Venganza de Granier, por una prima
Guillermo Cantón Zetina
Publicado: viernes 15 de mayo 2009.Mar de Fondo
Guillermo Cantón Zetina
Publicado: viernes 15 de mayo 2009.Mar de Fondo
www.mardefondo.com.mx
En Tabasco, según apuntan todos los indicios, primero están los familiares del gobernador priísta Andrés Granier, y luego la Constitución y las leyes. Sólo así se explica la persecución del mandatario contra el diputado perredista Oscar Cantón Zetina, a quien ha ordenado el desafuero montándose en un viejo litigio entre el legislador y su ex esposa, que es prima del mandatario.
El caso viene de 2003 y fue cosa juzgada inclusive a nivel federal. Al asumir el gobierno, Granier reactivó el problema e involucró al legislador, en 2007, en un pleito legal en el que éste no había sido parte. Ahora instruye a la Procuraduría de Justicia y al Congreso local para que despojen a Cantón de su fuero constitucional, dizque para así poder confinarlo en prisión.
Este exceso de Granier, fundado en satisfacer el interés personal de su prima, ha sido reprobado por miles de voces libres, que denuncian la venganza política del gobernador, por la actitud permanente del diputado al censurar públicamente casos de corrupción y arbitrariedades del gobierno tabasqueño.
Un grupo de abogados, la comunidad de artistas y productores de TV, empresarios y la comunidad tabasqueña del Distrito Federal, enviaron una carta al Congreso tabasqueño calificando de aberrante el deseo del mandatario por improcedente y temerario. Tal misiva circula profusamente en la red de redes y ha tenido el apoyo multiplicador de miles de ciudadanos que están contra las presiones políticas armadas desde la impunidad del poder público.
La misiva, dirigida al diputado Ulises Solís García, presidente de la mesa directiva del Congreso local y a los integrantes del mismo, dice entre otras cosas lo siguiente: “Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Constitución Política, de manera muy respetuosa venimos a pedirle la mayor diligencia para resolver sobre la solicitud de procedencia en contra del C. diputado Oscar Cantón Zetina y a expresarle nuestros comentarios”.
Agrega: “No pueden distraer su atención con interpretaciones mediáticas ni por presiones políticas; debe prevalecer el principio de estricto derecho, la autonomía, división y respeto entre los poderes, pero sobre todo el respeto al desempeño de su encomienda social. Como mexicanos interesados en los asuntos de orden público, en la correcta administración e impartición de justicia y el respeto a las garantías de legalidad y debido proceso, confiamos en el fiel y leal desempeño de su encargo, y que la decisión del H. Congreso sobre el particular aparecerá debidamente fundada y motivada, pues de lo contrario pondrían en duda la integridad moral de la institución de donde emanan las leyes que rigen a la sociedad tabasqueña y que usted preside, e incurrirían de verdad en una responsabilidad política y de servidores públicos”.
Y más: “La determinación que tomen sobre el caso de Oscar Cantón Zetina debe basarse en los términos que al particular consagra nuestra Constitución Política de los E.U.M., por encima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, atentos al principio de supremacía constitucional que al efecto tutela el artículo 133 de la Carta Magna”.
Se refiere la carta a un “absurdo e ilegal desafuero y juicio político” contra el diputado Cantón y señala: “Resultaría aberrante y muy riesgoso para la soberanía y la correcta impartición de justicia en el estado de Tabasco, que el Congreso del estado declare procedente la solicitud de juicio político presentada por el sexoservidor Alfredo Cervantes Landa y la solicitud de procedencia (desafuero) planteada por la señora Gabriela Armengol Armengol (prima del actual gobernador)”.
También dice la carta que “no existe prueba de que Oscar Cantón Zetina haya desplegado conducta delictiva alguna, mucho menos que haya violado gravemente la Constitución o haya faltado al desempeño de su encargo y, por el contrario, existe prueba fehaciente de la probidad, honradez, dignidad y determinación con las que se ha conducido en el ejercicio de su encargo, al desempeñarse dos veces como diputado federal y dos veces Senador de la República. Siempre ha defendido los intereses de los tabasqueños y de México. No existe conducta alguna que le pueda ser reprochada por la sociedad, por lo que a todas luces resultan improcedentes y temerarios los planteamientos de desafuero y juicio político”.
Si el Congreso actúa contra Cantón, agrega la carta, “pondría en evidencia la franca y dolosa intención del gobierno y de los militantes priístas tabasqueños, de iniciar de manera ilegal un proceso (utilizando su mayoría en el Congreso) para causarle una afectación política y personal al C. diputado Oscar Cantón Zetina, en venganza al valor que ha tenido al denunciar la corrupción y enfrentar al actual gobierno, así como a funcionarios de administraciones pasadas”.
La misiva se refiere también a que no es posible que un gobernador y un Congreso “secuestren la voluntad del pueblo tabasqueño y la autonomía de su representación social, para salvaguardar sus intereses personales y de grupo”.
