólo ¡dos votos! de diferencia, el corrupto tribunal decretó como ganador al viejo priísta Carlos Cardín Pérez, ex alcalde interino y ligado a Mario Villanueva Madrid. La voluntad popular expresada el 4 de julio ¡simplemente valió gorro!. Lo que el gobernador quiere es que sólo el PRI, su partido, mande en el Congreso los próximos tres años. Porque otra diputación ganada por la oposición (el PAN, en específico), la del distrito 06 del municipio maya de José María Morelos, el Teqroo decidió dársela al priísta Juan Carlos Parra López, “casualmente” hermano del Secretario de Desarrollo Agropecuario de Félix, Germán Parra López. ¡Cuántas atrocidades!...
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.

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ANA BÁRBARA, LA IMPUNIDAD EN QUINTANA ROO

CANCÚN, Miércoles 28 de Julio 2010.

CONSTE!
ANA BÁRBARA: IMPUNIDAD

+ La chueca “justicia” en Quintana Roo, otro escándalo internacional
+ El gobernador Félix González Canto defiende a su amiga…y a Televisa
+ Muchas pruebas, pero a Francisco Alor no le parecen “suficientes”


Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

¡Es una vergüenza!...
A nivel nacional e internacional, otra vez ha quedado exhibido el sistema de “justicia” en Quintana Roo, con su cadena de corruptelas, manipulación de pruebas, ineficiencias, complicidades e impunidad. El caso de la cantante Ana Bárbara, quien habría atropellado y provocado la muerte de una anciana tabasqueña que visitaba Cancún, constituye una muestra más de cómo el gobernador priísta Félix González Canto ha privilegiado a la clase pudiente aunque para ello tenga que torcer las leyes.
Es que la artista es amiga del señor gobernador.
Es que ella representa la fuerza --¡enorme!-- del consorcio Televisa, para el que trabaja. Y a Televisa, González Canto no quiere tocarla ni con el pétalo de la justicia…
Así, la grupera ha utilizado varios programas de la empresa para negar que ella conducía su camioneta, pero testigos y evidencias indican lo contrario. Además, se encontraba ebria y hablaba por su celular, según la familia de la occisa.
Pero la cantante que radica en Cancún --donde tiene negocios como el restaurante “Chocolate City”— ha sido encubierta por el mandatario estatal y su procurador de “Justicia”, el desprestigiado ex alcalde de Cancún Francisco Alor Quezada. Ellos han impedido la realización de una adecuada investigación y su consecuente castigo a la responsable.
Ahora, los hijos de la señora Florentina Vázquez Mier y Concha viuda de Tosca, de 79 años de edad, arrollada el pasado sábado 17 por la camioneta Toyota propiedad de Ana Bárbara, se aprestan a interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Procuraduría quintanarroense, “que con base en el tráfico de influencias y la corrupción busca exonerar a la cantante, en lugar de encarcelarla”, dijeron el 26 de julio. Además exigen la intervención imparcial del mandatario estatal y acusan a Alor Quezada, de actuar a favor de la cantante. Piden que renuncie a su cargo. “Se ve --acusan-- muy remarcado que la actriz cuenta con el manto protector del gobierno del estado y del procurador, quien hace una semana, cuando aún no sepultaban a nuestra madre, prácticamente la exoneró con baso en el peritaje del corrupto agente vial Adán Chablé Santos”.
Agregan:
“Nada nos gustaría más que la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo actuara en contra de Ana Bárbara con la misma celeridad, rapidez y eficiencia con que actuó esa fatídica noche del sábado 17: mientras nuestra madre agonizaba en el hospital y falleciera luego, en menos de cinco horas dejó libre a José Jaime Gómez Munguía, quien suplantó a la cantante y se echó la culpa del atropellamiento”.
Los hijos de la tabasqueña arrollada también han calificado a la grupera de “indolente y cobarde, ya que ni siquiera detuvo su vehículo para prestarle auxilio a su víctima o a sus nietos que la acompañaban…¡al contrario, huyó y corrió a esconderse a las tiendas de la plaza La Isla (…) y descarada en sus declaraciones en la TV (…) con el consentimiento de las autoridades judiciales quintanarroenses se placea por el extranjero quitada de la pena…”.
El propio Alor --como presidente municipal fue acusado de corrupto-- “quemó” a González Canto el lunes 26, según lo dio a conocer el diario Reforma. Dijo que el gobernador le ordenó “aguantar” la consignación (ante un juez) del expediente sobre el homicidio culposo en que incurrió Ana Bárbara. Declaró: “Yo ya debí haber consignado el expediente. No lo voy a hacer porque, primero, he recibido instrucciones del señor gobernador de agotar hasta la última instancia, y es mi propia convicción, de que así se va a hacer y con pruebas”.