Total, son voces que claman por justicia ante una arbitrariedad que tiene su origen en el deseo del gobernador de atender a su prima y de paso ejecutar una venganza política para eliminar a uno de sus principales y más determinados censores.
En Tabasco, según apuntan todos los indicios, primero están los familiares del gobernador priísta Andrés Granier, y luego la Constitución y las leyes. Sólo así se explica la persecución del mandatario contra el diputado perredista Oscar Cantón Zetina, a quien ha ordenado el desafuero montándose en un viejo litigio entre el legislador y su ex esposa, que es prima del mandatario.
El caso viene de 2003 y fue cosa juzgada inclusive a nivel federal. Al asumir el gobierno, Granier reactivó el problema e involucró al legislador, en 2007, en un pleito legal en el que éste no había sido parte. Ahora instruye a la Procuraduría de Justicia y al Congreso local para que despojen a Cantón de su fuero constitucional, dizque para así poder confinarlo en prisión.
Este exceso de Granier, fundado en satisfacer el interés personal de su prima, ha sido reprobado por miles de voces libres, que denuncian la venganza política del gobernador, por la actitud permanente del diputado al censurar públicamente casos de corrupción y arbitrariedades del gobierno tabasqueño.
Un grupo de abogados, la comunidad de artistas y productores de TV, empresarios y la comunidad tabasqueña del Distrito Federal, enviaron una carta al Congreso tabasqueño calificando de aberrante el deseo del mandatario por improcedente y temerario. Tal misiva circula profusamente en la red de redes y ha tenido el apoyo multiplicador de miles de ciudadanos que están contra las presiones políticas armadas desde la impunidad del poder público.
La misiva, dirigida al diputado Ulises Solís García, presidente de la mesa directiva del Congreso local y a los integrantes del mismo, dice entre otras cosas lo siguiente: “Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Constitución Política, de manera muy respetuosa venimos a pedirle la mayor diligencia para resolver sobre la solicitud de procedencia en contra del C. diputado Oscar Cantón Zetina y a expresarle nuestros comentarios”.
Agrega: “No pueden distraer su atención con interpretaciones mediáticas ni por presiones políticas; debe prevalecer el principio de estricto derecho, la autonomía, división y respeto entre los poderes, pero sobre todo el respeto al desempeño de su encomienda social. Como mexicanos interesados en los asuntos de orden público, en la correcta administración e impartición de justicia y el respeto a las garantías de legalidad y debido proceso, confiamos en el fiel y leal desempeño de su encargo, y que la decisión del H. Congreso sobre el particular aparecerá debidamente fundada y motivada, pues de lo contrario pondrían en duda la integridad moral de la institución de donde emanan las leyes que rigen a la sociedad tabasqueña y que usted preside, e incurrirían de verdad en una responsabilidad política y de servidores públicos”.
Y más: “La determinación que tomen sobre el caso de Oscar Cantón Zetina debe basarse en los términos que al particular consagra nuestra Constitución Política de los E.U.M., por encima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, atentos al principio de supremacía constitucional que al efecto tutela el artículo 133 de la Carta Magna”.
Se refiere la carta a un “absurdo e ilegal desafuero y juicio político” contra el diputado Cantón y señala: “Resultaría aberrante y muy riesgoso para la soberanía y la correcta impartición de justicia en el estado de Tabasco, que el Congreso del estado declare procedente la solicitud de juicio político presentada por el sexoservidor Alfredo Cervantes Landa y la solicitud de procedencia (desafuero) planteada por la señora Gabriela Armengol Armengol (prima del actual gobernador)”.
También dice la carta que “no existe prueba de que Oscar Cantón Zetina haya desplegado conducta delictiva alguna, mucho menos que haya violado gravemente la Constitución o haya faltado al desempeño de su encargo y, por el contrario, existe prueba fehaciente de la probidad, honradez, dignidad y determinación con las que se ha conducido en el ejercicio de su encargo, al desempeñarse dos veces como diputado federal y dos veces Senador de la República. Siempre ha defendido los intereses de los tabasqueños y de México. No existe conducta alguna que le pueda ser reprochada por la sociedad, por lo que a todas luces resultan improcedentes y temerarios los planteamientos de desafuero y juicio político”.
Si el Congreso actúa contra Cantón, agrega la carta, “pondría en evidencia la franca y dolosa intención del gobierno y de los militantes priístas tabasqueños, de iniciar de manera ilegal un proceso (utilizando su mayoría en el Congreso) para causarle una afectación política y personal al C. diputado Oscar Cantón Zetina, en venganza al valor que ha tenido al denunciar la corrupción y enfrentar al actual gobierno, así como a funcionarios de administraciones pasadas”.
La misiva se refiere también a que no es posible que un gobernador y un Congreso “secuestren la voluntad del pueblo tabasqueño y la autonomía de su representación social, para salvaguardar sus intereses personales y de grupo”.
Total, son voces que claman por justicia ante una arbitrariedad que tiene su origen en el deseo del gobernador de atender a su prima y de paso ejecutar una venganza política para eliminar a uno de sus principales y más determinados censores.