Con todo cinismo, el procurador de Félix aseguró que “vamos a esperar a que aparezcan esas pruebas”, en alusión a las que asegura tener la familia de la occisa.
No sólo eso: Alor amenazó con ¡proceder penalmente! contra los hijos de Florentina Vázquez si tales pruebas son aportadas después de que se consigne el expediente. “Les voy a fincar responsabilidades --advirtió-- por ocultar pruebas contundentes en una investigación seria. No se vale”.
¿Investigación seria?. ¡Vaya cachaza del señor procurador!. Y lo que no se vale es que la dependencia a su cargo manipule las “pesquisas” para beneficiar, claramente, a la influyente artista de Televisa.
A partir del homicidio ocurrido la noche del sábado 17 de julio frente a la plaza comercial La Isla, sobre el bulevard Kukulcán, en plena zona hotelera de Cancún, Alor Quezada se apresuró a decir que Ana Bárbara “no conducía” el vehículo de su propiedad con el que se dio muerte a la septuagenaria.
Y por órdenes de don Félix y de su fiel procurador, la grupera fue puesta en libertad tras de que fue detenida. Como libre quedó también su guarura.
Hay estas evidencias –entre otras-- de la culpabilidad de la cantante:
1.- El policía turístico Carlos Alfonso Cornelio, que fue el primero en llegar al lugar de la tragedia, declaró ministerialmente que Ana Bárbara sí manejaba la camioneta, y la llevó en calidad de detenida, junto con su guardaespaldas Jaime Gómez Munguía, ante el perito de Tránsito cancunense Adán Chablé Santos.
2.- Chablé mintió ante el agente del Ministerio Público, Armando Pacheco Celis, al declarar que NO recibió como detenida a la grupera.
3.- El agente Cornelio confesó que luego de una conversación con Ana Bárbara, su hermano Francisco Ugalde (el verdadero nombre de la cantante es Altagracia Ugalde Mota) y el perito Chablé, dentro de la camioneta de la artista, “se pusieron de acuerdo” para señalar a Jaime Gómez como el que conducía el vehículo, aunque no tiene licencia para manejar.
4.- El propio Cornelio --según publicó la revista People—confesó que hubo soborno para quitarle culpabilidad a Ana Bárbara. Dijo que su compañero Chablé recibió de ésta dos mil dólares para declarar que la cantante no iba conduciendo.
5.- El incidente en que resultó herida la anciana tabasqueña (se le llevó al hospital Americano, donde falleció el día siguiente) fue videograbado por cámaras de vigilancia instaladas en el exterior de la plaza La Isla. Sin embargo, el procurador se niega a dar a conocer las imágenes y desde luego a entregarle copia a los hijos de la víctima.
6.- En el programa “Hoy” de Televisa, el lunes 26, la cantante dijo que ni siquiera ha sido llamada a declarar por las autoridades de Quintana Roo. Antes, el día 20, en el programa “El Gordo y la Flaca”, había insistido en que “es falso” que ella condujera el vehículo.
7.- Ana Bárbara ha incurrido en una serie de contradicciones, sobre todo en lo que se refiere a quién conducía la Toyota. Primero dijo que su guardaespaldas Gómez, luego que su hermano y finalmente que “un amigo”. ¡Y con todo ese enredo, la Procuraduría no la ha citado para que comparezca ante la justicia!.
8.- La artista ha llegado al extremo de culpar de la tragedia ¡a la propia señora Florentina Vázquez!. Declaró que “el accidente fue en una zona que no era peatonal, fue una imprudencia de las personas que iban caminando por ahí”.
(Independientemente de que haya o no señalamientos para el paso peatonal, se trata de una zona urbana, y de acuerdo al reglamento de Tránsito, la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora. Ana Bárbara conducía a 100 kms/hora).
9.- La grupera habría incurrido en varias infracciones además del delito de homicidio culposo: conducir en estado de ebriedad y a alta velocidad, tráfico de influencias, cohecho, evasión de responsabilidad por motivo de la conducción de un automotor, ataques a las vías generales de comunicación, suplantación de persona, etc. ¡Y Alor Quezada dice que no hay pruebas suficientes para consignarla!...
Marisela, Marco Antonio y Ernesto Tosca Vázquez, hijos de la mujer atropellada, expresaron en una carta fechada el viernes 23 de julio en Jalpa de Méndez, Tabasco, de donde son originarios, un resumen muy claro de lo acontecido:
“Lo sostenemos y reafirmamos: la cantante Ana Bárbara, cuyo nombre verdadero es Altagracia Ugalde Mota, fue la responsable de la muerte de nuestra madre. Ella y nadie más que ella iba conduciendo la camioneta Sienna Toyota el pasado sábado. De eso no tenemos ninguna duda. Los múltiples testimonios de policías, agentes de Tránsito, conductores, taxistas, choferes y transeúntes que vieron y atestiguan que Ana Bárbara fue suplantada segundos después del percance por su ayudante o guardaespaldas o el amigo de su hermano, así lo prueban. Por eso pedimos, suplicamos, rogamos a todo aquel que con su testimonio pueda corroborarlo, a que nos ayuden y se comunique a nuestros teléfonos celulares de Tabasco 99-31-60-47-25 o al 99-33-11-05-02, o que acudan a la agencia turística del Ministerio Público de la Zona Hotelera de la ciudad de Cancún a rendir su testimonio. Su aportación será valiosísima para que se haga JUSTICIA”.
Acusan:
“A la familia Tosca Vázquez no nos mueve, en esta tenaz y férrea lucha por esclarecer la verdad, otro fin que no sea el de que se haga justicia a secas, en un país que día a día se nos va de la mano por la brutal corrupción que impera en los cuerpos de procuración de justicia; donde la ley es torcida a su antojo y conveniencia por gobernantes, políticos, procuradores, subprocuradores, Ministerios Públicos, agentes, jueces y peritos; donde la justicia se vende al mejor postor y donde famosos y poderosos se mueven como pez en el agua repartiendo a los corruptos carretadas de dinero para que se haga justicia a modo”.
Respetuosamente le piden a González Canto que intervenga a fin de que prevalezca el imperio de la ley en Quintana Roo, y le piden:
“Reconvenir al procurador general de Justicia del estado, Francisco Alor Quezada, por la parcialidad con que ha conducido este caso, ya que en sus declaraciones del día de hoy (viernes 23 de julio) a una radio local de la ciudad de México, que reproduce el diario de circulación nacional El Universal, exonera a la cantante Ana Bárbara de su responsabilidad, basándose en un peritaje tramposo, sucio y amañado que según el mismo Alor emiten los peritos, que de acuerdo a una investigación del diario Respuesta de Quintana Roo, el perito Adánm Chablé Santos, de la Policía Turística de Cancún, por la cantidad de 25 mil pesos, hizo el cambio del peritaje, protegió a Ana Bárbara e inculparon al chofer de la cantante, con la complicidad del inspector Alfonso Cornelio y el agente del MP Milton Gutiérrez, quien en una hora que no estaba de guardia y no estaba en turno, con una celeridad inaudita y sospechosa acudió a la misma noche del sábado (17 de julio) a liberar al detenido José Jaime Gómez Munguía y al vehículo implicado en el percance, cuando la ley marca un mínimo de 48 horas. Estos tres personajes son clave para esclarecer el homicidio de mi madre, por ello le demandamos al señor gobernador (González Canto) separarlos de su cargo, arraigarlos y practicarles las pruebas del polígrafo y del antidoping”.
En su carta, los familiares de la víctima se dicen amenazados por Francisco Alor Quezada:
“Pedimos protección y garantías para entablar, en los próximos días, las demandas y querellas (…) de acuerdo al reporte de El Universal, el procurador Francisco Alor Quezada dice en tono raro: ‘se tiene que ser muy cuidadoso en los tipos de imputaciones que se hacen’, en referencia a los señalamientos de Marisela Tosca. Esta afirmación de Alor no es más que una amenaza velada, que rompe con el equilibrio de imparcialidad del procurador y lo alejan de su papel de abogado de Quintana Roo”.
Piden que la Cámara de Diputados del estado establezca una Comisión de la Verdad y la Justicia, “que se encargue de indagar este caso, debido a que por el manoseo, manipuleo, contubernio, red de complicidades y abierta y descarada corrupción que ha privado en la investigación de esta tragedia, el actual Ministerio Público no es de confianza ni garantiza imparcialidad ni legalidad alguna”.
(Lo que desconoce la familia Vázquez Tosca es que el Congreso de Quintana Roo lo preside y controla un pariente del gobernador: Luis González Flores, siempre arrodillado ante su jefe real. O sea, los diputados hacen lo que les ordena González Canto, de modo que no hay posibilidad de que por ahí se haga justicia).
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*Carlos Cantón Zetina es un periodista tabasqueño con una vasta trayectoria profesional de 45 años. Fue reportero y Jefe de Información del diario Excélsior y director general de las revistas de circulación nacional Quehacer Político, Polémica y Huellas.